El Gobierno andaluz, la pandemia y la privatización de la sanidad
Fecha de Publicacion : 16/11/2020
Fuente:enlace infolibre
Autor: José Antonio Brieva, Antonio Vergara, Manuel Torres y Sebastián Martín
El Gobierno andaluz (PP y Cs + Vox) ha dado muestra desde el principio de su interés en privatizar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad Pública (SP). Es propio de su ideología demostrada previamente cuando han gobernado en otras partes de España. Por eso bajan los impuestos a los que más tienen, acuerdan presupuestos deficientes para la SP, que no corrigen el deterioro ocasionado en la década de recortes anterior ni atiende las nuevas necesidades, nombran para dirigir el SAS, y muchos de sus centros, a gestores con amplia formación en el sector de la medicina privada, financian un supuesto plan de choque para remediar las listas de espera que deriva su mayor parte al sector privado y ordena suspender la subasta de medicamentos, una decisión que sólo favorece a las grandes farmacéuticas.
En esas aparece la pandemia de la covid-19 que, durante la primera parte de este año, ha de ser afrontada por una SP depauperada y que, a pesar de presentar una incidencia en Andalucía inferior a la de algunas otras comunidades, sufre las tasas de personal sanitario contagiado más altas de España y el porcentaje más bajo de PCR por habitante. En cualquier caso, la primera ola de la pandemia demostró tres cosas: 1) que la SP es el único comprar zoloft de atender los problemas sanitarios graves de la población (compárese con la torera posición de perfil adoptada por la medicina privada nacional durante la pandemia); 2) que cuenta con la enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores; y 3) que este sistema padece las enormes carencias causadas por años de recortes, privatizaciones, precarización e imprevisión por parte de las autoridades. De hecho, al final de dicha ola, todos, incluido el Gobierno andaluz, hablan de la urgente necesidad del reforzamiento de la SP, máxime cuando la pandemia ha incrementado las listas de espera para otras patologías. Para ello, el Gobierno central deriva al Gobierno andaluz 1.000 millones de euros adicionales para afrontar los problemas sanitarios.
¿Qué ha ocurrido luego? Toda la gente en Andalucía es consciente de la situación generada desde el verano: han continuado las deficiencias de personal, más acusadas en la Atención Primaria, a la cual se le encargan nuevas tareas con respecto a la pandemia con la misma dotación (la contratación de personal este verano es similar a la del pasado verano); implantación calamitosa de una atención telefónica inadecuada; colas lamentables en los saturados Centros de Salud; sólo Ceuta y Melilla tienen números menores de rastreadores contratados y de PCR realizadas por habitante que Andalucía; listas de espera para el resto de las patologías desconocidas pero seguramente disparadas; y, lógicamente, una segunda ola de la pandemia más alta y peligrosa, con riesgo cierto de saturación de hospitales y UCIs.
Mientras todo esto está pasando, el Gobierno de Andalucía ha tomado tres decisiones relevantes para sus intereses ideológicos:
1.- A principios del mes de mayo, aún en la primera ola de la pandemia, el Gobierno andaluz ordena el ascenso de los hospitales de la empresa de medicina privada José Manuel Pascual Pascual SA (el primer holding de medicina privada de la región, con centros hospitalarios en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín) a Áreas de Referencia para 15 especialidades médicas (que atienden la práctica totalidad de las enfermedades), para catorce poblaciones gaditanas, afectando a 280.000 personas. Estas personas ven limitadas su libertad de elección para ser atendidos en los centros de la SP, como hasta ese momento. Esta decisión incluye el abono a la empresa de fondos comprometidos no usados, y el pago de la factura de medicamentos declarados por la empresa. Las protestas de la población afectada en Cádiz aún continúan y el modelo puede extenderse a otras provincias.
2.- El Gobierno andaluz aprueba en julio aplicar en las nóminas de octubre un complemento de “productividad fija” de más de 800 euros al sueldo de 2.429 médicos de la SP que también trabajan en la medicina privada (infoLibre, 11 noviembre 2020). Este complemento iguala al denominado “de exclusividad”, que hasta ahora se aplicaba solo a aquellos médicos que trabajan “exclusivamente” en la SP. Se trata de una eliminación de facto del concepto de exclusividad para hacer compatibles el trabajo público y privado. Además de a los facultativos, esta compatibilidad entre el ejercicio público y privado afecta también a los cargos intermedios (Jefes de Unidades, Servicios, directores, gerentes de hospitales), es decir, a todos los implicados en reducir las listas de espera y de potenciar la SP. Con esta medida la SP puede ser frecuente sujeto de colusión y conflictos de intereses indeseables, así como de problemas de incompatibilidad funcional (fatiga laboral por doble jornada) y legal (cobro de dos sueldos públicos simultáneos).
Un complemento económico para la actividad laboral exclusiva en el Sistema Sanitario Público, como el que había hasta ahora en Andalucía, tiene connotaciones importantes. Es un incentivo para dedicar las importantes exigencias tanto laborales como intelectuales que tiene el ejercicio de la Medicina hoy al Sistema Público e induce un compromiso con este, con su organización, con su funcionamiento y con su rendimiento tanto clínico como social. Este incentivo ahora desaparece en un escenario penoso, donde las plantillas de los centros sanitarios y sus dotaciones están siendo cada vez más reducidas y recortadas de manera, entendemos, que premeditada. En definitiva, la desaparición del concepto de exclusividad puede movilizar la entrada del personal sanitario público en el sector privado, lo que sería un balón de oxígeno para un sector saturado y en expansión.
3.- El Gobierno andaluz anuncia a lo largo del verano que va a invertir 130 millones de euros en centros de medicina privada para abordar los retrasos de las listas de espera de la Sanidad Pública para pruebas especiales e intervenciones. Esto lleva a pensar si existe una manera mejor de invertir 130 millones de euros en los problemas actuales de la SP.
Para solucionar el colapso de la Atención Primaria, con 130 millones se podrían contratar durante un año mil doscient@s médic@s, mil doscient@s enfermer@s y setecient@s trabajador@s auxiliares (rastreadores, administrativos, tests PCR...). No cabe duda que una inversión en plantilla de este tipo, si no solucionar del todo, sí mejoraría notablemente la situación de colapso actual de los cuatrocientos Centros de Salud de Andalucía.
Pero también esos 130 millones de euros se podrían emplear para afrontar el problema de la listas de espera dentro de los centros de la SP. Veamos cómo. Se podría abrir un turno de tarde (de 3 a 10 pm) en los diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, proceso en el que cabría considerar una media de veinte especialidades reforzadas con al menos tres especialistas nuevos por especialidad y centro, más el adecuado nuevo personal de enfermería y otros. Con esos fondos, esto podría realizarse mediante la contratación por un año de mil cien medic@s, mil cien enfermer@s y setecientos trabajadores auxiliares. No cabe duda que esta medida no iba a hacer desaparecer las listas de espera en un año, pero su impacto sobre las mismas sería bastante importante y más efectivo que el gasto realizado por la Junta en centros de medicina privada.
Y entonces, si el Gobierno andaluz ha recibido 1.000 millones de euros para afrontar los problemas actuales de la SP andaluza, y la solución parece asequible dentro de ese marco económico, ¿por qué el Gobierno andaluz se empeña en no resolverlos? ¿Por qué mantener el dolor y la angustia de tanta gente cuando tienen los recursos necesarios para solucionarlo?
Pero en los últimos días ha aparecido un nuevo dato: el Gobierno andaluz decide limitar de forma drástica los derechos laborales (descansos, vacaciones, libranzas, movilidad, etc.) de los trabajadores sanitarios públicos, lo que está provocando multitud de protestas de los mismos. Es decir, aquellos que nos han cuidado siempre y de forma notable durante la primera ola de la pandemia, ahora, en la amenazante segunda ola, en vez de recibir mensajes de aprobación y reconocimiento y el cuidado del sistema, son maltratados. En este momento. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué urgente razón había para hacer esto?
No sabemos las respuestas a estas preguntas. Las tendría que aclarar el Gobierno andaluz. Ni siquiera sabemos en qué han empleado los 1.000 millones recibidos para reforzar la SP en la pandemia. Hace ya unos años, la canadiense Naomi Klein documentó en un conocido libro (La doctrina del shock) cómo los gobiernos neoliberales en muchas partes del mundo usan las situaciones de shock de la población (desastres naturales, guerras, dictaduras, etc.) para implantar medidas sociales anti-populares. Con los datos que tenemos sobre la situación sanitaria de Andalucía hemos llegado a una conclusión: el Gobierno andaluz está usando la pandemia de la Covid-19 para acelerar el deterioro de la Sanidad Pública y su privatización.
Esto nos lleva a afirmar que la confluencia combativa de los trabajadores sanitarios y de la ciudadanía es la única solución a los problemas sanitarios andaluces.
Concha
Fecha de Publicacion : 03/11/2020
Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/concha-ledesma-adsp-salamanca
Autor: Aurelio Fuertes
Concha se jubila. Ella es una de esas profesionales que no debiera hacerlo, porque aporta valor a la sociedad con su trabajo. Concha lleva ejerciendo más de treinta años como médica de pueblo o, más políticamente correcto, como médica de Atención Primaria en el área rural. En este tiempo, ha recorrido muchos kilómetros y ha 'quemado' varios coches para atender a pacientes de esta parte de la España vaciada.
Ha estado cerca de los enfermos que lo necesitaban y que estaban lejos de la alta tecnología que atesora el Hospital. Ha aportado conocimiento (mucho) y valores (aún más) a su profesión y ha tratado con su buena práctica, pero también con su palabra y su sonrisa sanadora, a muchos pacientes. Ha estado vigilante de aquellos problemas de salud pública que afectaban a la comunidad y ha ejercido de maestra para formarla en los cuidados básicos para su salud. Todo ello lo ha hecho con escasos medios, con precariedad, porque si la Atención Primaria es la cenicienta de los sistemas de salud, la sanidad rural es la cenicienta de la Atención Primaria.
Le ha tocado vivir en una sociedad donde, en más de una ocasión, ha tenido que defender su sitio por su condición de mujer. Ha dedicado muchas horas y mucho esfuerzo a la ADSP y ha defendido y defiende con pasión la sanidad pública, porque sabe que es la única garantía de un acceso equitativo de todos, pobres y ricos, de la ciudad o del pueblo, a la salud y a unos servicios sanitarios de calidad.
En estos tiempos de pandemia, hemos debatido, unas veces aquí y otras veces a orillas del Atlántico en Portugal, sobre la situación actual de la sanidad rural y su futuro. A veces esperanzados por las oportunidades que ofrece la tecnología de la información, como la telemedicina, y a veces preocupados por sus evidentes deficiencias para el ejercicio de una profesión que exige estar cerca.
Al final siempre estuvimos de acuerdo en que seguirá siendo necesaria, sobre todo allí, la presencia de un médico para curar al enfermo o, si no es posible, para aliviarlo, y en todo caso, para cuidarlo si no se puede hacer otra cosa. Curar, aliviar, cuidar... lo que siempre ha hecho Concha Ledesma, mi amiga.
Desilusión y desmotivación profesional ante la segunda oleada COVID - Salud a Diario
Fecha de Publicacion : 11/11/2020
Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/desilusion-y-desmotivacion-profesional-ante-la-segunda-oleada-covid
Autor: Aurelio FuertesMiguel Barrueco Ferrero
Nos enfrentamos de nuevo al rebrote de la pandemia de COVID, y son muchas las cosas que han cambiado respecto de la primera. Los profesionales sanitarios están indignados por el comportamiento tanto de los gobernantes como de los gobernados que están dando un espectáculo lamentable.
El sentimiento mayoritario es que la irresponsabilidad manifiesta de unos y otros descarga, otra vez, el peso de la lucha contra la pandemia sobre el personal sanitario, y esta vez no se está dispuesto al mismo nivel de sacrificio que en la ocasión anterior.
De hecho, en la reorganización de los hospitales para adaptarse de nuevo al tsunami de ingresos (la denominada re-escalada), se observa mayoritariamente una importante resistencia a incorporarse a los equipos COVID, y apenas existen voluntarios para ello, lo que está produciendo verdaderos quebraderos de cabeza a las direcciones de hospitales y centros de salud. En esta ocasión, ya no existe el entusiasmo con el que se luchó contra la primera ola, y ello tiene causas muy claras que trataré de exponer a continuación.
En primer lugar, existe miedo al contagio y a ser responsables del contagio de la propia familia. Los médicos no somos héroes, somos personas con sentimientos, muchas veces encontrados, y que enfrentan la profesionalidad con el sentido de autoprotección. Se puede exigir un comportamiento profesional ético, pero no la inmolación.
En segundo lugar, se están produciendo muchas bajas laborales, bajas que, en la mayoría de las ocasiones, no se cubren, produciendo una sobrecarga añadida a un personal ya muy sobrecargado por sí, antes y durante la pandemia.
En tercer lugar, está muy arraigado el sentimiento de maltrato durante la primera fase de la pandemia. La carencia de material de autoprotección y las durísimas condiciones de trabajo han dejado huella, especialmente cuando se observa que las condiciones para enfrentarse a la segunda y sucesivas oleadas han mejorado, pero no lo suficiente. Se desconfía de que vuelva a suceder lo mismo.
En cuarto lugar, existe el sentimiento de un agravio comparativo entre distintos grupos de profesionales. En la primera fase, mientras se reducía la actividad de determinados servicios –los quirúrgicos, fundamentalmente, pero no solo–, los profesionales que se quedaban en casa por falta de actividad mantenían íntegras sus remuneraciones, guardias incluidas, y los médicos que atendían la pandemia en primera línea de fuego veían cómo, a pesar de la penosidad del trabajo, no se recompensaba el mismo de alguna manera, e incluso en algunos casos perdieron parte de su remuneración habitual y ganaron menos dinero que si no se hubieran integrado en los equipos COVID. El sentimiento de agravio está muy extendido. La posterior compensación se consideró una ofensa por la cuantía de la misma y los conceptos para su distribución.
Buen ejemplo de lo anterior es la negativa de numerosos profesionales con contratos temporales a renovar sus contratos precarios y que, ante las condiciones que se le ofrecen, prefieren buscar nuevos y mejores horizontes.
En quinto lugar, la asistencia especializada es, por definición, una asistencia fragmentada y organizada en servicios, con poca o ninguna sensación global de pertenencia al hospital. Fuera de cada servicio, el resto no existe o no merece la atención suficiente como para abandonar la asistencia dentro de cada uno de los servicios. Ya no existe una concepción integral del hecho de "ser médico". Esto incluye la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes con patologías propias de cada especialidad, que en la anterior ocasión quedaron abandonados a su suerte y que ahora no es posible.
Si a todo esto –y a otras múltiples razones que sería muy prolijo expresar– se añade la insensibilidad e inoportunidad de las autoridades sanitarias, el malestar generado por iniciativas de los gobiernos central y autonómico, como, por ejemplo, el decreto que autoriza a ejercer como especialistas a profesionales no cualificados en el caso del primero –que ha generado respuestas en forma de huelgas (en España no había ninguna huelga médica desde hace 25 años)– o la reciente exigencia de establecer un calendario de consultas hasta mayo de 2021 por parte del segundo, cuando los servicios tienen que anular cada día citas programadas para dedicar a sus miembros a atender la pandemia, el cabreo generalizado está asegurado. Inoportunidad política manifiesta.
Este artículo no pretende ser exhaustivo, solo reflejar la situación del personal médico en particular y del personal sanitario en general. Durante décadas, las sucesivas administraciones sanitarias han abusado de la entrega de los profesionales. Ante la pandemia no han modificado un centímetro su actitud, así que la gota ha colmado el vaso.
Diez medidas urgentes para contener la pandemia
Fecha de Publicacion : 03/11/2020
Autor: Marciano Sánchez Bayle
La pandemia de Coronavirus SARS-COV2 continua aumentando su incidencia en nuestro país (más casos, mas hospitalizados, mas en UCIs, más muertos) como por cierto esta pasando también en casi todos los países de Europa, si bien en nuestro caso la gravedad es muy importante estando a entre los primeros puestos por mortalidad.
La pandemia Covid19 esta avanzando de manera significativa en todo el país, aunque con incidencias muy variables según las distintas CCAA, pero es evidente que estamos ante una segunda ola que tiene todos los visos de aumentar si no se adoptan medidas más contundentes y de eficacia probada, que alguna de las CCAA, el caso más evidente es el de la de Madrid, están postergando y descafeinando continuamente, con lo que se evita el atajar la extensión de los contagios.
Se puede constatar que las administraciones sanitarias de modo general, también con muchas diferencias autonómicas, no han aprovechado la disminución de los casos producida en junio para reforzar los dispositivos asistenciales, especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública, de manera que el sistema sanitario se encuentra en una condiciones parecidas o peores a las que tenia en marzo y que provocaron su desbordamiento.
Por otro lado, se evidencia una falta de coordinación entre los responsables de la administración sanitaria (Ministerio y CCAA) que esta entorpeciendo la solución del problema y generando confusión y desconfianza entre la población. En todo caso, es evidente que, aunque todos tienen alguna responsabilidad al respecto, hay alguna de las CCAA, especialmente la de Madrid, que quieren aprovechar la pandemia para enfrentarse al gobierno central sin importarles demasiado la salud de la población.
Además, después de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, que en lo referente a Sanidad fueron poco satisfactorias e incompletas, ni siquiera se ha avanzado de manera relevante en el reforzamiento de la Sanidad Pública en aquellos aspectos mejor desarrollados y más positivos del Dictamen.
Por otro lado, tanto la primera como la segunda ola de la Covid19, han tenido como resultado el que se hayan anulado la realización de intervenciones de cirugía programada, consultas de especialistas y AP, y pruebas diagnósticas, que aunque no se pueden cuantificar exactamente, por la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias autonómicas, pueden estimarse en más de 500.000 intervenciones quirúrgicas, 10 millones de consultas externas y 2 millones de pruebas diagnosticas las actuaciones no realizadas. Las repercusiones que esta falta de asistencia sanitaria ha tenido sobre la morbilidad y mortalidad de la población son importantes, aunque hasta el momento resultan imposibles de calcular con exactitud, pero en todo caso serán importantes y cuestionan el derecho a la protección de la salud de la población que en teoría garantiza nuestra Constitución.
Finalmente la pandemia ha sido aprovechada por algunas administraciones desaprensivas para incrementar la privatización sanitaria, y para derivar fondos que debían destinarse a la atención sanitaria a otros fines (el caso mas espectacular es el de la Comunidad de Madrid que solo destino el 47% de los 1.490 millones euros recibidos a gastos relacionados con la pandemia).
Todo ello requiere actuaciones urgentes tanto para contener la pandemia como para garantizar la recuperación del sistema sanitario público tan dañado por los recortes como por la crisis sanitaria actual. Estas medidas deberían de pasar por:
Uno | Establecer mecanismos eficaces para la contención de la Covid19 que deben de pasar por restricciones de movilidad, generalización de las medidas de protección y sistemas eficaces de detección de casos e identificación y seguimiento de sus contactos (al menos 40 rastreadores/100.000 habitantes) y que tienen que ser básicamente homogéneas en todo el territorio.
Dos | Necesitamos un sistema de información potente y homogéneo para todo el Sistema Nacional de Salud que permita, a las autoridades sanitarias, a los profesionales de la salud y a la población, tener un conocimiento actualizado sobre la evaluación de la pandemia y de las demás enfermedades, así como de los principales parámetros de funcionamiento del SNS.
Tres | La aprobación de unos presupuestos generales del estado que garanticen una financiación suficiente de la Sanidad Pública, crónicamente subfinanciada y recortada, que hemos estimado en un incremento de 1.000 € por habitante y año para poder afrontar las necesidades de salud de la población en este momento. El proyecto presentado por el Gobierno avanza en este sentido estableciendo importantes aumentos para la Sanidad Pública, pero que deben de complementarse por los que haga cada una de las CCAA en sus propios presupuestos.
Cuatro | Establecer mecanismos de financiación finalista que permitan asegurarse de que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave (refuerzo de la Atención Primaria, Salud Pública, Investigación, aumento de camas hospitalarias en centros públicos), lo que puede hacerse bien desde los propios PGE, bien desde una mayor dotación económica del Ministerio de Sanidad, bien desde la aprobación de un Plan Integrado de Salud con dotación económica para el cumplimiento de sus objetivos. En este objetivo también se produce algún avance en el proyecto de PGE pero todavía insuficiente.
Cinco | Reforzar especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública, pero también el conjunto del sistema sanitario incrementando las plantillas de todas las categorías para evitar una situación de colapso en esta nueva ola que va a ser enfrentada por un personal sanitario ya bastante cansado y desincentivado.
Seis | La mayoría de las necesidades asistenciales de la población no están relacionadas con la Covid19, sin embargo, se está produciendo una postergación en la asistencia sanitaria de la población que padece otras enfermedades, en muchos casos de mayor gravedad. Se precisa organizar urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable.
Siete | Debemos considerar los determinantes sociales de la salud como un factor clave en la expansión del virus, estableciendo mecanismos para abordarlos especialmente, frente a los discursos y políticas que estigmatizan a los colectivos más vulnerables.
Ocho | Hay que potenciar una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, mejorando las condiciones de las residencias y su control, y potenciando la ayuda domiciliaria.
Nueve | Debemos de adoptar medidas legislativas de protección del SNS frente a la privatización y para recuperar de la sanidad privatizada. La respuesta ante el virus solo va a venir de la Sanidad Pública, si continúan las privatizaciones la debilitamos y descapitalizamos favoreciendo su desbordamiento.
Diez | La protección de la salud es un derecho de la ciudadanía reconocido constitucionalmente, y en última instancia el gobierno del país es el garante del mismo. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno deben de arbitrar mecanismos que aseguren su tutela efectiva, mediante la coordinación y la integración de las estrategias de política sanitaria con las CCAA, y si fuera preciso mediante la intervención directa. No se pueden seguir tolerando los espectáculos de las inconsistencias y desastres que provoca el gobierno de la Comunidad de Madrid, no es de recibo abandonar a su suerte a 6,6 millones de personas.
Es urgente cambiar la política sanitaria. Hay que urgir a las autoridades sanitarias y responsables políticos, a los trabajadores de la Sanidad y a la población, para que trabajen para poner en marcha estas medidas que son imprescindibles para responder adecuadamente a la situación actual.
COVID y tabaquismo - Salud a Diario
Fecha de Publicacion : 22/10/2020
Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/covid-y-tabaquismo
Autor: José Generoso Gómez Cruz
Existen diversos estudios a nivel nacional e internacional que señalan el tabaquismo como factor de riesgo de COVID, sobre todo en enfermos graves. Ya en mayo de este año la OMS informó de que fumar tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades respiratorias, y estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores.
En España, los profesionales recuerdan que los fumadores han tenido peor pronóstico con el coronavirus y, como indica Josefa Cantero (presidenta de SESPAS. Universidad de Castilla-La Mancha) en The Conversation, aunque no hay evidencias científicas sobre la transmisión del coronavirus por el humo del cigarrillo, fumar y vapear en los espacios públicos puede resultar especialmente peligroso para los demás.
Por todo ello, los médicos llevan meses reclamando la prohibición de fumar con el fin de controlar la pandemia de coronavirus.
La respuesta acordada por unanimidad por el Gobierno y todas las comunidades autónomas son las recientes restricciones impuestas a los fumadores en calles y terrazas por el factor de riesgo de contagio que supone, prohibiendo consumir tabaco y utilizar ningún dispositivo que sirva para ello –como los cigarrillos electrónicos, las pipas o las cachimbas– para atajar su propagación por el aire, siempre que no se respete la distancia social de dos metros.
Estas medidas son, a todas luces, insuficientes. Permitir fumar o no en una terraza o en la calle dependiendo de si el fumador tiene a otra persona a dos metros o más es una norma que no soluciona el problema, y lo único que puede crear es polémica y discusión de si se está a más o menos de dos metros.
En Castilla y León, el 8 de octubre la Junta aprobó una modificación del plan de medidas frente a la COVID, estableciendo como obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento en la calle, permitiendo retirar la mascarilla únicamente en situaciones de consumo de alimentos y bebidas y, por tanto, prohibiendo el consumo de tabaco en las terrazas sin excepciones. Relacionar el consumo de tabaco con el uso de la mascarilla no es lo ideal; se debería haber prohibido fumar por el mero hecho de que el humo de tabaco puede transmitir el coronavirus, pero al menos es una disposición que no admite discusión y que protege a la mayoría de la población, teniendo en cuenta que el 78% de la población es no fumadora.
Debe quedar muy claro que esta no es una medida contra los fumadores, sino que es para prevenir y evitar la transmisión de la enfermedad.
Y entonces, ¿qué pasa con los fumadores? Pues aquellos que nunca se han planteado dejar de fumar, deberán informarse de los problemas que acarrea el tabaquismo para ellos y para los que les rodean y respetar las normas sobre consumo de tabaco.
Los fumadores que se lo están planteando, pero que no acaban de decidirse, pensar en las ventajas que conlleva abandonar el tabaco y que este puede ser un buen momento para dejarlo.
Y los que desean hacer un intento serio para dejar de fumar, que piensen que los sanitarios no podemos dejar sin dar respuesta a un fumador que quiere abandonar el consumo de tabaco. Por tanto, que no pierdan la oportunidad, pidan cita cuanto antes con su medico de Familia, para que, cuando éste les llame por teléfono, le digan que quieren dejar de fumar y así iniciar online el tratamiento, que actualmente está financiado por la seguridad social.