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La privatización de la Sanidad Pública en Cataluña

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Se entiende aquí privatización de la atención sanitaria pública no exclusivamente como un cambio de titularidad de los recursos sinó como obtención de beneficio económico empresarial por la provisión de servicios. Cuando la provisión de estos Servicios se efectua por entidades de gestión y titularidad públicas, el beneficio puede revertir en ahorro o en mayor dotación presupuestaria para la atención sanitaria. Por esto hablamos de privatización

Como ayuda para comprender el paso de la provisión de la atención sanitaria pública a un producto mercantil capaz de generar beneficios privados explicamos algunas de las diferentes vías utilizadas en Cataluña, sistematizadas por Joan Benach en las siguientes:

  • Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado
  • Estimular la segmentación del sistema público
  • Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
  • Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
  • Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciendolo o infrautilizándolo
  • Reforzar un sistema de salud mas individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospitalocentrismo y el exceso de protocolización
  • Favorecer a través de la cultura mediàtica la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado

En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras

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La FADSP ante la anulación de la orden para la asistencia sanitaria a inmigrantes en Cataluña

tribunal La anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la orden que dictó la Generalitat en 2015 para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes "sin papeles" empadronados, aduciendo la contradicción con el RDL 16/2012 y la falta de competencias autonómicas al respecto es una evidencia mas de la urgencia de la derogación del RDL 16/2012 para garantizar la universalización de la atención sanitaria.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional ya ha anulado las normas de varias CCAA ( Extremadura, Valencia, Baleares, País Vasco,etc) por los mismos motivos, así como el hecho de que las exclusiones sanitarias tienen efectos letales sobre la población excluida (se ha señalado un incremento de la mortalidad del 15% en la tasa de mortalidad de estas personas.

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160416 Manifiesto de apoyo a #QUENOPASEMAS

 

160416 Manifiesto de apoyo a #QUENOPASEMAS

 

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Jueves día 28 de Enero 2016 estreno en el Cine Girona de Barcelona, ??el documental "Que no pase +" que muestra la realidad de los accidentes médicos y la situación que nos ha tocado vivir tanto a víctimas como familiares ".

                Avanzamos nuestro reconocimiento y apoyo a los autores y participantes en general por esta notable iniciativa.

                DENUNCIAMOS la falta de información pública sobre la importancia real de la incidencia de los errores graves en la asistencia sanitaria con estadísticas y análisis fiables. Esta información debería incluir tanto los centros públicos como concertados y privados (PPP)[1]. En el documental se menciona la posibilidad de un incremento de mala práctica asociada a los recortes inadecuados de recursos humanos y materiales en la Sanidad Pública. Recordemos que la mala praxis no sólo se debe a la acción del médico y otros agentes de la práctica clínica, sino que también lo es debida al progresivo debilitamiento de la estructura política del país.

                En el documental de #quenopasemas se menciona reclama un modelo judicial más eficiente, como se ha hecho con las demandas por mala praxis en Trafico. Además el nuevo baremo Trafico la administración prevé un aumento de las indemnizaciones en caso de condenas por mala praxis y los ajustes presupuestarios de las indemnizaciones. En el documental, una letrada echa en falta una estructura del cuerpo judicial que sea propio para sanidad como ya existe para tráfico, violencia de género, familia, etc. Esta sugerencia tiene fundamento si tenemos en cuenta que en 2009 se publico que en España había 274 demandas judiciales nuevas cada día por errores médicos[2]. También por el tipo de de víctima daño que incluye muerte o secuelas cotidianas a las que se suma la incertidumbre de una justicia demasiado lenta -el tiempo de respuesta en la administración de Justicia es un indicador de calidad- y pocos recursos económicos para la defensa de la víctima frente al demandado.

                El letrado, señor Aznar, de Servicios Jurídicos Verdú, propone en el documental que los sistemas públicos de salud en España se doten empleados públicos para agilizar una mediación eficiente en cada caso y antes de que pase a juicio. Por otra parte es una paradoja que medien entre el sistema público sanitario y el poder judicial que cuidan de los derechos de las personas, todo un conglomerado de aseguradoras privadas. En efecto,  Zurich Insurance Group, una multinacional, se reparte con SegurCaixa Adeslas, Mapfre y Berkley, la defensa de los sistemas sanitarios públicos de Salud de la inmensa mayoría del territorio español. Estamos hablando de un mercado de miles de millones de euros (de los se  desconoce cuanta deuda soberana generan) en manos de corporaciones con ánimo de lucro. Este modelo puede  generar conflicto de intereses y que las víctimas de errores médicos tengan más a perder que a ganar. El poder fáctico[3] de estas corporaciones privadas es enorme. El nuevo baremo para indemnizaciones de Tráfico ha despertado estrategias empresariales para un incremento del precio de las pólizas, también en los sistemas públicos de sanidad. Por lo que se cita en DIARIO MEDICO[4] el incremento de las pólizas no es la única amenaza para la eficiencia sanitaria y judicial. En #quenopasemas el médico de AP Toni Barbará y secretario de Dempeus per la Salut comenta que "cuando los beneficios empresariales están por encima de las necesidades de las personas las cosas no pueden ir nunca bien".

                Desde la ACDSP consideramos a esta particular colaboración público-privado (PPP) entre financiación pública de salud y compañías aseguradoras privadas nueva amenaza privatizadora que aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad de un modelo de Sanidad Pública que precisa ser socialmente y económicamente eficiente.

                Por supuesto que es necesario subir el listón de exigencia social, incluidos los profesionales, frente a la mala praxis sanitaria, pero pensamos que hay formas muy eficientes de protegernos, además de las judiciales. Por ejemplo, protocolos de valoración de riesgos de la práctica clínica que incluya indicadores básicos y específicos. Para disminuir la mala práctica en la instrumentalización del parto (por ejemplo) ayudaría revertir el proceso de privatización ya que un modelo empresarial competitivo (creciente en Cataluña) incrementa el número de cesáreas innecesarias. En el sistema público-público los porcentajes de cesáreas se ajustan más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud[5] que los de la atención privada o semiprivada (conciertos, externalizaciones y otras alianzas estratégicas PPP) que son del orden de 2 a 3 veces más elevados[6] lo recomendado por organismos internacionales y locales. La cesárea innecesaria es un procedimiento con más efectos adversos para el bebé[7] y para la madre[8] además de más caro que el parto vaginal[9]. Probablemente el ahorro económico conseguido podría revertir de  los beneficios empresariales a en la mejora de recursos humanos y materiales del sistema público. En lo judicial también son razonables algunas de las propuestas del Sr Aznar. En la desprivatización o control de cláusulas abusivas de las pólizas podría recurrirse a la experiencia de las comunidades autónomas no acogidas al paraguas de las aseguradoras privadas. Actualmente una nueva amenaza para el sistema público se ha destapado cuando la "actualización" de las pólizas se ha extendido a otras actividades sanitarias donde, una vez más, amenazan a su socio público[10], [11]

 Asociación Catalana para la Defensa de la Sanidad Publica

17 de abril del 2016 

[1]Public Private Partner

[2]http://www.publico.es/actualidad/274-demandas-al-dia-errores.html

[3] Es lo que se ejerce al margen de los cauces formales (que no coincide necesariamente con el aparato del Estado) y se sirve de autoridad informal o de presión para influir políticamente. https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_f%C3%A1ctico

[5]OMS Lancet 1985; 2:436-437

[6]http://elpartoesnuestro.files.wordpress.com/2011/07/

informe-sobre-la-evolucic3b3n-de-las-cesareas.pdf

[7]Negele, K.J 2004

[8]Liu, S. 2006 & Miesnik, S.R. 2007

[9] http://secure.cihi.ca/

[10]http://www.diariomedico.com/2016/04/11/area-profesional/normativa/dudas-cabales-en-la-cobertura-aseguradora-de-los-ensayos

 

Acoso del Hospital Clinic de Barcelona a la Sanidad Pública

"Es necesario que todos los enfermos marcados con una € pasen por el administrativo de planta al ser dados de alta para poder facturar. Nos va la supervivencia presupuestaria de este año 2015 y sufriremos las consecuencias del último trimestre del año 2015 y todo 2016".

    Son las palabras de la circular del director de Urgencias del Hospital Clínic al personal.

    Como miembros de la Asociación Catalana para la Defensa de la Sanidad Pública queremos manifestar el disgusto por el trato de desprecio que por la labor de los profesionales implica esta circular a los que por un lado se mantiene desinformados como el resto de ciudadanos de Barcelona de los problemas del Hospital Clínic y por la otra se les responsabiliza de la solvencia económica.

    ¿Quien no pueda pagar que vaya a otro centro?

    Los trabajadores y ciudadanos de Cataluña no sólo tenemos que ceñirnos el cinturón más fuerte sino que hay que responsabilizar de la economía. Sepan que esto lo hemos hecho desde siempre. Siempre la ética profesional nos ha conducido a utilizar los recursos con eficiencia y los ciudadanos hemos pagado los impuestos de donde han salido el dinero para mantener este hospital docente.

    Los profesionales y los ciudadanos antes de recibir "sugerencias" merecemos explicaciones claras sea de la economía o sea de la práctica de la medicina. No merecemos un trato de subalternos cuando somos colaboradores y propietarios. Sobre todo cuando tanto los profesionales como los ciudadanos vemos que el Hospital Clínico tiene una gestión económica de nuestro dinero opaca en la que últimamente se han buy antibiotics online económicos privados para médicos y suponemos que también gestores y financieros. El trato que reciben los profesionales no es ajeno a lo que percibimos el resto de ciudadanos

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA DEFENSA DE LA SANITAT

PUBLICA (ACDSP)

8 de Julio de 2015

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Barc9.5.15

Por el derecho a decidir sobre nuestra salud y el Sistema Sanitario de Catalunya

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Declaracion ACDSP-FADSP sobre los acontecimientos de Bellvitge

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