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¿Estamos abúlicos o resignados?
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Fecha de Publicacion :28/11/2016
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/74-sanidad-en-la-cronica/1025-estamos-abulicos-o-resignados
Autor: Esperanza González Marín
Sorprende que la reacción de los ciudadanos y de sus medios de comunicación no sea proporcionada con el alarmante deterioro de la sanidad salmantina. Recordemos aquellos tiempos en que el sistema de salud español servía de referencia al presidente Obama para su reforma sanitaria. Desde 2010, con la excusa de la crisis económica, la pérdida de la universalidad, de la accesibilidad y los recortes indiscriminados han hecho caer la valoración del sistema sanitario español desde el puesto séptimo en el ranking mundial (cifras OMS) al noveno en 2015, en Europa (Health Consumer Powerhouse) ocupamos el puesto 19 de 35 países, además de ser el cuarto peor país en la accesibilidad a la atención especializada por las abultadas demoras y listas de espera.
En nuestra provincia no tenemos más que recurrir a las cifras oficiales del SACYL para ver la evolución: en 2009 el Complejo Hospitalario se encontraba el número cuatro en el TOP de los mejores hospitales de referencia españoles, detrás de catalanes como el Clinic de Barcelona, y en 2016 ni siquiera aparece.
En 2009 había 3128 pacientes en lista de espera para intervención quirúrgica y la demora media era de 68 días, en marzo de 2016 se duplica la cifra a 64358 en el primer caso y 119 días en el segundo. A esto añadimos la falta de transparencia en las listas de espera, cuando un usuario acude a pedir una cita nunca sabe cuanto tendrá que esperar.
En 2008, tras un retraso en el inicio, comienzan las obras del nuevo hospital con fecha de finalización de 72 meses pero se paralizan del 2010 al 2014 y en la actualidad se supone que deberían acabar (si se consiguen préstamos) en 2020 (doce años después y con un retraso de seis).
Sin embargo las quejas por el deterioro de las instalaciones y de las listas de espera no se dirigen a los estamentos adecuados, los que los reciben son los que están en la primera línea de atención : sanitarios y administrativos que son otras victimas del sistema.
Esperanza González Marín
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/74-sanidad-en-la-cronica/1025-estamos-abulicos-o-resignados
Autor: Esperanza González Marín
Sorprende que la reacción de los ciudadanos y de sus medios de comunicación no sea proporcionada con el alarmante deterioro de la sanidad salmantina. Recordemos aquellos tiempos en que el sistema de salud español servía de referencia al presidente Obama para su reforma sanitaria. Desde 2010, con la excusa de la crisis económica, la pérdida de la universalidad, de la accesibilidad y los recortes indiscriminados han hecho caer la valoración del sistema sanitario español desde el puesto séptimo en el ranking mundial (cifras OMS) al noveno en 2015, en Europa (Health Consumer Powerhouse) ocupamos el puesto 19 de 35 países, además de ser el cuarto peor país en la accesibilidad a la atención especializada por las abultadas demoras y listas de espera.
En nuestra provincia no tenemos más que recurrir a las cifras oficiales del SACYL para ver la evolución: en 2009 el Complejo Hospitalario se encontraba el número cuatro en el TOP de los mejores hospitales de referencia españoles, detrás de catalanes como el Clinic de Barcelona, y en 2016 ni siquiera aparece.
En 2009 había 3128 pacientes en lista de espera para intervención quirúrgica y la demora media era de 68 días, en marzo de 2016 se duplica la cifra a 64358 en el primer caso y 119 días en el segundo. A esto añadimos la falta de transparencia en las listas de espera, cuando un usuario acude a pedir una cita nunca sabe cuanto tendrá que esperar.
En 2008, tras un retraso en el inicio, comienzan las obras del nuevo hospital con fecha de finalización de 72 meses pero se paralizan del 2010 al 2014 y en la actualidad se supone que deberían acabar (si se consiguen préstamos) en 2020 (doce años después y con un retraso de seis).
Sin embargo las quejas por el deterioro de las instalaciones y de las listas de espera no se dirigen a los estamentos adecuados, los que los reciben son los que están en la primera línea de atención : sanitarios y administrativos que son otras victimas del sistema.
Esperanza González Marín
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), treinta y cinco años después
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Fecha de Publicacion :29/11/2016
Fuente : http://www.actasanitaria.com/la-asociacion-para-la-defensa-de-la-sanidad-publica-adsp-treinta-y-cinco-anos-despues/
Autor: Marciano Sánchez Bayle
El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, uno de los fundadores de la ADSP en 1981, ofrece una panorámica del papel desempeñado por ésta en el desarrollo sanitario en España, así como la perspectiva del que le queda por desarrollar a la vista de lo que sucede en este momento.
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/11/fadsp-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 20px 20px 0px; padding: 0px; float: left;">Hace ahora 35 años que nació en Madrid la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (el acta fundacional es del mes de noviembre y la legalización, del de diciembre de 1981). Nació como una entidad de profesionales sanitarios que favorecían un servicio sanitario público que garantizase a toda la población una atención sanitaria de calidad. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Se consiguieron sus objetivos?
Antes incluso de aprobarse la LGS, se realizó una apuesta por la Atención Primaria (AP), ejemplificada en la puesta en funcionamiento de la especialidad de Medicina de Familia y en el Real Decreto de estructuras básicas de salud. El desarrollo de la AP, a veces desesperadamente lento, continuó durante este periodo y los años siguientes, con grandes diferencias entre las distintas CCAA, de manera que a finales del siglo XX la cobertura por el nuevo modelo era prácticamente del 100%.
Precisamente por este entorno tan negativo, al poco de aprobarse la LGS empezaron a surgir las primeras iniciativas privatizadoras, como la aprobación de la LOSC (Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña) en 1990 y, sobre todo, el conocido como Informe Abril (1991), que sentaba las bases para la privatización y mercantilización del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que, aunque inicialmente se paralizó por el generalizado rechazo social y profesional, años después ha servido como guión para las iniciativas de desregulación y privatización del SNS.
Aunque siempre ha existido un sector privado de provisión sanitaria al que se solía recurrir mediante la utilización de conciertos, y de una manera limitada, con excepción de Cataluña donde el sector privado era predominante, a partir de los años 90 la utilización de recursos privados experimentó un progresivo incremento que se encubrió con la utilización de eufemismos como “externalizaciones” (en realidad derivaciones de enfermos para pruebas diagnósticas, tratamientos o ingresos a centros privados, así como la utilización de empresas privadas para “subcontratar” determinados servicios, inicialmente no sanitarios, pero luego de carácter estrictamente sanitario ), o “nuevos modelos de gestión” (que incluyen desde mecanismos de gestión privada para la gestión de centros de titularidad pública hasta la presencia de empresas privadas que gestionan, sufragadas con dinero público, en todo o en parte a los centros sanitarios). Las privatizaciones han seguido incrementándose todo este tiempo con altibajos, sobre todo relacionados con los distintos gobiernos autonómicos.
Por fin el RDL 16/2012, que cambia el modelo sanitario, fragmenta la cartera de servicios e introduce copagos sobre farmacia (al colectivo de los jubilados), en el transporte sanitario, dietas, órtesis y prótesis, produciendo exclusiones de la atención sanitaria e imponiendo barreras económicas para el acceso a prestaciones necesarias.
A todo ello hay que sumar el olvido y/o postergación de la AP, la salud mental, la salud laboral, la sexual y reproductiva y la participación social y profesional.
El siguiente momento álgido fue cuando se hizo público el ‘Informe Abril’ y se pusieron en marcha los primeros ejemplos de los “nuevos modelos de gestión”. Conviene recordar que las fundaciones sanitarias, como ya se ha dicho, se consiguió reintegrarlas en la red pública en dos CCAA y que se paralizó la aplicación de las recomendaciones del Informe Abril, y se evitó la transformación de todos los centros sanitarios en fundaciones, tal como pretendió el INSALUD cuando lo presidia Núñez Feijóo.
Los años posteriores fueron aparentemente más tranquilos, aunque la situación fue muy distinta según cada comunidad autónoma, y la privatización silente continuaba, incluso hubo quien pensó que una asociación “para la defensa de la sanidad pública” carecía de sentido, porque esta ya estaba consolidada en nuestro país.
A partir de 2009 se demostró con toda su crudeza que la ofensiva neoliberal contra la Sanidad Pública no había parado, sino solo se había disimulado y que la privatización, deterioro y desmantelamiento de la misma estaban en el orden del día. En los años siguientes se generalizaron las movilizaciones, centradas en cada comunidad autónoma o en cada localidad concreta en razón de las agresiones sobre la Sanidad Pública. Y en 2011 es cuando tuvieron una mayor visibilidad con las movilizaciones de Madrid. Desde entonces han continuado existiendo movilizaciones en la mayoría del país con intensidad, calendarios y duración variables.
1) La Sanidad Pública, como otros servicios públicos esenciales, está en constante peligro porque suponen una contradicción con un sistema neoliberal muy agresivo que siempre intentará desmantelarlos utilizando todos los medios a su alcance
2) La evolución del sistema sanitario en estos 35 años, globalmente positiva, habría sido significativamente peor de no haber existido la ADSP/FADSP, y resulta llamativo que se haya mantenido en el nivel actual a pesar de un contexto internacional muy desfavorable
3) Para mantener un sistema sanitario público universal y de calidad es necesaria la presencia de organizaciones profesionales que lo favorezcan e impulsen, así como amplias alianzas sociales, políticas y profesionales
4) Las movilizaciones son importantes, cruciales, pero no pueden mantenerse indefinidamente, entre ellas hay que hacer un trabajo de difusión, de análisis y propuestas que son indispensables para avanzar, para contrarrestar las ofensivas privatizadoras y para permitir un sustrato desde el que favorecer las movilizaciones en los momentos en que sean necesarias y posibles.
Todas estas son las tareas que han desarrollado, mejor que peor, aunque obviamente con limitaciones, las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por eso han sobrevivido durante 35 años y por eso es necesario que continúen, porque están en juego el mejor sistema sanitario que ha tenido este país y la salud de la población.
Fuente : http://www.actasanitaria.com/la-asociacion-para-la-defensa-de-la-sanidad-publica-adsp-treinta-y-cinco-anos-despues/
Autor: Marciano Sánchez Bayle
El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, uno de los fundadores de la ADSP en 1981, ofrece una panorámica del papel desempeñado por ésta en el desarrollo sanitario en España, así como la perspectiva del que le queda por desarrollar a la vista de lo que sucede en este momento.
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/11/fadsp-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 20px 20px 0px; padding: 0px; float: left;">Hace ahora 35 años que nació en Madrid la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (el acta fundacional es del mes de noviembre y la legalización, del de diciembre de 1981). Nació como una entidad de profesionales sanitarios que favorecían un servicio sanitario público que garantizase a toda la población una atención sanitaria de calidad. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Se consiguieron sus objetivos?
La evolución del sistema sanitario en estos 35 años habría sido peor de no haber existido la ADSP/FADSPPor supuesto, habrá muchas versiones de respuesta a esta última pregunta. Si se tiene en cuenta la situación de 1981, es evidente que se han producido avances espectaculares en casi todos los terrenos, que hacen que el sistema sanitario de nuestro país este considerado entre los mejores del mundo: el 7º lugar en la última clasificación publicada por la revista Lancet (21/9/2916), con unos resultados excelentes en cuanto a esperanza de vida, mortalidad infantil, etc. Una respuesta considerando un plazo más cercano de tiempo nos diría que se está produciendo un gran retroceso y deterioro de nuestra Sanidad Pública y que las perspectivas no son nada halagüeñas. Ambas versiones son acertadas y ejemplifican una visión distinta, y complementaria, de la realidad.
Pasemos revista a los avances y retrocesos más significativos en este tiempo
En primer lugar, se produjo una década de grandes avances en el sistema sanitario, en parte también porque la situación previa era muy mala. Se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS), que configuraba un sistema sanitario público en la estela de los Servicios Nacionales de Salud, del Reino Unido y de los países nórdicos, aunque con algunas inconsistencias, algunas de las cuales se fueron solucionando con el tiempo. Por ejemplo la universalidad de la cobertura no se acabó de establecer hasta la Ley General de Salud Pública de 2011. Pero la LGS supuso un gran avance porque unificaba las dispersas redes sanitarias de titularidad pública y pretendía centrar el sistema sanitario sobre la salud y no meramente sobre la asistencia sanitaria.Antes incluso de aprobarse la LGS, se realizó una apuesta por la Atención Primaria (AP), ejemplificada en la puesta en funcionamiento de la especialidad de Medicina de Familia y en el Real Decreto de estructuras básicas de salud. El desarrollo de la AP, a veces desesperadamente lento, continuó durante este periodo y los años siguientes, con grandes diferencias entre las distintas CCAA, de manera que a finales del siglo XX la cobertura por el nuevo modelo era prácticamente del 100%.
La ADSP/FADSP ha sido crucial para potenciar la Sanidad Pública y disminuir su deterioroDurante esta primera etapa, se produjo además una gran expansión de la red hospitalaria con la creación de múltiples hospitales comarcales y/o de área que acercaban la atención especializada a casi todos los puntos de la geografía española. Por otro lado, también se impulsó un mayor protagonismo de la profesión de enfermería, profesionales que habían accedido a la titulación universitaria (diplomados universitarios de enfermería desde 1977) y que vieron reconocidas y potenciadas sus funciones en el ámbito de los cuidados (por ejemplo con el desarrollo de las consultas de enfermería en AP). Finalmente, en 1987 se implantó la dedicación exclusiva de los médicos de nueva incorporación, así como la de aquellos que ya trabajaban en el sistema sanitario y lo decidieran voluntariamente (lo que hizo el 70% de los mismos), lo que supuso un intento de delimitar claramente al sector público del privado. Paralelamente se produjo un incremento continuado de los presupuestos del sistema sanitario público, que pasaron de 4,01% del PIB en 2009 al 6,78% en 2009, con una disminución posterior (6,29%, en 2015).
“Working for patients”
Conviene recordar que todos estos avances ocurren en un momento en el que, a nivel internacional, se estaba produciendo una gran ofensiva contra los sistemas públicos de protección social, cuyo principal exponente, en lo que se refiere a los modelos de Servicio Nacional de Salud, fue el informe de engañoso nombre “Working for patients” (1987) en el que el gobierno de Margaret Thatcher planteaba las líneas maestras para desmantelar el hasta entonces ejemplar Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.Precisamente por este entorno tan negativo, al poco de aprobarse la LGS empezaron a surgir las primeras iniciativas privatizadoras, como la aprobación de la LOSC (Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña) en 1990 y, sobre todo, el conocido como Informe Abril (1991), que sentaba las bases para la privatización y mercantilización del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que, aunque inicialmente se paralizó por el generalizado rechazo social y profesional, años después ha servido como guión para las iniciativas de desregulación y privatización del SNS.
Descentralización del sistema
Otro hecho remarcable en este tiempo fue la descentralización del sistema sanitario público en las CCAA, las transferencias sanitarias, que se produjeron de una manera un tanto anárquica: 2 CCAA las recibieron antes de la aprobación de la LGS; 2 en 1987; 2 en 1990; 1 en 1994 y el resto en 2001. Este proceso tan desordenado es una parte importante de los problemas que se han generado, como también lo es que la Ley de Cohesión y Calidad del SNS no se aprobase hasta 2003, con lo que se acabó asumiendo casi en su totalidad la práctica habitual hasta ese momento, de forma que la falta de coordinación y de una política común siguió siendo la norma.La descentralización fue un factor que favoreció las privatizaciones, que tuvieron un gran impacto en la red sanitaria pública a partir de los años 90 del siglo pasado.Aun con estas limitaciones, las desigualdades entre las CCAA y la escasa colaboración y coordinación entre las mismas, la descentralización supuso un gran paso adelante para el sistema sanitario público, porque acercó de una manera importante las decisiones de la administración y gestión sanitaria a la ciudadanía y fue un factor determinante en algunos avances, como la extensión de la cobertura de la AP, la puesta en funcionamiento de la red de hospitales comarcales y/o de área, etc. No obstante, también conviene resaltar que la descentralización fue un factor que favoreció las privatizaciones, que tuvieron un gran impacto en la red sanitaria pública a partir de los años 90 del siglo pasado.
Aunque siempre ha existido un sector privado de provisión sanitaria al que se solía recurrir mediante la utilización de conciertos, y de una manera limitada, con excepción de Cataluña donde el sector privado era predominante, a partir de los años 90 la utilización de recursos privados experimentó un progresivo incremento que se encubrió con la utilización de eufemismos como “externalizaciones” (en realidad derivaciones de enfermos para pruebas diagnósticas, tratamientos o ingresos a centros privados, así como la utilización de empresas privadas para “subcontratar” determinados servicios, inicialmente no sanitarios, pero luego de carácter estrictamente sanitario ), o “nuevos modelos de gestión” (que incluyen desde mecanismos de gestión privada para la gestión de centros de titularidad pública hasta la presencia de empresas privadas que gestionan, sufragadas con dinero público, en todo o en parte a los centros sanitarios). Las privatizaciones han seguido incrementándose todo este tiempo con altibajos, sobre todo relacionados con los distintos gobiernos autonómicos.
Gestión privada para centros públicos
La utilización de la gestión privada para los centros públicos se concretó en las fundaciones, que iniciaron su andadura en Galicia (fundación de Verín 1993) y las empresas públicas (hospital Costa del Sol 1993). Ambos modelos se extendieron por el resto del país, aunque el primero, las fundaciones, ha experimentado un retroceso al reintegrarse a la gestión tradicional las de Galicia y Asturias, y fracasó el intento de generalizar el modelo a todos los hospitales del INSALUD (1998).Toda la evidencia disponible demuestra que los centros de financiación pública gestionados por empresas privadas disparan los costes y empeoran la atención sanitaria.El siguiente paso fue la implantación de los centros que, con financiación pública, son gestionados por empresas privadas (las concesiones administrativas, el denominado modelo Alzira en 1999, y los hospitales PFI iniciados en Madrid en 2008), modelo que comenzó en Valencia, pero que se ha implantado también en Madrid, Baleares, Castilla y León, Galicia y Cantabria, aunque toda la evidencia disponible demuestra que disparan los costes y empeoran la atención sanitaria.
Recortes presupuestarios
A todo ello hay que sumar los recortes implantados desde 2009 (entre 10 y 20.000 millones € menos de presupuesto) que, sumado al incremento del gasto farmacéutico (que se mantiene constante a pesar de los copagos, siendo especialmente importante en lo que respecta a la farmacia hospitalaria) y a los sobrecostes de las privatizaciones, hacen que las cantidades destinadas a la asistencia sanitaria haya disminuido todavía más, con las repercusiones que ha tenido sobre el empleo en el sector (alrededor de 55.000 trabajadores menos en el SNS) y lógicamente en el aumento de las listas de espera y en el deterioro de la calidad asistencial.Por fin el RDL 16/2012, que cambia el modelo sanitario, fragmenta la cartera de servicios e introduce copagos sobre farmacia (al colectivo de los jubilados), en el transporte sanitario, dietas, órtesis y prótesis, produciendo exclusiones de la atención sanitaria e imponiendo barreras económicas para el acceso a prestaciones necesarias.
A todo ello hay que sumar el olvido y/o postergación de la AP, la salud mental, la salud laboral, la sexual y reproductiva y la participación social y profesional.
Y en este tiempo, ¿qué fue de la Asociación?
Hubo quien pensó que una asociación “para la defensa de la sanidad pública” carecía de sentido, porque esta ya estaba consolidada en nuestro país.En un primer momento hubo un gran auge y extensión de la Asociación, que acabó transformándose en Federación de las distintas Asociaciones de ámbito territorial (FADSP). Fue un periodo de gran intensidad en el que se dieron importantes confrontaciones para la aprobación de la LGS, el desarrollo de la Atención Primaria y la puesta en funcionamiento de la dedicación exclusiva. Fue un momento de importantes movilizaciones y de gran actividad, pero también complicado, en la medida en que se produjo un cierto trasvase de cuadros/activistas de la FADSP a las distintas administraciones, probablemente con el objetivo de impulsar las reformas iniciadas.
El siguiente momento álgido fue cuando se hizo público el ‘Informe Abril’ y se pusieron en marcha los primeros ejemplos de los “nuevos modelos de gestión”. Conviene recordar que las fundaciones sanitarias, como ya se ha dicho, se consiguió reintegrarlas en la red pública en dos CCAA y que se paralizó la aplicación de las recomendaciones del Informe Abril, y se evitó la transformación de todos los centros sanitarios en fundaciones, tal como pretendió el INSALUD cuando lo presidia Núñez Feijóo.
Los años posteriores fueron aparentemente más tranquilos, aunque la situación fue muy distinta según cada comunidad autónoma, y la privatización silente continuaba, incluso hubo quien pensó que una asociación “para la defensa de la sanidad pública” carecía de sentido, porque esta ya estaba consolidada en nuestro país.
A partir de 2009 se demostró con toda su crudeza que la ofensiva neoliberal contra la Sanidad Pública no había parado, sino solo se había disimulado y que la privatización, deterioro y desmantelamiento de la misma estaban en el orden del día. En los años siguientes se generalizaron las movilizaciones, centradas en cada comunidad autónoma o en cada localidad concreta en razón de las agresiones sobre la Sanidad Pública. Y en 2011 es cuando tuvieron una mayor visibilidad con las movilizaciones de Madrid. Desde entonces han continuado existiendo movilizaciones en la mayoría del país con intensidad, calendarios y duración variables.
Últimas reflexiones
Unas últimas reflexiones al respecto para reconocer que:1) La Sanidad Pública, como otros servicios públicos esenciales, está en constante peligro porque suponen una contradicción con un sistema neoliberal muy agresivo que siempre intentará desmantelarlos utilizando todos los medios a su alcance
2) La evolución del sistema sanitario en estos 35 años, globalmente positiva, habría sido significativamente peor de no haber existido la ADSP/FADSP, y resulta llamativo que se haya mantenido en el nivel actual a pesar de un contexto internacional muy desfavorable
3) Para mantener un sistema sanitario público universal y de calidad es necesaria la presencia de organizaciones profesionales que lo favorezcan e impulsen, así como amplias alianzas sociales, políticas y profesionales
4) Las movilizaciones son importantes, cruciales, pero no pueden mantenerse indefinidamente, entre ellas hay que hacer un trabajo de difusión, de análisis y propuestas que son indispensables para avanzar, para contrarrestar las ofensivas privatizadoras y para permitir un sustrato desde el que favorecer las movilizaciones en los momentos en que sean necesarias y posibles.
Todas estas son las tareas que han desarrollado, mejor que peor, aunque obviamente con limitaciones, las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por eso han sobrevivido durante 35 años y por eso es necesario que continúen, porque están en juego el mejor sistema sanitario que ha tenido este país y la salud de la población.
La atención primaria en peligro
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Fecha de Publicacion : 21/11/2016
Fuente : http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/necesitamos-una-ley-canaria-salud/
Autor: Manuel Martín García
La política sanitaria del Gobierno de Rajoy está fuertemente influenciada por la ideología neoliberal que considera la salud como una mercancía mas objeto de lucro. Esta forma de pensar ha sido promovida e impulsada desde por los grandes organismos internacionales que dominan la economía mundial como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la propia Comisión Europea (incluso la OMS financiada cada vez más por el capital privado como Bill Gates).
Como consecuencia la actuación del Ministerio de Sanidad en los últimos años se ha centrado prioritariamente en desmantelar y privatizar el Sistema Nacional de Salud con recortes presupuestarios que alcanzaron, según el propio Ministerio de Sanidad, los 70.464 millones de euros entre 2009 y 2014 (una reducción del 18%) y reducciones de platillas (25.000 trabajadores sanitarios según el Gobierno o 55.000 según el sindicato CCOO).
Esta política va dirigida a desmantelar y debilitar el sistema público y potenciar los recursos privados (como un paso previo para introducir el mercado en sanidad) y hacer del turismo sanitario una gran oportunidad de negocio (parece que este país está condenado a vivir de las múltiples facetas del turismo). El negocio sanitario pasa por potenciar la atención hospitalaria, el uso intensivo de las nuevas tecnologías y medicamentos (cuanto más costosos mejor), y medicalizar la vida de las personas para que hagan un elevado consumo sanitario. En esta estrategia están implicados responsables políticos de la administración, el complejo de la industria farmacéutica y de equipamientos, las grandes corporaciones tecnológicas (como IBM) y los fondos de inversión internacional, con puertas giratorias en las que altos cargos intercambian sus puestos entre la administración sanitaria y las empresas.
En un modelo sanitario de mercado y competencia, la Atención Primaria (a la promoción, la prevención y la medicina comunitaria), queda relegada a un papel subalterno, dado que sus actividades son difícilmente comercializables como mercancías.
Además de los recortes de gasto, el Gobierno paralizó el desarrollo la Estrategia AP 21, consensuada por el gobierno de Zapatero con todas las organizaciones profesionales, y que estaba destinada a corregir los problemas y deficiencias que soportaba el Nivel Primario, en cuya elaboración colaboraron más de 90 expertos de sociedades científicas, comunidades y asociaciones de pacientes. La AP 21 constaba de 44 estrategias agrupadas en 5 bloques orientados a la mejora de la calidad, la capacidad de resolución, la continuidad asistencial, la participación y el desarrollo profesional y la eficiencia en la gestión, todo ello dirigido a mejorar la calidad asistencial y su capacidad resolutiva, para cuyo despliegue el Ministerio de Sanidad presupuestó 24 millones de euros.
La estrategia contemplaba construir nuevos centros de salud; incrementar el personal hasta alcanzar unos ratios de personal facultativo y de enfermería de 1.250 personas; aumentar el prepuesto de la AP hasta llegar al 25% del total; facilitar a los profesionales el acceso a los recursos diagnósticos en las mismas condiciones que los hospitales (mediante protocolos comunes); y la reducción de la actividad burocrática, que actualmente ocupa el 30% de la actividad del personal médico. La paralización de este ambicioso proyecto muestra la total ausencia de interés del Gobierno de Rajoy por la Atención Primaria a la que condena al deterioro y a la obsolescencia.
2.- Sometimiento de los Centros de Salud a las gerencias hospitalarias.
La creación de las Gerencias Integradas de Área supuso la desaparición de las gerencias de Atención Primaria (AP) absorbidas por las estructuras de gestión hospitalaria. La AP ha quedado relegada a realizar un control de los llamados Procesos Asistenciales, algo imposible de realizar dada la falta de poder, prestigio y liderazgo de la Medicina de Familia con respecto a los servicios hospitalarios. El Ministerio de Sanidad ha asignado al nivel primario el papel de portero de los hospitales a los que selecciona pacientes y patológicas atendiendo a criterios de rentabilidad económica, clave para una competencia que no tiene que ver con las necesidades de salud. El sometimiento de los centros de salud a las gerencias de los hospitales, relega la AP a un papel subalterno dentro del sistema.
Las nuevas Unidades de Gestión Clínica, son estructuras acogidas al modelo de gestión empresarial, con plena autonomía, presupuesto propio y capacidad para vender sus productos en un mercado sanitario interno, marginan a la AP dentro del Sistema asignándola la función de portera de pacientes y patologías.
2.- Listas de espera en AP: El 52% de las personas que demanda asistencia en los Centros de Salud no son atendidas el mismo día y el 11% tardan más de una semana. Esto es incompatible con la filosofía y la lógica de la Atención Primaria que debería atender la demanda de manera inmediata.
3.- Irracionalidad asistencial y peligros para la salud: La presión asistencial impide llevar adelante actividades esenciales contempladas en el actual modelo de salud comunitaria como son la promoción de salud, la prevención de la enfermedad o el trabajo con la población. Este abandono de funciones repercute negativamente sobre la racionalidad del sistema que prioriza la curación y el uso de tecnologías y medicamentos, que además de disparar el gasto, suponen un riesgo para la salud (la iatrogenia es la cuarta causa de mortalidad general). Acabar con la medicalización y el consumismo sanitario de la sociedad debería ser una de las prioridades de la AP.
4.- Pérdida de prestigio social y profesional: Las facultades de Medicina apenas dedican tiempo en el programa docente a la AP o a la Medicina Comunitaria, cantándose con los dedos de las manos las cátedras de Atención Primaria, algunas de las cuales son financiadas por laboratorios farmacéuticos, que como es lógico pretenden aumentar la prescripción. Un ejemplo de este desprestigio es que los médicos/as recién egresados de las facultades de medicina con mejores notas no eligen la Medicina de Familia para especializarse, y que muchos los que no les queda más remedio que elegirla vuelven a presentarse al examen MIR para cambiar de especialidad.
La crisis una oportunidad perdida por la Atención Primaria:
Entre los problemas del Sistema Sanitario Público podemos el aumento del gasto, el abuso en la utilización de recursos tecnológicos, el abandono de la promoción y prevención, la utilización excesiva de pruebas diagnósticas y medicamentos cada vez más costosos y de eficacia cuestionada. Aunque la Atención Primaria debería haber sido la alternativa a esta situación el gobierno del Partido Popular ha optado por una política de recortes de recursos, introducir copagos y suprimir la asistencia universal (para expulsar del sistema a inmigrantes sin papeles o personas jóvenes); por potenciar la atención hospitalaria y la difusión intensiva de recursos tecnológicos; y por autorizar fármacos muy costosos de eficacia controvertida. Esta situación está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y la salud de la población.
2. Incrementar el presupuesto de Atención Primaria en un 10% anual hasta alcanzar el 25% del total sanitario en 5 años
3. Incrementar el personal para acabar con la masificación de los cupos, y garantizar cupos de 1.250 tarjetas individuales por profesional
4. Suprimir las limitaciones en el acceso a recursos diagnósticos generalizando protocolos y guías clínicas consensuados y basados en la evidencia
5. Suprimir las Gerencias Integradas controladas por las gerencias hospitalarias y desarrollar las Gerencias de Atención Primaria que garanticen la coordinación con hospitales y salud pública.
6. Derogar las Unidades de Gestión Clínica que fragmentan el sistema, privatizan la gestión y someten la actividad de la AP a los intereses de los servicios Hospitalarios
7. Recuperar los Servicios de Información (historia clínica electrónica, receta electrónica, centrales de llamadas, servicios de información pacientes..) externalizados a empresas privadas, para facilitar el control de procesos asistenciales.
8. Crear cátedras y departamentos de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en todas las universidades e incrementar los créditos de la asignatura de MFyC. Crear unidades de formación continuada en AP en todas las áreas sanitarias y prohibir su financiación por laboratorios farmaceutios.
9. Mejorar la dotación y equipamiento de los Centros Docentes de AP potenciando las actividades de promoción de salud y de trabajo comunitario.
10. Desarrollar estructuras de investigación en AP en todas las áreas, independientes de las hospitales y priorizar Planes de Investigación en Salud Comunitaria.
11. Mejorar las condiciones laborales, salariales y de desarrollo de los trabajadores de AP
12. Mejorar la calidad, la capacidad resolutiva y reducir la carga burocrática de la AP, desarrollando las propuestas de la Estrategia AP 21.
Todas estas medidas son sustanciales para mejorar el funcionamiento de la Sanidad Pública y garantizar su sostenibilidad.
Fuente : http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/necesitamos-una-ley-canaria-salud/
Autor: Manuel Martín García
La política sanitaria del Gobierno de Rajoy está fuertemente influenciada por la ideología neoliberal que considera la salud como una mercancía mas objeto de lucro. Esta forma de pensar ha sido promovida e impulsada desde por los grandes organismos internacionales que dominan la economía mundial como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la propia Comisión Europea (incluso la OMS financiada cada vez más por el capital privado como Bill Gates).
Como consecuencia la actuación del Ministerio de Sanidad en los últimos años se ha centrado prioritariamente en desmantelar y privatizar el Sistema Nacional de Salud con recortes presupuestarios que alcanzaron, según el propio Ministerio de Sanidad, los 70.464 millones de euros entre 2009 y 2014 (una reducción del 18%) y reducciones de platillas (25.000 trabajadores sanitarios según el Gobierno o 55.000 según el sindicato CCOO).
Esta política va dirigida a desmantelar y debilitar el sistema público y potenciar los recursos privados (como un paso previo para introducir el mercado en sanidad) y hacer del turismo sanitario una gran oportunidad de negocio (parece que este país está condenado a vivir de las múltiples facetas del turismo). El negocio sanitario pasa por potenciar la atención hospitalaria, el uso intensivo de las nuevas tecnologías y medicamentos (cuanto más costosos mejor), y medicalizar la vida de las personas para que hagan un elevado consumo sanitario. En esta estrategia están implicados responsables políticos de la administración, el complejo de la industria farmacéutica y de equipamientos, las grandes corporaciones tecnológicas (como IBM) y los fondos de inversión internacional, con puertas giratorias en las que altos cargos intercambian sus puestos entre la administración sanitaria y las empresas.
En un modelo sanitario de mercado y competencia, la Atención Primaria (a la promoción, la prevención y la medicina comunitaria), queda relegada a un papel subalterno, dado que sus actividades son difícilmente comercializables como mercancías.
Dos elementos claves en el retroceso del Nivel Primario en el sistema
1.- Abandono de los planes de mejoraAdemás de los recortes de gasto, el Gobierno paralizó el desarrollo la Estrategia AP 21, consensuada por el gobierno de Zapatero con todas las organizaciones profesionales, y que estaba destinada a corregir los problemas y deficiencias que soportaba el Nivel Primario, en cuya elaboración colaboraron más de 90 expertos de sociedades científicas, comunidades y asociaciones de pacientes. La AP 21 constaba de 44 estrategias agrupadas en 5 bloques orientados a la mejora de la calidad, la capacidad de resolución, la continuidad asistencial, la participación y el desarrollo profesional y la eficiencia en la gestión, todo ello dirigido a mejorar la calidad asistencial y su capacidad resolutiva, para cuyo despliegue el Ministerio de Sanidad presupuestó 24 millones de euros.
La estrategia contemplaba construir nuevos centros de salud; incrementar el personal hasta alcanzar unos ratios de personal facultativo y de enfermería de 1.250 personas; aumentar el prepuesto de la AP hasta llegar al 25% del total; facilitar a los profesionales el acceso a los recursos diagnósticos en las mismas condiciones que los hospitales (mediante protocolos comunes); y la reducción de la actividad burocrática, que actualmente ocupa el 30% de la actividad del personal médico. La paralización de este ambicioso proyecto muestra la total ausencia de interés del Gobierno de Rajoy por la Atención Primaria a la que condena al deterioro y a la obsolescencia.
2.- Sometimiento de los Centros de Salud a las gerencias hospitalarias.
La creación de las Gerencias Integradas de Área supuso la desaparición de las gerencias de Atención Primaria (AP) absorbidas por las estructuras de gestión hospitalaria. La AP ha quedado relegada a realizar un control de los llamados Procesos Asistenciales, algo imposible de realizar dada la falta de poder, prestigio y liderazgo de la Medicina de Familia con respecto a los servicios hospitalarios. El Ministerio de Sanidad ha asignado al nivel primario el papel de portero de los hospitales a los que selecciona pacientes y patológicas atendiendo a criterios de rentabilidad económica, clave para una competencia que no tiene que ver con las necesidades de salud. El sometimiento de los centros de salud a las gerencias de los hospitales, relega la AP a un papel subalterno dentro del sistema.
Las nuevas Unidades de Gestión Clínica, son estructuras acogidas al modelo de gestión empresarial, con plena autonomía, presupuesto propio y capacidad para vender sus productos en un mercado sanitario interno, marginan a la AP dentro del Sistema asignándola la función de portera de pacientes y patologías.
Resultados y consecuencias de esta situación
1.- Deficiencias en la calidad asistencial y en la capacidad resolutiva: La masificación de los cupos (más del 52% tienen más de 1.500 tarjetas individuales que son 250 tarjetas más de las marcadas por las sociedades de medicina de familia, pediatría y enfermería o por los expertos de AP21), obliga al personal médico a atender una media de 40-50 pacientes al dia, lo que repercute en la asistencia y la capacidad para resolver casos en el nivel por falta de recursos y tiempo. Como consecuencia muchos pacientes son enviados de manera innecesaria a hospitales o a servicios de urgencias, aumentando así los costes (innecesarios), los riesgos para la salud y las listas de espera. Además la enfermería tiene una presencia testimonial en la AP (somos el país de Europa con menor densidad de profesionales de enfermería) lo que hace que la atención a enfermos crónicos, domicilios, cuidados, etc tengan numerosas deficiencias.2.- Listas de espera en AP: El 52% de las personas que demanda asistencia en los Centros de Salud no son atendidas el mismo día y el 11% tardan más de una semana. Esto es incompatible con la filosofía y la lógica de la Atención Primaria que debería atender la demanda de manera inmediata.
3.- Irracionalidad asistencial y peligros para la salud: La presión asistencial impide llevar adelante actividades esenciales contempladas en el actual modelo de salud comunitaria como son la promoción de salud, la prevención de la enfermedad o el trabajo con la población. Este abandono de funciones repercute negativamente sobre la racionalidad del sistema que prioriza la curación y el uso de tecnologías y medicamentos, que además de disparar el gasto, suponen un riesgo para la salud (la iatrogenia es la cuarta causa de mortalidad general). Acabar con la medicalización y el consumismo sanitario de la sociedad debería ser una de las prioridades de la AP.
4.- Pérdida de prestigio social y profesional: Las facultades de Medicina apenas dedican tiempo en el programa docente a la AP o a la Medicina Comunitaria, cantándose con los dedos de las manos las cátedras de Atención Primaria, algunas de las cuales son financiadas por laboratorios farmacéuticos, que como es lógico pretenden aumentar la prescripción. Un ejemplo de este desprestigio es que los médicos/as recién egresados de las facultades de medicina con mejores notas no eligen la Medicina de Familia para especializarse, y que muchos los que no les queda más remedio que elegirla vuelven a presentarse al examen MIR para cambiar de especialidad.
La crisis una oportunidad perdida por la Atención Primaria:
Entre los problemas del Sistema Sanitario Público podemos el aumento del gasto, el abuso en la utilización de recursos tecnológicos, el abandono de la promoción y prevención, la utilización excesiva de pruebas diagnósticas y medicamentos cada vez más costosos y de eficacia cuestionada. Aunque la Atención Primaria debería haber sido la alternativa a esta situación el gobierno del Partido Popular ha optado por una política de recortes de recursos, introducir copagos y suprimir la asistencia universal (para expulsar del sistema a inmigrantes sin papeles o personas jóvenes); por potenciar la atención hospitalaria y la difusión intensiva de recursos tecnológicos; y por autorizar fármacos muy costosos de eficacia controvertida. Esta situación está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y la salud de la población.
PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA ATENCIÓN PRIMARIA
1. Recuperar el carácter Universal de la Atención Primaria y la equidad en el acceso a los servicios de atención primaria para lo que es necesario Derogar el RD 16/2012 e integrar los regímenes asistenciales (MUFACE; ISFAS, MUJECU y..) en el Régimen General de la Seguridad.2. Incrementar el presupuesto de Atención Primaria en un 10% anual hasta alcanzar el 25% del total sanitario en 5 años
3. Incrementar el personal para acabar con la masificación de los cupos, y garantizar cupos de 1.250 tarjetas individuales por profesional
4. Suprimir las limitaciones en el acceso a recursos diagnósticos generalizando protocolos y guías clínicas consensuados y basados en la evidencia
5. Suprimir las Gerencias Integradas controladas por las gerencias hospitalarias y desarrollar las Gerencias de Atención Primaria que garanticen la coordinación con hospitales y salud pública.
6. Derogar las Unidades de Gestión Clínica que fragmentan el sistema, privatizan la gestión y someten la actividad de la AP a los intereses de los servicios Hospitalarios
7. Recuperar los Servicios de Información (historia clínica electrónica, receta electrónica, centrales de llamadas, servicios de información pacientes..) externalizados a empresas privadas, para facilitar el control de procesos asistenciales.
8. Crear cátedras y departamentos de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en todas las universidades e incrementar los créditos de la asignatura de MFyC. Crear unidades de formación continuada en AP en todas las áreas sanitarias y prohibir su financiación por laboratorios farmaceutios.
9. Mejorar la dotación y equipamiento de los Centros Docentes de AP potenciando las actividades de promoción de salud y de trabajo comunitario.
10. Desarrollar estructuras de investigación en AP en todas las áreas, independientes de las hospitales y priorizar Planes de Investigación en Salud Comunitaria.
11. Mejorar las condiciones laborales, salariales y de desarrollo de los trabajadores de AP
12. Mejorar la calidad, la capacidad resolutiva y reducir la carga burocrática de la AP, desarrollando las propuestas de la Estrategia AP 21.
Todas estas medidas son sustanciales para mejorar el funcionamiento de la Sanidad Pública y garantizar su sostenibilidad.
¿Por qué necesitamos una Ley Canaria de Salud?
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Fecha de Publicacion : 18/03/2016
Fuente : http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/necesitamos-una-ley-canaria-salud/
Autor: Arturo Borges Álamo
La idea motriz para los colectivos sanitarios y sociales que decidimos presentar en el año 2010 la ILP “Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias” era la de corregir los desajustes y deficiencias de nuestro Sistema de Salud partiendo de la definición de un modelo integral basado en las plenas competencias de la Comunidad Autónoma Canaria así como en la experiencia acumulada en la relación entre la realidad cotidiana y la vigente, desde 1994, Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Aspirábamos a que partiendo de un modelo corregido y mejorado fuera posible abordar todas las necesidades de modo coherente saliendo del círculo vicioso permanente en el que nos hemos movido los últimos 22 años.
¿De qué sirve dotarnos de un Plan de Urgencias que se sigue basando en los conciertos con la sanidad lucrativa privada al no haber acotado el recurso a la misma en favor de la potenciación de los medios públicos propios?. Será más de lo mismo, primará el peaje a una sanidad privada cuya calidad no está sometida a control efectivo y que además selecciona sus servicios según la rentabilidad que esperan obtener de las personas enfermas. ¿Cómo se va a cuadrar el papel de los supuestos hospitales del norte y del sur de Tenerife, cuya existencia está anudada al papel de los centros privados, cuando no existe una base legal de auténticos hospitales comarcales?. Lo único que hay son dos leyes, la 3/2000 y la 4/2000, del Parlamento de Canarias en las que no se contemplan la creación de verdaderos hospitales sino de centros socio-sanitarios sin establecer el carácter de exclusiva titularidad pública ni garantizarse un modelo de gestión pública para los mismos. Para ello es necesaria la derogación de las mencionadas leyes 3/2000 y 4/2000 como aparece en la Disposición adicional segunda de nuestra ILP.
¿De qué sirve un Plan de Salud que por muy bien que se diseñe no tiene detrás los medios personales y materiales para su realización práctica y seguimiento?. No se podrá garantizar que las medidas que el Plan establece se apliquen, entre otras cosas por la enorme debilidad de los recursos de Salud Pública a los que, no lo olvidemos, solo se destina un 1% del presupuesto sanitario. En el Estado español, con la publicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se prevé someter a Evaluación del Impacto en Salud (EIS) a las normas, planes, programas y proyectos que se seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, quedando en manos de las comunidades autónomas la regulación de esta herramienta. Canarias no lo ha hecho aún siendo introducida esa necesidad en la ILP presentada en el 2010 y que sigue esperando en el Parlamento de Canarias como oportunidad de llegar a establecer un marco regulatorio al respecto. En él se deben definir los ámbitos para los que sea obligatoria y los procedimientos y la necesidad de un desarrollo reglamentario para su entrada en vigor.
En cuanto a la financiación que todo lo determina de una u otra manera, se precisa dejar bien sentado en la necesaria Ley Canaria su carácter finalista, es decir para uso exclusivo de nuestro Sistema de Salud, referido tanto a las partidas provenientes del Estado como a las derivadas de la imprescindible autoridad fiscal canaria en cuanto a la intervención sobre el fraude fiscal, de la Reserva de Inversiones de Canarias, de impuestos sanitarios como el llamado céntimo sanitario de los combustibles, así como los impuestos del tabaco, del alcohol y del juego. Pueden haber otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan, según su nivel de renta (no por el uso), a la sanidad.
Por último, abreviando al máximo ya que se podría escribir mucho sobre esto poniendo en peligro la posible mayor facilidad para su publicación en los medios de prensa, quiero referirme a otro condicionante que debe estar en el origen de cualquier iniciativa de cambio para mejorar nuestro Sistema de Salud, se trata de la participación social, profesional y ciudadana, haciendo posible un mayor grado de implicación en las decisiones sobre gestión sanitaria, en todos sus aspectos y problemáticas, deliberativa y corresponsable en los Consejos de Salud. Para ello es necesario desarrollar la legislación sobre participación, dentro del marco competencial de cada órgano legislativo, pudiendo abordarse en lo que atañe a la Comunidad Autónoma de Canarias en la nueva Ley Canaria de Salud. Es necesario que los órganos de Participación tengan carácter decisorio sobre la identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación.
Tras presentar las firmas correspondientes en octubre de 2010 y la toma en consideración, por unanimidad del pleno del Parlamento en marzo de 2012, se abrió la fase de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, ahora en la legislatura actual 2015-2019 que es la tercera de vida parlamentaria de la ILP, se acaba de decidir en la comisión de sanidad del Parlamento proceder a terminar el proceso en lo inmediato. Deseamos que los grupos parlamentarios asuman el espíritu de este escrito en el sentido de darle una base y un sostén al tan repetido recurso a la expresión del “necesario Pacto por la Sanidad” y que hagan un esfuerzo por establecer un diálogo e intercambio con los sectores implicados, con los colectivos de pacientes, de familiares y de profesionales y que aunque esto se haga de modo ágil no lo hagan “de cualquier manera”. Esperamos que ésta sea la definitiva para que la ILP, avalada por sus 25.000 firmantes, pueda cumplir con el sentido que le dio origen.
Fuente : http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/necesitamos-una-ley-canaria-salud/
Autor: Arturo Borges Álamo
La idea motriz para los colectivos sanitarios y sociales que decidimos presentar en el año 2010 la ILP “Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias” era la de corregir los desajustes y deficiencias de nuestro Sistema de Salud partiendo de la definición de un modelo integral basado en las plenas competencias de la Comunidad Autónoma Canaria así como en la experiencia acumulada en la relación entre la realidad cotidiana y la vigente, desde 1994, Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Aspirábamos a que partiendo de un modelo corregido y mejorado fuera posible abordar todas las necesidades de modo coherente saliendo del círculo vicioso permanente en el que nos hemos movido los últimos 22 años.
¿De qué sirve dotarnos de un Plan de Urgencias que se sigue basando en los conciertos con la sanidad lucrativa privada al no haber acotado el recurso a la misma en favor de la potenciación de los medios públicos propios?. Será más de lo mismo, primará el peaje a una sanidad privada cuya calidad no está sometida a control efectivo y que además selecciona sus servicios según la rentabilidad que esperan obtener de las personas enfermas. ¿Cómo se va a cuadrar el papel de los supuestos hospitales del norte y del sur de Tenerife, cuya existencia está anudada al papel de los centros privados, cuando no existe una base legal de auténticos hospitales comarcales?. Lo único que hay son dos leyes, la 3/2000 y la 4/2000, del Parlamento de Canarias en las que no se contemplan la creación de verdaderos hospitales sino de centros socio-sanitarios sin establecer el carácter de exclusiva titularidad pública ni garantizarse un modelo de gestión pública para los mismos. Para ello es necesaria la derogación de las mencionadas leyes 3/2000 y 4/2000 como aparece en la Disposición adicional segunda de nuestra ILP.
¿De qué sirve un Plan de Salud que por muy bien que se diseñe no tiene detrás los medios personales y materiales para su realización práctica y seguimiento?. No se podrá garantizar que las medidas que el Plan establece se apliquen, entre otras cosas por la enorme debilidad de los recursos de Salud Pública a los que, no lo olvidemos, solo se destina un 1% del presupuesto sanitario. En el Estado español, con la publicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se prevé someter a Evaluación del Impacto en Salud (EIS) a las normas, planes, programas y proyectos que se seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, quedando en manos de las comunidades autónomas la regulación de esta herramienta. Canarias no lo ha hecho aún siendo introducida esa necesidad en la ILP presentada en el 2010 y que sigue esperando en el Parlamento de Canarias como oportunidad de llegar a establecer un marco regulatorio al respecto. En él se deben definir los ámbitos para los que sea obligatoria y los procedimientos y la necesidad de un desarrollo reglamentario para su entrada en vigor.
En cuanto a la financiación que todo lo determina de una u otra manera, se precisa dejar bien sentado en la necesaria Ley Canaria su carácter finalista, es decir para uso exclusivo de nuestro Sistema de Salud, referido tanto a las partidas provenientes del Estado como a las derivadas de la imprescindible autoridad fiscal canaria en cuanto a la intervención sobre el fraude fiscal, de la Reserva de Inversiones de Canarias, de impuestos sanitarios como el llamado céntimo sanitario de los combustibles, así como los impuestos del tabaco, del alcohol y del juego. Pueden haber otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan, según su nivel de renta (no por el uso), a la sanidad.
Por último, abreviando al máximo ya que se podría escribir mucho sobre esto poniendo en peligro la posible mayor facilidad para su publicación en los medios de prensa, quiero referirme a otro condicionante que debe estar en el origen de cualquier iniciativa de cambio para mejorar nuestro Sistema de Salud, se trata de la participación social, profesional y ciudadana, haciendo posible un mayor grado de implicación en las decisiones sobre gestión sanitaria, en todos sus aspectos y problemáticas, deliberativa y corresponsable en los Consejos de Salud. Para ello es necesario desarrollar la legislación sobre participación, dentro del marco competencial de cada órgano legislativo, pudiendo abordarse en lo que atañe a la Comunidad Autónoma de Canarias en la nueva Ley Canaria de Salud. Es necesario que los órganos de Participación tengan carácter decisorio sobre la identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación.
Tras presentar las firmas correspondientes en octubre de 2010 y la toma en consideración, por unanimidad del pleno del Parlamento en marzo de 2012, se abrió la fase de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, ahora en la legislatura actual 2015-2019 que es la tercera de vida parlamentaria de la ILP, se acaba de decidir en la comisión de sanidad del Parlamento proceder a terminar el proceso en lo inmediato. Deseamos que los grupos parlamentarios asuman el espíritu de este escrito en el sentido de darle una base y un sostén al tan repetido recurso a la expresión del “necesario Pacto por la Sanidad” y que hagan un esfuerzo por establecer un diálogo e intercambio con los sectores implicados, con los colectivos de pacientes, de familiares y de profesionales y que aunque esto se haga de modo ágil no lo hagan “de cualquier manera”. Esperamos que ésta sea la definitiva para que la ILP, avalada por sus 25.000 firmantes, pueda cumplir con el sentido que le dio origen.
