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El Gobierno andaluz, la pandemia y la privatización de la sanidad

Fecha de Publicacion : 16/11/2020

Fuente:enlace infolibre

Autor: José Antonio Brieva, Antonio Vergara, Manuel Torres y Sebastián Martín

 

El Gobierno andaluz (PP y Cs + Vox) ha dado muestra desde el principio de su interés en privatizar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad Pública (SP). Es propio de su ideología demostrada previamente cuando han gobernado en otras partes de España. Por eso bajan los impuestos a los que más tienen, acuerdan presupuestos deficientes para la SP, que no corrigen el deterioro ocasionado en la década de recortes anterior ni atiende las nuevas necesidades, nombran para dirigir el SAS, y muchos de sus centros, a gestores con amplia formación en el sector de la medicina privada, financian un supuesto plan de choque para remediar las listas de espera que deriva su mayor parte al sector privado y ordena suspender la subasta de medicamentos, una decisión que sólo favorece a las grandes farmacéuticas.

En esas aparece la pandemia de la covid-19 que, durante la primera parte de este año, ha de ser afrontada por una SP depauperada y que, a pesar de presentar una incidencia en Andalucía inferior a la de algunas otras comunidades, sufre las tasas de personal sanitario contagiado más altas de España y el porcentaje más bajo de PCR por habitante. En cualquier caso, la primera ola de la pandemia demostró tres cosas: 1) que la SP es el único comprar zoloft de atender los problemas sanitarios graves de la población (compárese con la torera posición de perfil adoptada por la medicina privada nacional durante la pandemia); 2) que cuenta con la enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores; y 3) que este sistema padece las enormes carencias causadas por años de recortes, privatizaciones, precarización e imprevisión por parte de las autoridades. De hecho, al final de dicha ola, todos, incluido el Gobierno andaluz, hablan de la urgente necesidad del reforzamiento de la SP, máxime cuando la pandemia ha incrementado las listas de espera para otras patologías. Para ello, el Gobierno central deriva al Gobierno andaluz 1.000 millones de euros adicionales para afrontar los problemas sanitarios.

¿Qué ha ocurrido luego? Toda la gente en Andalucía es consciente de la situación generada desde el verano: han continuado las deficiencias de personal, más acusadas en la Atención Primaria, a la cual se le encargan nuevas tareas con respecto a la pandemia con la misma dotación (la contratación de personal este verano es similar a la del pasado verano); implantación calamitosa de una atención telefónica inadecuada; colas lamentables en los saturados Centros de Salud; sólo Ceuta y Melilla tienen números menores de rastreadores contratados y de PCR realizadas por habitante que Andalucía; listas de espera para el resto de las patologías desconocidas pero seguramente disparadas; y, lógicamente, una segunda ola de la pandemia más alta y peligrosa, con riesgo cierto de saturación de hospitales y UCIs.

Mientras todo esto está pasando, el Gobierno de Andalucía ha tomado tres decisiones relevantes para sus intereses ideológicos:

1.- A principios del mes de mayo, aún en la primera ola de la pandemia, el Gobierno andaluz ordena el ascenso de los hospitales de la empresa de medicina privada José Manuel Pascual Pascual SA (el primer holding de medicina privada de la región, con centros hospitalarios en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín) a Áreas de Referencia para 15 especialidades médicas (que atienden la práctica totalidad de las enfermedades), para catorce poblaciones gaditanas, afectando a 280.000 personas. Estas personas ven limitadas su libertad de elección para ser atendidos en los centros de la SP, como hasta ese momento. Esta decisión incluye el abono a la empresa de fondos comprometidos no usados, y el pago de la factura de medicamentos declarados por la empresa. Las protestas de la población afectada en Cádiz aún continúan y el modelo puede extenderse a otras provincias.

2.- El Gobierno andaluz aprueba en julio aplicar en las nóminas de octubre un complemento de “productividad fija” de más de 800 euros al sueldo de 2.429 médicos de la SP que también trabajan en la medicina privada (infoLibre, 11 noviembre 2020). Este complemento iguala al denominado “de exclusividad”, que hasta ahora se aplicaba solo a aquellos médicos que trabajan “exclusivamente” en la SP. Se trata de una eliminación de facto del concepto de exclusividad para hacer compatibles el trabajo público y privado. Además de a los facultativos, esta compatibilidad entre el ejercicio público y privado afecta también a los cargos intermedios (Jefes de Unidades, Servicios, directores, gerentes de hospitales), es decir, a todos los implicados en reducir las listas de espera y de potenciar la SP. Con esta medida la SP puede ser frecuente sujeto de colusión y conflictos de intereses indeseables, así como de problemas de incompatibilidad funcional (fatiga laboral por doble jornada) y legal (cobro de dos sueldos públicos simultáneos).

Un complemento económico para la actividad laboral exclusiva en el Sistema Sanitario Público, como el que había hasta ahora en Andalucía, tiene connotaciones importantes. Es un incentivo para dedicar las importantes exigencias tanto laborales como intelectuales que tiene el ejercicio de la Medicina hoy al Sistema Público e induce un compromiso con este, con su organización, con su funcionamiento y con su rendimiento tanto clínico como social. Este incentivo ahora desaparece en un escenario penoso, donde las plantillas de los centros sanitarios y sus dotaciones están siendo cada vez más reducidas y recortadas de manera, entendemos, que premeditada. En definitiva, la desaparición del concepto de exclusividad puede movilizar la entrada del personal sanitario público en el sector privado, lo que sería un balón de oxígeno para un sector saturado y en expansión.

3.- El Gobierno andaluz anuncia a lo largo del verano que va a invertir 130 millones de euros en centros de medicina privada para abordar los retrasos de las listas de espera de la Sanidad Pública para pruebas especiales e intervenciones. Esto lleva a pensar si existe una manera mejor de invertir 130 millones de euros en los problemas actuales de la SP.

Para solucionar el colapso de la Atención Primaria, con 130 millones se podrían contratar durante un año mil doscient@s médic@s, mil doscient@s enfermer@s y setecient@s trabajador@s auxiliares (rastreadores, administrativos, tests PCR...). No cabe duda que una inversión en plantilla de este tipo, si no solucionar del todo, sí mejoraría notablemente la situación de colapso actual de los cuatrocientos Centros de Salud de Andalucía.

Pero también esos 130 millones de euros se podrían emplear para afrontar el problema de la listas de espera dentro de los centros de la SP. Veamos cómo. Se podría abrir un turno de tarde (de 3 a 10 pm) en los diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, proceso en el que cabría considerar una media de veinte especialidades reforzadas con al menos tres especialistas nuevos por especialidad y centro, más el adecuado nuevo personal de enfermería y otros. Con esos fondos, esto podría realizarse mediante la contratación por un año de mil cien medic@s, mil cien enfermer@s y setecientos trabajadores auxiliares. No cabe duda que esta medida no iba a hacer desaparecer las listas de espera en un año, pero su impacto sobre las mismas sería bastante importante y más efectivo que el gasto realizado por la Junta en centros de medicina privada.

Y entonces, si el Gobierno andaluz ha recibido 1.000 millones de euros para afrontar los problemas actuales de la SP andaluza, y la solución parece asequible dentro de ese marco económico, ¿por qué el Gobierno andaluz se empeña en no resolverlos? ¿Por qué mantener el dolor y la angustia de tanta gente cuando tienen los recursos necesarios para solucionarlo?

Pero en los últimos días ha aparecido un nuevo dato: el Gobierno andaluz decide limitar de forma drástica los derechos laborales (descansos, vacaciones, libranzas, movilidad, etc.) de los trabajadores sanitarios públicos, lo que está provocando multitud de protestas de los mismos. Es decir, aquellos que nos han cuidado siempre y de forma notable durante la primera ola de la pandemia, ahora, en la amenazante segunda ola, en vez de recibir mensajes de aprobación y reconocimiento y el cuidado del sistema, son maltratados. En este momento. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué urgente razón había para hacer esto?

No sabemos las respuestas a estas preguntas. Las tendría que aclarar el Gobierno andaluz. Ni siquiera sabemos en qué han empleado los 1.000 millones recibidos para reforzar la SP en la pandemia. Hace ya unos años, la canadiense Naomi Klein documentó en un conocido libro (La doctrina del shock) cómo los gobiernos neoliberales en muchas partes del mundo usan las situaciones de shock de la población (desastres naturales, guerras, dictaduras, etc.) para implantar medidas sociales anti-populares. Con los datos que tenemos sobre la situación sanitaria de Andalucía hemos llegado a una conclusión: el Gobierno andaluz está usando la pandemia de la Covid-19 para acelerar el deterioro de la Sanidad Pública y su privatización.

Esto nos lleva a afirmar que la confluencia combativa de los trabajadores sanitarios y de la ciudadanía es la única solución a los problemas sanitarios andaluces.


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