FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

La ADSPM rechaza la reconversión de 130 camas del Hospital de Móstoles

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante la pretensión de la conversión de 130 camas del hospital público de Mostotes en camas de media y larga estancia, tiene que señala

1.-Se trata de un nuevo intento de potenciar al sector privado a costa del deterioro del sistema sanitario público que rememora al “Plan de Sostenibilidad” que intentaron implantar el tándem González – Lamela (recuérdese que en ese momentos se pretendía convertir el hospital de La Princesa en un centro de media y larga estancia para favorecer los nuevos centros privados de la Comunidad de Madrid).

2.-La política de dejar en manos del sector privado la asistencia sanitaria de los casos rentables, dejando al sector publico la asistencia sanitaria de los enfermos mas complejos y con mayores costes es un continuo en la actuación de la política sanitaria del PP. En concreto el hospital público de Mostotes ha tenido una sistemática postergación para favorecer el centro privado  construido mediante una concesión administrativa a pesar de que su coste/cama/día es un 14,95% superior a los hospitales de gestión pública.

3.-Conviene recordar que este centro privado  es propiedad de una multinacional por Fresenius Helios, una de las mayores multinacionales europeas de provisión sanitaria, y que presta asistencia sanitaria, pagada con fondos públicos en 4 centros sanitarios que cubren al  12,47% de la población madrileña.

4.-También que el hospital público de Mostotes ha tenido una disminución presupuestaria del 6,95% en 2016 (el ultimo presupuesto aprobado en la Comunidad de Madrid) mientras que se favorecía económicamente al centro privado y se le reducían significativamente las tarjetas asignadas (156.866 para el hospital público frente a 171.632 para el privatizado), situación que aun se empeora más mediante la derivación de enfermos desde el centro de llamadas (según los últimos datos publicados el centro privado recibió 16.293 citas más de las que les correspondían mientras el centro público tuvo 8.890 citas menos).

En resumen, estamos ante una maniobra descarada para favorecer el centro privado de Mostotes a costa de un mayor deterioro del hospital público. Entendemos que esta situación es totalmente inaceptable, que hay que rechazarla, que debemos exigir la utilización de los centros de gestión publica al 100%, por motivos sanitarios y de eficiencia económica, y por lo tanto hacemos un llamamiento a los trabajadores de la Sanidad y a la ciudadanía a movilizarse activamente para evitar este nuevo atropello a la Sanidad Pública.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

22 de abril de 2017

5 años del Real Decreto 16 / 2012

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos recordar que el día 24 de abril se  cumplen cinco años de la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 16/2012, que retiró el derecho a la asistencia sanitaria a casi 900.000 inmigrantes en situación irregular y a quienes no han podido cotizar a la seguridad social por no tener un contrato de trabajo como más de la mitad de jóvenes o amas de casa, que ha quedado pospuesta para un futuro desarrollo al igual que el recorte de la Cartera de Servicios que recoge el derecho a una asistencia sanitaria universal.

Otra de las medidas contenidas en el Decreto ha sido obligar a pagar medicamentos a las personas pensionistas, estando pendiente la introducción de nuevos copagos para un futuro inmediato como los traslados en ambulancia no urgentes, las prótesis, ortesis y medicamentos hospitalarios.

Estas medidas pretenden eliminar el derecho universal a la atención de salud a toda la población que viva en España; acabar con el carácter redistributivo de la sanidad; y modificar el modelo de financiación de la misma, vinculando el derecho a la atención a la cotización a la seguridad social, pese a que la sanidad pública se financia mediante impuestos (en gran medida indirectos que pagan todas las personas, incluidos inmigrantes o jóvenes parados).

Queremos denunciar las consecuencias del RDL han sido demoledoras para miles de personas (están documentados más de 3.600 casos) que no han podido acceder a los cuidados médicos a pesar de encontrarse enfermas o para la población pensionista (con pensiones muy por debajo de la media europea) que no pueden retirar de las farmacias los medicamentos prescritos por sus médicos (entre el 13 y el 25% de los mismos) poniendo en riesgo su salud. 

Las normativas promulgadas por algunas Comunidades Autónomas para paliar esta situación no han sido suficiente para atenuar las consecuencias de esta reforma, que forma parte de una estrategia,  perfectamente diseñada por este gobierno y los grupos de presión empresarial y financiera que lo apoyan, para desmantelar y privatizar nuestro sistema sanitario público.

Desde la FADSP animamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y profesionales a movilizarse en contra de este RDL y a los partidos políticos a presentar iniciativas parlamentarias en las Cortes para su revocación inmediata. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

22 de abril del 2017

La ADSP de Madrid ante la irregularidades detectadas en el Hospital del Sureste

   La  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de las irregularidades detectadas en el Hospital del Sureste, tiene que señalar lo siguiente:

      1.- Desde la ADSPM ya señalamos en su momento que las fórmulas de privatización hospitalaria implantadas por Esperanza Aguirre no solo no mejoraban la asistencia sanitaria sino que suponían importantes sobrecostes para la atención sanitaria y funcionaban con tal opacidad, falta de control y de transparencia que favorecían todo tipo de irregularidades y el sistemático traspaso de fondos públicos para los beneficios privados.

       2.- Los datos que ahora salen a la luz, como los que también se publicaron sobre el hospital de Vallecas confirman estas previsiones y el hecho de que la practica concreta de estos centros ha incidido negativamente sobre el sistema sanitario madrileño (conviene recordar que mientras se producían estos trasvases e irregularidades en beneficio del sector privado los presupuestos de la Sanidad Pública madrileña tenían un 18% de recorte).

   Es el momento de exigir el control exhaustivo de estos centros (privados y semiprivados), una total transparencia de las cuentas, plantillas, trasvases de enfermos entre centros, etc, y sobre todo entendemos que todos estos hechos son más que suficientes para exigir el final de la privatización sanitaria y la reintegración de los centros privatizados en la red de gestión pública del SERMAS que está demostrando ser más eficaz y más eficiente a la hora de atender los problemas de salud de la población.

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

17 de abril de 2017

La ADSP de Canarias ante la pésima atención a los trastornos infantiles graves

Para la ADSPC es intolerable la ausencia de una Red de Atención Temprana a los trastornos del desarrollo infantil, entre ellos los Trastornos del Espectro Autista, para los que se precisa un conjunto de intervenciones, en el ámbito sanitario público, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presenten los niños. Se estima que dicha población infantil en Canarias supera los 9.000 niños, siendo la única Comunidad Autónoma del Estado que no dispone de una red de atención temprana pública y por tanto gratuita en el momento del uso. Con tal ausencia de recursos, se fuerza a que los niños con esta necesidad acudan a centros privados (que tienen listas de espera de años) o queden con secuelas irrecuperables por no poder costear sus servicios.

 En cuanto al desarrollo en general de la Red de Atención a la Salud Mental infanto-juvenil se sabe que entre el 7 y el 25% de la población infanto-juvenil reúnen criterios para un diagnóstico psiquiátrico y que alrededor de la mitad presenta un significativo desajuste como consecuencia de ello. La asistencia para los niños, niñas y jóvenes debe ser específica y diferenciada de los dispositivos de asistencia mental para adultos. El desarrollo de los dispositivos  ha sido lento, irregular y poco equitativo, no todas las áreas geográficas disponen de Unidad de Salud Mental infanto-juvenil (USMIJ).

 Existen desajustes graves en la infancia y adolescencia que requieren de intervenciones en régimen de hospitalización tales como los intentos de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria graves, psicosis y otros trastornos de conducta. En el momento actual no existe ninguna Unidad de Hospitalización en toda la Comunidad Autónoma. En su defecto, la hospitalización se está llevando a cabo en Unidades de hospitalización no preparadas para las características y necesidades del paciente pero adecuadas para su edad (Pediatría) o en Unidades sin personal específico para la atención infanto-juvenil pero preparadas para las características y necesidades del paciente (Unidades de Hospitalización Breve de adultos).

 Parece claro que el desarrollo de la Red de Psiquiatría Infanto-Juvenil, no ha supuesto una prioridad, el grado de incumplimiento para la Red de modo completo se remonta a unos 10 años. En su desarrollo deben establecerse líneas de colaboración estables con los servicios sociales y educativos, evitando que estos se limiten a unos apoyos puntuales o con fecha de caducidad, debiendo implementarse una línea de cuidados y apoyos transversales de forma colaborativa donde las personas no reciban una suma de dispositivos sino un Plan de cuidados individualizado, coherente e integral.

 En relación a los Servicios Sociales, la incidencia de problemática de índole social entre los pacientes de las USMIJ es muy elevada. Se requiere una relación continua entre servicios sociales de las USMIJ y los ayuntamientos, así como con los profesionales del trabajo social de los centros educativos que los tengan, particularmente los de educación especial (C.E.E.). Y respecto a los Servicios Educativos, dentro del Convenio de colaboración Consejería Educación-Consejería Sanidad, se deben primar programas orientados a la promoción de la salud mental desde la infancia. Aquí cobra relevancia la relación de los C.E.E. con la Red de Atención a la Salud Mental infanto-juvenil aportando información acerca del estado de los alumnos-pacientes, en el entorno escolar y familiar, a los profesionales de las USMIJ. Estamos hablando de un colectivo con pluripatologías, muchos con trastornos de conducta, para los que cabe recomendar las clásicas pautas para la modificación de conductas, tanto para el colegio como para su casa, así como el apoyo de los terapeutas de las USMIJ mediante la intervención sobre sus pacientes en la consulta en relación con los aspectos que están generando conflictos en los colegios, con hetero y autoagresiones, etc. y también para reforzar sobre los padres el mantenimiento firme de las pautas en casa.

 Las terapias psicológicas, además del apoyo farmacológico, pueden ser de gran ayuda para complementar el esfuerzo que tanto en los colegios como en las consultas se debe hacer para integrar a los alumnos en las dinámicas educativas que les ayuden a progresar conductualmente. Sin embargo las terapias psicológicas no están contempladas en la cartera de servicios de las USMIJ y ni siquiera se cuenta con espacios e infraestructuras adecuadas para ello, ni con tiempo, dada la escasez del personal, psiquiatras y psicólogos, para cubrir la amplia demanda de atención.

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 

17 de abril de 2017

17 de abril de 2017

ADSP Canarias en el Día Mundial de la Salud

Este 7 de abril la OMS dedica su día conmemorativo a la Depresión

La depresión es una enfermedad mental común que a menudo se presenta con síntomas de ansiedad. Estos trastornos pueden volverse crónicos o recurrentes y llevar a importantes fallas en la habilidad de un individuo para llevar a cabo sus tareas diarias. En casos severos, puede llevar al suicidio. En el mundo se pierden casi un millón de vidas al año por suicidio, lo que se traduce en 3000 suicidios por día. Por cada suicida, hay 20 o mas que intentan terminar con su vida (OMS,2012).

Actualmente se conocen los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir depresión:
• Género. La depresión es dos o tres veces mas común en las mujeres.
• Desventajas económicas, o sea la pobreza.
• Desventajas sociales tales como el bajo nivel educativo.
• Genética. Si hay alguien con el trastorno en la familia inmediata, se tienen de dos a tres veces mas probabilidades de adquirir la enfermedad en algún momento de la vida.
• Exposición a la violencia.
• Ser separado o divorciado, especialmente para los hombres.
• Padecer otras enfermedades crónicas.

La depresión mayor es uno de los trastornos psicológicos más prevalentes y que más problemas de discapacidad genera en la actualidad; tanto es así, que la OMS estima que se convertirá en una de las tres principales causas de discapacidad en todo el mundo en el año 2030. Los estudios realizados en nuestro país indican que la prevalencia anual de depresión en Atención Primaria (AP) se encuentra en un rango entre el 9.6% y el 20.2%.

Además, la depresión posee una alta comorbilidad cursando con otros problemas tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, el 41.7% de las personas con un trastorno depresivo sufre un trastorno de ansiedad o un trastorno por consumo de alcohol (Alonso et al., 2004b) mientras que la prevalencia de pacientes con enfermedad física crónica que presenta un trastorno depresivo se ha llegado a situar entre un 9.3% y un 23.0%.

Como hemos señalado anteriormente, la depresión y los problemas físicos guardan una estrecha relación y, en ocasiones, estos pacientes presentan como quejas principales otras dolencias, principalmente de carácter somático, sin hacer una atribución directa a sus problemas emocionales. En este sentido, la probabilidad de presentar síntomas de dolor muscular, de cabeza o de estómago es entre 4 y 7 veces mayor en aquellos cientes diagnosticados de depresión. Por tanto, la realización de un correcto diagnóstico no siempre es sencilla. Muchas veces, este trastorno del ánimo se infradiagnostica, es decir, no se diagnostica depresión en personas que realmente la sufren, o se sobrediagnostica, al diagnosticar depresión en personas que realmente no la sufren.

Muchas personas no reciben un tratamiento adecuado, lo que a la larga produce abandonos y recaídas, elevando los costes. y lo más preocupante es que hoy en día se ha disparado el consumo de antidepresivos, porque en la mayoría de las ocasiones el abordaje desde la AP y desde las Unidades de Salud Mental (USM) no es el apropiado. No se ofrecen terapias psicológicas, porque ni siquiera las USM cuentan con espacios e infraestructuras adecuadas para ello.

Por lo tanto, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en aplicar políticas de promoción y prevención, actuar sobre grupos de riesgo, en realizar diagnósticos correctos, y mejorar la educación de la población acerca de los problemas de salud mental. El hecho de que las personas deprimidas presenten sus problemas psicológicos y/o emocionales como su principal queja se ha mostrado relacionado con una mayor precisión en el diagnóstico. En este sentido, mejorar la educación sobre cómo funcionan los problemas emocionales, cuáles son sus principales síntomas y posibilidades de tratamiento, y reducir la estigmatización en torno a los mismos, puede ser de gran ayuda a la hora de incrementar la probabilidad de que sean expresados y reconocidos en las consultas de AP.

La depresión puede volver difícil aun lo mas simple de cada día, pero hay cosas que se pueden hacer para sentirse mejor, aunque sea en forma leve: el ejercicio físico para reducir el nivel de estrés y mantener el peso . La alimentación equilibrada. Las técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda. La adquisición de hábitos saludables de sueño. El limitar o abandonar el consumo o abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. Etc.

El abordaje de este y otros trastornos mentales, así como de otros problemas de salud requiere cambios sustanciales en todas las políticas públicas y en nuestro sistema sanitario.
Se precisa cambiar el modelo, aplicando políticas de prevención y de promoción de la salud en el marco de una Ley de Salud y de Sanidad de la que carecemos en Canarias, fuertemente demandada ( más de 25000 firmas han respaldado una ILP en este sentido). Hay que desarrollar y mejorar el Plan de Salud de Canarias, aprobado el pasado año en el Parlamento, que solo tiene una vigencia de 2 años, y que carece de los recursos financieros necesarios. Es urgente discutir y aprobar un Plan de Salud Mental integral, que permita profundizar en un modelo asistencial comunitario centrado en las personas, como demandan la población y los profesionales (ASOCIACIÓN CANARIA DE NEUROPSIQUIATRÍA) .

El día de hoy no debe quedarse en la concienciación de lo que supone la depresión, para las personas que la sufren y para la población en general, sino que debe ser un dia de reivindicación y de búsqueda y consolidación de alianzas entre organizaciones, fuerzas sociales, políticas, profesionales e instituciones que propicien un Pacto por la Salud y la Sanidad Pública en Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias a 7 de abril 2017

Nota AGDSP ante el cierre del policlínico CIES Vigo

La Xunta del PP aplica en Vigo la política de tierra quemada para las infraestructuras sanitarias que vigo tanto necesita.

            Así tras el traslado del Hospital Xeral al nuevo hospital de Vigo cierra las infraestructuras sanitarias complementarias que Vigo tenía tal como el anexo I, el policlínico Cíes, el centro de especialidades de la doblada y el centro de Coia.

            El anexo I en el que estaba planificado montar el centro de alta resolución, es decir,  el centro hospitalario de proximidad sin camas , para la realización de las consultas de especialidad de cercanía a los ciudadanos de Vigo, así cómo montar el PAC de atención continuada que atención primaria precisa con poder resolutivo. El Anexo II que se está utilizando en la actualidad se queda pequeño para los requerimientos asistenciales que precisa Vigo. 

            Este centro se destroza como elemento complementario a la Ciudad de la Justicia que aún estando de acuerdo con dicho proyecto , se podría haber ampliado la torre del hospital a los terrenos circundantes sin necesidad de deshacer el anexo I, tal como planteaban las organizaciones sociales y sanitarias de Vigo.

            El centro de especialidades de Coia, pagado con dinero público, se entrega a una entidad privada y se abandona la idea de  destinarlo a atención primaria y ampliar el centro de Coia.

            El policlínico Cíes, se abandona el uso sanitario, cuando se podría realizar un centro sociosanitario en el centro de la ciudad que tanto déficit de plazas sociosanitarias tiene Vigo y se entrega a la Tesorería territorial para su subasta a una entidad privada a precio de saldo, cuando fue pagado con el dinero de todos los ciudadanos.

            Ante estos hechos AGDSP, solicitar la paralización de la subasta y repensar con todos los organizaciones sociales y políticas, la  reordenación de las necesidades asistenciales que Vigo necesita tras el cierre del Hospital Xeral y su ubicación en las instalaciones abandonadas.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

2 de Abril de 2017

La ADSPC exige transparencia en las listas de espera para especialistas

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha presentado en el Registro de la Consejería de Sanidad solicitud de las listas de espera reales para las distintas especialidades.

Así se ha hecho habida cuenta de las declaraciones del Presidente Clavijo sobre listas de espera ocultas primero y las contradictorias y sorprendentes después del Consejero Baltar atribuyéndolas a un defecto informático consistente en que no se volcaron datos que "sobrepasaban los 100 caracteres" (sic) y hartos de tanta opacidad y burla a la más elemental transparencia democrática, concretamente en cuanto a la publicación de los datos de las listas de espera por especialidades en CAEs, Centros de Atención  Especializada, y hospitales de toda la Comunidad Autónoma.

La ADSPCtiene como finalidadentre otras, velar por que lasAdministracionesrespeten las disposiciones legalmente establecidas en materiasanitaria. En elartículo10.2delaLey14/1986,de25deabril,GeneraldeSanidad se disponeque todos tenemos derecho a la "informaciónenformatosadecuadosaccesibles y comprensibles", también la Ley 12/2014,  de 26 de diciembre, de transparencia  y  de acceso  ala información pública, en su art. 23.c dice que: "La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de sus servicios y procedimientos, así como respecto de los que se prestan o se gestionan por los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hará pública y mantendrá actualizada la información de las listas de espera reales existentes para el acceso a los servicios."

Por todo lo anterior,la  ADSPC ha solicitadoselefacilite,porlos medios adecuados, información detallada de las listas de espera reales de las diferentes especialidades para el acceso a estos servicios, detallándose en las mismas las existentes para: 1º Consulta médica de los diferentes centros directivos de atención especializada, tanto de los CAEs como de los centros hospitalarios y 2º Listas de espera para tratamientos de las diferentes especialidades en los diferentes centros.

En la ADSPC estamos convencidos de que la información que se hurta a la ciudadanía y que pedimos, es fundamental para abordar un plan estratégico participativo donde la profesionalización de la gestión, la mejora de la financiación, la revisión de los conciertos con el sector privado y el fortalecimiento del sector público deben ser pilares básicos.


Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 30 de marzo de 2017

La FADSP apoya la reintegración del Hospital de Alzira a la Red Pública

            La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera un hecho muy positivo el paso dado por la Generalitat Valenciana para revertir la concesión administrativa del hospital de Alzira.

            Desde la FADSP hemos venido denunciando reiteradamente los problemas de estos modelos privatizadores de la provisión sanitaria y hemos señalado como priman el beneficio empresarial provocando unos elevados sobrecostes de las prestaciones.

            La salud debe ser un derecho básico y por lo tanto debe de garantizarse la provisión pública como salvaguarda de que no van a ser intereses mercantiles los que priman en los centros sanitarios.

            Entendemos que es un primer paso, que hay que asegurar que finaliza con éxito y que debería de extenderse a los demás centros de la Comunidad Valenciana que se encuentran en una situación parecida.

            En fin, una buena noticia y una actuación acertada que cuenta con nuestro apoyo, como cuenta también con el de la mayoría de la población y de los profesionales de la salud

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

            28 de Marzo de 2016         

ADSP-RM. Listas de espera en la Región de Murcia: un fracaso político y de gestión

Las listas de espera son uno de los indicadores que con más sensibilidad vinculan efectividad del sistema con satisfacción de los pacientes. La literatura científica señala que, efectivamente, a los ciudadanos les interesan listas de espera con tiempos de demora razonables, pero también que hay otros aspectos de su gestión que pueden llegar a ser más importantes; en general, sabemos que a las personas no les importa esperar mientras sepan cuánto tienen que esperar o cómo se les ha ordenado en la lista.

Como muestra el 5º informe de la ADSP recientemente publicado, en la Comunidad de Murcia se espera mucho y se espera mal.

Se espera mucho porque en más de un tercio de las citas de la primera visita se incumple la normativa de tiempos máximos, con una demora superior a los 60 días; en casi el 20% de las citas, ésta es mayor de 100 días. En País Vasco, por ejemplo, la espera media para consultas externas en la misma fecha era de 25,7 días; en Madrid de 26,7.

Además, existen unas diferencias entre Áreas de Salud absolutamente impresentables. La asimetría en las demoras señala una frontera entre murcianos de primera (los del Norte) y murcianos de segunda (los del Sur): la mediana de demora del Área de Salud del Mar Menor es de 138,5 días; la de Lorca, 78,5; en Cartagena, 70 días. Mientras que en Caravaca es de 15 días; Cieza, 24; Yecla, 29; Arrixaca, 41.

Se espera mal porque los ciudadanos no saben cuándo se les atenderá en multitud de listas de espera que, por no constituir primeras visitas, están ocultas (por ejemplo no son transparentes las demoras para unidades específicas donde se llega tras un primer filtro; tampoco las demoras para revisiones). Es común ver en los hospitales pacientes y familias peregrinar por los pasillos buscando a alguien que les pueda decir “cuándo les toca”. También acudir a Urgencias solicitando ayuda. Normalmente los esfuerzos son baldíos. Nadie lo sabe en realidad. En otras comunidades autónomas los ciudadanos pueden consultar on-line el día de su cita.

La sensación es de casi total improvisación y falta de control del proceso. El extremo de maltrato de la administración a los ciudadanos es cuando se producen dos circunstancias. La primera es aquella en la que no se da cita directamente desde el Centro de Salud y el paciente tiene que esperar a que se le llame. La ADSP-RM ha comprobado que esto ocurre en el 33,8% de todos los procesos de citación realizados desde atención primaria. La otra circunstancia es más grave ya que en 10 especialidades, la agenda está cerrada: se informa a los ciudadanos que “vuelvan otro día para ver si ya se ha abierto”. Ambas situaciones se dan con más prevalencia en las áreas donde las listas de espera son más elevadas, sobre todo Mar Menor y Lorca.

Estas anomalías además de un maltrato a los ciudadanos quitan toda credibilidad a los ya malos datos oficiales. En conjunto, hay tiempos de espera no contabilizados (los días que tarda el ciudadano en ser llamado y los días que tarda la agenda en abrirse) en casi el 40% de las primeras citas de la Región.

Es claro que en la Región de Murcia las listas de espera están señalando un enorme fracaso de los gestores y políticos responsables del adecuado funcionamiento del sistema público de salud. Y no es falta de inversión; es mala gestión. Como señaló el economista de la Universidad de Murcia, Profesor Fernando Sánchez en su conferencia en el acto convocado por ADSP-RM, en la Región gastamos 2,3 puntos más de PIB en sanidad que la media del estado. Sin embargo, como vemos, tenemos listas de espera con más demoras, más opacas, más inequitativas y peor gestionadas. En las Áreas de Salud del Mar Menor y Lorca se podría hablar de un verdadero colapso del sistema.

Se necesitan reformas urgentes que vayan mucho más allá de los carísimos e inefectivos planes de choque. En el Informe de la ADSP-RM hacemos algunas propuestas: transparencia, equidad, acceso, participación y eficiencia.

Desde luego, alguien tendría que asumir responsabilidades políticas por este (repetido) gran fiasco

14 de Marzo del 2017

Propuestas iniciales de la Asociación Galega para la Defensa da Sanidade Pública para la ampliación de Montecelo

Desde la Asociación para la Defensa da Sanidade Pública y la Plataforma SOS Sanidade de Pontevedra y las organizaciones, que llevamos más de 15 años exigiendo  la creación de un Hospital Único ampliando Montecelo, frente a los intentos de construir un nuevo hospital en Montecarrasco de financiación y gestión privada.

Exigimos participar en la planificación del proyecto dado que hemos  demostrando nuestra responsabilidad con el sistema apostando por la ampliación de un hospital en lugar de levantar un nuevo edificio con los gastos que esto supondría para las arcas públicas en un momento de crisis económica. 

Consideramos que esta participación, para que no sea un fraude populista, debe ir acompañada de las siguientes condiciones:

   1.- Debe llevarse a cabo con la máxima trasparencia lo que supone que las organizaciones sociales y profesionales interesadas deben acceder a toda la información sobre la situación de salud, problemas prevalentes, principales causas de mortalidad y enfermedad, recursos disponibles, servicios, camas, personal, equipamiento y actividad asistencial de cada centro. Sin esta condición es imposible que podamos fundamentar las propuestas de servicios y recursos, de acuerdo a las necesidades  y problemas de salud del área.

   2.- La participación debe darse en todas las fases del proceso, para lo que las organizaciones sociales y profesionales (Xunta Personal, Plataforma SOS Sanidade Pública y Ayuntamientos del Área) deberán estar presentes en las reuniones decisorias del proyecto

      ·         Proyecto de Incidencia Supramunicipal: Terrenos, accesos, acometidas de servicios, reserva de espacio para futuras ampliaciones

      ·         El Plan Funcional, basado en los problemas y necesidades más prevalente,  debe definir la dotación de servicios y recursos a instalar en el Centro.

      ·         Proyecto Arquitectónico que debe basarse en las propuestas del Plan Funcional y estar recogido en el Contrato de Licitación de la obra. El control de su ejecución debe realizarse directamente por los Servicios de la Consellería de Sanidad, sin delegar esta función en ninguna empresa privada.

   3.- Debe establecerse el tiempo de las obras de ampliación

   4.- El parking deberá ser público y de acceso gratuito para la población y trabajadores del Hospital

   5.- Es esencial garantizar el carácter público del Hospital Único lo que supone:

      ·         La financiación pública del proyecto, incluyéndolo en el capítulo de inversiones de los prepuestos de la Xunta de Galicia

      ·         La gestión única y pública del centro que incluya tanto de la parte asistencial como de los servicios complementarios: Alimentación, mantenimiento, limpieza, energía, etc.

  6.- Definir las funciones, recursos e equipamiento del Hospital del Salnes

  7.- De manera complementaria a la ampliación de Montecelo para contar con  el Hospital Único es necesario definir las necesidades de Servicios de Atención Primaria en el área:

Nuevos centros y nuevas plazas a crear  para garantizar la accesibilidad de la ciudadanía, acabar con la masificación de los cupos y consultas y los retrasos en la atención de pacientes (que superan en muchos casos la semana de espera).  

      ·         Supresión de la Gerencia Integrada que supedita la AP a la gerencia del hospital  y recuperar la Gerencia de Atención Primaria.

   8.- El edificio del Hospital Provincial deberá ser de uso sanitario para ubicar los servicios sanitarios que necesita el área:

     ·         Centro de Salud, Urgencias Extrahospitalarias, Unidad de Cuidados Paliativos, Consultas externas, Consultas de Alta Resolución,  Saúde da Muller (Planificación Familiar, Consulta de enfermaría: Preparación ao parto), Estilos de vida (obesidad, tabaquismo…),  Drogodependencias e Saúde mental,  Rehabilitación y Fisioterapia ambulatoria, Salud Laboral, Hospitalización a Domicilio (HADO), Radiología y  Laboratorio básicos. Hospital de día: Médico-Oncología, quirúrgica y  Psiquiatría. Unidad de diálisis. Administración/Recursos Humanos, Áreas de descanso, Salón de actos, Salas de Reuniones (relación AP-AE)

     ·         Deberá contar con parking gratuito para usuarios y trabajadores, a construir en los terrenos que actualmente ocupa el anexo que deberá derruirse.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

10 de Marzo del 2017


La cortina de humo del Consejero Baltar

Una de cal y otra de arena, así se está anunciando la política sanitaria del gobierno minoritario de la CC del Sr. Clavijo y de su consejero estrella del ramo José Manuel Baltar. Primero nos dicen que dispondrán de la concertación "a discreción", sin temblarles el pulso, ante los escandalosos resultados de la famosa auditoría de listas de espera (que ahora de modo absolutamente increíble achacan a un problema informático) y a continuación llaman a la "elaboración de un documento" en un plazo que se extiende, con la que está cayendo, nada más y nada menos que hasta el 15 de septiembre, para dar respuesta a los problemas sanitarios de Canarias.

Han bastado dos escasos meses para que el nuevo Consejero de Sanidad se transmutara de "consumado gestor", como nos lo presentó el Presidente Clavijo, en político al uso, salto que ha dado con la formulación de una propuesta para un "proceso de reflexión con partidos, sindicatos, profesionales de la salud y organizaciones ciudadanas para definir las necesidades sanitarias" apostando por tocar la fibra populista pura y dura.

En definitiva la típica cortina de humo que se levanta cuando no se sabe qué hacer y al parecer ni siquiera cuales son las necesidades de salud y atención sanitaria de nuestra población, cosa que podría resolver en una semana basándose en la Iniciativa Legislativa Popular por la salud y la defensa de la sanidad pública canaria, avalada por más de 25.000 firmas y presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2010, así como en el recientemente aprobado Plan de Salud de Canarias, ambos mejorables pero ya útiles para abordar la problemática señalada.

Por tanto, Sr. Baltar, no estamos ante propuestas constructivas ni a corto ni a largo plazo, son tan solo estrategias  que lo único que pretenden es por un lado crear coartadas para aumentar la política de conciertos y por otro lavar su cara y la del gobierno ya que está claro lo que necesita la Sanidad Canaria, se lo han dicho los diversos partidos del Parlamento, se necesita financiación y gestión cosa que contrasta con algunos nombramientos que ha hecho siguiendo la línea del clientelismo partidista, habitual por estos lares, en lugar de apostar por la gestión responsable.

Frente a una situación de emergencia pone usted el horizonte en los presupuestos de 2018 y afirma que "no cuenta con ficha financiera ni con límites económicos, aunque reconoce que la consejería de Hacienda será quien establezca hasta dónde puede llegar". Sr. Baltar, ¿nos toma por idiotas? Está usted vendiendo aire con un gobierno que hace dogma de fe insalvable del recorte de los servicios públicos.

Sr. Consejero, si reconoce que hace falta financiación es usted el que la tiene que pedir al gobierno, tenemos la impresión de que no se atreve a decir que el gobierno no le da lo que la gestión necesita. En definitiva, usted está tejiendo una madeja para seguir igual o peor que como estamos,  porque hasta el 15 de septiembre ¿qué va a ocurrir con las listas de espera, con las urgencias, etc., en una palabra, con la Salud de la población canaria?. Sr. Consejero, hable claro.

Hay un clamor popular en la ciudadanía, en los profesionales sanitarios, en las fuerzas políticas y sindicales que señalan insistentemente las deficiencias y precariedades, aportando soluciones que pasan por financiación y gestión eficaz, ¿no eran esas sus cartas de presentación?. Ya está bien de engaños, de verdades a medias que según dicen son las mayores mentiras.

Sr. Consejero no se oculte tras una cortina de humo, los problemas están claros y las soluciones también aunque comprendemos que es mucho pedir por nuestra parte teniendo usted como referencias a CC y a la patronal de la sanidad privada. Reconociendo su inteligencia, aunque usted no parezca actuar a la recíproca,  opinamos que debería seguir el ejemplo de sabiduría que dio aquel recién nombrado dirigente de la sanidad canaria que tardó apenas unos días en dimitir cuando las consignas de turno le dejaron claro lo que había.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 9 de marzo de 2017

Recuperar y universalizar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad de los pacientes

Respecto a las informaciones recientemente publicadas en medios de Castellón sobre la saturación de los Servicios de diálisis hospitalarios públicos, ACDESA-PV quiere manifestar que son el reflejo de una deficiencia que afecta a todo el País Valenciano y son fruto de la privatización perpetrada de estos servicios hace más de 20 años.

1. En los últimos años ha existido un incremento de pacientes que necesitan iniciar diálisis. Según los últimos datos del Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana (CV) en el 2015 comenzaron a tratarse 675 pacientes, el 73% con hemodiálisis, y las cifras de prevalencia indican que hay algo más de 6500 pacientes en tratamiento sustitutivo renal; la mitad en hemodiálisis, un 43% trasplantados y un 7% en diálisis peritoneal. Este aumento del número de pacientes que necesitan diálisis supone que la CV se sitúa a la cola de España en pacientes trasplantados según el registro de la Sociedad Española de Nefrología.

2. La enfermedad renal es un problema de Salud Pública que afecta a un 10% de la población general y consume el 3% del gasto sanitario total, la mayor parte del cual es debido al elevado coste del tratamiento sustitutivo renal (TSR) con diálisis o trasplante. Se calcula que el coste del TSR es seis veces mayor que el de un paciente con VIH o que multiplica por veinticuatro el de un enfermo de EPOC.

3. Dada la complejidad de los pacientes en hemodiálisis, no entendemos que no se dote de más recursos de nefrología (secciones o servicios de nefrología y unidades de diálisis) a todos los hospitales públicos y se prefiera contratar con centros privados. Recuperar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad ante cualquier complicación de los enfermos, evitaría el desplazamiento innecesario de pacientes entre la privada y la pública, a la vez que un número significativo de ingresos hospitalarios y garantizaría una mayor calidad asistencial de los pacientes Consideramos pues que la reversión de la diálisis a la sanidad pública supone una medida eficiente para optimizar los recursos sanitarios.

4. La atención nefrológica para los pacientes en la CV no es universal. De hecho hay 4 departamentos donde está completamente ausente; Vinaroz en Castellón, Arnau de Vilanova y Requena en Valencia, y San Juan en Alicante. Además, si analizamos la disponibilidad de hemodiálisis a nivel de hospitales públicos la falta de equidad aumenta. Así pues, a los departamentos anteriormente mencionados, se sumarían La Plana en Castellón, Sagunto en Valencia y Orihuela en Alicante. Este hecho, junto con la falta de inversión en los centros públicos, provoca que en la actualidad sólo el 20 % de enfermos en hemodiálisis reciben tratamiento en un centro público, mientras que la gran mayoría, el 80%, es atendido en centros privados.

Desde ACDESA-PV proponemos:

-       La finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis

-       Que la Conselleria dote adecuadamente los centros públicos para hacerse cargo cuanto antes de esta actividad que redundará en beneficio de los pacientes y de la población general

La enfermedad no debe ser un negocio. Los valiosos recursos sanitarios deben de utilizarse en medidas costo-efectivas dirigidas a hacer perdurar la atención de calidad a los pacientes nefrológicos.

Valencia a 6 de marzo de 2017

La ADSP de Madrid ante las noticias de que la privatización hospitalaria sirvió para financiar al PP

    La Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de las investigaciones que están realizando los tribunales de justicia sobre las posibles implicaciones de la privatización hospitalaria madrileña con la financiación ilegal del PP en la denominada trama Púnica, tiene que señalar:

      1. Desde la ADSPM ya habíamos señalado reiteradamente los aparentemente inexplicables sobrecostes de la privatización de los hospitales madrileños que había encarecido notablemente el coste de la atención sanitaria a costa de recortes en los centros sanitarios públicos y del deterioro de la asistencia sanitaria.

      2. Una vez más se pone en evidencia que privatización sanitaria y corrupción son dos fenómenos paralelos, y que es precisamente estos fenómenos de corrupción lo que explica el interés de los políticos del PP en privatizar los servicios públicos.

      3. Entendemos que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de la reversión de los centros privatizados al sistema sanitario público y la vigencia de la Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias recientemente impulsada por 25 organizaciones de todo el país entre las que se encuentra la FADSP.

ESCLARECIMIENTO DE TODOS LOS HECHOS

QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES DE ESTAS TROPELIAS

POR LA RECUPERACION DE LAS PRIVATIZACIONES SANITARIAS

LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

8 de Marzo de 2017

ADSP-RM: La Región de Murcia está enferma de pobreza

             Tras la  conferencia del Profesor Fernando I. Sánchez Martínez, la ADSP-RM cree que es urgente replantearse el rumbo de las políticas regionales en relación con la salud.

1- La Región de Murcia gasta más que la media nacional en sanidad pero, en general, tiene peores indicadores de listas de espera, morbilidad, mortalidad, pertinencia y seguridad que el conjunto del país

2- Las causas son:

A)  Problemas de eficiencia, relacionados con:

- Falta de un sistema adecuado para evaluar las tecnologías sanitarias y su utilización en el SMS

- Déficits de integración, coordinación y continuidad asistencial para mejorar la atención sanitaria

- Infrafinanciación de la atención primaria

B) Los  efectos de los recortes y las barreras al acceso:

- Reducción del gasto en recursos humanos

- Problemas de accesibilidad de los extranjeros no regularizados

- Copagos en farmacia que podrían estar condicionando problemas de adherencia a los tratamientos

C)  Factores sociales:

- Se han analizado en la conferencia del Profesor Sánchez los malos indicadores regionales en relación con el nivel educativo y la pobreza. Pero en la Región de Murcia hay otros datos muy preocupantes que contribuyen netamente a la mala salud que existe en la Región, como son:

- Elevadas tasas de obesidad, tabaquismo, sedentarismo o consumo de alcohol;

- Problemas graves medioambientales y elevada vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático;

- Altas cifras de paro y precariedad laboral;

- Mala calidad de las viviendas,

- Estas malas condiciones socioeconómicas de la población murciana podrían estar funcionando como una barrera social a la mejora de la salud vía atención sanitaria. Así, el sobrecosto sanitario podría interpretarse como un intento de paliar inútilmente mediante más atención sanitaria los graves efectos que para la salud tiene una sociedad pobre y desigual.

- Este intento de “medicalizar la pobreza” solo puede conducir a más ineficiencia en el gasto sanitario y persistir en el terrible costo de oportunidad que supone no utilizar el gasto inútil dedicado a sanidad en intentar revertir algunos de los determinantes sociales que más daño están haciendo a la sociedad murciana.

3- Las soluciones:

    A) Es fundamental que el gobierno haga una   apuesta clara por la sanidad pública, no por ideología sino por inteligencia: es el modelo que consigue mejor equilibrio entre eficiencia y equidad.

    B) Es necesario   mejorar la eficiencia del sistema de salud: hay graves problemas de gestión (integración, coordinación, continuidad asistencial, etc..) y déficits de conocimiento en relación con la evaluación de nuevas tecnologías y su utilización en el SMS

    C) Es imprescindible   apostar por la atención primaria  con financiación efectiva y no con “planes teóricos sin presupuesto” como el actual Plan de Acción para el Impulso y la Mejora de la Atención Primaria

    D) Es el momento de   revertir iniciativas políticas  que van contra activos básicos del SMS (como la disminución de recursos humanos y su precariedad), la universalidad y la accesibilidad del sistema, en forma de exclusiones y copagos

    E) Es imprescindible redirigir esfuerzos públicos hacia políticas que se enfrenten a los efectos de los determinantes sociales de la salud: los políticos murcianos y también la población debe comenzar a percibir que mejor salud no se consigue solo con mejor atención sanitaria (que también hay que exigirla) sino con mejor educación, más y mejor trabajo, mejores políticas ambientales, más espacios verdes para hacer deporte, mejora de los diseños de ciudades y pueblos para el fomento del transporte activo (caminar o bicicleta), mejores condiciones de habitabilidad en las viviendas, más ayudas sociales a dependientes y familias necesitadas, etc..

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia

4 de Marzo de 2017

Aclaraciones de la ADSPC sobre la cuestión de la sangre

            Ante las falsas interpretaciones que se dieron a nuestra anterior nota de prensa sobre la problemática de la falta de sangre, queremos hacer constar:

            En primer lugar debemos decir que nunca hemos puesto ni pondremos en cuestión la necesidad de la donación como acto voluntario, anónimo, altruista y no remunerado, así como tampoco la necesidad de la prohibición de cualquier comercio con la sangre o sus derivados, tanto la remuneración al donante como la venta de la sangre, es decir, que no se pague la donación ni se cobre al paciente la sangre que recibe. Sin embargo el mercantilismo que todo lo domina impide que las cosas sean así. Es evidente que hay compañías farmacéuticas que comercializan la sangre y que las clínicas privadas se lucran con intervenciones quirúrgicas que no podrían hacer si no tuvieran a su disposición sangre que les facilitan y facturan entidades de hemodonación. Ante ello sugerimos que la sangre que se deriva a la sanidad privada, lo sea en concepto de préstamo, de tal forma que la entidad privada mande donantes al ICHH del  mismo modo que en la Sanidad Pública se le pide al paciente que aporte donantes entre familiares y amigos.

            Tras hablar con profesionales del ICHH y profundizando en esta cuestión, nos encontramos con una situación francamente irregular. Desde luego no puede ser que este instituto solo tenga un 5% de dotación económica proveniente de los presupuestos públicos y que el 95 % restante provenga de la cuenta comercial, es decir, de la facturación de los hemoderivados sobre todo a los hospitales públicos pero también a los privados. Tal cosa requiere medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud y por tanto 100% pública, dotada económicamente de modo total por los presupuestos de la sanidad pública, del Servicio Canario de la Salud, acabando con la figura de la facturación comercial de los hemoderivados. Este estatuto ya se contempla en otras CCAA.

            También se nos ha aclarado el peligro que podría suponer nuestra reivindicación de que los centros privados para funcionar se doten de su propio banco de sangre, con la dificultad de controlar el respeto a la seguridad de la donaciones al poder primar en ellas el ánimo de lucro por encima de los criterios mencionadas al principio. Asumiendo que nos movemos en un terreno con muchas contradicciones y posibles efectos adversos, sobre todo para conseguir que no haya lucro con la salud y la enfermedad en medio de un sistema que consagra el lucro con todo lo que tenga a mano, está claro que globalmente la mejor forma de conseguir nuestro declarado propósito habrá de ser alcanzar un potente nivel de desarrollo de la Sanidad Pública de modo que no sea necesario recurrir a la sanidad privada como solución al déficit asistencial de la Sanidad Pública de la cual todos debemos ser participes de forma universal y gratuita.

            Opinamos que en estos términos, junto con campañas de información y fidelización, puede darse una plena coincidencia entre profesionales y la ciudadanía para solventar la situación de la hemodonación en Canarias. Pero mucho ojo porque la Alianza de la Sanidad Privada Española cuyo vicepresidente ha sido (¿lo sigue siendo?) José Manuel Baltar ha respondido a nuestro primer comunicado puntualizando que "queremos hacer especial hincapié en que la sanidad privada atiende un 23% de las urgencias en nuestro país y realiza el 30% de los actos quirúrgicos, actividad que difícilmente se podría mantener con las restricciones propuestas por la ADSPC". Ante eso, cabe preguntarse ¿vamos a seguir permitiendo la parasitación de la pública por la privada?. Creemos firmemente que la respuesta pasa por una Sanidad Pública de calidad optimizada al 100% para responder a las necesidades de nuestra población.

La ADSPC apoya las Mareas Blancas de Canarias

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

3 de marzo de 2017


 

Por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias

Los servicios públicos de salud constituyen un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos  económicos conservadoras y neoliberales. Las consecuencias:  aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.

En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y  la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.

Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas  que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en  infraestructuras y personal por unas  transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que  han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales,  el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública,  con el  consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.

Al mismo  tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está  repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y  de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.

En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.

Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido,  no ha  tenido la fuerza  que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un  deterioro nunca visto en la salud de la población canaria  se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que

Proponemos:

1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público,  universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.

2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de  la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.

3) Rechazo a los copagos.

4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.

5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud,  con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.

6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades.  Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.

7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.

8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.

9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.

10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios,  con los servicios sociales y  con los dispositivos asistenciales  municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.

11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.

12) Desarrollar,  en todos los niveles,  instrumentos efectivos de participación social y profesional.

13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.

14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación,  que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.

Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.

Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.

¡Organicemos Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en todas y cada una de nuestras islas!


Canarias a 1 de marzo de 2017

Marea Blanca de Tenerife
 

 

El Barómetro Sanitario evidencia los mismos problemas de la Sanidad Publica, una ligera mejora en la opinión ciudadana y grandes diferencias entre las CCA

   La publicación de los resultados del Barómetro Sanitario realizado por el CIS en los meses de marzo-octubre de 2016 evidencia que la Sanidad Pública sigue presentando serios problemas.

   Así la mayoría (46,3%) sigue considerando la Sanidad necesita algunos cambios (0.8% más que el año anterior) aunque ha aumentado el porcentaje de quienes opinan que funciona bastante bien (19,8%, 1,6% más que en 2015).

   Las listas de espera siguen siendo un grave problema. En consultas de atención primaria un 20,4% señala que nunca le dan cita el mismo día (el 0,9% menos que el año anterior) y un 40,5% que casi nunca (la misma cifra que en 2015) frente a solo el 9% que refiere que siempre se la dan (el 9,1% en 2015). En consultas de atención especializada solo un 18,10% consiguen cita en 15 días, y lo que es peor, han aumentado los porcentajes de los que esperan entre 1 y 6 meses (el 48,3% frente al 44,6% de 2015), aunque ha disminuido una decima los que esperan más de 6 meses (pasando de 6,8 a 6,7%).

   Con todo la mayoría de la población sigue prefiriendo la Sanidad Pública, incluso en consultas de atención especializada que es la parte más afectada por las listas de espera y la mayoría sigue pensado que la Sanidad funciona mejor si la gestiona la administración pública (68,9%, 2 décimas menos que en el año anterior).

   La nota que dan los ciudadanos al sistema sanitario ha mejorado (6,55 frente a 6,38 del año anterior) pero aún sin alcanzar los valores de 2010.

   Las diferencias entre CCAA persisten en todos los aspectos, por poner solo un ejemplo la puntuación de la Sanidad Pública oscila entre 7,29 en Navarra y 5,99 en Canarias lo que vuelve a resaltar las diferencias interautonomicas.

   En resumen, tenemos un sistema sanitario público valorado positivamente por la ciudadanía con evidentes problemas (especialmente las elevadas listas de espera) y la población sigue creyendo que la gestión pública es la que mejor garantiza el buen funcionamiento del sistema sanitario. Por eso reivindicamos reforzar la Sanidad Pública incrementando su financiación, haciendo esta finalista para disminuir las desigualdades, y apostando por la gestión pública para garantizar un servicio de calidad, eficaz y eficiente.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de Febrero de 2017

La AGDSP ante los recortes en la convocatoria de plazas Sanidad Gallega

   Ante la información de que la Xunta de Galicia ha decido reducir la oferta de plazas sanitarias previstas para este año a la mitad, alegando problemas en la aprobación de los presupuestos del Estado, desde la AGDSP queremos comunicar que:

      1.- Esta decisión supone perpetuar la situación de emergencia del sistema sanitario público el déficit de recursos sanitarios que soporte nuestra Comunidad Autónoma tras la pérdida de 1.795 plazas de las que 1.154 han sido en AP e 641 en hospitales:  513 de médicos (392 en AP e 121  en hospitales), y 184 de enfermería. Estos recortes explican las insoportables listas de espera hospitalaria, la demoras en los Centros de Salud o los colapsos en las urgencias hospitalarias.

      2.- La suspensión de la oferta de plazas perpetuará la decadencia y el deterioro del SERGAS, y abren las puertas a las empresas multinacionales que están comprando centro en nuestra Comunidad como Quirón o HM Hospitales.

      3.- La solución de esta situación no pasa por cambiar las gerencias hospitalarias (que gestionan también los servicios de atención primaria a través de las gerencias integradas) que además de hacer rotar a los mismos reproducen las políticas de nepotismo, puestas en práctica por anterior Conselleria (poniendo a familiares en la dirección de centros y servicios), como si estos fueran una herencia de su propiedad

      4.- Desde nuestra Asociación rechazamos la persistencia del Gobierno Gallego en recortar recursos sanitarios sometiéndose a las políticas de ahorro presupuestario impuestas por el Gobierno del Estado y la necesidad de un Plan de Recursos Humanos que recupere os recortes de personal que incluya un diagnóstico das necesidades do sistema, establezca prioridades e acabe coa precariedad laboral.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

24 de febrero del 2017

La ADSPC ante la suspensión de la Cirugía programada por la merma de sangre del grupo O+

   Ante la anunciada como considerable disminución de las reservas de concentrados de hematíes del grupo O+ que ha llevado a posponer las intervenciones quirúrgicas programadas en los hospitales de Canarias, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos hacer las siguientes puntualizaciones sabiendo de antemano que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia vende sangre a las clínicas privadas:

      1) Creemos que no es de recibo que centros privados puros o privados concertados obtengan, en mayor o menor medida, una rentabilidad económica de esa sangre que compran a una entidad pública y a la que la ciudadanía aporta de modo altruista sus donaciones.

      2) Igual que en los hospitales públicos hay bancos de sangre que en muchas ocasiones utilizan como argumento para conseguir donaciones el de que hay que hacerlas para los familiares ingresados, de la misma manera los otros centros no públicos deberían tener su propio banco de sangre al que se hicieran igualmente las donaciones correspondientes.

      3) De cualquier manera y hasta que no se establezcan criterios acordes con lo señalado, consideramos necesaria una clara prioridad a favor de los hospitales de la sanidad pública a la hora de la distribución de las reservas de concentrados de hematíes. Sin embargo nos llama la atención que esté planteado el problema en unos hospitales públicos determinados y no tenemos noticia de centros privados afectados.

     4) Por tanto, esperamos que ante esta crisis de reservas no se venda ni un solo concentrado a centros privados. Es necesario que en la situación actual quede garantizado de modo absolutamente prioritario el funcionamiento del servicio público en detrimento del privado.

     5) En vista del problema planteado no dejamos de preguntarnos si estamos ante una pésima gestión, ante un elemento más de la campaña de descrédito de la sanidad pública por parte del gobierno de Clavijo para justificar su entrega a la sanidad privada, o de ambas cosas que en la coyuntura actual pueden encajar perfectamente en el plan para el desmantelamiento de la sanidad pública canaria. El siguiente capítulo ya se anuncia con el "descubrimiento" de una "nueva dimensión" de las listas de espera que nos hará empalidecer y que, sin dudas, se achacará a la gestión del anterior consejero Jesús Morera.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 23 de febrero de 2017

La FADSP ante el desabastecimiento de vacunas

    Ante la situación de desabastecimiento de las vacunas del tétanos y difteria (pese a que las comunidades autónomas llevan alertando semanas del problema), que ha obligado al Ministerio de Sanidad ha declarar desabastecimiento oficial, suspendiendo su administración tanto de dosis de recuerdo como la profilaxis de heridas sospechosas en adolescentes y adultos  (solo se proporcionaran en los Centros Regionales de Vacunación), medidas que el Ministerio de Sanidad debe ratificar en el Consejo Interterritorial de Sanidad con la participación de todas las CCAA,,  desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar que:

1.- Esta situación, que supone un riesgo para la salud de la población,   ya había sido alertada desde las CCAA sin que el Ministerio reaccionaria. Consideramos necesario y razonable que los Servicios de Salud Autonómicos, que son quienes pagan las facturas de los medicamentos se integren en los organismos de planificación, autorización y fijación de los precios de los mismos, como son la Agencia Española del Medicamentos y la Dirección General de Farmacia.

2.- Es la consecuencia de la estrategia de las multinacionales farmacéuticas de   maximizar sus beneficios concentrando su esfuerzos en investigar y fabricar medicamentos cada vez más costosos (cáncer, artritis, …) que en muchos casos su eficacia no esta suficientemente probada, dejando de fabricar medicamentos esenciales para la salud de bajo coste de comercialización como son las vacunas, generando su desabastecimiento y poniendo en riesgo la salud de la gente.

3.- Desde nuestra Federación exigimos al Ministerio de Sanidad una política que introduzca la racionalidad en la investigación, fabricación y  distribución de medicamentos que pasaría por:

- Una política de evolución de aprobación de nuevos medicamentos basados en la evidencia, la necesidad y control de los precios, impidiendo sobre costes que no se corresponden con los gastos de investigación y fabricación.

- Creación y desarrollo de una industria de farmacéutica pública que permita investigar y fabricar aquellos medicamentos que no son atractivos para las grandes multinacionales por su bajo coste de comercialización, como vacunas o  genéricos, que eviten las situaciones de desabastecimiento (que ponen en riesgo la salud) y los sobrecostes para el sistema sanitario público y para  la población que los financian con sus impuestos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de febrero del 2017

La FADSP ante el desabastecimiento de vacunas