Povisa estuvo negociando con Centene este contrato de venta mientras presionaba a la Xunta, al personal y a la población con la quiebra (anuncio un Concurso de Acreedores) gracias a lo que consiguió una importante mejora en el pago por habitante. Son de sobra conocidas las buenas relaciones de Silveira (dueño del centro) con las autoridades políticas.

Sin embargo el Conselleiro de Sanidade la Xunta dice que conoció hace muy pocos días la compra del hospital por Centene y que no la pudo evitar (a pesar de con el acuerdo se cambia la titularidad del contrato y de que POVISA se beneficio del dinero publico de las sucesivas renovaciones e incrementos introducidos en el concierto).

Por su parte el hospital Povisa admitió que mantuvo desde hace algún tiempo negociaciones con el Grupo Ribera Salud para la venta del centro.

La Xunta puede, en base a las ayudas continuadas a este centro privado no autorizar la venta y ejercer su derecho a una compra por los 22 millones de euros por los que oficialmente se vende (un autentico regalo) que podría afrontar con la cuarta parte del Fondo de Contingencia de la Xunta que es de casi 80 millones con lo que lo que evitaría el endeudamiento. El contrato deberá ser revisado también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No sabemos si este regalo va acompañado de otras compensaciones, dado que se desconocen los términos del contrato. Hay que recordar que POVISA recibe 84 millones euros anuales de la Sanidad Pública gallega.

La Conselleria de Sanitat Valenciana detectó en el Hosital de Alzira del grupo Ribera Salud sobrecostes de 2,6 millones de irregularidades en la atención de urgencias por facturas hinchadas y doble facturación.

La Fiscalía de Valencia solicitó la imputación de los principales directivos de esta compañía por cobrar comisiones por ventas de material sanitario de sus proveedores que trasladaba a la administración valenciana sin las rebajas correspondientes. Esta práctica fue calificada de presunto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación por los tribunales.

El informe de la Intervención General 2003-2012 de la Comunidad Valenciana denunció problemas de opacidad, ausencia de control e incluso connivencia de la Generalitat con las empresas adjudicatarias, como consecuencia de la de la falta de fiscalización de la actividad del centro.

La compra de POVISA por Centene incrementa el riesgo de privatización de la sanidad publica gallega dado e enorme peso y poder de esta multinacional aseguradora, muy superior al de los actuales dueños de POVISA

Centene ocupa el puesto número 51 de las empresas más potentes de Estados Unidos y esta invertido también entre otros países como Chile, Perú y Eslovaquia. El gigante de EE.UU. pretende cambiar nuestro modelo sanitario al anunciar que apuesta por un modelo de gestión donde la Administración financia, controla y es la dueña del sistema; mientras ellos operan como una "franquicia" que asegura la "buena gestión"

La aseguradora Centene cerro su filial de Kentucky Medicaid con la que gestionaba el Servicio de Salud de ese Estado, despidió a todo su personal y cesó su actividad dejando sin servicio sanitario a 140.000 pacientes.

Ribera Salud posee los hospitales de Torrevieja, Denia, e Elche en la Comunidad Valenciana y el de Torrejón, en Madrid, gracias a los apoyos del PP en ambas comunidades. Concessia posee el 10% de las acciones de este hospital y es al mismo tiempo la Concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro lo que supone que la totalidad de la atención hospitalaria de Vigo este controlada por esta empresa (monopolio del servicio sanitario público de Vigo) .

Aunque POVISA tuvo una gran capacidad para influenciar las decisiones y recursos de la Sanidad Pública de Vigo, Centene tendrá aun más poder para condicionar y chantajear a la administración sanitaria Pública del área. En el proceso de reversión de Alzira a la sanidad pública, la compañía estadounidense ya presionó al embajador español en Washington para frenar el proceso de rescates de la Generalitat, como consecuencia el embajador de Estados Unidos en España, advirtió de las consecuencias negativas que tendría para la Comunidad Valenciana la reversión de la concesión a Ribera Salud.

Es impensable que después de los 5 años del Concierto Singular, Centene acepte integrar sus camas en el Hospital Álvaro Cunqueiro, con su poder de presión y su capacidad para chantajear con las 400 camas que dejaron de crearse en el mismo por las presiones de POVISA.

Consecuencia de esta compra

Una multinacional no invierte en un hospital por lo que es previsible que adopte algunas medidas para mantener el negocio

1.- Reducir personal aplicando un ERE y recortar sus condiciones salariales y laborales

Los trabajadores de Alzira tenían peores condiciones laborales de los trabajadores del sistema público: Menos personal, 200 mas de horas de trabajo al año, un sueldo un 15% inferior al de los hospitales públicos. El personal facultativo tenía una jornada anual un 12% superior y unas retribuciones un 11,5% inferiores que el estatutario.

2.- Reducir oferta y calidad de las prestaciones a la población del área (140.000 habitantes) .

El presidente de Centene dejo recientemente claro que quiere “cambiar la forma en que las personas experimentan la atención médica para que sea más simple, mejor y de menor costo". Centene es una aseguradora especializada en gestionar servicios de Atención Primaria y Ribera consiguió la integración de la misma en el hospital de Alzira. Por ello es previsible que pretenda hacerse con los centros de salud del área para controlar el flujo de pacientes al hospital

3.- Obtener nuevas ayudas de la administración como viene haciendo desde siempre POVISA por su connivencia con la administración

Tras un primer rescate con dinero público en los años 80, Povisa de nuevo declara serias dificultades económicas en los años 90.

Silveira se hace con el concierto de Povisa en el año 1996, con unas condiciones muy mejoradas, incluyendo la aprobación de un fondo de reserva para cubrir la actividad asistencial que sobrepase el objetivo fijado con la administración, lo que provoca un sobredimensionamiento injustificado de la actividad facturada y del montante del concierto año tras año, según denuncia el Consello de Contas de Galicia, de forma que entre 2001 y 2008 su coste creció un 53% y el fondo de reserva un 92%.

Entre 2004 y 2007 Povisa consiguió nuevamente del Sergas otros 9,7 millones € por encima del Canon, para reducción de sus listas de espera, y otro montante que no ha trascendido para 2008 y 2009, a pesar de sus intolerables demoras que en cirugía son más del doble que las del CHUVI

De nuevo en el año 2010 declaró pérdidas de casi 2 millones de euros, y amenazó con un ERE En este mismo año Povisa incrementa su gasto farmacéutico un 23%, frente al 0,8% de los hospitales públicos y que reclamó al Sergas) por vía judicial, y consiguió otros 16 millones de euros extra.

Tras amenazar con un concurso de acreedores por pérdidas de 7 millones € en el año 2018, alcanzo un acuerdo por el que la Administración autonómica asumió el coste de las medicaciones (en contrapartida, el pago por habiente se redujo en una cuantía mínima pasando de 540 a 504,79 euros. El Consello de Contas estimó que esos cambios en el concierto harán que Povisa ingrese cada año entre 3,5 y 4,5 millones e más

A la vista de todas estas ayudas parece más que razonable que el SERGAS no debería autorizar la venta y ejercer su derecho de compra en base al interés general para la salud pública de Vigo.

La Comisión Europea definió el interés general europeo como " satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de bienes públicos, cuando el mercado falla".

Es posible integrar al personal de POVISA en la Sanidad Pública. En la reversión de Alzira la integración del personal se realizo garantizando todos sus condiciones, derechos y retribuciones mediante un decreto la Generaliatt Valenciana (la Ley 21/2017) por el que todo el personal laboral de la concesionaria quedo en los mismos términos y condiciones. También se aprobó que el régimen retributivo mantuviese las mismas condiciones, tanto las que se derivan del convenio colectivo de la empresa como las que resultan de los contratos individuales de cada trabajador.

La relación laboral fue la de personal laboral a extinguir manteniendo todos sus derechos de jurisdicción social y de negociación colectiva con los representantes legales de los trabajadores, modelo que debería aplicarse a POVISA tras su compra por el SERGAS.

Como la plantilla de POVISA por cama es un 25% inferior a la media de los hospitales públicos la integración en la Sanidad Pública podría ir acompañada de una aumento de más de 100 trabajadores del centro, para equipar sus recursos a los del resto del sistema publico.

La garantía de que se mantenga la plantilla de POVISA pasa por la integración del mismo en el sistema, sin esperar a una hipotética ampliación del Cunqueiro.

El actual gobierno andaluz, integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, pretende eliminar el concepto de exclusividad para el trabajo de los profesionales sanitarios en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), específicamente de los facultativos y cargos intermedios. Hasta ahora, mediante este concepto se premiaba a los profesionales que decidieran trabajar “exclusivamente” en la Sanidad Pública (aproximadamente el 87% de los facultativos de los hospitales y la casi totalidad de los de Atención Primaria), mediante la percepción de un incentivo económico denominado “incentivo de exclusividad”. Los nuevos dirigentes políticos quieren eliminar el concepto y extender este incentivo, modificando su denominación, a todos los facultativos, incluidos aquellos que además de trabajar en el Sistema Andaluz de Salud lo hacen también en el sector privado. Esta decisión, que el gobierno explica como una cuestión de justicia, parece más bien deberse a la actual necesidad de mano de obra (médicos) para un sector sanitario privado en expansión. Hay que señalar que este sector padece de sequía de profesionales debido a las deficientes condiciones de trabajo y bajos salarios que ofrece. Al eliminar el concepto de exclusividad y extender el incentivo económico a todos los facultativos, se elimina un factor de persuasión a favor de la pertenencia única a la Sanidad Pública y se favorece el posible paso al sector privado de un mayor número de facultativos. Sea como fuere, esta medida del presente gobierno andaluz, que supondría un gasto adicional de cuarenta millones de euros sobre el ya menguado presupuesto sanitario público, acarreará problemas importantes para los trabajadores sanitarios y para la sociedad, por las razones que se exponen a continuación.

• Para justificar dicha medida se aduce el principio de que a “a igual trabajo, igual salario” (los médicos del Sistema Andaluz de Salud que comparten ambos sectores y los que trabajan exclusivamente para la Sanidad Pública tienen el mismo horario). A pesar de la aparente obviedad de este principio, hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Supremo viene señalando de forma inequívoca que la exigencia de “exclusividad” a un trabajador por su empresa requiere compensación económica. Pero, además, un análisis detallado de la aplicabilidad de este principio en este caso plantea un buen número de interrogantes: ¿puede un médico trabajar a pleno rendimiento con dos jornadas laborales diarias? ¿existe un riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para así reservarse para la siguiente? ¿existe el riesgo de que sea la jornada de trabajo público la de menor compromiso? ¿existe el riesgo de perversiones en esta dinámica, aprovechando la Sanidad Pública como lugar de reclutamiento de pacientes para la actividad privada? ¿existe el riesgo de parasitismo, es decir, utilización de la Sanidad Pública para los análisis, las exploraciones complementarias y las medicaciones costosas necesarias en la práctica privada? ¿y dado que hay pacientes y médicos que comparten ambos sistemas, existe el riesgo de que el profesional pueda adelantar en las listas de espera públicas a su paciente privado? ¿éste sistema de doble trabajo (doble fidelidad), no exigiría de la administración del Sistema Andaluz de Salud la implantación de sistemas de control difíciles y costosos para evitar posibles irregularidades? Si las respuestas a estos interrogantes fueran afirmativas, sería razonable preguntarse: ¿por qué la sociedad, que es quien financia el sistema, tiene que asumir dichos riesgos? ¿los asumen las entidades privadas? ¿se puede trabajar en dos entidades privadas simultáneamente? ¿pueden los trabajadores de Coca Cola trabajar además en Pepsi Cola? Es seguro que hay facultativos que hacen trabajo compartido de forma honesta, pero no cabe duda de que existen conflictos de intereses y un alto porcentaje de probabilidad de perversiones. Muchas de las situaciones perversas comentadas previamente han acaecido repetidamente en la historia real, no se trata de opiniones.

• Hay aspectos legales implicados con esta medida que no se pueden soslayar, máxime si se piensa que con ella, se abre la posibilidad de que un número cuantioso de profesionales compartan la actividad pública y privada. En primer lugar se pueden plantear situaciones de vulneración del sistema de incompatibilidades legal, ya que sería frecuente el caso de facultativos que cobran dos salarios de la misma administración, uno directo (Sanidad Pública) y otro indirecto (sanidad privada concertada). ¿Es esto legal? En segundo lugar se plantea un problema de orden funcional, ya que si un facultativo trabaja dos jornadas laborales diarias, se podría alcanzar una situación de exceso de fatiga laboral, que en ciertos casos está prohibida por la ley, como por ejemplo ocurre con los conductores. ¿Puede este principio ser aplicable a un médico?  Además, el doble trabajo podría plantear graves problemas funcionales en la Sanidad Pública si, como se pretende, un número significativo de facultativos optaran por la actividad compartida. ¿Podrá la actividad funcional de nuestros centros públicos soportar el exceso de fatiga que supone estas dobles jornadas? En tercer lugar, el cambio de nombre del incentivo de exclusividad que ineludiblemente ocurriría al eliminar el concepto conservando el incentivo económico, generaría problemas entre distintos colectivos de trabajadores sanitarios, ya que el único grupo beneficiado sería el reducido número de facultativos que actualmente realizan actividad compartida en el sector público y en el privado, que ahora pasarían a percibir un incentivo que antes no recibían. Tanto la mayoría de los facultativos, pero sobretodo el resto del personal sanitario (enfermería, etc.), se sentirían discriminados por esta medida.

• Es sabido que el sentimiento de pertenencia  a una colectividad laboral es un factor de estímulo para el desarrollo de cualquier trabajo. Las empresas privadas lo promueven e inducen de forma intensa entre sus trabajadores. Este sentimiento en el sector público, y de forma especial en la Sanidad Pública, se convierte en un factor socialmente esencial, adquiere una clara dimensión moral y ética: se trata de asumir la responsabilidad de cuidar la salud de todos los ciudadanos por igual. En este sentido cabe preguntarse si una medida como esta no afecta de forma disolvente este principio de gran trascendencia para todos. ¿no debiera incentivarse el valor de pertenencia de los trabajadores a la Sanidad Pública, de la misma forma que lo hacen las empresas privadas, y por motivos más elevados?  Y de nuevo, ¿permitiría la SEAT que sus ingenieros compartieran sus principios, valores y trabajo con los de la RENAULT?

• Especial gravedad reviste la intención del actual gobierno de suprimir el concepto de exclusividad para los cargos intermedios de los centros sanitarios públicos, como queda recogido en el borrador del decreto que regula la selección de estos cargos, que pretenden aprobar. Hay que especificar que estos cargos tienen capacidad de gestión sobre listas de espera públicas y sobre posibles desvíos de pacientes a centros privados, con las repercusiones económicas consiguientes para los agentes privados seleccionados. El hecho de que estos directivos puedan participar simultáneamente en ámbitos de decisión en la esfera pública y privada, podría eventualmente dar lugar a situaciones de colusión y conflictos de intereses de todo punto desaconsejables. Teniendo en cuenta estos hechos ¿es legal suprimir el concepto de exclusividad para estos cargos?

La Sanidad Pública es uno de los elementos más importantes para el mantenimiento de la cohesión social en España, habiendo alcanzado un nivel de desarrollo y calidad incuestionables que la ha convertido en una de las mejores del mundo. Mediante el sistema MIR (Médicos Internos y Residentes) ha generado y financiado un modelo formativo de facultativos especialistas de alta cualificación. Desde 2010, fecha del rescate bancario, la Sanidad Pública afronta recortes constantes en sus presupuestos, lo que está provocando un preocupante deterioro progresivo de sus funciones. En Andalucía, que viene padeciendo el gasto sanitario público por persona más bajo de España, este año, los recortes en dicho gasto se pueden estimar en 500 millones de euros, sumándose a los más de 8000 millones de euros recortados en la última década. En este contexto,  la supresión del concepto de exclusividad para los facultativos y cargos intermedios que trabajan en la Sanidad Pública no puede interpretarse en ningún sentido positivo. Más bien parece que los actuales dirigentes pretendan no corregir el deterioro de la Sanidad Pública y, sin embargo, apoyar en lo que puedan al sector privado, en este caso favoreciendo la incorporación al mismo de facultativos costosamente formados en el sector público y fomentando la posible participación en la gestión del sector público por los intereses del sector privado. 

Por todo lo anterior, la supresión del concepto de exclusividad es una medida errónea y perjudicial para los trabajadores sanitarios en general y para la ciudadanía. 

Pero no podemos ni debemos ser ingenuos. Si dejamos la puerta entreabierta del gallinero, el zorro terminará entrando, más pronto que tarde. El centro de este debate no es el de un complemento de exclusividad sino la aplicación por ley de una incompatibilidad en el ejercicio profesional sanitario entre el sector público y privado. Las razones son las mencionadas en este documento pero además están basadas en la experiencia de años con resultados muy perjudiciales para el Sistema Sanitario Público y muy beneficioso para la sanidad privada. Formar a profesionales sanitarios públicos, convencidos, comprometidos y sin tentaciones perversas es muy conveniente para que la ciudadanía reciba la mejor atención posible.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo lleva reivindicando desde hace decenios. Es una buena oportunidad para retomar la cuestión. Todo hasta conseguirlo. Ojalá sea así.  

¿Cualquier medicamento ha de recetarlo el médico? ¿Puede haber una automedicación saludable de ciertos medicamentos? ¿De qué medicamentos estamos hablando? Son éstos los interrogantes que están en el trasfondo de las noticias recientes sobre la necesidad de receta para medicamentos tan utilizados y populares como el Ibuprofeno y el paracetamol.

El uso tan frecuente de paracetamol e ibuprofeno los ha convertido en medicamentos demasiado populares (Redacción Médica)
Se habla demasiado de los beneficios de los medicamentos muchas veces supuestos y no contrastados en determinados usos y muy poco de sus efectos adversos que son muchos y una causa importante de enfermedad y de muertes en los países desarrollados. Predomina la creencia muy equivocada y peligrosa de que los medicamentos aportan beneficios sin un riesgo significativo. El uso tan frecuente del paracetamol y especialmente de Ibuprofeno, debido en parte a la frecuencia con la que los médicos los recetamos, los ha convertido en medicamentos demasiado populares.

También existe la creencia de que aliviando bien el dolor los riesgos son casi inexistentes, lo que no es cierto muy especialmente para el Ibuprofeno (y todos los antiinflamatorios no esteroideos). Los efectos adversos del Ibuprofeno son conocidos desde hace muchos años y los ciudadanos suelen conocer el de poder provocar úlceras gástricas pero es menos conocido el riesgo (entre otros) de provocar trombosis y especialmente infartos de miocardio. Una revisión sistemática (metaanálisis) publicada en Mayo de 2017 en la prestigiosa revista British Médical Journal concluye que el riesgo de infarto cardíaco aumenta desde la primera semana de consumo y en mucha mayor medida cuando se utiliza a dosis altas. El Ibuprofeno debe utilizarse con mucha precaución en personas con hipertensión arterial y no deben utilizarse por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y con enfermedades renales pues los riesgos son muy elevados.

Son los medicamentos que no precisan receta los que pueden auto medicarse, debiendo estar bien informados los consumidores sobre su correcto uso y las contraindicaciones de cada uno de ellos. Está demostrado que los efectos adversos del Ibuprofeno aumentan mucho y son mas graves a dosis altas (2.400 mg/día) y la toxicidad hepática del paracetamol ocurre en personas sanas a partir de los 4 gr./día. Es por ello que está plenamente justificado que para las presentaciones de 600 mg. y de 1 gr. respectivamente se precise receta médica.

Una buena información y la prudencia harán que los pacientes no opten por utilizar altas dosis partiendo de las presentaciones que no requieren receta. Ya en el año 2012 la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria informaba de que 8,5 millones de españoles reciben dosis diarias de Ibuprofeno superiores a las recomendadas y que sólo se dispensaban las presentaciones de 400 mg. en el 4,8% de los casos. Sin embargo en el resto de Europa la presentación de 600 mg. apenas se utiliza o no existe.

No es nueva la prohibición de dispensar sin receta Ibuprofeno 600 mg. y paracetamol 1 gr. (en todas sus formas comerciales) pues desde hace años ésta es obligatoria. Sin embargo en un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de hace poco más de un año se comprobó que de 100 farmacias seleccionadas en 10 ciudades en todas ellas dispensaron Ibuprofeno sin presentar receta, entregando siempre el de 600 mg. y en 71 sin siquiera preguntar al paciente previamente que presentación quería. Tampoco en ninguna de las 100 farmacias preguntaron si el paciente padecía enfermedades en las que su uso está contraindicado y tampoco si el paciente podía estar tomando otros medicamentos con los que no puede combinarse.

Gracias a la obligada aplicación del Sistema Especial de Verificación del Medicamento desde Febrero del presente año, en los últimos meses los colegios oficiales de farmacéuticos están tomando conciencia de la importancia de cumplir la normativa hasta hace poco sistemáticamente incumplida por la que desde hace años tienen que exigir receta médica para dispensar Ibuprofeno de 600 mg. y paracetamol de 1 gr. Los médicos estamos también tomando mayor conciencia de la importancia de que los analgésicos debemos prescribirlos a la mínima dosis eficaz y durante el menor tiempo posible, lo que también deberían practicar los pacientes en su automedicación saludable con fármacos y dosis que pueden dispensarse sin receta y teniendo siempre muy en cuenta las contraindicaciones por las que pacientes con ciertas patologías deben evitar principalmente la toma de Ibuprofeno. Es muy conveniente que se lean siempre los prospectos en los que se informa de todo ello.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) defendemos la necesaria regulación que garantice un uso racional de los medicamentos que tenga muy presente la relación beneficio/riesgo y que nunca olvide sus efectos adversos, con el objetivo siempre de beneficiar a los pacientes por encima de los legítimos intereses comerciales de la industria farmacéutica.

Es obligado el estricto cumplimiento de esa regulación por parte de las farmacias y ha de perseguirse su incumplimiento. Es necesaria una mayor información y concienciación ciudadana para el buen uso de los medicamentos y en ello deben jugar un papel fundamental los farmacéuticos y las oficinas de farmacia. También los médicos debemos empeñarnos en seguir mejorando la indicación idónea y prudente de los medicamentos.

En el mundo de las organizaciones, todo lo que no mejora está condenado a degradarse. Así de simple, así de real.

En nuestro entorno sanitario público llevamos mucho tiempo recreándonos en que es uno de los mejores del mundo; llevamos demasiado tiempo festejando que es eficaz y eficiente, llevamos excesivo tiempo rechazando todo tipo de propuestas de modificación. Argumentado que se trata de propuestas con fines privatizadores. Y posiblemente algunas de estas propuestas pueden tener tal finalidad o quizás facilitarla, pero todas no. Al menos es mi modesta opinión.

Este rechazo a abordar abiertamente reformas profundas del sistema nacional de salud (SNS) está provocando que languidezca, que se vaya gestionando tristemente y sin rumbo fijo, que no se aborde una nueva propuesta de ordenación sanitaria que plantee objetivos ambiciosos y supere radicalmente los muchos problemas y vicios que ha ido cogiendo el sistema. O sus olvidos históricos.

La Ley General de Sanidad y el consecuente desarrollo de nuestro SNS surgía como solución drástica a una nefasta organización sanitaria, especialmente en todo lo extrahospitalario. Había unos ejes fundamentales, ideas que hemos defendido con pasión, con implicación personal y firmemente convencidos de que representaban un avance social. Dos de estas grandes ideas eran la equidad del sistema, y la eliminación de los desequilibrios territoriales.

El tiempo ha ido pasando, se han ido desarrollando y creciendo los Servicios Regionales de Salud, y puede constatarse que estas dos aspiraciones no se ven satisfechas. No solo eso, de cualquiera de los estudios sobre el estado de los distintos SRS, y me puedo referir a uno de los más relevantes, como el publicado anualmente por nuestra FADSP, se desprenden fuertes desigualdades, tanto en el acceso a los servicios de salud como a la disposición de recursos.

Este incremento de las desigualdades y desequilibrios es el mejor caldo de cultivo para aquellos que quieren desacreditar el sistema mismo. Pero también es la argumentación que puede sostener una parte importante de la población como una muestra de injusticia, de insatisfacción, de poca calidad.

Una de las claves para que el SNS sea uno de los puntales de nuestro país, es la legitimación del mismo ante la sociedad. Su descrédito o su puesta en cuestión lo puede abocar al fracaso, al rechazo y a posibles soluciones fáciles e interesadas.

Cuando hace pocas fechas algunas personas de relieve calificaron que gestionar el Ministerio de Sanidad era una oferta ornamental, se puso de manifiesto no sé si tanto la incompetencia, como la falta de visión política.

Es precisamente esta función reordenadora de desequilibrios lo que falta en el SNS.

La fórmula no la puedo apuntar a título personal, entiendo que debe ser fruto de un consenso amplio y siempre que haya voluntad firme de eliminar estos desequilibrios. Pero si apunto algo que debe reintroducirse de forma contundente: la incompatibilidad publico-privado en el sector sanitario. Difícilmente puede gestionarse con éxito un sistema trufado de intereses ajenos al mismo.

Salud.