La paralización de los ensayos sobre la vacuna de Oxford después de encontrar un posible efecto adverso grave ha vuelto a poner de actualidad los problemas que tiene el conseguir una vacuna que tenga una elevada eficacia y efectividad, pocos efectos adversos y un coste razonable .

Hace algún tiempo (junio de 2020) ya señalaba lo complicado que es encontrar una buena vacuna y lo peligroso que era el hacer pronósticos sobre si se conseguiría, y más aún sobre cuando se lograría (Tratamientos y vacunas contra la COVID-19: polémicas y contrainformaciones) y creo que esta paralización, que el laboratorio ya indica que es temporal, porque en 15 días tiene previsto reiniciar el proceso, ha vuelto a colocarnos en la realidad de las cosas.

Las vacunas se basan en el hecho de que muchas de las enfermedades generan inmunidad (defensas) más o menos permanentes que protegen frente a una nueva infección evitándola y/o haciendo que esta sea menos grave. En el caso de la COVID-19 hay evidencias de que al menos una parte de la población no genera anticuerpos y/o estos desaparecen muy pronto lo que se ha visto en el estudio sobre seroprevalencia realizado en España y en el hecho de que se han evidenciado reinfecciónes, o sea que lo primero que desconocemos es si se logra una vacuna esta tendrá una protección duradera y de no ser así cuanto tiempo se extenderá su efecto protector.

La segunda cuestión que no es menos importante es que la vacuna se administrara a millones de personas sanas y por lo tanto los efectos adversos, incluso los infrecuentes tienen que valorarse muy detenidamente y evaluar el riesgo/beneficio de la misma en términos de salud.

Luego la actual búsqueda de la vacuna se da en un entorno de gran competencia entre empresas farmacéuticas e incluso entre países y va a tener impacto en las relaciones geopolíticas mundiales. Eso empeora las cosas porque produce muchos incentivos para magnificar los resultados positivos y minimizar los riesgos lo que ya ha producido más de un problema con otros medicamentos. Por lo tanto habrá que ser muy prudentes con los resultados que publican las empresas que son juez y parte en este asunto.

Por otro lado hay países, entre ellos España en el marco de la UE, que están realizando compras a las empresas farmacéuticas de estas vacunas, todavía inexistentes, con la idea de garantizarse un abastecimiento de las mismas cuando estén operativas. Estas compras tienen muchos riesgos porque podría suceder que estas vacunas finalmente no estuvieran disponibles y se habría comprado humo. Cabría exigir que en estas operaciones se produjera algún tipo de blindaje, por ejemplo participación en los beneficios si hay éxito en la producción de vacunas efectivas y cláusulas de recuperación de las inversiones si se produce un fracaso (por ejemplo con rebajas en los otros medicamentos de las empresas).

Un último comentario tiene que ver con la conveniencia de evitar crear falsas expectativas. No tenemos seguridad de que vaya a haber una vacuna eficaz, aunque es probable que sí la acabe habiendo porque hay muchas líneas de investigación trabajando en ello, pero menos aún sobre cuándo estará disponible si se consigue (la OMS habla del verano de 2021), por eso me parecen poco razonable las declaraciones desde el Ministerio de Sanidad asegurando que estará disponible en diciembre, y aunque es obvio que es posible que lo crean así y se hace para inyectar optimismo en una situación muy negra, se están equivocando, primero porque lo más probable es que no acierten (y ojalá sea yo el que no acierta) y den pie a responsabilizar al Ministerio de algo que evidentemente no puede controlar, y luego porque favorecen que se baje la guardia ante la única vacuna eficaz que tenemos aquí y ahora contra la pandemia: extremar las medidas de precaución y evitar la extensión de los contagios.

Mientas se desarrolla y expande la pandemia, la Sra. Ayuso (Isabel Díaz Ayuso, IDA) no ha perdido el tiempo, y no se ha dedicado precisamente a adoptar medidas para controlar los contagios y reforzar la Sanidad Pública sino a favorecer los intereses empresariales de sus amigos.

Hace tiempo el Roto publicó dos viñetas que son premonitorias y explican muy bien la situación. En una de ellas un ave carroñera señalaba Las épocas de desastres son épocas de grandes oportunidades* y en la otra desde lo alto de una rascacielos, se supone que una oficina de “alto standing” una voz decía La perspectiva engaña: lo que hay abajo veis como un desastre desde aquí arriba se percibe claramente como una gran oportunidad**. Que gran premonición sobre el comportamiento de IDA

Vayamos a los hechos:

Cuando la pandemia se hace ya ingobernable, IDA abre el hospital de IFEMA (después de que el PP llevase 10 años cerrando camas en los hospitales públicos de la Comunidad), lo que su escudero definió como “un hito en la historia de la sanidad mundial”. Para ello, su puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior cierre utiliza los servicios de empresas privadas, y cuando se cierra, una decisión precipitada y claramente errónea, se comienza a derivar los enfermos que antes recibía el IFEMA, es decir los que estaban en situación estable y menos graves, a los centros privados. Paralelamente se abren los denominados “hoteles medicalizados”, que en realidad eran hoteles para el aislamiento de pacientes asintomáticos u oligosintomáticos.

En el medio decide hacer un más que cuestionable hospital de infecciosos en Valdebebas, y lo pone en marcha mediante contrato con 14 empresas privadas, en lugar de abrir, lo que habría sido más rápido y menos costoso las 1.600 camas que cerraron en los centros de gestión pública o los espacios no utilizados en los hospitales de Esperanza Aguirre (por ejemplo la torre 4 de San Sebastián de los Reyes), o el antiguo hospital de Puerta de Hierro. Además, el nuevo hospital que supuestamente iba a abrirse en octubre ya se demora en principio hasta fin de año e incluso hay unas declaraciones de la Consejería de Sanidad que señalan que se utilizaría como almacén centralizado.

Cuando empiezan los rebrotes, IDA que había prometido 600 rastreadores para pasar de la fase 2, y que reconoce en julio que solo tiene 181, después de rechazar 100 rastreadores gratuitos que le ofrece el ayuntamiento de Madrid hace un contrato de ¡22 rastreadores! Con Ribera Salud, y paralelamente comienza a hacer PCR a población general, de dudosa utilidad, mientras que las que se realizan a contactos tienen demoras de entre 4 y 8 días, cómo no, mediante un contrato con la misma empresa privada, a la que por cierto también se encargan las pruebas que se realizan al profesorado en unas condiciones abracadabrantes (largas colas, hacinamiento, etc), y se vuelven a contratar con hoteles. Para seguir la linde, se descubre que la concesionaria de los laboratorios de los hospitales PFI que inauguro Esperanza, está derivando pruebas PCR a los hospitales públicos, obviamente a coste 0.

Todo ello, y lo que no conocemos, se ha hecho sin concurso alguno, en contratos por motivos de urgencia, hechos a dedo con empresas amigas, y mientras se racanean fondos para la Sanidad Pública, un buen ejemplo son los rastreadores no contratados o el nunca realizado refuerzo de la Atención Primaria, aunque es posible que en la “neolengua” se considere como tal el cierre sistemático de centros de salud y/o la reducción de los horarios de atención, y la ausencia de refuerzos de personal en los hospitales públicos. Por cierto si algún día se abre el nuevo hospital de Valdebebas, ¿con que personal se hará?, porque hasta ahora no hay ninguna previsión de contratación y un hospital sin personal solo es un edificio vacío, quizás por eso se ha insinuado lo de convertirlo en un almacén de material.

Otro aspecto interesante es la capacidad de IDA y su escudero para encubrir los hechos mediante anuncios sistemáticamente incumplidos, de un IFEMA con 5000 camas se pasó a uno con menos de 2.000, de 600 rastreadores a 181, de refuerzos en AP a cierre de centros… Mientras tanto anda muy preocupada por los contagios provenientes de Barajas que se han demostrado irrelevantes, y con posados de luto, funerales católicos y otras escenificaciones con la evidente intención de despistar a los medios y al personal, y procurar así que pase desapercibida su desastrosa gestión de la pandemia, y su retraso en tomar medidas eficaces para la contención del virus.

Hay una versión que mantiene que IDA es un ejemplo viviente de aquello de que la estupidez humana es infinita, que decía Einstein, pero yo no lo creo, es obvio que tiene su punto y que el desparpajo que la caracteriza la pierde en ocasiones, pero toda su actuación en esta pandemia evidencia que lo que desde aquí abajo, desde la población y los centros sanitarios, vemos como un desastre, ella es capaz de convertirlo en una gran oportunidad, para la privatización sanitaria, para las empresas privadas y para sus amigos. 

Mientras sigan siendo los irresponsables gestores de la Sanidad madrileña nuestra salud estará en peligro. Es urgente que se vayan.

Ahora que se está produciendo una oleada de rebrotes del coronavirus vuelve la vieja polémica de la responsabilidad de la mala situación que tiene España en el contexto europeo, y de nuevo todo el mundo parece querer eludir su responsabilidad cargándosela a los demás. En mi opinión la responsabilidad esta bastante compartida:

1. La población, aunque la maoría cumple las normas hay un sector minoritario pero significativo, sobre el 10-15 % (entre 6 y 7 millones de personas) que no lo hace: reuniones sin control, no uso de mascarillas, ignoran las distancias, e incluso personas que debían estar confinadas que no lo están, etcétera.

2. Las autoridades de las comunidades autónomas que no han utilizado los 1.000 millones que recibieron del Gobierno para reforzar la atención primaria y/o contratar rastreadores, que tampoco han intervenido en las residencias, ni reforzado las plantillas en los centros sanitarios donde sigue habiendo muchas camas cerradas, etcétera.

3. El Gobierno central que parece haber dejado el control en manos de unas autonomías más entretenidas en falsear los datos o en enfrentarse con el Gobierno central (véase el caso escandaloso de Madrid), que en tomar el mando y la coordinación efectiva, y que no ha verificado que los fondos recibidos por las comunidades se destinan al necesario refuerzo de la sanidad pública.

4. Y por fin los partidos políticos, especialmente los de la oposición que han hecho del enfrentamiento y la descalificación su forma de trabajo, fomentando así la incredulidad ciudadana y dando alas a los negacionistas de turno.

Los que no somos responsables somos los trabajadores de la Sanidad que nos hemos esforzado en contener los daños de la pandemia y en atajar su expansión, como los demás trabajadores de los servicios públicos esenciales, que han mantenido el tipo para proteger el funcionamiento de la sociedad y que no nos merecemos lo que esta pasando.

¿Que podemos hacer? Rectificar: asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, aumentando las restricciones y utilizando medidas policiales contra los incorregibles, aumentar los medios humanos y materiales de la sanidad pública -especialmente en la atención primaria y en los rastreadores-, dotar al Ministerio de Sanidad de una política eficaz de coordinación y control de la pandemia (el virus no respeta fronteras autonómicas), y los políticos deben abandonar los enfrentamientos sectarios, porque la unidad y la coordinación son fundamentales para combatir la pandemia.

La muerte nos llega a todos antes o después, pero como diría Orwell unos son mas iguales que otros ante el fin de la vida. Así se deduce de 2 recientes publicaciones, el Atlas Nacional de Mortalidad en España realizado por la Generalitat Valenciana y la Fundación Fisabio y el Informe Evolución de la Esperanza de Vida y la Mortalidad en las CCAA, desde la crisis hasta la actualidad elaborado por la FADSP.

En el conjunto del país la esperanza de vida aumentó en 1,17 años, sin embargo no aumentó igual en hombres que en mujeres, en los primeros se incrementó en 1,41 mientras que en las mujeres lo hizo en 0,82 años, con lo que la diferencia en esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres se redujo entre 2010 y 2018 en 0,5 años, pero continuó existiendo una mayor esperanza de vida a favor de las mujeres (5,39 años en 2018).

Las CCAA con mayor esperanza de vida fueron Madrid y Navarra (84,23 y 84,18 años respectivamente en 2018) y las que la tuvieron menor eran en ese mismo año Andalucía (81,86) y Canarias (82,26), es decir una persona que viva en la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida en principio vivirá 2,37 años más que si viviera en la que la tiene menor.

La tasa de mortalidad general (por 1000 habitantes) también tiene una gran dispersión según CCAA, Madrid y Baleares son las que tienen una menor tasa de mortalidad (7.04 y 7,06 respectivamente) mientras que las mayores tasas están en Asturias (12,92) y Castilla y León (12,13). En este caso se debe probablemente al mayor envejecimiento de la población en estas 2 CCAA respecto a las que tienen las menores tasas de mortalidad. Como era de esperar la mortalidad es mayor entre los hombres (0,52 puntos en 2018), y ha aumentado en ambos sexos durante estos años.

La tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos decreció en el periodo en 0,57 puntos y de forma muy parecida entre hombres y mujeres. La mayor mortalidad infantil en 2018 se encuentra en Andalucía (3,77) y la menor en Navarra (1,77).

Entre las tasas de mortalidad por enfermedades especificas (calculadas por 100.000 habitantes), la mortalidad por enfermedad de Alzheimer aumentó ligeramente en este periodo (0,25 puntos), la mortalidad por cáncer presentó una disminución de 12,12 puntos en el periodo, sobre todo entre los hombres, probablemente por la disminución del tabaquismo entre estos mientras se incrementa entre las mujeres. La mortalidad por diabetes también disminuyó (1,78 puntos) y por enfermedad cerebrovascular también lo hizo (7,36 puntos), en ambos casos es probable que en relación con el mejor control de la diabetes y la hipertensión arterial, lo que depende fundamentalmente del funcionamiento del sistema sanitario.

La mortalidad por neumonía e influenza aumentó en cambio (1,63 puntos) probablemente debido al aumento de la edad media de la población, ya que estas enfermedades presentan mucha mayor mortalidad en las personas mayores y con pluripatologías.

Merece la pena destacar que tanto una menor esperanza de vida como unas mayores tasas de mortalidad, tanto general como por las causas analizadas, se concentran en las CCAA con menor PIB per capita (Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura), lo que ya ha sido señalado por numerosos estudios como los de determinantes de salud de la OMS en Europa (The solid facts 2003) o como el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español que en su Informe sobre las Desigualdades en Salud de 2019 señalaba que “el estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza, tanto en lo que se refiere a la salud percibida, como a la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones básicas de la vida diaria. Cuatro de cada diez personas pobres (37,4%) consideran que su salud es regular, mala o muy mala. Esta cifra es once puntos superiores al de las personas no pobres (26 2%)”.

Asimismo la pandemia de covid19 ha tenido un mayor impacto en los grupos de población con menores recursos, tal como lo demuestran los estudios en barrios de Madrid y Barcelona donde se ha visto que el número de casos por 100.000 habitantes tenía una 8,37% más de casos positivos en los barrios más pobres en la primera ciudad y un 66% más en la segunda. Asimismo las localidades del sur y el corredor del Henares en Madrid, con menor renta per capita, presentan una incidencia mayor de casos que las del norte y oeste de mayor renta per capita. Otro caso relevante es el de los temporeros donde se han evidenciado un importante brote probablemente causado por unas muy deficientes condiciones de trabajo y de vivienda. Desgraciadamente los datos de mortalidad no están desagregados por nivel socioeconómico, pero probablemente cuando se analice esta variable se encontrara una mayor mortalidad entre los sectores de población con mayor pobreza.

La relación entre pobreza y peores indicadores de salud está vinculada tanto con unos menores ingresos lo que produce peores viviendas, problemas de acceso a una dieta saludable, desempleo y subempleo, peores condiciones de trabajo con mayores riesgos para la salud, mayor consumo de sustancias toxicas (alcohol, tabaco, etc), peor nivel educativo que favorece hábitos menos saludables (mayor obesidad por ejemplo), así como problemas de acceso a muchas prestaciones sanitarias (por ejemplo odontología, imposibilidad de retirar medicamentos prescritos por no poder asumir los copagos, etc).

Desgraciadamente hay pocos estudios que nos permitan evaluar las desigualdades dentro de las propias CCAA y dentro de los propios municipios, es decir que hagan un análisis según el nivel socioeconómico y la clase social, porque incluso analizar según el código postal es insuficiente porque con frecuencia agrupa situaciones económicas y sociales muy diferentes.

Una última reflexión tiene que ver con la necesidad de reducir las desigualdades tanto en esperanza de vida como en mortalidad, que se ha evidenciado son muy importantes, desarrollando instrumentos como el Plan Integrado de Salud, y tenerlo en cuenta en la prevención y el abordaje y de los rebrotes más que previsibles de la Covid19. Asimismo señalar que dentro de las propias CCAA existe en algunos casos una desigualdad notable que también debería abordarse, así como la influencia en estas desigualdades del nivel socioeconómico, que como se ha señalado puede ser determinante.

Hace pocos días el Congreso aprobó finalmente las conclusiones sobre Sanidad y Salud Pública para la Reconstrucción Económica y Social, y lo primero que al leerlas se produce es una profunda decepción, ante unas conclusiones que parecen desatender la exigencia social y profesional de reforzamiento de la Sanidad Pública, para afrontar los problemas de nuestro sistema sanitario puestos de relieve con la pandemia y poder responder con mayor eficacia ante los rebrotes que se están produciendo y una previsible segunda oleada de la Covid19.

El documento, muy largo y de estilo especialmente rebuscado y ambiguo, aborda muchos temas pero es especialmente insuficiente en lo que respecta a la política farmacéutica y la investigación donde propone reforzar el papel del sector privado y la colaboración público-privada. Por otro lado los aspectos de Atención Primaria y Salud Pública son los mejor desarrollados y llama poderosamente la atención que lo que respecta al modelo sanitario sea un cajón de sastre de cuestiones, que siendo importantes, poco o nada tienen que ver con este y que no se diga una sola palabra sobre las privatizaciones que ha sufrido nuestro sistema sanitario y por lo tanto tampoco se plantee ninguna medida para superarlas.

Por supuesto las 87 recomendaciones contienen propuestas positivas, entre las que hay que destacar la de dedicar el fondo de reconstrucción solo a los centros de gestión y titularidad públicas, la desvinculación de la industria farmacéutica de la esponsorización de asociaciones de profesionales y usuarios, y la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, etc. Pero su lenguaje, en general confuso y alambicado, y la ambigüedad del texto hace que haya pocos compromisos concretos y que todas las cuestiones que se plantean estén pendientes de desarrollos legislativos posteriores para poder ser efectivas.

Desde la 'Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica' entienden que las soluciones a los problemas de la Sanidad Pública tienen que venir fundamentalmente por el desarrollo de cinco aspectos que no están o están insuficientemente contemplados en las Recomendaciones:

• Un compromiso con una financiación suficiente con la Sanidad Pública que se relacione con un aumento de los presupuestos del sistema sanitario público per capita para alcanzar el promedio de los países de la UE, así como garantizar un 25% del gasto sanitario público en Atención Primaria, un 2,5% en Salud Pública y el 2% en investigación. Ello podría hacerse mediante el posicionamiento en el Fondo de Reconstrucción Sanitaria de 46.000 millones de euros, siguiendo en su reparto los criterios que se señalan en la recomendación 73.

• Cambiar de manera sustancial la política farmacéutica para garantizar el acceso de toda la población a medicamentos de calidad a un precio razonable lo que exige aparate de criterios más estrictos en la fijación de precios, la puesta en funcionamiento de una producción pública de medicamentos y promover la investigación pública y los retornos de las subvenciones y ayudas a las farmacéuticas.

• Delimitar claramente la Sanidad Pública de los intereses privados, fomentando el sector sanitario público en recursos, aprovechamiento de los mismos, investigación, regulando estrictamente los conflictos de interés, etc. Además de garantizar la paralización de nuevas privatizaciones y la recuperación de lo privatizado

• Poner en marcha una política eficaz sobre Salud Pública, reforzando sus efectivos, creando una agencia/instituto de Salud Pública para coordinar las actuaciones a nivel de todo el país y elaborando el Plan Integrado de Salud.

• Incrementar de manera sustancial los recursos humanos de la Sanidad Pública especialmente en enfermería en Atención Primaria y reforzar el compromiso de los mismos con la Sanidad Pública, potenciando la dedicación exclusiva.

Resulta decepcionante que hayan sido precisamente los partidos que sustentan este gobierno los que hayan impulsado estas conclusiones, que poco o nada avanzan en solucionar los graves problemas que tienen nuestro sistema sanitario. Desde la 'Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica' afirman que "seguirán trabajando por reforzar la Sanidad Pública y protegerla de los intereses comerciales que la ponen en peligro y movilizando a profesionales y población para consolidarla y defenderla de quienes quieren destruirla".

Este plan es tardío porque impone el uso obligatorio de mascarillas y otras restricciones (reuniones, etc.) cuando ya existe transmisión comunitaria en la región. Una medida que debiera haberse adoptado hace tiempo dado el notorio incumplimiento de las medidas de seguridad por una parte significativa de la población, en parte alentados por los Trump y Bolsonaro locales.

Pero lo más grave es que es insuficiente, porque no asegura a la región los medios sanitarios precisos para afrontar los rebrotes. Solo señalar los hechos mas relevantes: el número de camas cerradas es muy elevado, y como alternativa se plantea la reapertura de camas en el IFEMA que conviene recordar es un hospital de campaña abierto a toda prisa de manera improvisada y luego cerrado incomprensiblemente (eso sí pagamos a empresas privadas para hacerlo y mantenerlo y se supone volveremos a pagar para esta nueva reapertura y su posterior cierre), en lugar de cómo sería lo lógico reabrir las camas cerradas en los hospitales (en este caso de gestión pública), pero es más, abrir un hospital no es poner camas y equipamiento, sino y sobre todo, dotarlo de personal de todas las categorías, ¿de donde va a salir este?. Desde luego el plan no contiene ninguna previsión al respecto (a menos que se entienda por tal el interés de la Comunidad por dotar de sacerdotes católicos a los centros sanitarios), y los antecedentes de rápidos despidos tras el primer cierre del IFEMA no van a poner fácil el encontrar profesionales, porque aunque la Comunidad de Madrid parezca ignorarlo el personal sanitario no es material desechable, “de usar y tirar” y ahí tiene las movilizaciones de los MIR para demostrárselo.   

La Atención Primaria está más debilitada que al inicio de la pandemia (hay numerosos centros de salud con apertura limitada, los efectivos son muy reducidos, no se han cubierto las vacantes por vacaciones, etc.), con lo que su capacidad de respuesta, ya mermada tras años de recortes es aún menor en este momento. Y como guinda el número de rastreadores es notoriamente insuficiente, se habla de 360 para una población de 6,5 millones de personas cuando deberían situarse como mínimo en torno a los 40 por 100.000 habitantes (2.600) para garantizar una respuesta eficaz, en una Comunidad donde por sus circunstancias de densidad de población de movilidad el rastreo de contactos es una tarea muy complicada. Por otro lado, el tema de las residencias de mayores, verdadero foco de la mortalidad en la región, se circunscribe a restringir las visitas, no a garantizar mejores condiciones de las mismas como seria imprescindible.

Por fin la propuesta mediática, la llamada cartilla Covid19 parece una idea extravagante en la línea de las ocurrencias de IDA y su consejero (aunque quizás se trata de otra fuente de sustanciosos contratos a alguno de sus amigos) porque se desconoce la inmunidad y la duración de la misma que pueda provocar la enfermedad por lo que ninguna entidad sanitaria nacional o internacional recomienda su uso. En todo caso esos datos (haber padecido la enfermedad, los resultados de las PCR  y la presencia o no de anticuerpos) ya constan en las historias clínicas de la población y son accesibles con las TSI, y hay que considerar la estigmatización de los enfermos y/o los sanos que se puede provocar, en esto como en la manía por hospitales monográficos se pone de relieve la notoria antigüedad de los planteamientos de IDA (¿volveremos a los lazaretos y a los enfermos con campanilla como se hacía con los leprosos en la Edad Media?)

En resumen, de nuevo hacer como que se hace, mucho aparato escénico, recuérdese que con notoria falta a la verdad, a la proporción, y a la inteligencia, su consejero señaló que el IFEMA era  “un hito en la historia mundial”, pero pocas soluciones y/o insuficientes que ponen en riesgo la salud de la población que sufre unos gobernantes incompetentes, y solo preocupados por garantizar buenos negocios a sus amigos y desviar la atención sobre propuestas “espectáculo” para encubrir su mala gestión de las competencias que tienen atribuidas.

La Junta de Andalucía deriva 15 especialidades médicas de Cádiz a tres hospitales privados de la empresa José Manuel Pascual Pascual.

Las decisiones nos comprometen diría JP Sartre, y las decisiones de los profesionales durante la pandemia han comprometido a toda la sociedad a estar a la altura del momento histórico. Ahora le toca a los diputados y diputadas de nuestras Cortes estar a la altura y encontrar el mejor camino para fortalecer la Sanidad Pública que se ha ganado sobradamente el puesto de sector estratégico nacional, y fortalecer el derecho a la protección de la salud del artículo 43 de nuestra Constitución.

Tras las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y la Mesa de Reconstrucción toca decidir qué medidas van a ser las más eficaces para conseguir un blindaje del Sistema Nacional de Salud (SNS) y encontrar un equilibrio en este país donde las competencias en sanidad están transferidas a las 17 Comunidades Autónomas marcadas con amplias desigualdades presupuestarias de salud y heterogeneidad en los modelos de política sanitaria y desarrollo. Pero es necesario parar y reflexionar sobre la realidad para encontrar el camino, pues esta historia no va de heroicidades, sino de dirigir el SNS a la dirección política y organizativa adecuada para conseguir su objetivo final, cuidar y curar a la población con pandemia o sin ella. Por ello merece la pena reflexionar sobre las debilidades de nuestro sistema, aprender de los errores para mejorar las desigualdades en salud, financiación, políticas de privatización y los recursos humanos entre otros temas que afectan a nuestro Sanidad Pública.

Gobernanza y desigualdades sanitarias

Se conoce poco sobre las desigualdades existentes en el desempeño de los servicios sanitarios entre las diferentes regiones, y la evaluación de las políticas sanitarias en el territorio español. El limitado conocimiento adquirido en las últimas décadas sobre las desigualdades sociales en salud tampoco se ha reflejado en cambios en las políticas sanitarias. Las desigualdades en la salud no afectan a lo meramente organizativo y presupuestario o a la sanidad. De hecho, los servicios sanitarios son sólo uno de los determinantes de la salud, aunque es el determinante al que el presupuesto sanitario dedica más recursos económicos. La evaluación de las medidas del desempeño de los servicios sanitarios es importante para valorar cuestiones fiscales del gasto sanitario, incidir en las desigualdades de salud y diseñar políticas sanitarias dirigidas a equilibrar los resultados en salud de las diferentes CCAA. Así pues, conocer hasta qué punto existen desigualdades entre los servicios sanitarios y la comparación entre ellos es un hecho legítimo, además de ser una manera de rendir cuentas ante la sociedad y una fuente de información con la que diseñar políticas sanitarias. Quizá por ello, la OMS desde su Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, apunta desde hace años a las instituciones sanitarias como responsables de la acción en promoción de la salud y de la equidad sanitaria de sus pueblos, así como de los efectos de las políticas y programas de salud.

La mayoría de los planes de salud de las comunidades autónomas no incluyen objetivos destinados a disminuir las desigualdades socioeconómicas en salud y existen muy pocos ejemplos de intervenciones que las tengan en cuenta. Parece como si al aumento de las transferencias de competencias en sanidad y autonomía de las comunidades haya hecho perder el interés por las desigualdades de salud y evaluación de las políticas sanitarias entre las diferentes comunidades. La descentralización administrativa es importante pues implica acercar los servicios a los ciudadanos y afronta mejor sus realidades, pero cuando en plena pandemia, mientras se intentaba coordinar un sistema descentralizado para garantizar una respuesta unitaria, varias comunidades se enfrentan con el Ministerio, bajo criterios no sanitarios y en ocasiones desobedeciendo las indicaciones de Sanidad, la descentralización política y la politización de las cuestiones sanitarias se convierte en un problema para la salud. Sin la vuelta a la centralización del Estado de Alarma no se podría haber hecho frente a estas y otras cuestiones, lo cual habría afectado a la capacidad de respuesta del Ministerio. No quiero entrar en este documento a analizar el comportamiento contrario a la razón y la salud que han protagonizado algunas organizaciones políticas, me preocupa el daño producido a este país. Pero si pretendo avanzar y afrontar una cuestión clave; ¿Queremos dotar al SNS de mecanismos efectivos de compensación de las desigualdades sanitarias territoriales y protegerlo de la politización de la sanidad, o miramos a otro lado cuando los intereses políticos no sanitarios y territoriales se imponen a los intereses de la salud?

Los mecanismos y herramientas institucionales compensadores existentes como Consejo Interterritorial, entre otros, han sido superados por la pandemia, si los mecanismos de compensación interterritorial y la maquinaria de la coordinación hubieran funcionado, no habría sido necesario centralizar de la organización sanitaria, quizá también faltó lealtad institucional para que el modelo descentralizado funcionara. Por ello es preciso avanzar hacia la colaboración y coordinación para acabar con la inequidad entre sistemas sanitarios dentro de un mismo país. Una posibilidad en este sentido, es la creación de un Plan integrado de Salud, para definir necesidades de salud comunes, gestionado por el Consejo Interterritorial, con presupuesto propio, financiación finalista y dirigido a mejorar la equidad y coordinación entre comunidades, pero sobre todo es necesario estar a la altura como los profesionales sanitarios, que supieron identificar lo importante, la salud, y respondieron con lealtad a la llamada de sus pacientes.

Privatización del Sistema Nacional de Salud

Existen sobradas evidencias que el modelo de privatizaciones de la asistencia sanitaria no resulta ni eficiente ni es adecuado para gestionar la salud. En este modelo ha pasado de casi todo: sobrecostes en la construcción de hospitales PFI (Iniciativa de financiación privada), rescates con dinero público del modelo Alzira, fenómenos de puertas giratorias, irregularidades por la imbricación político empresarial, falta de supervisión o falta de integración, reducción de camas hospitalarias, etc, cuestiones bien documentadas en numerosos medios y publicaciones.

Numerosas publicaciones, como la revista “The Lancet”, corroboran que las políticas de austeridad, recortes y privatizaciones han deteriorado el SNS de nuestro país siendo preciso frenar el deterioro (2018). El BMJ, desde hace muchos años ya alerta en numerosos artículos que el modelo PFI es un fracaso, pero se exporta a otros países, y que no sirve para reducir gastos. La Unión Europea debate en estos momentos como articular el fondo de rescate europeo que puede convertirse en una nueva oportunidad para exigir recortes sociales y laborales conforme los intereses de las políticas neoliberales. No se está decidiendo en realidad las cuestiones técnicas del reparto del fondo, sino la naturaleza política del mismo. Se está decidiendo si el fondo se va a convertir en una nueva herramienta para doblar la voluntad política de los pueblos más castigados por la Covid 19 a cambio de dinero. Hay en juego, por ejemplo, si en la salida de la crisis económica, se va exigir desde Europa un cambio de modelo sanitario hacia mayor privatización a semejanza de los modelos de países como Holanda en manos de aseguradoras privadas, donde cuatro compañías copan el mercado, y que ahora encabeza los países de presión que pretenden imponer sus políticas, y exportar su modelo de aseguramiento privado a los países más castigados por la crisis de la Covid-19. Parece sensato, en previsión de los que nos viene, evitar este tipo de políticas fallidas derogando la Ley 15/97 de nuevas fórmulas de gestión y avanzando en la reversión de los hospitales, laboratorios, servicios de diagnósticos por imagen, etc.

Financiación del SNS

En nuestro SNS cada uno colabora en la medida de sus posibilidades y recibe en la medida sus necesidades, este es el pacto social que existe entre los sanos y los enfermos, parecido al pacto entre los trabajadores activos y los jubilados, etc.. y que convierte a nuestro Sistema Nacional de Salud en el servicio social que más aporta a la redistribución de la riqueza en nuestro país. Resulta sorprendente hablar de financiación mientras el gasto sanitario público es insuficiente y en disminución durante el periodo de la anterior crisis económica (2009-2018). Además, el gasto sanitario público está por debajo del gasto sanitario por habitante y año promedio de la OCDE y UE. También existe una gran diferencia entre los presupuestos de las diferentes CCAA aprobados para el 2020, con una media de 1.487 euros por habitante/año, con un rango superior para el País Vasco de 1809 habitante/euro/año, y unos rangos inferiores con Cataluña con 1192 euros/habitante y Madrid de 1236 euros/habitante, con una diferencia de 617 euros/habitante y 573 euros por habitante. Estas diferencias apuntan a que existe una desigualdad presupuestaria para el acceso del SNS en las mismas condiciones de cantidad de recursos entre las diferentes Comunidades Autónomas. Resulta también extraño hablar de compensación de desigualdad sin mejorar los recursos suficientes para afrontarla, aunque quede claro que no toda inversión en salud provoca más salud.

Recursos humanos del SNS

Los trabajadores sanitarios disminuyeron durante los recortes de manera importante y todavía no se han recuperado. Entre 30.000 a 50.000 según las fuentes. Existe un déficit también de enfermería por debajo de las ratios por habitantes promedio de la OCDE y UE (5.7/100.000 habitantes frente al 8.5 promedio de la UE). Se ha producido un deterioro continuado de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios con multitud de contratos precarios y elevada temporalidad que llega hasta el 40% en algunas categorías sanitarias. Alarmante es la situación de profesionales sanitarios con décadas de servicios y que solo han conocido temporalidad, los primeros que respondieron a la pandemia, antepusieron su profesionalidad a su precaria situación laboral. Sin embargo, los estamos invitando a emigrar al extranjero. Numerosos países se han beneficiado de nuestros valiosos profesionales por estas cuestiones en plena pandemia, países que tienen unas ratios profesionales/población mejor que nosotros. Parece sensato proponer un “Plan de repatriación de los profesionales en el extranjero”, porque aquí son necesarios. Así como trabajar en la mejora de las ratios de profesionales médicos de primaria con cupos adecuados, ratios para enfermería de primaria (1,5 enfermeras por cada médico), de hospitalización y de unidades de críticos adecuados, y la periodicidad en la convocatoria de empleo público y procesos de consolidación extraordinarios a los interinos de larga duración.

Defienden algunos autores que el privilegio de la política y sus representantes es elegir sabiamente las cuestiones de relevancia que puede desarrollarse en un momento histórico, pero más que privilegio es una responsabilidad. La inteligencia es pesimista, aunque la voluntad no, pero la situación es preocupante cuando problemas reales importantes se abordan con enfoques equivocados derivados de intereses no sanitarios, políticos o económicos. Todavía estamos a tiempo de oportunidad para no vernos en “el desastre del 98”, decepcionados como Don Santiago Ramón y Cajal cuando dijo “…nos arrastró a la catástrofe la vergonzosa ignorancia que vivían nuestros partidos de turno de la magnitud y eficiencia reales de las propias y de las ajenas fuerzas. Que lo malo de un país no consiste en su debilidad, sino en que esta sea ignorada de quienes tienen inexcusable obligación de conocerla”.

    Por desgracia las cifras de nuevos casos de coronavirus Covid19 en la Comunidad de Madrid no son nada tranquilizadoras., más de 1,500 nuevos diagnósticos a la semana, varios brotes activos, etc. De los datos que suministra la Consejería de Sanidad se deduce que sigue habiendo casos nuevos cuya fuente de contagio no es detectada y ello supone que el virus continúa circulando sin control por la región. Por otro lado, la hipótesis de que el calor produciría un control transitorio de la pandemia no se está comprobando, aunque es obvio que no sabemos que habría sucedido de continuar con bajas temperaturas, y es obvio que pese a las informaciones que continuamente aparecen en los medios no hay ninguna seguridad de que van a estar disponibles medicamentos curativos y/o vacunas en el corto o medio plazo.

    En esta situación tan preocupante ¿Cómo se prepara la Comunidad para un rebrote? Pues siguiendo su tónica habitual, recortando en la Sanidad Pública y favoreciendo los negocios privados. De entrada, no ha mantenido los contratos que se realizaron durante la pandemia a pesar de los acuerdos con los sindicatos, no se renovaron 3.665 contratos, lo que ha debilitado aún más la ya debilitada Sanidad Pública de la región necesitada, ahora más que nunca de refuerzos significativos de personal, y por si fuera poco ahora con la excusa del verano cierran más de 1.300 camas en los hospitales públicos de la región, lo que obviamente disminuye la capacidad de respuesta, pero además supone el posponer la recuperación de las tremendas listas de espera agravadas con la Covid19.

    Por si fuera poco se disminuyen los horarios de más centros de salud con lo que se dificulta la accesibilidad de la población a los mismos y sus potenciales labores de detección y rastreo de los nuevos casos y sus contactos. Todo ello en una Atención Primaria (AP) como la madrileña postergada y castigada especialmente por los recortes (recuérdese, Madrid es la comunidad autónoma que menor porcentaje de los presupuestos sanitarios públicos dedica a la AP y la que mantiene mayor número de personas asignadas por profesionales de enfermería, pediatría, etc, de hecho más del 50% de los profesionales de medicina de familia con más de 2.000 Tarjetas Sanitarias individuales de todo el país están en Madrid).

    Por supuesto, en las residencias de mayores, ningún cambio, a pesar de las resoluciones judiciales, de las llamadas y denuncias de ayuntamientos y familiares de usuarios, porque el negocio, como el espectáculo, y de eso si que sabe IDA… deben de continuar.

    Se me olvidaba, mientras tanto la Comunidad dedica 50 millones de €, al menos, a la construcción de un innecesario hospital monográfico sobre enfermedades infecciosas en Valdebebas, mientras no se recuperan las camas que se cerraron en los hospitales de gestión tradicional (1007 entre 2014 y 2018), ni se abren las camas por abrir en los famosos hospitales modulares inaugurados por Esperanza Aguirre, ni se acondiciona el antiguo hospital de Puerta de Hierro, cada vez más deteriorado, porque lo que da dinero, evidentemente a los contratistas, aunque no mejore la situación, es abrir, mantener y luego cerrar un hospital como se hizo en el caso del IFEMA. Todo un despropósito.

    Hay que hacer otras cosas distintas, y con cierta celeridad porque el previsible rebrote del otoño no deja demasiado margen: aumentar significativamente el personal de los centros sanitarios públicos, especialmente en enfermería, reflotar la Atención primaria y la Salud Pública garantizándolas recursos humanos suficientes, recuperar las camas hospitalarias cerradas en los centros públicos y realizar planes para atender las ingentes listas de espera incrementadas durante la pandemia porque la morbilidad y la mortalidad mayoritariamente no se producen por el covid19 sino por otras causas cuya atención ha sido postergada durante la pandemia. Y probablemente imponer el uso obligatorio de mascarillas como han hecho otras comunidades autónomas a más de garantizar unas condiciones de seguridad en el transporte público que eviten el hacinamiento y los contagios. En fin, dedicarse a solucionar los problemas que son de su competencia, que hasta hora no lo ha hecho.

    Todo ello parece que va ser difícil de conseguir con este Gobierno, de todas maneras desde la ciudadanía y los trabajadores de la sanidad tenemos que exigirlo.