Las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública llevamos años denunciando el deterioro creciente que sufre el Sistema Sanitario Público Andaluz, fundamentalmente producido por los recortes que han sufrido de forma progresiva los presupuestos sanitarios andaluces desde 2010, desencadenados para solventar la crisis financiera de la banca española. Los gobiernos anteriores, que han llevado a cabo estos recortes, han conducido a que Andalucía sea la Comunidad Autónoma con menor financiación, con menor número de médicos, enfermeros y camas por mil habitantes en toda España. Este hecho explica gran parte del deterioro creciente del Servicio Sanitario Público Andaluz.

No obstante, con la llegada del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos apoyado por VOX, la situación ha empeorado sustancialmente hasta llevar a que la consideremos una situación crítica. No es sólo que estos partidos quieran continuar con los recortes y aumentar la privatización de parcelas de la atención sanitaria, sino que quieren sentar las bases administrativas para desmantelar el Sistema Sanitario actual y aplicar el modelo que han instaurado en las Comunidades Autónomas en las que han gobernado con mayorías suficientes. Para ello usan fórmulas que persiguen que los intereses privados sean los prioritarios y los encargados de gestionar directamente la mayor parte de lo público, mientras que este último sector se sigue encargando de aportar los recursos humanos y presupuestarios. Es el negocio perfecto, lo público gasta y lo privado gestiona. Cuando fracasan estos proyectos, se rescatan con nuevo dinero público (ejemplo Hospital de Alcira). El final de este proceso, que no es nada nuevo (lo comenzó Thatcher en el Reino Unido hace décadas e, incluso antes, lo instauró el sistema sanitario estadounidense), es generar categorías entre los ciudadanos, que son atendidos dependiendo de la magnitud de la cuota abonada y de la empresa privada de seguros que puedan contratar. Aquellas personas sin recursos para adquirir estos seguros serán atendidas en un sistema público residual y deteriorado (a semejanza de la antigua Beneficencia). La ciudadanía luchó duramente en el pasado por disponer de una Sanidad Pública universal, gratuita y de calidad, y consiguió uno de los sistemas de salud mejores del mundo. Por ello el actual proceso de deterioro y desmantelamiento representa un retroceso histórico de más de cuarenta años para la Sanidad Pública andaluza y española y, en definitiva, para la mayoría de la población.

Mantener el deterioro actual del Sistema Sanitario Público es fundamental para implantar el proyecto político del nuevo Gobierno andaluz. Si no existieran listas de espera y falta de recursos en los centros sanitarios, les resultaría imposible intentar la modificación del internacionalmente prestigiado Sistema Sanitario Público español y andaluz. Así que la estrategia global es el vaciamiento presupuestario y el empeoramiento funcional progresivo de la sanidad pública, y la derivación creciente de fondos públicos para la expansión de las empresas sanitarias privadas. En ese contexto se explica el aumento incesante de los cierres de unidades, la disminución de las contrataciones, especialmente en los períodos vacacionales y en las bajas prolongadas por enfermedad o jubilación, los cierres de centros y de camas hospitalarias públicas, a veces temporales y otras veces permanentes. Con este método también se afecta a los trabajadores de la Sanidad Pública que permanecen en sus puestos, ya que están sobrecargados y con la obligación de prolongar sus jornadas laborales o la imposibilidad de gozar de descansos merecidos. Todo ello conduce al actual aumento de las listas de espera en todas las actividades sanitarias. En definitiva se trata de deteriorar y desprestigiar el Sistema Sanitario Público Andaluz para obligar a la población a contratar seguros con el sector privado.

Ante la amenaza para la Sanidad Pública que representa la política del Gobierno actual, la estrategia consensuada por las Mareas Blancas andaluzas es la de sumar todos los apoyos posibles para conseguir una movilización creciente ciudadana de protesta de todas las personas y organizaciones que defiendan a la Sanidad Pública.

GRAN MOVILIZACIÓN EL 26 DE ENERO

Nuestra intención es organizar el domingo día 26 de enero de 2020 manifestaciones y actos de protesta en defensa de la Sanidad Pública y en denuncia del deterioro e intento de desmantelamiento y privatización de la misma por parte del actual Gobierno andaluz. Ese mismo día y a la misma hora (las 12 horas) las convocarían las Mareas Blancas de cada provincia andaluza que están integradas en la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

sanidad publica andalucia

A continuación se resumen las circunstancias que justifican nuestra preocupación y el desarrollo del presente análisis sobre el peligro inminente que corre la Sanidad Pública en Andalucía:

El Gobierno actual reduce la recaudación de fondos públicos para desgravar a los más ricos (eliminación de impuesto de sucesiones y otros). En este contexto, se continúan los recortes que comenzaron hace una década en los Presupuestos Sanitarios del 2019 y 2020, no reponiendo las enormes pérdidas habidas, ni atendiendo las necesidades generadas en este tiempo por el envejecimiento creciente de la población y la incorporación de nuevos avances. Así, en la última década, se ha recortado más de 9000 M€ de los Presupuestos para la Sanidad Pública Andaluza; prácticamente, es como si se hubiera eliminado una anualidad completa.

En el Presupuesto del nuevo Gobierno (2019 y 2020) existe un aumento directo de las partidas destinados al sector privado (farmacia, prótesis, reactivos, conciertos, externalizaciones,…, 400 y 500 M€ más que en 2018, respectivamente). Mientras tanto, se reduce el gasto en personal. Además, se decide eliminar la subasta de medicamentos (200 M€ cada año más para las farmacéuticas).

Estos recortes y derivaciones de fondos son los que conducen actualmente al cierre de centros, camas, despidos y carencia de contrataciones necesarias, en definitiva a acentuar el deterioro existente, mientras se aumentan las partidas para el sector privado. Este proceso viene siendo especialmente duro para la Atención Primaria, que a pesar de ser una parte fundamental del sistema, está recibiendo el mayor desgaste.

Para transmitir que se está trabajando “en la mejora de la Sanidad Pública”, “se aumentan artificialmente las listas de espera (500.000 pacientes más???)” y, posteriormente, se anuncian a bombo y platillo “Planes de Acción” que son de dudosa eficacia. Así, el Plan de Choque anunciado en julio de 2019 para reducir las listas de espera (el 65% del dinero del cual se ha destinado al sector privado), se ha realizado con graves retrasos en los pagos y escasos resultados. Cabe pensar si la estrategia de estas acciones sea: “a pesar de nuestros planes de mejora, la sanidad pública no tiene arreglo… tenemos que modificar el sistema”.

Es un hecho constatado que con el nuevo Gobierno las formas en el trato de las autoridades con los profesionales sanitarios han empeorado, adquiriendo con frecuencia claros tintes autoritarios. La actuación del Gerente del SAS en la reunión con profesionales en el Colegio de Médicos de Sevilla del 9 de junio pasado o el último episodio con los médicos de urgencias y la expulsión de dos cardiólogas en el HARE de Vejer, son algunos de los muchos ejemplos de este cambio.

Se continúan usando las Unidades de Gestión Clínica (UGC), previamente denostadas, para la instauración de un factor de división de los profesionales sanitarios (reparto arbitrario de la productividad) y la introducción en la actividad sanitaria de objetivos economicistas y no consensuados.

Existe desde agosto pasado un borrador de Decreto Ley, en el que no se especifica la obligatoriedad de que los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud tengan incompatibilidades para su ejercicio profesional, permitiendo así simultanear su trabajo en los sectores público y privado. Es fácil imaginar las posibles consecuencias (colusión de intereses) que tendrá para el Sistema Sanitario Público Andaluz que los Jefes de las Unidades de Gestión Clínica o los Directores de centros públicos trabajen a la vez, quizá con cargos similares, en el sector privado.

Este nuevo Decreto Ley también contempla que la selección de los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud se hará mediante Tribunales donde la Dirección de centro nombra a 5 de los 6 vocales que intervienen. Esto es: selección de cargos a dedo, después de haber criticado con saña los “enchufes” en anteriores periodos.

Además se pretende eliminar el concepto del complemento de exclusividad que cobran los médicos que trabajan sólo en la Sanidad Pública. Ahora lo recibirán todos los médicos!!! Esta medida favorecerá el aumento del paso de médicos de la Sanidad Pública a la privada.

Ataque frontal a la sanidad universal mediante la instauración de medidas ilegales de control de los pacientes extranjeros.

En Andalucía hay una notable cantidad de profesionales con amplia experiencia de gestión de la Sanidad Pública. Sin embargo, de forma llamativa, los dos Gerentes del SAS nombrados hasta ahora por el nuevo Gobierno poseen experiencia relevante previa en el sector sanitario privado (VITHAS, en el caso del actual Gerente) o semi-privado, y escasa experiencia en el sector sanitario exclusivamente público.

La calamitosa gestión de la crisis de la listeriosis de este verano, que se salda sin ninguna autocrítica, y la reciente proclamación parlamentaria por parte de PP y Cs a instancias de VOX, de su intención de aumentar la concertación público-privada, son dos claros índices de las maneras e intenciones de este Gobierno.
La siembra para desmontar el Servicio Sanitario Público Andaluz y expandir el sector sanitario privado ha comenzado, ahora a esperar la recogida de los frutos para este último sector.

Por todos estos motivos, resumidos brevemente en estas líneas, es por lo que las Mareas Blancas están organizando actividades pedagógicas para informar a la población y está pidiendo a las organizaciones que defienden lo público que se sumen a una protesta ciudadana masiva, cuyo inicio se concretará en las manifestaciones y actos de protesta del día 26 de enero.

Llega la Navidad, todas las calles se llenan de luces, las tiendas de compradores compulsivos, los villancicos, la alegría obligatoria, se convierten en los protagonistas de la vida cotidiana, nos arrastran a todos en un torbellino de necesaria complicidad con la fiesta y la celebración de la que prácticamente nadie puede permanecer ajeno.

Hay que recordar que la Navidad, se supone, conmemora el nacimiento de un niño, hijo de una familia pobre, que acabó refugiándose en un pesebre para el parto y que pocos días después tuvo que huir de un tirano que quería asesinar al recién nacido. Por supuesto, las celebraciones nada tienen que ver con ello, cada vez más son una excusa para la fiesta, el consumo innecesario y los excesos gastronómicos. Las navidades se han convertido en un riesgo importante para la salud, tanto individual como colectiva por muchos motivos.

Vayamos primero al individual: Con la excusa de las fiestas se consumen de manera abusiva grandes cantidades de comida, generalmente cargada de sal, colesterol, azúcares, etc., siempre muy por encima de las necesidades nutricionales, con graves riesgos de atracones e indigestiones, todo acompañado de abundantes cantidades de vino, cavas y licores que suelen acabar en borracheras e intoxicaciones más o menos importantes. Claro está que, aparte de los efectos inmediatos y a corto plazo, tantas calorías y dulces favorecen la obesidad, la hipertensión y la diabetes.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que, la Navidad, es momento de grandes depresiones, porque la gran presión ambiental a pasarlo bien y a estar felices contrasta en muchos casos con las situaciones personales de soledad, abandono y condiciones de carencia en que viven muchas personas, que en medio de la obligatoria alegría ven como aumenta su sufrimiento. Hay distintas opiniones sobre si esta situación incrementa o no los suicidios, desde quienes señalan que se produce un aumento en las fiestas hasta los que dicen que suele suceder justo al acabar las mismas, e incluso quienes señalan que la depresión y el suicidio en estas fechas están más relacionados con los días más cortos y con menos luz.

Finalmente, está el aumento de los accidentes de tráfico, pero también domésticos, relacionados sobre todo con el gran consumo de alcohol y los desplazamientos masivos en automóvil, sin olvidar los problemas que causa el frío (evidentemente esto no es culpa de las fiestas, sino de la época en que se celebran) a las personas que viven en la calle aumentando la mortalidad y la morbilidad (las enfermedades) en este grupo de población.

Luego están los problemas derivados del derroche y el consumismo. Las ciudades se llenan de adornos y luces absurdas, estableciendo extrañas competiciones en España, entre alcaldes, a ver quién es más excesivo, en realidad a ver quién consigue contaminar más haciendo una mayor contribución al desastre climático. Todo ello, y en paralelo, dando muestras de insolidaridad, de desprecio hacia la humanidad y fraternidad que se supone son la base del llamado “espíritu navideño”, así, en Madrid, mientras se gastan millones de € en luces y adornos, cientos de refugiados tienen que dormir en las calles, abandonados por el ayuntamiento, un buen ejemplo de “cristianismo militante”.

A la vez, el hiperconsumo sin sentido llena las calles de personas que buscan comprar cosas que no necesitan, produciendo atascos impresionantes, con una contaminación sobresaliente (del aire, acústica y lumínica) que agrava aún mas la emergencia climática y que contrasta con la cumbre del clima que pocos días antes se celebra en Madrid, cuestionando sus huecas declaraciones y una preocupación que decimos sentir con un planeta sostenible, pero que practicamos poco.

De todas maneras, no todo es tan negativo, también hay vacaciones, al menos para algunas personas, podemos intentar hacer una vida más saludable, niñas y niños se llenan de ilusiones, aunque sean superficiales, se producen reencuentros, difíciles en otros momentos, vuelven a poner “Que bello es vivir” en alguna cadena televisiva y, a veces, se logran momentos de alegría verdadera, aunque no nos toque el gordo de la lotería. No todo está perdido, en Navidad el mejor regalo es el afecto verdadero y la solidaridad con quienes más lo necesitan.

¡Si hoy es lo mismo que ayer, quizá el próximo año sea diferente!

Pregúnteles a ellos, a todos, organice grupos de trabajo que elaboren propuestas y verá que, al igual que en la década de los ochenta en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se diseñó y se llevó a efecto la Reforma de la Atención Primaria que luego se extendería a toda España, ahora lo podemos volver a hacer, con nuestro conocimiento, imaginación, voluntad y valentía. Estamos a tiempo".

Con esta reflexión terminaba la carta abierta dirigida a un desconocido consejero de Sanidad a finales de junio del 2019. Unos días más tarde era nombrada para el cargo la Dra. Verónica Casado, médica de Familia de reconocido prestigio.

Después de años en los que, "hartos ya de estar hartos", nos habíamos aburrido de esperar los cambios y el liderazgo necesario en el sistema público de salud de Castilla y León, hemos acogido la llegada de la consejera Dra. Casado con ilusión y esperanza, porque sabemos que tiene capacidad profesional y conocimientos suficientes para dirigir la adecuación del sistema a las necesidades y retos de estos tiempos.

Tras la publicación del documento marco Nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, han comenzado las críticas y las alabanzas provenientes de un partido u otro, a nuestro entender, ambas cosas desafortunadas. Se trata de un documento marco que precisa un desarrollo al que permanecemos muy atentos. La Atención Primaria en el medio rural necesita ser renovada para ser suficientemente eficaz y responder a las necesidades de la envejecidísima, escasa y dispersa población de los pueblos castellanos. No hay que olvidar que la buena atención sanitaria no es más que una de las condiciones para que las gentes puedan vivir en los pueblos, que otras administraciones tienen que implicarse, que la solución solo vendrá si hay un trabajo coordinado de los organismos locales, provinciales, autonómicos y nacionales. Pero introducir el modelo de pugna política al uso en este debate es, cuando menos, torpe y malintencionado. Aquello de "si tú lo dices y no eres de mi cuerda, entonces esto está mal o bien, si eres de los míos…".

Sanidad, Educación y Medio Ambiente necesitan de encuentros, pactos y acuerdos, y no críticas sin argumentos… Pero esto nos llevaría a un debate que no es el motivo de esta carta.

Sra. Consejera, queremos hacerle llegar nuestra confianza. El deseo de participación y colaboración en este cometido tan ilusionante y necesario de la renovación de la atención sanitaria, en particular, de la Atención Primaria castellano-leonesa, para prestar el adecuado servicio a los ciudadanos. Entendemos que esta tarea no debe demorarse, si bien precisa calma, sosiego y consenso, acuerdos que provengan de la razón, del conocimiento y de la sensatez, de la imaginación y de la valentía.

La Conferencia Episcopal acaba de publicar el documento “Sembradores de Esperanza:acoger, proteger,acompañar en la etapa final de la vida".

Ha sido publicado recientemente por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, estructurado, aparte de la consabida introducción, en siete capítulos y un epílogo. Aborda diferentes cuestiones: el  debate social en relación con la eutanasia (E), suicidio asistido (SA) y muerte digna (MD), los problemas éticos, cuales deben ser los criterios adecuados para aplicar unos cuidados paliativos (CP) y su suficiencia, la obstinación terapéutica, la sedación paliativa y el resultado y consecuencias de  su aprobación en Holanda. Su conclusión es evidente: oposición rotunda a la regularización de estas prácticas. Sin embargo, los argumentos en que se basa están sesgados y algunos tergiversan la realidad de la experiencia previa. Analizaremos algunos de ellos:

1. Concepto de dignidad: Siguiendo a Ramón Valls, la discusión sobre la E evidencia dos formas de entenderla: una, aquella en la que la dignidad común a todos los seres humanos procede  de su condición de hijos de Dios y reside en su capacidad de acatar y observar la ley moral que no emana de ellos; y otra, en la que la dignidad consiste en la capacidad que tenemos los humanos de darnos ley moral a nosotros mismos. Es evidente que la E y el SA es inmoral para los creyentes al no acatar el precepto divino de no mataras; para los no creyentes, será posible una ley que las permita sin imponerla a nadie pero exigiendo plena libertad a quien la pida y la lleve a cabo. Ambas formas de entender la dignidad son perfectamente respetables y mis creencias no son objeto de imposición a otros.

2. El debate social sobre la eutanasia no es una cuestión ideológica, ni una demanda urgente y propia de nuestros tiempos, ni objeto de una campaña propagandística ni una cuestión religiosa, como se hace alusión en el documento. La demanda social a favor de su puesta en práctica es clamorosa y reiterada según los datos de las  encuestas a lo largo de los años. Si es cuestión de que se pongan en marcha los mecanismos legales necesarios para que se respete y ejecute la decisión que toma una persona  de forma autónoma en situación de terminalidad  de cómo y cuando morir, hecho que no tiene repercusión sobre terceros ni afecta a la justicia debida a los demás. Es la Iglesia la que hace de este debate una cuestión religiosa.

3. Se dice que siempre se pone el caso límite para crear adhesiones a la causa basadas en la compasión. ¿Acaso la realidad no es así?. No es habitual que alguien  fuera de esa situación solicite la aplicación de una de estas prácticas.

4. El concepto de muerte digna no es ningún eufemismo. Sin embargo, el utilizar el término de “provocar la muerte o quitarle la vida”, encierra un juicio de valor previo que lo que pretende es criminalizar la E y el SA, lo que es tendencioso y manipulador y resulta contradictorio con lo que más adelante se explicita: no es apropiado hablar de muerte digna y si de cómo afrontar la muerte con dignidad, lo que puede parecer razonable.

5. Podemos estar de acuerdo en sus consideraciones sobre los Cuidados Paliativos, pero:

- No son la alternativa a la E y SA ya que hay personas en situación terminal bien controladas que las demandan, por lo que es una incidencia más a la que nos enfrentamos y no una alternativa. Los CP no solucionan todo el sufrimiento que padecen los pacientes, téngase en cuenta el caso de Ramón Sampedro y similares.

- El concepto de calidad de vida es personal y cada uno tiene el suyo propio tan valido como el de otra persona diferente. El baremo lo pone cada individuo y no personas ajenas a él.

- Ley 41/2002 de 14 de noviembre, marca una serie de derechos a respetar  y reglamenta  diversas eventualidades. Por esto no se entiende la afirmación de que niños, enfermos dependientes, comatosos o con discapacidad en incluso enfermos bajo los efectos de la enfermedad o de medicamentos, no tengan autonomía o este disminuida y sea el profesional sanitario el que tome las decisiones por ellos. Ningún trabajador sanitario tomaría decisiones por su cuenta teniendo la alternativa de las instrucciones previas y de la consulta a los representantes legales y familiares.

- En un paciente en fase final de la vida, se acepta que no hay sensación de sed ni apetito y no se origina sufrimiento por la carencia o no aporte de líquidos o alimentos. Su puesta en marcha caería  dentro de la obstinación terapéutica y no es un cuidado básico como se refiere en el documento. Solo hay indicación de hidratar en el caso de deshidratación y uso concomitante de opioides.

- No se practica la sedación por sistema  ni es el médico el que decide instaurarla como parece desprenderse del comentario que figura al respecto. Siempre es un tratamiento que se instaura con consentimiento del paciente o en su defecto, del cuidador o familiar responsable y bajo indicaciones muy concretas: síntoma refractario y en la agonía (en el texto solo figura la primera indicación).

6. En el texto se afirma que la eutanasia  se práctica sin permiso a instancias del médico de  familia por baja calidad de vida, para facilitar una situación familiar, para acortar un espectáculo insoportable para los profesionales, para mitigar la necesidad de camas necesarias para otros enfermos, o para prescindir de humanos vulnerables como fuente de gastos e incomodidades. El escribir esto supone una falta de seriedad y rigor sin límites, utilizada para justificar el argumento de la pendiente deslizante que es falso.

7. Por último habla de la experiencia holandesa tras la aprobación de la ley que permitía su  aplicación, censurando su extensión a pacientes psiquiátricos, a problemas psicológicos y no físicos y a casos de dolor existencial. No dice que existen criterios para su puesta en marcha en todos los casos contemplados, que existen Comisiones Regionales que se encargan de velar por su cumplimiento y en el supuesto de que no se cumplan, dan parte a la fiscalía y si hay motivos de sanción, la pena puede llegar a doce años de cárcel. Estas Comisiones informan del número de Eutanasias practicadas y de las causas que las motivan: en 2018 se han practicado un 7% menos que en 2017 y el 90,6% de los casos corresponden a enfermos en fase terminal, constituyendo los problemas psiquiátricos un 1%.

Para terminar, se puede opinar sobre cualquier tema, pero siempre con rigor y fundamento, y sobre todo respetando las de los demás aunque no las compartamos.

El Ministerio de Sanidad acaba de hacer pública la situación de las listas de espera del Sistema Nacional de salud a 30 de junio de 2019, y aunque no esta de moda hablar de ello, resulta que es muy importante para la salud de la población, de manera que ante ello convendría hacer algunas consideraciones:

Una. Las listas de espera son el mecanismo que establecen los sistemas públicos de acceso universal para organizar los desajustes entre oferta y demanda de servicios sanitarios, que son inevitables porque es imposible planificar al detalle y prever las necesidades de servicios sanitarios en todo momento. La otra formula para organizarlo es el precio, y por eso en modelos liberalizados no hay listas de espera porque quienes carecen de medios económicos no tienen nada que esperar de sistemas sanitarios que los excluyen, y los demás esperan mas o menos en razón de lo que estén dispuestos y puedan pagar.

Dos. El problema de las listas de espera es cuando son tan excesivamente prolongadas que convierten el derecho a la asistencia sanitaria en un derecho meramente teórico, y favorecen la aparición de graves problemas y/o complicaciones durante las demoras. Por eso, aceptando que debe de haber listas de espera, hay que exigir que estas sean razonables y no favorezcan el empeoramiento de las patologías que las motivan, y ese es el gran reto a que se enfrenta la Sanidad Pública en España.

Tres. Si vemos los resultados que se han hecho públicos se observa que el número de pacientes en espera estructural en lista quirúrgica (LEQ) ha crecido en 3.206 personas desde diciembre de 2018 y alcanza la cifra de 671.494 personas (el 1,44% de la población), el número mas alto en LEQ desde diciembre de 2016, con una ligera disminución del número de días de demora media respecto a diciembre de 2018 (115 días versus 129), pero 22 días mas que hace un año. El porcentaje de pacientes con mas de 6 meses de espera baja respecto a diciembre (15,8 versus 20%) pero aumenta respecto a junio de 2018 (12,2%).

Diferencias entre CCAA

Las diferencias entre CCAA son muy notables. Así el porcentaje de pacientes por 1000 habitantes en LEQ va desde 23,32 en Cataluña a 8 en Madrid y 8,32 en Navarra. Asimismo la demora media va desde 164 días en Andalucía hasta 47 en La Rioja y 49 en el País Vasco, mientras que el porcentaje que espera mas de 6 meses se sitúa entre el 29,4% en Castilla la Mancha y el 1,4% en Asturias (País Vasco viene recogido como 0% pero faltan datos de la mayoría de las especialidades). También existe una amplia variación en las demoras por especialidades, en algún caso especialmente llamativas (cirugía plástica supera los 350 días de promedio).

Cuatro. La lista de espera de consultas externas (LEC) es también muy preocupante, pero hay que aclarar que recoge solo la espera para la primera consulta y no para las sucesivas, que en nuestra experiencia son mucho mas importantes. Con esta limitación, es de 81 días de promedio (recuérdese que el Consejo Interterritorial del SNS estableció en 15 días la demora aconsejable), 61,84 personas por 1000 habitantes y 42,6% que esperan mas de 60 días. Como en la LEQ los datos son ligeramente mejores que en diciembre de 2018, pero bastante peores que en junio de ese mismo año (57 días de espera media, 43,06 personas /1000 habitantes y 37,4% que esperan mas de 60 días).

Las diferencias entre CCAA son también notables. Según las CCAA la mayor espera en días de promedio es en Andalucía (130 días) y la menor en el País Vasco (23). La mayor tasa de población en LEC /1000 habitantes esta en Andalucía (86,19%) y la menor en el País Vasco (15,51%) y en cuanto al porcentaje que espera mas de 60 días oscila entre el 68,8% de Murcia y el 3,7% de Baleares. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología que superan los 70 días de promedio.

Cinco. En todo caso se trata de unas esperas muy elevada tal y como señalan las comparaciones internacionales (EU Health 2019) y que claramente no han mejorado en el ultimo año que es la comparación mas razonable (en diciembre el efecto de las vacaciones y el aumento de las patologías respiratorias produce un repunte, digamos que habitual de las listas de espera).

Seis. El estado de las LEQ y LEC es muy preocupante porque las demoras son excesivas de manera casi generalizada y suponen una situación intolerable en muchos casos. Por otro lado esta claro que las demoras reales que padecen los ciudadanos son la suma de todas ellas: demora en Atención Primaria + demora en LEC + demora en pruebas diagnósticas (que incomprensiblemente no recoge el Informe) + demora en las consultas sucesivas + demora en LEQ, y por lo tanto en muchos casos la espera para resolver el problema de salud superara el año e incluso los 2 años y más.

Siete. No es por lo tanto extraño el crecimiento de los seguros privados ya que muchos ciudadanos se sienten expulsados de la Sanidad Publica por estas demoras, y si su situación económica se lo permite, buscan una alternativa en el sector privado. Esta privatización de la asistencia (en este caso de la financiación y la provisión) aumenta la desigualdad y favorece que las personas con menos recursos y habitualmente con mayores problemas de salud no consigan acceder a la asistencia que precisan en el momento oportuno.

Todos estos resultados ponen en evidencia que nuestro sistema sanitario público no se ha logrado recuperar de los grandes recortes que sufrió con la excusa de la crisis y que el aumento presupuestario que se ha producido en los últimos años, tal y como ya hemos señalado reiteradamente desde la FADSP, se ha dirigido al aumento del gasto farmacéutico y a las privatizaciones, es decir a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población, por eso es imprescindible cambiar la política sanitaria y tomar medidas urgentes y radicales para atender las necesidades de salud de las personas, que tienen que pasar necesariamente por el uso intensivo de los recursos de la Sanidad Pública.

La Sanidad Pública tiene un serio problema con el gasto farmacéutico porque los precios de los nuevos medicamentos están creciendo de una forma exorbitante, con lo que se produce un verdadero agujero negro para el Sistema Nacional de Salud que pone en riesgo su sostenibilidad. Valgan algunos ejemplos: en 2019 se aprueba un medicamento (Kymriah, Yescarta)  con un precio de 320.000 euros y se anuncia para 2020 un medicamento con un precio de 2 millones de euros.  Por eso el gasto en medicamentos hospitalarios aumento un 24% entre 2014 y 2018 y sigue subiendo. Al final será imposible asumir estos precios por el sistema sanitario público que entrara en quiebra.

No se explican estos precios, que son meramente especulativos, y que no tienen relación ni con el coste en investigación y menos aún con el de producción: por ejemplo, el coste de fabricación de los nuevos medicamentos para la Hepatitis C es de 100 euros por tratamiento, sumando el coste de investigación, nos situaríamos en 300 euros por tratamiento. En España hemos pagado una media de 19.000 euros. Como se ha  tratado a más de 130.000 pacientes  el coste razonable sería de 39 millones de euros y hemos pagado 2.500 millones. Una situación intolerable.

Las empresas farmacéuticas consiguen gracias a este atropello unas ganancias del 40% sobre las ventas, mientras que las empresas industriales se mueven en torno al 5%. Ese fabuloso beneficio se dedica en buena parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre políticos, médicos y opinión pública.

La industria dice que invierte mucho en investigación, pero no es cierto. Invierte alrededor del 16% en investigación frente al 23% en marketing (en propaganda, en “formación” de los que deciden sobre la prescripción, en viajes, en pseudo congresos científicos, etc). Esta documentado que a veces las empresas compran los resultados de investigación de los equipos públicos a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados.

Los precios tan elevados producen efectos negativos sobre los enfermos: retrasan la aprobación de nuevos tratamientos, favorecen el racionamiento, y que las farmacéuticas retiren los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos, produciendo desabastecimientos y forzando que se recete los más caros.

Las empresas también presionan a los médicos, para favorecer que receten de forma innecesaria, provocando efectos adversos indeseados (todos los medicamentos producen efectos secundarios que son peligrosos para la salud por lo que hay que valorar el riesgo/beneficio siempre que usamos un medicamento). Un dato, en la Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año por efectos adversos evitables de los medicamentos.

Otros efectos de estos precios elevados es que los gobiernos pongan copagos a la población y se retiren medicamentos útiles de la financiación pública. En España sucedió con el RDL 16/2012 que aprobó el gobierno Rajoy, el resultado es que 1,4 millones de personas no retiraron los medicamentos prescritos en 2018. Y además lo que se paga de más en medicamentos se resta de los presupuestos sanitarios y la Sanidad Pública se queda sin dinero para personal, equipos, infraestructuras, de manera que se deteriora la calidad y aumentan las listas de espera

Unos precios tan elevados e injustos ponen en peligro la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública y por lo tanto plantean un problema muy grave para la salud.

¿Cómo se puede lograr un precio justo para los medicamentos?.

Tal y como se señala en la ILP hay que actuar desde ahora en 2 escenarios: A medio y largo plazo es preciso alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Unidas. Este marco debería volver a prohibir la utilización de patentes en medicamentos, quitando el monopolio que permite el abuso de la industria. La financiación de la investigación tiene que hacerse con fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo Global, con fijación de prioridades en función de necesidades de salud, y con investigación abierta y colaborativa. Las empresas deben facturar a precio de coste, con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%. Mientras tanto es importante aumentar la capacidad de negociación de la Sanidad Pública  para negociar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible. Para ello se ha propuesto la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo”.

La ILP propone cambiar la Ley del Medicamento para lograr

1. Que los precios se fijen en relación con el coste de fabricación y los costes de investigación debidamente auditados.

2. Que la negociación sea transparente. Las empresas deberán facilitar toda la información sobre estos costes al gobierno y el gobierno deberá publicar esta información, así como la deliberación seguida para fijar el precio. La información es poder. Y la transparencia en asuntos tan importantes es un derecho de ciudadanía.

3. Que se cree un fondo para financiar investigación y formación independiente, para que ni los médicos ni las asociaciones de pacientes tengan que ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero que les damos los pacientes y los sistemas de salud a través de los sobreprecios). Este fondo se financiará con el dinero ahorrado al fijar precios más justos, y con aportaciones por volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud.

Si la ILP  prospera se podrían destinar 1.500 millones de euros anuales al fondo de investigación y formación independiente. La ILP pretende propiciar un amplio debate social , que permita movilizar un apoyo a las medidas que los gobiernos adopten para fijar precios justos. Solo de esta manera podremos mantener y mejorar una sanidad pública de calidad y para todos. Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Diputados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y julio de 2020. Para lograrlo se precisa la colaboración de todos.

Para más información: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar la situación de las listas de espera a 30 de junio de 2019, ante lo que conviene hacer algunas reflexiones. El número de pacientes en espera quirúrgica (LEQ) ha crecido desde diciembre del 2018 y alcanza 671.494 personas (el 1,48 % de la población), el mas alto desde el 2016, con una ligera disminución respecto a diciembre del 2018 (115 días frente a 129), pero 22 días más que hace un año. El porcentaje con más de 6 meses de espera baja respecto a diciembre (15,8 % frente a 20 %) pero aumenta respecto a junio del 2018 (12,2 %).

Hay muchas diferencias entre autonomías, tanto en el porcentaje de pacientes por 1.000 habitantes en lista de espera quirúrgica como por la demora media y el porcentaje que espera más de seis meses. Además hay una especialidad (cirugía plástica) que supera los 350 días de espera de promedio. Son esperas muy elevadas, tal y como señalan las comparaciones internacionales, y que no han mejorado en el último año.

La espera de consultas externas es también preocupante: 81 días de promedio (15 días es la demora aconsejable), 61,84 personas por 1.000 habitantes y 42,6 % que esperan más de 60 días. Como con la cirugía, los datos son algo mejores que en diciembre del 2018, pero peores que en junio de ese mismo año.

Las diferencias según las comunidades autónomas también persisten: en días de espera, población por 1.000 habitantes, en lista de espera de consultas externas y porcentaje que espera más de 60 días. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología, que superan los 70 días de promedio.

La situación es grave, porque las demoras son excesivas de manera generalizada. Además, el tiempo de tardanza real que padecen los ciudadanos es la suma de todas ellas: demora en atención primaria + demora en consultas externas + espera en pruebas diagnósticas (que no recoge el informe) + espera quirúrgica, y por lo tanto en muchos casos será un año, e incluso dos o más.

En este contexto, no extraña el crecimiento de los seguros privados porque los pacientes que tienen dinero buscan alternativas en la sanidad privada, lo que aumenta la desigualdad e impide el acceso a las personas más pobres.

Estos resultados evidencian que nuestra sanidad pública no se ha recuperado de los recortes que sufrió con la crisis y que el aumento presupuestario posterior se ha ido a aumentar el gasto farmacéutico y a las privatizaciones, o sea, a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población; por eso es necesaria una política sanitaria que tome medidas urgentes para atender las necesidades de salud de las personas.

     Me hablaron de ello en mi servicio (Neurología) porque, como médica, puede corresponderme llevar a cabo el procedimiento en algún momento (aunque existe la posibilidad de declararse objetor de conciencia). La mayoría de los procesos de eutanasia se llevan a cabo por el médico de Familia en el domicilio del paciente. Pero tratándose las enfermedades neurológicas de la tercera causa para solicitar la eutanasia, solo es cuestión de tiempo que le corresponda al neurólogo. Y el otro día le llegó su primera vez a mi compañero de departamento. El Dr. Mertens (nombre ficticio) es un hombre tranquilo. De los que no se alteran con los contratiempos ni parecen estresarse con la carga asistencial.

     Sin embargo, esos días era obvio que estaba nervioso. Salía y entraba continuamente del despacho, y no paraba de darle vueltas al protocolo de 500 páginas sobre la eutanasia… Sus preocupaciones no eran baladíes: "¿Hago lo correcto como médico?", "¿es esto un fracaso de la Medicina?, ¿un fracaso mío?", "¿cómo será la situación…?".

     Todo el desasosiego que reflejaba su rostro se había desvanecido cuando le vi volver de ayudar a aquel paciente a tener su muerte digna. "¿Qué tal?", le pregunté. "Muy bien", me contestó, "había mucha paz".

     El paciente, que padecía una enfermedad neurodegenerativa sin cura conocida, había tomado la decisión de forma meditada hace tiempo. Sus familiares lo aceptaban. Ya todo estaba dicho, todos los abrazos y besos estaban dados. Las despedidas, los agradecimientos, las conversaciones pendientes… Todo había sido ya dicho como solo puede hacerse cuando conoces la fecha exacta de tu muerte. Y por lo tanto, en la habitación solo reinaba la paz. La paz con la que se va alguien cuyo derecho a poner fin a su vida se ha respetado.