El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las listas de espera del SNS, quirúrgica (LEQ) y de primeras consultas externas (LECE) a junio de 2020 y de los datos ofrecidos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- Las listas de espera, LEQ y LECE han incrementado el tiempo de demora y el porcentaje que espera más tiempo (6 meses y 60 días respectivamente), aunque el numero de las personas que se encuentran en las mismas ha crecido poco (LEQ) o ha disminuido (LECE) comparando los datos con los de junio de 2019, evidentemente porque no han entrado en las mismas 568.000 personas en el caso de la LEQ y 804.000 en las LECE, un grave problema que evidencia la desatención durante la pandemia de las enfermedades no covid19.

2.- La LEQ incrementa ligeramente el numero de personas en la misma (20.014 más), aumenta la demora media (170 días versus 115 de junio de 2019), y se duplica el porcentaje de personas que esperan más de 6 meses (33,8 versus 15,8%). La tasa de entrada por 1000 habitantes baja 10,2 puntos (de 34,8 en 2019 a 22,6 en 2020) y el número de intervenciones realizadas disminuye en el mismo periodo en 324.848.

3.- Por CCAA la que presenta mayor tiempo de demora es Castilla la Mancha (269 días) y la que menos Madrid (42 días) aunque este dato es engañoso porque la tasa de pacientes en espera/1000 habitantes es en Madrid la menor del país 9,15 frente a una media de 15,22 (21,76 en Castilla la Mancha), lo que evidencia que no se produjeron prácticamente entradas en la LEQ en Madrid.

4.- En cuanto a la LECE se observa un aumento importante en el número de días de demora (115 en junio de 2020, versus 81 en junio de 2019), con un aumento de 10,1 puntos en el porcentaje de quienes esperan más de 60 días (52,7 versus 42,6) y una disminución en el numero de personas /1000 habitantes en LECE(de 61,84 pasan a 46,45), obviamente por una disminución en las entradas, si bien en este caso no se ofrece el dato de las consultas externas realizadas en ambos años.

5.- Por CCAA hay que tener en cuenta que faltan datos de la Comunidad Valenciana, pero con esta limitación la mayor demora esta en Cataluña (158 días) y la menor en La Rioja (32 días) siendo llamativa la disparidad en la tasa de pacientes en LECE /1000 habitantes que va desde el 4,44% del País Vasco hasta el 67,89% de Asturias que pese a ello tiene unos buenos datos (38 días de demora y un 13,1% con citas en más de 60 días).

En resumen, aunque los datos tienen algunas insuficiencias e incongruencias llamativas, confirman básicamente lo que se había calculado desde la FADSP en cuanto a intervenciones quirúrgicas y consultas externas no realizadas y evidencia un panorama extremadamente preocupante en el que se evidencia el abandono de la asistencia sanitaria a las personas con enfermedades no covid 19, que no debemos olvidarlo, continúan siendo las principales responsables de la morbilidad y mortalidad en nuestro país, así como la necesidad como ya venimos reclamando desde la comparecencia en la Comisión de Reconstrucción de la necesidad de que la Sanidad Pública organice urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable, para lo que es preciso reforzar presupuestariamente y en recursos humanos la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Noviembre de 2020

TENEMOS QUE MODIFICAR LOS ACTUALES MODELOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisaran atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar a cerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención, presentes en las distintas CCAA.

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.

La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenia como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.

Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de ”bajo coste”, ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesita o porque los servicios que se prestan son mínimos.

Cobertura de los servicios residenciales

• Lanzan la campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’, que recoge el testimonio de diferentes víctimas de la Covid-19, profesionales y pacientes, que asisten perplejas a cómo vuelven a repetirse las escenas que vivieron hace ocho meses.

• Las organizaciones recuerdan que el incremento en gasto sanitario de 64 euros por habitante al año que contiene el borrador de los presupuestos está muy lejos del necesario aumento de 1.000 euros por habitante al año que vienen reclamando.

• Critican también que cada comunidad autónoma pueda decidir unilateralmente a qué destinar los fondos que recibe del Gobierno y que suponen más del 80% del gasto sanitario público.

18/11/2020. Ocho meses después, la segunda ola de la Covid-19 vuelve a causar un imparable aumento del número de contagios y fallecidos, a sacudir la vida de las residencias de personas mayores, a llevar al límite al personal sanitario y a poner contra las cuerdas al sistema público de salud. Este escenario, como denuncian hoy las veinticinco organizaciones que conforman la alianza Más Sanidad Pública y Universal, tiene su origen en la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.

La campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’ pone nombre y rostro a diferentes profesionales y pacientes víctimas de la Covid-19 y pide a los representantes políticos que les miren a la cara y les expliquen por qué no han puesto en marcha acciones que amortigüen los efectos de esta segunda fase de la crisis. Sus protagonistas son personas como María José, cuyo padre de 91 años contrajo la enfermedad el pasado mes de marzo. Al llamar al hospital, le advirtieron de que estaban desbordados y su padre no quiso ir por miedo a morir solo. Finalmente, falleció en casa sin que llegaran a hacerle un test para confirmar el diagnóstico y sin recibir la máquina de oxígeno que le habían prometido desde el centro hospitalario.

Son personas como Esther, enfermera, que durante la primera ola trabajó en un gimnasio habilitado con camas para pacientes con Covid-19 porque no había sitio en las UCI, usando trajes improvisados con bolsas de basura como única protección. Hoy vuelve a estar en primera línea, viendo día a día cómo la moral de sus compañeros y compañeras y la suya propia se va resquebrajando por la falta de personal, recursos y material. Una experiencia muy similar a la de Elena, médico especializada en enfermedades tropicales, que recuerda la incertidumbre ante la llegada de los primeros pacientes de Covid-19 a su hospital, sin protocolos ni conocimiento suficiente sobre el virus y las jornadas maratonianas sin descansar más de cuatro horas seguidas. Ahora, la desconfianza en la gestión política y el hartazgo es total, asegura.

O personas como Orquídeo, que perdió su empleo en la hostelería, se contagió y debido a sus patologías previas acabó en la UCI. Ahora, a pesar de haberse recuperado, sigue esperando en una lista por una operación del corazón que no parece llegar.

Hemos analizado los presupuestos para Sanidad

Estas historias ponen rostro a las consecuencias que está teniendo la pandemia. Desde su inicio, las organizaciones de la alianza venimos proponiendo una serie de recomendaciones para reforzar el sistema sanitario público y hacer frente a la crisis sanitaria. Lo hicimos durante el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y lo volvimos a hacer hace tan solo unas semanas cuando enviamos un documento al Gobierno con propuestas para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los presupuestos generales, que estos días se negocian en el Congreso de los Diputados, recogen tímidos avances en esta materia pero todavía siguen siendo insuficientes.

Buena muestra de estos avances es el aumento de la partida de Sanidad que irá destinado a materias clave, como el refuerzo de la atención primaria con 1.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19, a la que se destinan 1.011 millones; o la renovación de las tecnologías sanitarias, que contará con 400 millones de euros.

Sin embargo, dejando a un lado los fondos europeos —que tienen carácter extraordinario— y el aumento de 49,5 millones de euros del presupuesto de MUFACE (organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre ellas, la sanidad), esta cuantía supone solo un incremento de 64 euros por habitante al año, muy lejos de los 1.000 que viene reclamando la alianza. Una cifra, recuerdan las organizaciones, que situaría a España en la media del gasto sanitario de los países de nuestro entorno y que ayudaría a recuperar una sanidad pública de calidad.

La responsabilidad de las autonomías en la distribución de los fondos

También advierten de que uno de los principales escollos se encuentra en la partida que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que supone más del 80% del gasto público total. Al tratarse de fondos no finalistas, el destino de estas partidas es responsabilidad de los gobiernos regionales a través de los presupuestos autonómicos, algo que puede generar una desigualdad enorme entre las comunidades en función de cómo decidan distribuirlas cada una de ellas. En ese sentido, la alianza reclama que se establezcan mecanismos de financiación finalista que garanticen que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave.

Asimismo, las organizaciones respaldan la exención de los copagos a nuevos colectivos de personas vulnerables, ya que acabar con esta barrera disminuirá significativamente el número de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos por problemas económicos.

Según las entidades de la alianza, estos presupuestos mejoran los anteriores, pero siguen siendo insuficientes para devolver a la Sanidad al lugar que le corresponde como pilar fundamental del Estado social. Es necesario, añaden, un mayor incremento de la financiación acompañado, además, de la urgente reforma de la política farmacéutica y de medidas que aseguren el blindaje frente a las privatizaciones y una potenciación real de la Atención Primaria. Solo así, concluyen, podremos acabar con los problemas estructurales que afectan a la sanidad española y hacer frente a esta y a futuras pandemias.

Organizaciones firmantes

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Consejo General del Trabajo Social, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), FACUA, Coordinadora Andaluza en Defensa de la Sanidad Pública, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea (Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra), A voz da Sanidade de Cangas, Plataforma Garanticemos las Pensiones, Mayores de Getafe, ARI-Perú, Red Transnacional de Mujeres (Network Woman), Red Acoge, Medicusmundi, Plataforma Salud Universal de Aragón, Plataforma de Salud Mental de Aragón; Federación de Planificación Familiar Estatal.

Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.

Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Por otro lado se mantiene la desviación de fondos públicos al sector privado, aumentando la transferencia de capitales del capítulo VII correspondiente a asistencia sanitaria. Según el 7º informe (2020) de la FADSP sobre privatización sanitaria (https://fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2355-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa-2020-7-informe), Canarias sigue estando en el grupo de CCAA con un elevado grado de privatización, la cuarta en porcentaje de camas privadas (34,3 %), la cuarta en porcentaje de gasto en conciertos con empresas privadas (9,3%), etc.

En cuanto al HUC, recientemente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias volvíamos a denunciar su grave problemática asistencial y estructural(http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/por-un-proyecto-participativo-para-el-nuevo-huc/) planteando la absoluta necesidad de abordar una inversión urgente en recursos materiales y humanos que sirviera de soporte transitorio hasta que se llevara adelante la inaplazable construcción de un nuevo hospital que cubra la zona norte de Tenerife así como a la isla de La Palma. Es incomprensible e indignante que los presupuestos solo asignen 500.000 euros, absolutamente insuficientes, para el mal llamado hospital del Norte y 250.000 euros para el Plan Director del nuevo HUC. Es decir que el viejo HUC ya se puede seguir hundiendo mientras se elabora un plan director para el nuevo HUC que puede llevar años y hasta que pasen otros tantos para que sea realidad la construcción del nuevo hospital.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo ilustrativo, lo que podría ocurrir ante un cero energético, como los que reiteradamente hemos sufrido, sumado al fallo que puede ocurrir en cualquier momento de unos grupos electrógenos obsoletos. Sería una verdadera catástrofe, con graves perjuicios para los pacientes incluso con probables víctimas mortales. Por otro lado la, en su momento muy defectuosa, integración del HUC en el SCS determinó que arrastre un considerable desfase de inversiones que afecta también a los puestos de trabajo y a las ratios de personal.

Además cabe señalar que cuando aún pertenecía al Cabildo ya se elaboró un Plan Director para una obra nueva que además contó con una amplia participación (que llevó unos 3 años) de los distintos servicios pudiendo servir ahora, mediante la actualización correspondiente, para solventar dicha cuestión permitiendo ahorrar tiempo y dinero.

Evidentemente, visto lo visto, desconfiamos mucho de que el anunciado proyecto de nuevo HUC no sea más que una inversión propagandística que se quede en la más pura ilusión.

Por tanto, con los nuevos presupuestos sanitarios del Gobierno de Canarias estamos donde siempre, muchas palabras y promesas y luego nada, como diría Esopo Las palabras sin hechos son mentiras, lo que no nos sorprende viniendo del mismo equipo directivo de la Consejería de Sanidad en la anterior legislatura que por cierto fueron descalificados por los que hoy gobiernan. ¿Cómo se puede dejar la Sanidad Canaria en manos de los mismos que han sido responsables de su deterioro y de las practicas privatizadoras de la mano de CC?, ¿este es el Gobierno supuestamente progresista que iba a tomar medidas urgentes para solventar los problemas más acuciantes del HUC?. No se podía esperar otra cosa que el incumplimiento de sus promesas.

Justamente hace un año desde Marea Blanca promovimos la campaña SALVAR AL HUC mediante llamamientos a los ayuntamientos, profesionales y ciudadanía en general de la zona norte de Tenerife y de la isla de La Palma, luego se complicó todo mucho más con la llegada de la pandemia por coronavirus y en estos momentos necesitamos más que nunca al HUC que a su vez necesita más que nunca que luchemos por su presente y por su futuro, de modo conjunto ayuntamientos, ciudadanía, profesionales y sindicatos.

De nuevo exigimos al Gobierno de Canarias que termine con el continuismo en la Consejería de Sanidad, que si no hay hechos solo habrán mentiras y que aunque sea por vergüenza política piense en la salud de su pueblo y salve al HUC.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 16 de noviembre de 2020