El Gobierno de Núñez Feijoo utilizó en 2010 de manera fraudulenta el modelo de contrato para la construcción del Nuevo Hospital de Vigo, al recurrir a un simple Contrato de Concesión de Obra Pública prevista para construir centros públicos con dinero privado, pero que no permite incluir cuestiones como la financiación del mobiliario, la prestación de servicios accesorios (cocina, limpieza etc.) en edificios (Hospital Nicolás Peña) que no tienen relación física con la obra concesionada o la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas como el Laboratorio, contempladas en los pliegos del Contrato de Concesión de Obra Pública del Nuevo Hospital de Vigo, que se corresponden con la fórmula jurídica de Contrato de Colaboración Público Privada

            Esta trampa legal tenía por objetivo:

• Saltarse la realización del Estudio de Evaluación Previa (necesario en la fórmula de Colaboración Público Privada pero no en la de Concesión de obra pública) que debe justificar que la financiación privada para construir infraestructuras públicas es indudablemente la mejor opción para los contribuyentes, de acuerdo a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

• Enmascarar la utilización improcedente del Contrato de Concesión de Obra, modalidad que no contempla prestaciones accesorias a las obras de construcción de centros, incluidas en el contrato del Nuevo Hospital de Vigo.

• Evitar la comparación del proyecto de financiación privada con el aprobado por el anterior gobierno de financiación pública. El coste del hospital por la vía pública era de 457,6 millones frente a los 1.566,4 del actual de financiación privada (1.880 si se tiene en cuenta la explotación del aparcamiento y otros negocios del centro)

            Este posible fraude de ley fue avalado por un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia (organismo en la Xunta responsable de la fiscalización previa y del control de la legalidad de los contratos de la CCAA) dirigido entonces por la Sra. Elena Muñoz, actual candidata a la Alcaldía de Vigo por el Partido Popular. Este informe se realizó en un tiempo récord de 24 horas (hecho insólito tratándose de un contrato tan voluminoso y complejo) y unos días antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 20 de Mayo de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que obligaba al SERGAS a trasladar toda la documentación del contrato al Gobierno Central para su fiscalización. De esta manera el proyecto evitó el control del Ministerio de Economía y Hacienda que lo hubiera anulado por no ajustarse a lo previsto por la Ley.

            Hay que recordar a los ciudadanos/as y sanitarios del área que como consecuencia de esta decisión de la candidata del PP Sra. Muñoz el hospital quedara en manos privadas lo que perjudicará la asistencia sanitaria y deberán pagar cuatro veces más por un hospital al que se han recortado camas, recursos docentes y de investigación, servicios de referencia, equipamiento, calidad de materiales y miles de metros cuadrados de superficie, para beneficiar a la empresa Concesionaria Privada.

            Hace pocos días el Tribunal Superior de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda le anuló a la Gerencia del Chuvi el Contrato para Suministros de Reactivos y Material para Técnicas Analíticas del Laboratorio del Hospital del Meixoeiro por no ser el adecuado para realizar las obras de adaptación del servicio, pues incluía cosas que no son propias de un simple contrato de suministro. El Tribunal Superior en su auto calificó la actuación del SERGAS de errónea y vulneradora de la Ley y de los principios de transparencia y libre concurrencia.

            Además de perjudicial para la asistencia sanitaria, resulta bochornoso que un organismo de la administración central anule un contrato por no ajustarse a la legalidad, mientras que el dependiente de la Comunidad Autónoma Gallega avale otro que se puede calificar de fraudulento de la ley para beneficiar los intereses del PP. Pura política bananera al servicio de la privatización, que futuros gobiernos progresistas gallegos deberán erradicar.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

16 de mayo de 2015

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tiene que mostrar su rechazo ante la denegación de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para la presentación del libro “LA SANIDAD NO SE VENDE. MANUAL PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA”

Esta negativa se basa supuestamente en el “contenido ideológico” del citado libro, lo que evidentemente vulnera el derecho a la libertad de expresión y a la no discriminación por motivos ideológicos que recoge la Constitución, y supone un acto flagrante de censura desde una institución pública que se mantiene con los impuestos de todos los ciudadanos, y es mas llamativo si se tienen en cuenta que el citado libro ya ha sido presentado en una biblioteca pública de otra comunidad autónoma.

No sabemos si se trata de una decisión adoptada por el aparato político del gobierno de la Sra Cospedal, o por la iniciativa particular de una fundamentalista ultramontana, pero en cualquier caso se están vulnerando derechos fundamentales y negando espacios públicos para la exposición de ideas que no parecen ser del agrado cuando menos de la Sra Técnica de bibliotecas que firma la denegación del uso de ese espacio público.

Resulta preocupante que un centro cultural que debería estar abierto a la pluralidad de opiniones e ideologías este vetado a quienes tienen otra visión de la realidad, y gestionado por quien demuestra tan poco respeto hacia otras opiniones. Parece que volvemos a los tiempos del franquismo y de la Inquisición.

Exigimos por lo tanto la inmediata rectificación y el cese o destitución de los responsables de esta denegación.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

13 de mayo de 2015

La dedicación exclusiva de los profesionales a la Sanidad Pública es una premisa indispensable para una mejora fundamental de su funcionamiento, por lo que los cambios legislativos que necesita el SNS y el Servicio Canario de Salud deben recogerla.

De los médicos censados en España 2/3 trabajan en la publica y 1/3 en la privada pero de estos últimos mas del 50% trabajan en la Sanidad Pública a nivel hospitalario, lo que produce un conflicto de intereses por el pluriempleo favorecedor de los denominados "comportamientos oportunistas potenciales en la práctica médica" descritos en la literatura científica.

• Absentismo y elusión de tarea.
• El desvío de pacientes al sector privado.
• La demanda inducida y la selección de pacientes.
• La apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

En nuestra Comunidad, la quinta más privatizada ( ver informe de la FADSP de abril de 2015), a pesar de los continuos desmentidos por parte del Gobierno Canario, se ha llegado a facilitar la reducción de jornada de sus profesionales, fundamentalmente médicos, para que puedan trabajar en el sector privado, además de no aplicar rigurosamente las incompatibilidades, lo que no es de extrañar cuando alguno de sus altos dirigentes proviene del sector privado.

Un colectivo tan vital, como son los médicos, la compatibilización de su trabajo con el desarrollo de esa misma actividad en hospitales privados y otras entidades resulta habitual, lo cual contribuye a que su menor dedicación pública rebaje la calidad general del sistema y hace que se produzca una competencia desleal con su puesto de trabajo público (de hecho las grandes empresas suelen exigir la exclusividad a sus trabajadores con un cierto nivel de cualificación).

La no existencia de la dedicación exclusiva supone un beneficio para el sector privado porque le permite contar con profesionales mas cualificados y motivados y que difícilmente trabajarían solo en centros privados con bajas retribuciones (puesto que se trata de un complemento de los salarios del sector público), y tiene además un efecto negativo sobre el empleo favoreciendo el paro profesional.

Los nuevos contratos deben ser con dedicación exclusiva, incentivada adecuadamente , con lo que se lograría una mayor dedicación junto con una mayor calidad asistencial, consiguiendo otros grandes beneficios como serían las jornadas continuadas a la tarde, sistemas de trabajo habituales en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Por ello desde la ADSPC proponemos:

Recuperar la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario público como un concepto central en la política de personal, incentivándola adecuadamente.

Establecer un sistema transitorio en el que todas las nuevas contrataciones llevarían aparejada la dedicación exclusiva y las personas con plaza en propiedad podrían optar a acceder a la misma o quedarse en la situación actual.

Las plazas con capacidad organizativa y/o de gestión deben de tener dedicación exclusiva sin excepción.

Debe de exigirse el cumplimiento de la ley de incompatibilidades en cuanto al personal que trabaja en los centros sanitarios que reciben financiación pública (conciertos, etc.).

Hay que garantizar mecanismos de formación continuada desde el sistema sanitario público, independientes de la industria farmacéutica y tecnológica.

Debe establecerse la obligación de declarar todas las ayudas económicas, cualquiera que sea su forma concreta, que pudieran recibirse de la industria o de entidades privadas, incluyendo fundaciones y oenegés.

Hay que reservar los centros públicos para las prácticas y la formación de los estudiantes de las universidades públicas.

Hay que crear un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea gestionada por una agencia pública de investigación.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias a 5 de mayo de 2015

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Doce organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han presentado dos recursos contencioso- administrativos para paralizar la adjudicación del hospital de Alcañiz a una empresa privada por el modelo PFI (iniciativa de financiación privada).

            Los colectivos explicaron ayer que la licitación de las obras --Sanidad ya ha abierto algunos de los sobres de las constructoras candidatas a la construcción-- generaría "perjuicios de difícil o imposible reparación" si hay un cambio de Gobierno en las próximas elecciones y se produce una anulación posterior a la adjudicación. "Puede acarrear consecuencias económicas importantes, mientras que posponer tal decisión, hasta que se resuelvan los recursos, no creemos que va a generar ningún perjuicio para los ciudadanos", explicaron las organizaciones.

            Además, los recurrentes consideran que los actos administrativos por los que se ha aprobado este sistema de adjudicación pueden contener motivos de "nulidad o vulneración" de derechos esenciales que justifican la medida cautelar solicitada.

           Las organizaciones que secundan el recurso contencioso administrativo argumentan que el modelo de adjudicación le cuesta a las arcas públicas 451 millones en lugar de 180, ya que "279 son para la empresa privada" y "lo que queremos es que revierta en sanidad", explicó José María Andreu, quien cuestionó que se cedan, además, 12 hectáreas compradas por el Ayuntamiento para la instalación de las oficinas, funerarias o floristerías que "van a hacer daño a Alcañiz".

            Los representantes de las diferentes organizaciones recordaron que ya han presentaron 17.000 firmas y 11.000 alegaciones contra la "privatización" del hospital de Alcañiz. "Y no nos han hecho ni caso hasta el momento, así que tenemos razones suficientes para ir al juzgado", señalaron.

Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Aragón

1 de Mayo de 2015

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      El pasado 13 de abril se decidió en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que el III Plan de Salud, elaborado y registrado en el Parlamento de Canarias por la actual Consejería de Sanidad que preside Brígida Mendoza, no se va a poder aprobar por el parlamento actual. Por ello dicho plan de salud decae y será el próximo gobierno que se forme después de las elecciones del 24 de mayo el que decida si retomarlo tal y como está, y proceder a su trámite y aprobación parlamentaria, o si modificarlo o rehacerlo de nuevo.

      Consideramos que este hecho viene a confirmar lo que ha venido siendo una característica propia de la gestión de la Consejería de Sanidad sea cual sea el partido a su cargo. La Consejería de Sanidad, anunció a los medios de comunicación social a principios del mes de agosto de 2013 el "borrador de anteproyecto del III Plan de Salud de Canarias". Tal hecho sorprendió a personal sanitario, colegios profesionales y colectivos de pacientes, familiares y usuarios. El mencionado "borrador" ni siquiera era conocido por los propios gestores de los centros sanitarios donde lo empezaron a "presentar" durante el mes de septiembre de ese año.

      Tras las múltiples denuncias de ese proceso nada participativo de elaboración del Borrador del III Plan de Salud, tarde y sin la debida profundidad y de modo apresurado en abril de 2014 se puso en marcha un proceso participativo que no tuvo las características que nosotros reclamamos, limitado tanto en la forma como en el fondo. Como partidarios que somos de la planificación participativa, que está en la raíz de una sociedad que se define como democrática, requeríamos que se habilitaran los mecanismos para identificar los problemas y necesidades de ciudadanía y profesionales, así como para recoger las propuestas de estos. Se precisaba pues de la actividad comunitaria, ya sea a través de organizaciones de pacientes, vecinales, sindicales, de sociedades científicas, así como de los escasos Consejos de Salud realmente existentes y a la vista de ello, por tanto, también de la promoción de reuniones, charlas-debates y asambleas ciudadanas con el fin de favorecer el proceso de planificación participativa y una vez obtenidas conclusiones y resultados, con su conversión en objetivos, serían la base para la formulación final del plan que habría de ser sancionado por el parlamento. Demasiado para hacerlo en apenas un año.

      El proceso implementado, aún limitado, no llegó a tiempo para poder ser aprobado por el Parlamento de Canarias y, en cuanto a su contenido, dista mucho de ser el instrumento que precisa la atención a la salud de la población canaria. Para ello hay propuestas alternativas a las que se vierten en el referido Borrador y estamos pagando las consecuencias de decisiones y hechos consumados que no saben de procesos realmente participativos y democráticos, atendiendo únicamente a la estrechez de la agenda política, de la que, por cierto, ha desaparecido por completo la respuesta a la toma en consideración, por unanimidad plena del Parlamento de Canarias, de la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias. Otro proceso, este realmente participativo, menospreciado por el Gobierno de Canarias.

      Como conclusión final, a tener en cuenta ante la próxima convocatoria electoral, cabe señalar que son irreconciliables una planificación participativa y una política de salud acorde con las necesidades de las personas con un posible Plan de Salud sin ficha financiera y en el que se parte de la base de la disminución del Gasto Público para el pago de la deuda, el ajuste estructural y los recortes. Y tal cosa no se compensa con la aplicación de "metodologías organizativas y de gestión" que es la esencia del borrador ahora bloqueado en el Parlamento de Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 23 de abril de 2015

Los convocantes de esta manifestación queremos denunciar que, impulsado por los gestores de la sanidad, estamos asistiendo a un proceso de privatización y deterioro del sistema público aragonés de salud, a veces poco perceptible por la ciudadanía pero cuyas repercusiones son evidentes:  

          - Escandaloso incremento de las listas de espera.

          - Masificación de servicios sobre todo las urgencias hospitalarias.

          - Copagos.

          - Abandono de sectores importantes como sanidad mental.

          - Y en general retroceso de la sanidad pública en beneficio de la privada (Aragón es la Comunidad Autónoma en que más se ha incrementado el número de seguros privados).

     Vemos como se juega con la vida de los enfermos de hepatitis C escatimándoles el tratamiento, mientras se licita la gestión del nuevo hospital de Alcañiz dando protagonismo al beneficio privado, lo que incrementara su costo escandalosamente.
     Pero en su permanente acoso al sistema público dos nuevas medidas están viendo la luz: la implantación del AREA UNICA y las UNIDADES DE GESTION CLINICA.
     AREA UNICA (AU): El 16 de marzo de 2015 se publico el Decreto por el que se intenta implantar el AU  (un área por provincia). Como ya es habitual las justificaciones suelen ser las de racionalización, eficacia, libre elección, etc. Dejando aparte el hecho de que la libre elección ya está reconocida, la realidad es que esta medida contradice los criterios de buen funcionamiento sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de la Ley General de Sanidad española.
     La realidad es muy diferente y supondrá  una pérdida de servicios de las áreas actuales así como de los barrios y pueblos con la consiguiente necesidad de desplazamientos y pérdida de calidad asistencial. Para los profesionales sanitarios la movilidad geográfica indiscriminada y peores condiciones de trabajo. A esto hay que añadir el debilitamiento de los cauces de participación ciudadana ya de por si insuficiente.
     Entonces ¿Cuál es su verdadero objetivo? Detrás de las bonitas palabras lo que quieren es dar un paso importante en su proyecto de privatización, creando grandes espacios sanitarios para que las empresas privadas con afán de lucro se puedan introducir en el sistema público y transitar por él sin trabas administrativas, facilitando así sus posibilidades de negocio. No olvidemos que el paso previo para la aceleración del salvaje proceso privatizador en Madrid fue la implantación del AU. Hay que destacar que esta medida también supone un paso adelante en el intento de implantación de las UNIDADES de GESTIÓN CLINICA previsto para los próximos meses.
     UNIDADES DE GESTION CLINICA (UGC): una vez más las buenas palabras ocultan la verdad, la realidad es que las UGC, tal y como se nos presenta, se ha implantado en sistemas altamente privatizados o en trance de privatización y por lo tanto de deterioro. Suponen la fragmentación del sistema público en microempresas autónomas, con sistemas de gestión privada que puedan competir entre ellas, de manera que las retribuciones  vayan condicionadas al ahorro conseguido. 
     Esto supondrá en primer lugar hacer cómplices a los profesionales sanitarios de las políticas de recorte. Estos trabajadores perderán las garantías que les brinda el ser estatutarios ya que necesariamente pasaran a ser personal laboral. Se generará una fuerte tendencia a la disminución del gasto y con ello a una selección de pacientes rechazando aquellos menos “rentables”, con lo que está garantizada la pérdida de calidad asistencial sobre todo en aquellas personas con patologías complicadas.
     Unido a esto la Atención Primaria perderá protagonismo y su misión fundamental será el “cribado” de estos pacientes. Por otra parte se incrementaran los gastos de gestión ya que será necesario un amplio aparato burocrático en detrimento de otros servicios. Todo un salto hacia la privatización del sistema desde effexor online espana.
     El AU  y las UGC están a las puertas y hay que pararlas ya, pero en el horizonte se divisan nuevos nubarrones como el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) que se está negociando con gran secreto y que supondrá la demolición definitiva de los servicios públicos, entre ellos los sanitarios.
     Por todo ello debemos de tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos y articular respuestas a la altura de los problemas que se nos plantean. El sistema público de salud es nuestro, de todos, y nuestra es la responsabilidad de defenderlo de manera decidida desde la calle y desde las urnas. Si somos indiferentes y pusilánimes y no lo hacemos  lo peor aún está por llegar

¡DEFIENDE TU SALUD, DEFIENDE LA SANIDAD PÚBLICA! ¡POR UNA SANIDAD PÚBLICA 100%!

¡NO A LOS RECORTES Y PRIVATIZACIONES! ¡NO AL AREA UNICA Y A LAS UNIDADES DE GESTION CLINICA!

Asociación Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

Comisión Salud de la Federación de Barrios de Zaragoza