Recientemente, la patronal CEOE anunció su intención de hacer 'lobby' en defensa de la sanidad privada y los conciertos con dinero público, argumentando que está en riesgo la solvencia y sostenibilidad del Sistema Sanitario. Este grupo de presión empresarial pretende promover acciones para influir sobre la Administración Pública para que adopte decisiones favorables a que las empresas hagan negocio con fondos públicos.

La cúpula de la patronal española aprobó un autodenominado ‘Pacto en defensa de la sanidad privada española’ en el que define su estrategia para potenciar la sanidad privada y blindar los acuerdos de Colaboración Público-Privada aprobados por los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, frente a la pretensión de algunos gobiernos progresistas (como la valenciana), de rescatar la para la gestión pública los centros y servicios privatizados.

La patronal considera que no hay nada que pueda cuestionar la aplicación de la colaboración público-privada en el campo sanitario y aprovechar los recursos privados disponibles para mantener una sanidad de calidad.

Con el subterfugio de la crisis y la necesidad de reducir gasto público muchas comunidades autónomas han recurrido al capital privado para financiar, construir y gestionar nuevos centros sanitarios y ha externalizado importantes servicios de apoyo (documentación clínica, información, servicios de apoyo como limpieza o seguridad, logística etc,). Esta privatización ha beneficiado especialmente a multinacionales, bancos y fondos de inversión que han pasado a ser los dueños de los mismos, y se justifican en que son menos costosas y proporcionan más agilidad y flexibilidad a la gestión del sistema. La CEOE considera que el sector privado es un aliado esencial e imprescindible para reducir el gasto sanitario, gestionar los recursos o agilizar las listas de espera.

La CEOE propone como líneas esenciales del lobby sanitario 

• Potenciar el sector privado
• Consolidar las privatizaciones tanto la colaboración público-privada para construir y gestionar los centros como las externalizaciones de servicios
• Favorecer la contratación de seguros sanitarios privados, mediante rebajas fiscales a quienes puedan contratarlos.
• Ampliar este modelo a los servicios de media estancia, convalecencia y curas paliativas.
• Establecer un rankig de hospitales públicos y privados en función de sus resultados (utilizando indicadores de productividad), con la finalidad de promocionar los centros privados.
• Incrementar los médicos y flexibilizar las normativas para que puedan trasladarse de centros públicos a privados
• Promover la formación en los centros privados y hacer que estos cursos tengan valoración para las ofertas públicas de empleo (OPE).

Pretende alcanzar el reconocimiento de un estatus legal del sector sanitario privado dentro del Sistema Nacional de Salud como forma de blindarla  frente a los intentos de recuperar para la sanidad pública los recursos privatizados y acceder a los fondos públicos en las mismas condiciones que la sanidad pública.

Antes de analizar estas propuestas, parece necesario establecer quien es la CEOE y que situación tiene el sector privado dentro del sistema sanitario.

• Según fuentes sindicales (CCOO) la CEOE carece de la más mínima sensibilidad social y su objetivo fundamental es aprovechar al máximo las posibilidades que ha proporcionado el PP a las empresas privadas con la Reforma Laboral del 2012. Esta Patronal no parece interesada en un sistema económico y social estable ya que sus estrategias están dirigidas a maximizar los beneficios empresariales a corto plazo aunque esto sea perjudicial a medio y largo plazo para el país), su funcionamiento es antidemocrático (es imposible conocer su nivel de representatividad en el mundo empresarial). La CEOE está controlada por las grandes empresas y existe evidencias de que sus órganos directivos han recurrido a la corrupción como forma de funcionamiento (su anterior presidente, Díaz Ferrán, tuvo que dimitir debido a la quiebra fraudulenta de su empresa y en la actualidad está encarcelado acusado de prácticas ilegales).
• La sector sanitario privado ya recibe en la actualidad importantes ayudas del sector público: Uno de cada seis euros del gasto sanitario público termina en empresas privadas a través de conciertos; las administraciones destinaron a conciertos 10.647 millones de euros en 2015, mientras que  la facturación de los hospitales privados creció un 8,1% desde 2010 hasta alcanzar los 6.450 millones, un 23% de esta facturación corresponde a conciertos sanitarios con la Administración
• Por último, las normas fiscales favorables a las grandes empresas les permiten pagar en impuestos sólo el 7,3% de sus beneficios. Las bonificaciones y deducciones rebajaron en 2015 la factura que abonan estas compañías a la hacienda pública, ya que aunque el tipo oficial del impuesto de sociedades es del 28% (en 2015) los grandes grupos empresariales (beneficiarios de las privatizaciones y conciertos con la sanidad pública) abonaron sólo un 7,3% de media.

Algunas estrategias utilizadas por las empresas, con la complicidad del gobierno del PP, para maximizar sus resultados económicos y favorecer el desmantelamiento de la sanidad Pública:

• Generalizar las listas de espera para incrementar la derivación a los centros privados.
• Incumplir la ley de incompatibilidades, permitiendo a los centros privados disponer de los profesionales del sector público.
• Campañas para desprestigiar a los empleados públicos, recortar sus plantillas y externalizar servicios.
• Fragmentar y debilitar a la Administración pública mediante la creación de una maraña de entes públicos de derecho privado para gestionar la sanidad, con el supuesto objetivo de mejorar su eficiencia.
• Financiar la construcción y gestión de nuevos hospitales recurriendo a la Colaboración Púbico Privada (PFI), con la disculpa de la necesidad de limitar el endeudamiento público para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.  En buena parte de las adjudicaciones las empresas recurren a bajas temerarias, contratos negociados sin publicidad o nuevas figuras como el socio tecnológico o la compra pública innovadora, que favorecen los negocios de las empresas vinculadas al capital riesgo, con sede en paraísos fiscales, que se están apoderando de los centros y servicios privatizados.
• Ceder a las multinacionales de los hospitales gestionados por las antiguas Cajas de Ahorros (Hospital de Alzira) rescatadas con miles de millones de euros de dinero público. Estas empresas se están fusionando para formar oligopolios para influenciar a a las administraciones públicas: Ribera Salud fue creada por el presidente Zaplana para introducir la gestión privada en el hospital de Alzira, junto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja.  Aunque el rescate de la CAM costó 10.750 millones de euros y el de Bankia 22.000 millones de euros, el Gobierno no exigió la devolución al sistema público de los hospitales y servicios gestionados por entidades nacionalizadas. Como consecuencia los cinco hospitales valencianos, el Erescanner de Valencia y el Laboratorio Central de Madrid, acabaron en manos del banco Sabadell y de la empresa estadounidense Centene Corporation por 60 millones de euros (menos de lo que costó un solo hospital).  Capio perteneciente al fondo de capital riesgo CVC y con sede en paraísos fiscales, se ha hecho con otros hospitales públicos y privados de Madrid, el Hospital General de Cataluña, 300 centros de prevención de riesgos laborales y los grupos privados Quirón, USP, Ruber, la clínica Dexeus, y el Centro Tecknon.  Quirónsalud fue vendida a Helios-Fresenios (empresa farmacéutica), por 5.760 millones de euros. Esta empresa gestiona en la actualidad 43 hospitales de todo el Estado y ha reconocido que solo con el concierto de los cinco hospitales de la Comunidad de Madrid y del Hospital General de Cataluña ingresará anualmente más de 800 millones de euros de las arcas públicas.
• La Iglesia Católica controla una parte importante de la docencia de los profesionales del SNS, lo que le permite influenciar ideológicamente a los nuevos médicos y enfermeras. Esta organización es propietaria de la Universidad de Navarra, de la escuela de negocios IESE y del Hospital Clínico de Navarra (Opus Dei), de la universidad de Deusto, la escuela de negocios ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas y la escuela de negocios ICADE (Jesuitas), y de la Universidad Francisco de Vitoria, de los legionarios de cristo.

En resumen, con la disculpa de la crisis económica, se han recortado profesionales, se han desmantelado servicios estratégicos y grandes hospitales, que han sido vendidos a multinacionales extranjeras, fondos de inversión y empresas imputadas, a precio de saldo.  La vinculación de muchas de estas empresas a laboratorios farmacéuticos les facilita priorizar aquellas enfermedades y tratamientos que les aportan mayores beneficios, en menoscabo de las necesidades de salud de la población. Es decir, contrariamente a los que afirma la CEOE, la sanidad privada goza de una situación de privilegio dentro del sistema de salud. 

Las principales propuestas por la CEOE carecen de racionalidad y perjudicarían gravemente al Sistema Sanitario Público

1.- Facilitar los seguros privados con rebajas fiscales supondría una descapitalización de la Sanidad Pública (que se financia con los impuestos pagados por todos los españoles) y un aumento de la desigualdad, dado que estas rebajas solo beneficiarían a los sectores sociales con mayor capacidad económica, que son los que pueden permitirse el lujo de contratar pólizas de seguros privados.

2.- Potenciar la Colaboración Público Privada para construir y gestionar centros sanitarios, argumentando que esto permitiría ahorrar recursos al sector público es una absoluta falacia. La experiencia nacional e internacional ha puesto en evidencia que la Colaboración Público Privada (CPP) multiplica por más de 7 el coste real de los centros y servicios. Estas fórmulas han sido una de las principales causas del endeudamiento brutal de la Comunidad Autónoma Valencia (según el Tribunal de Cuentas). El coste real para las empresas que han construido y gestionan los nuevos hospitales madrileños fue de 701 millones aunque el gobierno madrileño deberá pagar 5010. El gobierno conservador del Reino Unido ha anunciado que renuncia a este modelo por sus enormes sobre costes (han generado un endeudamiento de 1 billón de libras esterlinas), dado que la deuda por los hospitales construidos por la CPP fue de 114.000 millones euros en 2014 con un coste final que supera en 7 veces esta cantidad el dinero invertido por las empresas privadas.  Por último, los centros CPP cuentan con menos recursos que los públicos y concentran su actividad en las áreas de mayores beneficios empresariales.

3.- Realizar un ranking de hospitales en función de sus resultados sería una trampa que solo beneficiaría a los centros privados dado estos se centran en actividades asistencial en los procesos y pacientes más rentables (para sus cuentas de resultados), mientras que los hospitales públicos deben atender a todas las patologías, especialmente las más costosas y complejas, para garantizar la atención de salud a todos los ciudadanos.

4.- Intentar quedarse con parte de los profesionales sanitarios, formados en universidades y centros con dinero público, para sus hospitales y acceder al sistema de formación de médicos y enfermeras para poder influenciarlos de acuerdo a sus intereses (utilización intensiva de los recursos tecnológicos o medicamentos cada vez más costosos o potenciar la colaboración público - privada).  Esta estrategia esta favorecida por la enorme  o. Entre 1996 y 2016, el 52% del empleo creado en el Sistema Nacional de Salud  ha sido temporal.

En resumen, contrariamante a los planteamientos de la CEOE, es necesario  reintegrar los centros y servicios privatizados  al Sistema Sanitario Público para poder mantener sus características de universalidad, gratuidad, equidad y calidad, frente a la acción de los grupos de presión  que pretenden reorientar la práctica clínica hacía sus intereses, por encima de la seguridad y de la salud de la población.

   Hace muchos años, siendo yo un muchacho  con la ilusión de ser médico algún día, leí una historia que me impresionó sobre manera y que siempre he tenido en mi recuerdo. Trataba de un médico que había sido llamado  desde el hospital en el que trabajaba para que acudiera a atender una urgencia, un niño que precisaba una intervención quirúrgica. Por el camino, en un semáforo,  era asaltado por una persona que violentamente le arrebataba el coche. No obstante ,el médico contusionado logra llegar al hospital a cumplir con su obligación. Allí se encuentra de nuevo con su asaltante , el padre del niño a quien debe intervenir. Padre que, en ese momento, pide perdón al médico.

   Esta historia  la interioricé como  la necesidad de que los profesionales de la salud llevemos adelante nuestra obligación aún en situaciones muy adversas . Durante mi vida profesional como médico, y ha pasado mucho tiempo…, he podido seguir viendo sanitarios cumpliendo su deber  con ilusión, entrega  y valor en situaciones difíciles . En conflictos armados : médicos sin fronteras, médicos del mundo y tantos sanitarios anónimos . En tiempos de paz :trabajando en una ONG ,para el sistema de salud público español, unas veces dedicados a actividades llamativas como trasplantes , otras,  dedicados a actividades discretas y cotidianas como el trabajo en atención primaria. Los sanitarios  aceptamos las dificultades del ejercicio de nuestra profesión como algo intrínseco  a nuestro trabajo , como elementos que debemos saber manejar para lograr nuestro fin. Pero la violencia no es intrínseca a nuestro trabajo, es la antítesis. Porque donde hay sufrimiento nuestro deber es poner atención, donde soledadcompañía , donde dolor remedio  y donde nada ya es posible hacer , lo más importante,cariño y cuidado. Pero ante los conflictos,  la violencia noesherramienta para contestar, nadie nos enseñó a hacerlo . Ni nunca quisimos aprender. Porque quisimos ejercer este oficio  para paliar el sufrimiento ajeno y no zithromax-azithromycin-news.net,y aquel de entre nosotros que vulnere esta norma ya no será uno de nosotros.

   Hablaba con mi amigo y compañero médico tras su agresión.  Me contó que le pegaron a la puerta de comisaría cuando iba a intentar rebajar la tensión , a quitar importancia al incidente ocurrido en su consulta. Pero no pudo hacerlo , le agredieron muy violentamente y ya no pudo hablar. Ante esta violencia piensa en cómo continuar haciendo lo que durante tantos años y con tantos pacientes ha hecho , atenderles  con toda dedicación y sin conflictos.

La Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid ha sufrido un periodo de progresivo deterioro, desmantelamiento y privatización que se ha agravado con la excusa de la crisis.

Desde las transferencias sanitarias, en diciembre de 2001, la Sanidad Pública madrileña ha estado infrafinanciada, con unos presupuestos per capita por debajo del promedio de las CCAA, situación que se ha agravado con los recortes realizados después de 2009 (una disminución del 18,5% en el presupuesto sanitario per capita entre 2009 y 2013). Estos recortes no se han recuperado en los últimos años en los que ha crecido, de manera insuficiente el presupuesto sanitario.

Paralelamente se ha llevado acabo un importante proceso privatizador. Se han puesto en funcionamiento 4 hospitales por el modelo de concesiones administrativas, es decir totalmente privados y 7 hospitales semiprivados (modelo PFI), también se le ha asignado la asistencia sanitaria de un área a un centro privado (FJD), además de la derivación sistemática de enfermos en lista de espera quirúrgica o para pruebas diagnósticas a los centros privados (aprovechando la normativa sobre lista de espera quirúrgica y la implantación del área única). Todo ello con unos importantes sobrecostes que se detraen de los presupuestos sanitarios (los hospitales PFI suponen un incremento de los costes en 7-8 veces, las concesiones administrativas supone un aumento del coste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un  hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual). Sorprendentemente después de abrir 11 hospitales han disminuido en 300 el número de camas existentes y se han disparado las listas de espera.

Los recortes más los sobrecostes de las privatizaciones han hecho que los presupuestos de los centros públicos sean cada vez más insuficientes, con disminución de los trabajadores sanitarios (6.000 menos desde la crisis), reducción de las camas hospitalarias (300 en total, 649 si solo nos fijamos en las que tienen financiación pública), abandono de las labores de mantenimiento de las infraestructuras  y de la renovación tecnológica y de los equipamientos.

Paralelamente se ha abandonado la Salud Pública, postergado y descapitalizado la Atención Primaria (Madrid es la comunidad autónoma con menor densidad de profesionales de AP por habitante) y se han eliminado los escasos mecanismos de participación existentes.

Esta política ha producido que la Sanidad Pública madrileña que era una de las mejores del país haya retrocedido comparativamente respecto a las de otras CCAA, y que exista una gran insatisfacción de la ciudadanía tal y como se refleja en los barómetros sanitarios.

Es una mala situación que precisa de la adopción de medidas urgentes para abordar los graves problemas de nuestro sistema sanitario, de manera esquemática planteamos las que habría que abordar a corto plazo:

1)     Desarrollar programas y actuaciones  para identificar y reducir las desigualdades en salud. Sería necesaria la aprobación urgente del Plan de Salud de la Comunidad de Madrid

2)     Adaptar medidas para reducir la contaminación medioambiental y planes de actuación urgentes cuando se producen picos de la misma.

3)      Presupuestos suficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad a toda la población de la Comunidad de Madrid. Se precisaría un presupuesto anual de al menos 9.000 millones €.

4)      Garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas, prestando atención sanitaria a todos los grupos de población excluidos por el RDL 16/2012 y acabando con los copagos farmacéuticos.

5)      Utilización intensiva de los recursos públicos, abriendo las camas, quirófanos y consultas cerradas, y asegurándose de la utilización intensiva (en régimen de mañana y tarde) de los recursos tecnológicos.

6)      Recuperar el empleo en la Sanidad Pública para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía madrileña.

7)      Se necesita incrementar el número de camas hospitalarias, para alcanzar un total de 5/1000 habitantes de camas totales (actualmente 2,9) y 1,2/1000 habitantes de media y larga estancia (ahora menos de 0,5.

8)      Es preciso potenciar la Atención Primaria de la Comunidad para lo que se necesita aumentar los recursos profesionales garantizando una atención de calidad y el desarrollo de labores de promoción y prevención.

9)      Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado, empezando por terminar con el envío sistemático de pacientes al sector privado (intervenciones quirúrgicas, consultas, pruebas diagnósticas), rescindiendo los contratos con entidades privadas que incumplen sus compromisos y poniendo en marcha un calendario de recuperación de los centros públicos privados y semiprivados.

10)   Garantizar mecanismos efectivos de participación social y profesional, desarrollando órganos de gobierno con participación social y profesional que controlen el funcionamiento de los centros sanitarios públicos. Esto implica la creación de un marco  jurídico y organizativo que garantice la participación responsable y crítica de los ciudadanos y los profesionales de manera estable y segura.

Todas estas cuestiones precisan de actuaciones urgentes para poder recuperar la Sanidad Pública madrileña y evitar que siga el deterioro continuado y también necesitan  un cambio en la política sanitaria del gobierno de la Comunidad.

Las redes y los medios de comunicación han ardido debido al rechazo de Asociaciones de profesionales (FADSP) de varias CCAA a la donación de Amancio Ortega, para la compra de equipos de Alta Tecnología.

Llevo más de 30 años ejerciendo mi profesión de radióloga en la sanidad pública, y trataré de explicar mi opinión sobre lo que está pasando, centrando el tema en mi comunidad, Galicia, la que más conozco, y la que recibió la primera donación de Amancio Ortega, también gallego.

En esas fechas (octubre de 2015) publiqué un artículo en Nuevatribuna solicitando que se aclarase como era posible que Amancio Ortega donara 17 millones de euros para comprar equipos de Radioterapia y Mamógrafos que ya habían sido previamente comprados por Philips y la Multinacional Estadounidense Varian Medical y por los que el Sergas pagaba un alquiler (11 millones de euros al año durante 8 años), sin que tan siquiera se redujera dicho alquiler: ¿a dónde han ido a parar esos 17 millones de euros?

Los profesionales que defendemos el Sistema Sanitario Público estamos muy preocupados por su deriva privatizadora, especialmente en Galicia, donde su I+D+i se encuentra privatizado y en manos de un oligopolio de empresas, algunas imputadas por corrupción y todas con estrategias para eludir impuestos. ¿Le gustaría a Amancio Ortega que los profesionales del Sergas gestionáramos el I+D+i de Inditex? ¿lo permitiría? Claro que no.

La Xunta de Feijóo junto a Inditex, Abanca y otras empresas gallegas han formado un fondo de capital riesgo. Estas empresas acceden a datos de la Administración, e investigadores públicos trabajan para generar sus patentes.

En Galicia, Indra gestiona la Historia clínica, con todos los datos sanitarios de los pacientes, a los que próximamente se unirán los datos sociales (maltrato, recursos económicos de la población etc). Indra cede esos datos a los hospitales privados, concertados o no concertados, mientras los profesionales del Sergas no podemos acceder a la información sanitaria de los hospitales privados, ni disponemos de herramientas para explotar los datos de nuestros pacientes y así auditar nuestros resultados. Si hacemos las cosas mal hechas, mal quedan.

En Galicia, el Centro Oncológico de A Coruña, el registro de los pacientes con cáncer y los ensayos clínicos, está en manos de la AECC, que se presenta como la gran valedora de la defensa de los pacientes con cáncer, aunque realmente está dirigida por Inés Entrecanales (Acciona), la Banca March y la Fundación Garrigues.

Las empresas tecnológicas gestionan la alta tecnología del Sergas y el control de calidad de los equipos, aparatos que imparten altas dosis de radiación, y que se utilizan 30%-50% más de lo necesario según muchos estudios realizados. Sin embargo, los radiólogos podemos hacer poco para adecuar las exploraciones, ya que las empresas verán mermados sus beneficios si los estudios por sala se reducen a partir de un porcentaje, según el contrato firmado con la Xunta de Feijóo. Por ello los estudios crecen y crecen más y más, incluyendo los realizados a los niños, y de forma especial en el sector sanitario privado, donde no existe transparencia ni control, incumpliendo el principio internacional ALARA “las exploraciones que aplican radiaciones ionizantes deberán disminuirse al mínimo posible”.

¿Son necesarios 290 equipos nuevos en el SNS? Probablemente no, al menos no tantos. Muchos de los existentes pueden actualizarse únicamente modificando su Software, que además permite disminuir las dosis de radiación aplicada. Pero claro, los beneficios empresariales disminuirían drásticamente.

¿Son mejores los mamógrafos con tomosíntesis regalados por Amancio Ortega? En primer lugar no disminuyen la radiación aplicada, sino que por lo contrario la incrementan discretamente. Por otra parte, según las empresas se identifican un 42% más de lesiones, tan pequeñas que son “casi invisibles al ojo humano” y muchas con significado desconocido. En muchos casos se descartará cáncer en nuevos controles, tras meses de angustia, en otros casos se tratarán de forma agresiva (con sus efectos secundarios incluidos), lesiones dudosas que en un 20% de los casos no representan realmente cáncer.

Según datos de la OMS en España la incidencia de cáncer de mama se incrementó un 68% en una década, en parte por este sobrediagnóstico y en parte por el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, y aunque es verdad que mejora el ratio de supervivencia, no así la mortalidad absoluta de las mujeres. Así que es muy importante actuar contra los determinantes del cáncer.

Sin embargo el gobierno se niega a marcar los alimentos poco saludables y los coches fraudulentos que contaminan hasta 70 veces más siguen circulando por nuestras carreteras ¿que pasará en el futuro con los pulmones de nuestros hijos?

Por otra parte, a las empresas no les interesa la Atención Primaria, la promoción de la salud, ni la mejora de los hábitos de vida para disminuir la incidencia de cáncer, sino el diagnóstico con equipos de alta tecnología y el tratamiento con costosos fármacos. Son empresas, son magnates, pretenden incrementar sus beneficios. No los culpo, pero no comparto sus objetivos ni su estilo de vida, y no nos interesan en nuestra sanidad pública. Que se dediquen a fabricar ropa o a la construcción de puentes. “Zapatero a tus zapatos”.

Además, no es la falta de equipos de AT sino la falta de personal para utilizar esos equipos lo que aumenta las listas de espera para los pacientes con cáncer u otras enfermedades en el Sergas, un equipo sin dotación adecuada de profesionales es como un avión sin pilotos.

La mayoría de nuestros equipos de diagnóstico no funcionan los sábados ni por supuesto los domingos, y algunos ni tan siquiera las tardes de diario, a no ser para urgencias, mientras que se derivan los estudios a los centros privados con su maquinaria al 100%. En Madrid ya se señaló en 2014 que los equipos de resonancia magnética de los centros públicos solo funcionaban al 64%, al final ¿no resultara que tendremos mas aparatos sin utilizar?, es decir negocio para los fabricantes ninguna ventaja para los enfermos.

Por una sanidad pública y de calidad para todos, financiada por impuestos al 100%, a través de una hacienda libre de amnistías fiscales, sin donaciones, mecenas, magnates ni multinacionales en su seno, con profesionales dedicados al sistema público y con control de su I+D+i como cualquier empresa que se precie ¿no les parece, Sra Entrecanales y Sr Amancio Ortega?

En esta ocasión vamos a justificar nuestra defensa de la Sanidad Pública apoyándonos  en un documento eminentemente economicista comoHealth a Glance: Europe 2016, (Panorama de la

Salud: Europa, 2016) quepublicó la OCDE en diciembre de 2016.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como misión: “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”. La OCDE define sus actividades con estas palabras: “ofrecemos un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes, trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental, medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias y fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas”.

El documento citado trata aspectos como: la influencia de la enfermedad en el mercado laboral, el estado de salud y determinantes de la misma (esperanza de vida, percepción de la calidad de salud, hábitos…), gasto, efectividad, calidad, accesibilidad y evaluación de los sistemas de salud de los países europeos. Tras el análisis de los datos expone unas recomendaciones generales en lo que se refiere a los objetivos a conseguir y señala los puntos negros de cada país. Nos limitaremos, en este momento, a las primeras en las que pide a los países europeos que sigan las siguientes tendencias:

Mayor efectividad, es decir reducir muertes prematuras y aumentar los años de bienestar.

Mayor accesibilidad, que esta sea universal y no discriminatoria, que la ratio de profesionales sea suficiente y que no haya dificultades para el acceso (de distancia o de tiempo).

Mayor adaptación a los cambios sociales como la tendencia al envejecimiento de la población y a problemas de salud derivados del mismo.

Y por último, para ello es imprescindible fortalecer el nivel primario de acceso al sistemay así responder a las necesidades de la población. Cuanto mejor sea la accesibilidad, la coordinación con el nivel especializado y la calidad de la atención su papel de filtro será más eficiente y menor el gasto.

Recordemos que la organización tiene entre sus siglas las palabras “Desarrollo Económico”, no es una organización que proceda de ámbitos sanitario o de salud, y que estos objetivos los plantea porque conseguir la prevención de enfermedades crónicas (como las derivadas de hábitos no saludables) en personas en edad laboral tiene una importante repercusión económica y porque una accesibilidad fácil mejora el papel de filtro de la Atención Primaria y disminuye gastos hospitalarios. 

Evidentemente no están reñidos los objetivos de eficiencia con mejora de la calidad de la salud y de la asistencia sanitaria.

De tanto en cuanto surgen en los medios historias de héroes anónimos que sufren una enfermedad devastadora. Historias que conmueven a la opinión pública. Como el caso de Pablo, el chico con leucemia que concienció al país de la importancia de la donación de médula; o Adrián, el niño que quería ser torero pero falleció por un sarcoma de Ewing.
Me llama la atención que estas historias siempre traen consigo dos ideas equivocadas, que pueden llegar a ser perjudiciales para el enfermo y la sociedad.

Siempre que hablamos de transformar el modelo asistencial público para hacerlo más eficiente o de la sostenibilidad de la Sanidad Pública en España, incluimos como uno de los pilares imprescindibles, mejorar la coordinación entre la atención primaria y especializada. Así lo han entendido la mayoría de las comunidades autónomas, que ya tienen desde hace años establecida una historia clínica informatizada común, que permite una comunicación directa de la información entre los dos niveles asistenciales con el consiguiente beneficio para el paciente.

Parece que a la Junta de Castilla y León le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos, condición imprescindible para conseguir la sostenibilidad de la sanidad pública en el futuro. Ya fuimos la última comunidad autónoma en incorporar la receta electrónica y al paso que vamos seremos la última en incorporar la historia clínica informatizada única.

A la situación actual nos ha llevado la deficiente gestión de la administración. Los sanitarios llevamos más de diez años peleándonos con unos programas informaticos que no sirven. Medora en primaria y Jimena en especializada son nefastos, malos, no permiten  explotar la información que se ha incluido día a día y además son incompatibles.

Esta es la realidad, las cosas están como están y de nada sirve mirar para otro lado sin hacer nada para mejorarlo. Nuestros gestores saben que estos programas no tienen futuro y que antes o después hay que cambiarlos. Es preciso tomar decisiones sin pérdida de tiempo, no podemos esperar más. No hay que inventar nada, la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen sus historias clínicas informatizadas establecidas, solo hay que incorporar una de ellas.

Por supuesto que existe un trasfondo económico, por tanto hablo en el terreno hipotético, pero me planteo, ¿cuanto han costado, están costando actualmente los programas Medora y Jimena?, ¿Cuánto cuesta comprar un programa informático, ya desarrollado en otra comunidad autónoma y que ya ha demostrado su solvencia? 

Se plantea para dentro de dos años abrir el edificio del nuevo hospital clínico de Salamanca; no nos podemos permitir un hospital nuevo con una historia clínica informatizada obsoleta como es Jimena, escasamente implantada en el hospital y por tanto coincidiendo en el tiempo con la historia clínica en papel, actualmente gestionada por una empresa privada lo que conlleva un coste que con la informatización de la historia clínica nos ahorraríamos. Nos quedan dos años, no podemos perder más el tiempo si queremos que en 2019 esté establecida la historia clínica informatizada común en Salamanca.

El mes de Junio también cumplirá los 31 el Decreto de Normas Mínimas de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Castilla y León. Aquí el acierto fue total al promover una original reforma sanitaria para intentar ofrecer una atención integral de salud. Se coordinaron competencias de la antigua Sanidad Pública, Red de Ambulatorios de la Seguridad Social, la Red de Sanitarios Titulares (incluidos veterinarios y farmacéuticos) atomizados y dispersos por todo el territorio nacional, con la inestimable aportación de los nuevos MIR de Familia, trabajado juntos como Equiposde Atención Primaria en Zonas y Centros de Saludregulados por su propio reglamento y bajo la dirección funcional de un Coordinador.

Fue un proyecto ambicioso basado en la concepción integral de la atención a la salud sin centrarse sólo en la enfermedad, considerando al paciente como unidad biopsicosocial y la salud como el resultado de nuestras condiciones y modo de vida. La Atención Primaria es su primer nivel, cercano a donde viven las personas y diseñado para prestar esa atención integral, permanente, continuada, participativa y programada al individuo, la familia, y tambien la puerta de entrada al sistema de servicios de salud especializados como es el hospital.

El método de trabajo también fue novedoso,motivador y liderado eficazmente desde las Gerencias de AP: en equipo, participativo, haciendo diagnósticos de la situación de salud y de los factores que condicionan la morbimortalidad, elaboración de programas de salud, planes de mejora, objetivos, evaluación y análisis, aprendiendo juntos. Abierto a la comunidad con actividades de educación para la salud a grupos y de participación  ciudadana a través de los consejos de saludde zona y con un altísimo grado de satisfacción de los profesionales y usuarios.

El paso del tiempo y la tendencia actual mercantilista y hospitalcentrista de los sistemas sanitarios occidentales han ido empobreciendo las funciones integrales y también el presupuesto del modelo, dedicado hoy día casi exclusivamente a la atención a la enfermedad, ejerciendo con dificultad y poco éxito  la función de puerta de entrada y regulación del sistema de niveles. 

Las Gerencias de AP se dedican casi exclusivamente a labores organizativas y a gestionar la escasez de recursossin pasarse del presupuesto asignado. Los profesionales, profundamente desmotivados, luchan diariamente con un sistema informático desesperante e ineficaz y tratan de encajar consultas y horarios por libranzas, sustituciones y jubilaciones de otros compañeros. Los pacientes comparten  el malestar de los profesionales y además sufren mientras esperan consulta con su médico, con el especialista, una prueba diagnóstica o una operación en las interminables listas de la desesperación. Entre todos habrá que hacer algo.

Aun así, el 80% de los pacientes siguen valorando positivamente la AP, si bien añaden: la Sanidad Pública es magnífica… cuando logras acceder a ella.