La puesta en marcha de este sistema, a finales de los 70, marcó el inicio de una época de éxito en este ámbito. Y se ha logrado consolidar un sistema formativo de especialistas sanitarios excelente, envidiado por otros países y produciendo profesionales de muy alta cualificación que pueden competir con éxito con los profesionales de los sistemas de salud internacionales más exigentes.

La sola posibilidad de plantear trasferir esta FSE a Cataluña, o a cualquier otra comunidad autónoma, pone en cuestión las bases mismas del éxito de la formación de especialistas sanitarios. Se trata de una competencia perteneciente al Estado y basada en tres ejes: los programas formativos únicos; el aprendizaje y responsabilidad progresivo, tutelado y pegado al desempeño de profesionales consolidados; y la acreditación a través de auditorías periódicas centralizadas por el Ministerio de Sanidad para garantizar el cumplimento de requisitos, homogeneidad del procedimiento y verificación del nivel de calidad.

Dos de estos tres ejes quedarían rotos por una trasferencia de la formación. Formar especialistas bajo criterios diferentes, programas diferentes, exigencias de acreditación de centros y unidades diferentes... rompería el principio de unicidad actual y obligaría a complejos procedimientos de reconocimiento mutuo que debilitarían drásticamente el sistema y sus resultados.

Bien es cierto que esto es una amenaza, o más bien una posibilidad sin más fundamento que comentarios de prensa, pero…

Al margen de esta amenaza, el sistema MIR tiene otras debilidades que deberían considerarse. Las auditorías de acreditación han dejado de realizarse hace unos años, con el consiguiente debilitamiento de las condiciones formativas y el incremento de funciones asistenciales en detrimento de las docentes de los residentes; y más en un momento de disminución de plantillas médicas.

Este déficit de médicos ha originado también un incremento de las Unidades Docentes aprobadas, pero sin más garantía que la documental, lo que podría permitir la entrada en el sistema formativo de servicios clínicos no perfectamente solventes para esta función.

Por último, el esquema selectivo y formativo de los residentes merecería una revisión, dejando de considerar únicamente como elemento selectivo el puramente académico, introduciendo elementos de habilidades humanas de los candidatos a esta profesión de íntima relación personal, y dando mucho más peso en el proceso formativo a los aspectos de interacción con los pacientes, potenciación práctica de la denominada autonomía del paciente y aspectos de comunicación.

Si no se abordan los riesgos, antes de que se concreten los daños, la corrección de una deriva negativa será siempre más difícil.

No se trata de disminuir la formación técnica, sino de incrementar la humana. 

Cada época tiene sus propios retos sanitarios, pero el reto común de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS) a lo largo de la historia es ofrecer la mejor respuesta a la enfermedad para la población. Sabemos, como indica la OMS, que la salud depende fundamentalmente de los factores del entorno, el estilo de vida y de las condiciones sociales de los ciudadanos. Cuestiones como la pobreza, la desigualdad social, la discriminación, la vivienda precaria, la inseguridad alimentaria, las condiciones de vida poco saludable en la infancia y la falta de trabajo son determinantes en la mayor parte de las enfermedades y muertes entre diferentes países y dentro de un mismo país.

No obstante, para el tratamiento de algunas enfermedades, necesitamos medicamentos que permitan alcanzar los objetivos de prevención, alivio y curación que la enfermedad provoca en la población. Aquí radica una gran contradicción que tensiona nuestro SNS; es un hecho que en un sistema económico de libre mercado, la industria farmacéutica desarrolla su modelo de negocio en diferente dirección al objetivo sanitario del SNS. Es razonable afirmar que la industria farmacéutica no comparte los objetivos sanitarios del SNS en materia de medicamentos, y además opera en base a las reglas del mercado, la competitividad y la tasa de beneficio. Y no quiere decir con ello que no cumplan su función a la hora de producir los valiosos medicamentos, quiere decir que su objetivo social es secundario y que sus actuaciones dependen del margen comercial. Quizá por ello el gasto farmacéuticose eleva cada año en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) y lastra el desarrollo de las políticas sanitarias centradas en el paciente y su enfermedad.

Según los datos del Ministerio de Sanidad en noviembre del 2019, el gasto farmacéutico total creció un 4,3% interanual (un 2,3% el gasto en recetas y un 7% la farmacia hospitalaria) con gran diferencia entre las CCAA (entre el 1% en el País Vasco y 7% en Canarias), este incremento es tendencia desde hace años. Los recursos sanitarios, sufragados por los ciudadanos colectivamente, son valiosos y escasos, por eso es prioritario su uso eficiente. No debemos permitir que los recursos se malgasten por los vaivenes de un mercado que observa la salud como una oportunidad de negocio. No hemos inventado el sistema, pero funciona así. Quizá ha llegado el momento de plantear si el Estado debe de poner límites al beneficio empresarial por entrar en conflicto con los intereses sanitarios del SNS (mejorar la salud de la población y luchar contra la enfermedad).

El incremento del gasto farmacéutico y de la comercialización desmesurada de nuevas moléculas orientadas a responder a los intereses económicos de la industria farmacéutica resulta en ocasiones peligrosa. Por ejemplo, EEUU se enfrenta a un claro problema de salud pública por el consumo excesivo de medicamentos. Las muertes por sobredosis de opiáceos se han convertido en una de las causas de muerte más importantes en este país, debido al abuso inadecuado de fármacos opioides para el tratamiento del dolor (1). Otro importante estudio realizado en Francia sobre la indicación y comercialización de nuevos fármacos durante más de veinte años, arroja unas conclusiones sorprendentes; tan solo el 3.2% de todos los medicamentos comercializados (3096 en total), aportaban alguna ventaja interesante (2). Estos estudios y otros tantos advierten de las consecuencias de permitir que intereses ajenos interfieran en la misión de los SNS. Junto a todo lo comentado, no debemos olvidar que nuestro sistema sanitario, año a año, es más dependiente de un sistema de fijación del precio del medicamento que resulta algo caprichoso, ni abrir la cuestión de la regulación de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, ni hablar de costes de producción reales de las nuevas moléculas, que nos llevaría para más de un artículo.

A menudo se confunden las cosas y en el caso de los medicamentos todavía más. La elevada variedad de remedios para la misma cuestión, en ocasiones es innecesaria e inapropiada, no obedece a necesidades de la salud de la población, sino a intereses del mercado. Tener más medicamentos a disposición, no es mejor, incluso es un gran problema para la salud, hay que tener solo los necesarios. Afortunadamente los medicamentos necesarios, ni son muy numerosos, ni son tan caros de producir y distribuir en la mayoría de las ocasiones. La última lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433. Incluso admitiendo que la lista de la OMS pudiera ser algo restrictiva, no tiene sentido la producción pública de más de 1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública, debería de comenzar por un listado mucho más limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana. Numerosos autores han criticado también la excesiva medicalización de la vida cotidiana, la creación de nuevas enfermedades tras comercializar nuevos remedios, etc. Está situación provoca el incremento progresivo de la factura farmacéutica del SNS y es innecesaria. Se estima que hasta un 33% de los recursos sanitarios de todos los sistemas de salud se malgastan por prácticas, procedimientos y tratamientos inadecuados. En ocasiones, menos medicalización es más salud.

Otro gran problema en torno al medicamento en nuestro país es su precio. Está claro que hay que pagar los gastos de producción y distribución, pero cuando empresas de capital riesgo entran en escena, los recursos sanitarios de los sistemas de salud se tambalean. Un ejemplo es lo ocurrido con Solvaldi, el fármaco contra la Hepatitis C que en plena crisis económica irrumpió de la mano del laboratorio Gilead. En la fijación del precio del producto se estableció un nuevo paradigma: el PIB del país. Numerosas entidades protestaron por el elevado precio por tratamiento que planteó el laboratorio acusado de violar las patentes para crear sus fármacos contra la Hepatitis C. El precio en Europa rondaba los 50.000 euros por tratamiento, mientras que un estudio de la Universidad de Liverpool informaba que el coste real de cada tratamiento rondaba los 90 euros. Estos no es competitividad, esto es un timo. Otro ejemplo de prácticas comerciales es el caso del laboratorio Novartis y sus intentos de injerencia en la legislación India, a través de los tribunales, para modificar su legislación de patentes que protege las prácticas abusivas de las grandes farmacéuticas. Afortunadamente, tras una dura batalla legal del gobierno indio, el Tribunal Superior de Justicia del país resolvió a favor del ejecutivo y provocó como consecuencia que numerosos países en desarrollo además de la India pudieran comprar antirretrovirales para las pandemias de VIH que asolaban sus países. La India también fue pionera en poner límite a la estrategia comercial de intentar renovar patentes basadas en realizar pequeñas modificaciones a moléculas antiguas y presentarlas como nuevas como en el caso Glivec y recientemente con los retrovirales para la Hepatitis C.

Respecto al tratamiento de la Hepatitis C, el estado español tuvo claro que la vida del enfermo vale más que la tasa de beneficio, por eso pagó la factura, aunque fuera desproporcionada, pero por ello no quiere decir que fuera un trato adecuado para los intereses del país y del SNS. Parece que los Estados modernos están cada vez más debilitados a la hora de defender a sus ciudadanos enfermos, parece que existe una pérdida de soberanía (cedida a Europa) que permite aplicar políticas para el bien común si no entra en contradicción con los intereses de las empresas transnacionales que presionan con sus “lobbys” en instituciones nacionales y europeas. Nuestro país, antaño imperio, se arrodilla cada vez que le dan gato por liebre a la hora de proteger a sus ciudadanos enfermos. ¿Vale más la vida del enfermo, la estabilidad del SNS o la tasa de beneficio? Esta sea quizá, la cuestión sanitaria principal de nuestro tiempo.

En otras ocasiones, muchos medicamentos dejan de ser rentables al perder las empresas las patentes y aparecer nuevos genéricos, se producen entonces problemas de desabastecimiento. La falta de interés económico de los laboratorios para su producción y distribución es una de las principales causas. El número de medicamentos desabastecidos actualmente según datos del Ministerio de Sanidad es de 545 (3), sin contar los medicamentos huérfanos de enfermedades con poca prevalencia que ascienden a 171. Esta situación es inaceptable para el SNS pues provoca descrédito y desconfianza en el sistema según refiere un reciente comunicado de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Las consecuencias sobre la salud que provoca el desabastecimiento incluyen el incremento de reacciones adversas, errores de medicación, aumento de la hospitalización e incrementos de la mortalidad (4).

La situación es peor en servicios de urgencias o de cuidados intensivos (como la reciente alerta de desabastecimiento de amiodarona), donde pueden poner en riesgo la seguridad del paciente y aumentar la mortalidad (5). No es menos importante el descrédito y la pérdida de confianza en el sistema sanitario que el problema del desabastecimiento ocasiona. Quizá esta situación precise medidas urgentes como refieren numerosas organizaciones (6).

Llegados a este punto tan terrible, quizás existan salidas magníficas a la cuestión. Las soluciones necesariamente tienen que ser de carácter político-institucional, y debieran estar orientadas a cumplir los objetivos del SNS en materia de medicamentos, pero sin depender de los vaivenes de los mercados y de estrategias comerciales nacionales o supranacionales de la industria farmacéutica. Se precisa una autonomía pública y real en la producción y distribución de fármacos esenciales para el SNS. En este sentido, numerosos autores apuntan a un desarrollo por parte del Ejecutivo de una industria pública del medicamento. En un reciente artículo el Dr. Sánchez Bayle comentaba las numerosas razones de peso para tener una industria farmacéutica pública. Entre otras hablaba de garantizar la seguridad de los medicamentos, acabar con los desabastecimientos, volver a enfocar la investigación de nuevas moléculas a las necesidades sociales y no económicas, mejorar la transparencia y el control de precios.

Hoy por hoy el único laboratorio farmacéutico de titularidad pública, capaz de elaborar medicamentos y atender las necesidades farmacéuticas del conjunto de la población española si fuera necesario es el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que podría hacer frente a los problemas de urgente desabastecimiento. Su experiencia sería fundamental para desarrollar un modelo de industria pública del medicamento que garantice la suficiente autonomía e independencia del SNS del mercado para conseguir sus objetivos sanitarios, y su puesta en marcha no supondría una inversión inicial adicional pues las instalaciones están operativas y han demostrado su capacidad en recientes pandemias (como la de la Gripe A). Pudiera ser este el comienzo para solucionar los problemas de desabastecimiento y para dar un giro a toda la política sanitaria del medicamento de nuestro país.

(1) “El gasto farmaceútico en España en 2018. Evolución internacional nacional y por comunidades autónomas”. Ed. EAE Business School. Madrid. Febrero 2015.
(2) “Innovation en panne et prises de risques”. Rev Prescrire. 2005.
(3) Ministerio de Sanidad. Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios. https://cima.aemps.es/cima/publico/listadesabastecimiento.html. Consultado en febrero de 2019.
(4) Phuong JM, Penm J, Chaar B, Oldfield LD, Moles R. The impacts of medication shortages on patient outcomes: A scoping review. PLoS One. 2019;14:e0215837, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0215837. eCollection 2019.
(5) Mazer-Amirshahi M, Zocchi MS, Fox ER, Pines JM. Longitudinal trends in U.S drug shortages for medications used in emergency departments (2001-2014). Acad Emerg Med. 2016;23:63---9,10.1111/acem.12838. Epub 2015.
(6) Ziesenitz VC, Fox E, Zocchi M, Samiee-Zafarghandy S. Prescription drug shortages: Impact on neonatal intensive care. Neonatology. 2019;115:108---15, 10.1159/000493119. Epub Nov 2018.

La Comunidad de Madrid desde hace años se mantiene entre las que menos dinero dedican a los presupuestos sanitarios públicos, una situación que no tiene justificación económica, ya que se trata de una de las 3 CCAA con mayor PIB per cápita del país, muchos años la que más, y que solo resulta comprensible por el afán del PP y de sus socios de gobiernos (hasta ahora Ciudadanos) para deteriorar la Sanidad Pública madrileña.

Sin embargo la realidad es que la política fiscal en esta Comunidad ha sido de disminuir la presión fiscal (en el IRPF, el impuesto de transmisiones y sobre todo los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones), con lo que los ingresos fiscales de la Comunidad se han visto claramente perjudicados, favoreciendo claramente a las grandes fortunas (el 67,52% y el 18,47% de las rebajas corresponden a sucesiones/donaciones y a patrimonio).

La tabla siguiente recoge la diferencia entre el presupuesto per cápita aprobado por  la Comunidad de Madrid y lo que supondría si se hubiera alcanzado el promedio de las CCAA por habitante y año, en cada año desde 2010 a 2019 (en 2020 no se ha aprobado presupuesto), así como el importe de la rebaja fiscal de las medidas del PP/CS madrileños para cada ejercicio según el Ministerio de Hacienda, todo ello en millones €.

Puede observarse como si la Comunidad de Madrid no hubiese hecho estas rebajas hubiese podido perfectamente presupuestar lo mismo que el promedio de las CCAA para Sanidad e incluso hubiese sobrado dinero para otros servicios públicos ya que el diferencial, la deuda sanitaria que tiene la Comunidad con la ciudadanía de la región, es el 27,38% de lo no recaudado por sus políticas fiscales.

Estamos por lo tanto ante una política intencionada de deterioro de los servicios públicos que produce las situaciones que vive la población que espera 10 días y más para que le atiendan en su centro de salud o las 647.816 personas que según datos de la propia Comunidad se encontraban a 31 de diciembre de 2019 en las prolongadas listas de espera quirúrgicas, diagnósticas o de primera consulta del especialista, y que llega a situaciones esperpénticas como las citaciones que se están dando en el hospital de Arganda de hasta 18 meses para una mamografía y 20 meses para una ecografía, algo absolutamente intolerable.

Hay que ser conscientes que no puede haber servicios públicos de calidad sin una recaudación suficiente de impuestos y que perdonar impuestos a los más ricos no es la vía para avanzar en la cobertura de las necesidades de la Sanidad Pública madrileña. Tenemos que exigir por lo tanto una rectificación, unos presupuestos suficientes para la Sanidad Pública y una política fiscal que lo posibilite, que como demuestran las cifras es perfectamente viable.

No es que no supiera que esa circunstancia fuera a ocurrir, lo sabía de sobra; lo que le molestó fueron las formas. Por ejemplo, podrían habérselo comunicado con una llamada de teléfono, que hubiera dado mas humanidad al hecho, dando las gracias por el buen trabajo realizado y esperando contar con ella en el futuro (circunstancia que se va a dar, puesto que la van a necesitar).

Conozco, por desgracia, muchas más anécdotas al respecto, como la de un compañero a quien, después de 40 años de ejercicio, su única despedida fue una llamada de teléfono (esta vez sí) del servicio de personal, recordándole que al día siguiente ya no tenía que ir a trabajar, que estaba jubilado.

Sin contar con el maltrato sistemático a los compañeros que forman parte de la bolsa de trabajo, a quienes avisan para ir a cubrir una vacante o una ausencia, no siempre imprevista, el mismo día que los necesitan, o a los que les dicen, después de acudir a las 8 de la mañana a trabajar, que ya no están contratados, al incorporarse el titular de la plaza ese día.

O dilatar la oferta de trabajo para sustituciones de verano hasta casi el día antes de las vacaciones, cuando nos exigen que hagamos la petición de las vacaciones de verano en el mes de abril. Esto crea una sensación de inseguridad, por no saber si te puedes ir o no de vacaciones, y a los compañeros que están esperando trabajar esos días, qué les van a ofrecer, si es que les van a ofrecer algo, y dónde. ¿A esto llaman favorecer la conciliación familiar y laboral? ¿Cómo se puede organizar la actividad asistencial si no sabemos con qué personal se puede contar?

Nuestra profesión es vocacional (en la mayoría de los casos); solo así se explica que aguantemos este maltrato por parte de la Administración. Aceptamos muchas cosas por respeto a nuestros pacientes y por consideración a nuestros compañeros. No quiero que se piense que estos actos ocurren solo en nuestra Gerencia, es habitual en el resto de nuestra Comunidad y de otras comunidades. Creo que estas actitudes no contribuyen a crear un buen clima laboral, y menos en estos tiempos que corren, con las dificultades de personal que existen y cuando se nos pide un esfuerzo añadido para solventar esta situación.

Nuestro sistema sanitario tiene muchos problemas, y es obligado realizar un replanteamiento y trasformación de su funcionamiento. Pero su fortaleza mayor son sus profesionales. No podemos permitirnos que estos se quemen.

Necesitamos que se humanice el trato al personal laboral; que se reconozca el esfuerzo que se hace; que se le haga partícipe de los cambios que se quieren implantar; que haya más contacto con los equipos, contacto personal, que permita recoger el pensamiento, las ideas y las quejas que tenemos, para poder buscar soluciones entre todos. Si hubiera un cambio de actitud real y sincero, seguro que muchos estaríamos dispuestos a colaborar en intentar mejorar nuestro sistema sanitario.

Una gran parte de la ciudadanía se desayuna cada día con el mensaje ritual del Gran hermano: las noticias. Con esa tara en su conciencia emprende las tareas cotidianas. En primera plana se mantiene desde diciembre una amenaza que obscurece un poco más cada jornada. Toda reflexión, decisión o actividad estará fatalmente condicionada a la negra sombra de temor e incertidumbre que oscurece nuestras conciencias.

Otras amenazas crónicas, como los desastres naturales, la guerra nuclear, o el calentamiento global, apenas influyen en nuestro ánimo. A lo cotidiano nos acostumbramos. Muchos pueblos viven tranquilamente en las laderas de un volcán. Pero las hay que surgen de forma explosiva en algún lugar y se extienden peligrosamente sembrando el miedo de las gentes obligadas a la espera pasiva de noticias. De esta clase es la epidemia por coronavirus surgida en la ciudad china de Wuhan.

El llamado 2019-nCoV es un coronavirus hasta ahora desconocido, aunque hay experiencia de brotes con otros del mismo grupo. Este nuevo virus, como sus parientes cercanos causantes de los recientes brotes de SARS y MERS (Infecciones respiratorias agudas graves) están relacionados con los animales domésticos y salvajes de una amplia variedad de especies, a través del consumo de sus carnes, su producción y venta en mercados, frecuentemente en condiciones de hacinamiento, suciedad y escasa regulación sanitaria. En estas circunstancias se facilitan las interacciones genéticas de virus animales entre ellos y entre los humanos (véase gripe aviar-porcina-humana), surgiendo variedades mutantes capaces de infectar al hombre con variable morbimortalidad y aparición de brotes epidémicos que amenazan a las poblaciones más expuestas y sus contactos, alertando de riesgo de pandemia. La OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional, la sexta de las declaradas en los últimos diez años (gripe H1N1 de 2009, ébola en África Occidental de2014 y en la República Democrática del Congo 2019, polio en 2014 y virus del Zika en 2016).

A situaciones parecidas estamos acostumbrados. Sirva de ejemplo la amenaza de pandemia por gripe aviar que resultó en un gran timo orquestado por grandes empresas con la complicidad de importantes corporaciones e instituciones, además de la propia OMS y los “expertos” de turno, siempre dispuestos a echar una mano a cambio de una generosa propina o de simple y eficiente adulación.

Si bien la amenaza actual tiene nombre de virus y ciudad china, nadie ignora que mantener al pueblo bajo amenaza es algo siempre útil al poder y a los grandes intereses que aspiran a conducir los destinos de la humanidad. Esta idea complica la incertidumbre y siembra de dudas la amenaza a nivel mediático. No hay más que explorar las redes para toparse con toda clase de teorías conspirativas, desde las más increíbles y exóticas hasta las mejor estructuradas, seductoras y convincentes.

Cada año la gripe estacional mata a millones de personas en su macabra misión de limpieza demográfica. Es la epidemia tipo que nos recuerda un fenómeno natural de evolución biológica que refuerza una experiencia necesaria porque nos obliga a estar alerta y nos enseña como protegernos. Como en toda onda epidémica de estas características, los casos comunicados de virus Wuhan crecen exponencialmente, las muertes también, así como los países a los que, a pesar de la cuarentena a 50 millones de personas, se extiende la epidemia. Pero también, independientemente de las barreras que edmeds24.com al tsunami biológico, con toda probabilidad evolucionará la onda epidémica a estadíos menos alarmantes.

“Todo está bajo control”

Como es lo habitual, emergen oportunamente en los medios ostentosos alardes de las capacidades protectoras de los gobiernos en materia epidemiológica. “Todo está bajo control, no hay de qué preocuparse”. Ya está listo el protocolo de actuación. El mismo de siempre con ligeras adaptaciones a las circunstancias particulares del brote. No es muy tranquilizador, porque el problema no es carecer de protocolo, sino que no se ejecute eficazmente en un contexto de disponibilidad de medios materiales y organizativos que garantice su eficiencia. Se requiere un Sistema de Vigilancia eficiente, medios diagnósticos adecuados, unidades de aislamiento, laboratorios de referencia y personal adiestrado. La República Popular China es ahora primera figura del circo mediático, desarrollando una estrategia epidemiológica espectacular, sometiendo a cuarentena a 50.000.000 de habitantes, construyendo dos grandes hospitales en la provincia de Beijing en pocas semanas, laboratorios de máxima contención (niveles 3 y 4 de seguridad biológica) y Centros de Control de Enfermedades que compiten con el de Atlanta, USA. Se fabrican y distribuyen masivamente materiales de protección, máscaras respiratorias, guantes, batas, calzas, trajes estancos, etc. Se investiga con urgencia en vacunas y antivirales. Por otro lado, en todo el planeta se montan escenas mediáticas espectaculares de aislamiento de casos sospechosos y protección de alto nivel al estilo de Hollywood.

¡Se anuncian precipitadas investigaciones que prometen disponer de una eficiente vacuna en semanas! Cuando, como decía un torero, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”. ¿Acaso cabe la posibilidad de desarrollar una vacuna en semanas y sin conocer su eficacia y seguridad aplicar a la población masivamente? Ciertamente, son noticias que lejos de tranquilizar añaden temor y desconfianza en las instituciones. Con toda probabilidad, el probable fin natural del ciclo epidémico salvará a la humanidad de la propia estupidez humana que se libera peligrosamente en estas ocasiones.

En el Estado español y en Euskadi se dispone de todos los medios, pero también hay razones para cierta desconfianza. Aún permanece en nuestras memorias el recuerdo de la lamentable actuación del Gobierno del PP y la ministra Ana Mato en la crisis del ébola. Desmantelaron el hospital Carlos III, único de referencia de Enfermedades Tropicales y otras altamente contagiosas, transformándolo en un centro para crónicos. Ante la amenaza del ébola, improvisaron unidades de aislamiento con desastrosos resultados. Una profesional de los cuidados que contaba “con todos los medios de protección” se infectó de ébola con grave riesgo de su vida y con gran alarma de que surgiera un brote en el propio hospital de impredecibles consecuencias. Un antecedente poco tranquilizador más reciente lo constituye la propuesta de desmantelamiento de la Escuela de Salud Pública andaluza por el actual gobierno de las tres derechas. Una de los más prestigiosos centros a nivel nacional e internacional, fundamental en la formación de los futuros salubristas que se preparan para luchar contra las epidemias y gestionar los servicios de salud. A las derechas no les preocupa demasiado la Salud Pública ni la Epidemiología, que consideran cosa de rojos, en todo caso asunto a gestionar por el ejército colonial. ¿Porqué si no se aísla a los españoles repatriados en un Hospital Militar?

La economía forma parte del contexto a considerar. Los valores bursátiles se liberan de toda predicción ante el terror de los accionistas. Poderosas corporaciones se disponen a rentabilizar el miedo o especular con las mareas bursátiles surgidas por efecto de las gigantescas cuarentenas que ponen un cerco a la actividad industrial, a los mercados, las migraciones y las impredecibles conductas humanas ante el miedo. En la rentabilidad del miedo parece que las viejas potencias no tienen ya la exclusiva. Otras potencias se preparan para poner el cesto bajo el nogal.

Paños calientes

Mientras, las gentes se preguntan qué deben hacer para protegerse frente a esta nueva amenaza, como eludir la ira de Dios, la amenaza del nuevo virus o las oscuras maquinaciones del poder. En tales circunstancias, a las gentes de Osalde nos complace aliviar a las gentes con el discurso salubrista. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, siempre hubo y habrá plagas, pestes o “enfermedades emergentes”. Es el efecto de la propia evolución.

En nuestra memoria permanece el recuerdo de terribles epidemias que asolaron Europa, como la peste negra o la más reciente gripe mal llamada española de 1917, que sirvió de modelo aterrador en recientes amenazas de pandemia gripal. Recuerdos que hacen su trabajo en el inconsciente colectivo y que precisan situar las plagas actuales en un contexto que nada tiene que ver con aquellos que determinaron su gravedad: pobreza, hambre, hacinamiento, suciedad y falta de conocimientos.

También estamos obligados a desactivar la falta de información, las falsedades y el reduccionismo interesado que ofrecen los mantras mediáticos serviles con el poder. Así, es fundamental lograr en la población un sensato equilibrio entre la percepción exagerada de la amenaza que provoca un miedo neurótico, y el escepticismo que desarma a las posibles víctimas ante un riesgo que es real. El mensaje tranquilizador y sensato es a los efectos el mismo que el aplicado en situaciones recientes y cotidianas. Léase la gripe estacional, las gripes zoonóticas o los anteriores coronavirus emergentes: los agentes del SARS y del MERS.

Por parte de las instituciones tranquilizan las señales mediáticas de eficaz vigilancia y control de la epidemia, de disponibilidad de los medios de diagnóstico, aislamiento, tratamiento, protección personal y prevención, así como organizativos, conductas protocolizadas, adecuado adiestramiento del personal, etc. necesarios para evitar la propagación de la enfermedad y la aparición de nuevos casos. Pero las cuarentenas cuarteleras al estilo chino son mal acogidas en las democracias liberales y por otro lado, no está garantizado de esta manera el cerco eficaz a la propagación del virus. Se ha demostrado que pueden transmitir la enfermedad personas asintomáticas. Y las fronteras se cruzan por mil sitios fuera de todo control.

Por otro lado, interesa prioritariamente a la población general conocer los medios que cada cual debe conocer para su protección, que no son diferentes a la gripe estacional, repetidas como un mantra cada año. Especialmente importantes para aquellas personas de edad avanzada y con factores de riesgo añadidos, como enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares, diabetes, hipertensión, o situaciones de déficit inmunitario. Lo malo es que es más difícil introducir un hábito saludable en una comunidad que construir un hospital en tres semanas. Evitar las aglomeraciones en los brotes, la cercanía de personas enfermas, utilizar en tales ocasiones mascarillas y lavarse las manos frecuentemente. Incluso, para las personas de edad y riesgo, permanecer en el domicilio durante los brotes.

Es un hecho que los brotes virales y enfermedades infecciosas de rápida propagación se han incrementado en razón a ciertos factores derivados de los cambios operados en una población global de 7.700.000 de habitantes, menos rural y más agrupada en megaciudades. Se han señalado: factores demográficos y de comportamiento humano; factores tecnológicos e industriales, especialmente la contaminación del suelo, el aire y el agua. Agentes patógenos que afectan a los animales y que pueden ser nuevos para las personas; factores derivados de las actividades económicas, como la invasión de los bosques y selvas, mayor contacto con agentes exóticos y enfermedades enzoóticas; el impacto de las migraciones de todo tipo, como el comercio internacional, turistas, empresarios o refugiados. Adaptación de los microorganismos, como la drogo-resistencia del paludismo o la tuberculosis, por uso de dosis insuficientes, ciclos incompletos de tratamientos y inadecuadas políticas en el uso de antibióticos en los hospitales; y debilitamiento en general de las actividades de salud pública, especialmente la vigilancia epidemiológica.

La tarea de considerar tales factores de cambio no es exclusiva de una administración protectora y garantista, los actores sociales no pueden ser sujetos pasivos, sino agentes de cambio generadores de salud. Osalde considera a tal efecto el necesario empoderamiento de los ciudadanos y movimientos sociales para una progresiva democratización de los sistemas de salud, mediante modelos participativos de salud comunitaria especialmente a nivel local, que consideren a los determinantes estructurales elemento fundamental para la mejor intervención social frente a esta y otras amenazas.

Asociaciones Vecinales y colectivos sociales defensores de la Sanidad Pública, año tras año reclamamos a la Administración sanitaria de Aragón, medidas que palíen la sobresaturación de los centros sanitarios públicos en la Comunidad (sobre todo en fechas concretas como ocurre en la actualidad).

El efecto más visible se percibe en la saturación (ya sistemática) de las Urgencias, sobre todo en aquellos hospitales que han visto crecer su población de referencia sin el crecimiento paralelo de los servicios y personal necesario para su atención. Un claro ejemplo de estas circunstancias es el Hospital Royo Villanova de Zaragoza,  que con sus 260 camas (de ellas, más de una veintena no están en funcionamiento habitualmente) sirve  de referencia a  una población de más de 200.000 habitantes.

No podemos olvidar las circunstancias que condicionaron la adaptación de este centro (antiguo hospital del Torax de la AISNA) en 1990 para ser Hospital General de la Margen Izquierda del Ebro, con asignación de un sector de la capital y parte de poblaciones cercanas. Dicha adaptación fue el resultado de las reivindicaciones durante más de una década, de numerosos colectivos sociales (ADSPA etc.) y vecinales del sector (importante papel de las Asociaciones Vecinales  de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza).

No obstante, dicha adaptación no se adecuó,desde su inicio, a la población asignada y la infradotación (ver gráfica de dotación de personal comparativa con otros hospitales), la carencia de suficientes medios de transporte público y la falta de espacio se ha cronificado a pesar del apoyo que para algunos servicios presta el Hospital Ntra. Sra. de Gracia (geriatría, cirugía, rehabilitación…).

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En estos momentos la situación del centro puede considerarse “cómo caótica” (en palabras de profesionales). Los colapsos en las urgencias de este hospital han pasado a ser algo habitual y su personal ha denunciado en repetidas ocasiones esta saturación y la falta de habitaciones para poder ingresar a los pacientes. La ausencia de soluciones  por parte del SALUD ha aumentado el «hartazgo» entre este personal, llegándose a dar la situación de tener que pedir colaboración a la gerencia del 061 ante la «falta de profesionales en su servicio de Urgencias», o a suspender intervenciones que estaban programadas para poder ocupar las camas correspondientes con ingresos procedentes de las Urgencias (a pesar de todo ello y contra toda lógica se prestan quirófanos para cirugía del Hospital Clínico).

El personal del servicio sigue denunciando la falta de trabajadores/as para hacer frente a la presión asistencial, incluso se les están anulando permisos y vacaciones.

Pero, ¿solo las Urgencias?

Entre 2010 y 2017 el número de camas operativas en los hospitales españoles disminuyó en 14.862 unidades (1).

Una de las razones de que “la población recurra a las urgencias es como consecuencia de la masificación de las consultas, los retrasos en  el acceso a los Centros de Salud que presentan una demora media es 3,6 días (en muchos centros supera ampliamente la semana)” (2).

“Está creciendo de manera exponencial la demanda en los servicios de urgencias para problemas de salud que no lo son. En el 2001 supusieron el 19,9% de las consultas y en el 2017 el 30,15.  Esta utilización se asocia con mayor riesgo para los pacientes por el desconocimiento por parte del personal de urgencias, de la historia personal, familiar y clínica, por la pérdida de continuidad de la atención y la utilización irracional de la medicación (especialmente antibióticos)” (2).

En Atención Primaria con los datos que disponemos a nivel del Estado: “el 60% de los médicos atiende entre 30 y 50 pacientes al día y uno de cada 10, más de 50. Como consecuencia el 85% dedica menos de 10 minutos por paciente y el 40%, entre cinco y siete” (3).

Los recortes y la falta de planificación han dejado a los centros de AP sin el personal necesario para desarrollar sus funciones. El clima laboral oscila entre el malestar y el burnout.

Esta situación se está dando de forma especialmente grave en algunos centros de salud como el del Barrio de la Jota en el mismo sector hospitalario y su Asociación Vecinal ha señalado la situación como insostenible. Es de esperar que con el presupuesto aprobado se inicien con urgencia las obras del nuevo Centro.

Los Presupuestos destinados a Atención Primaria siguen siendo muy insuficientes. Mientras en nuestra Comunidad el porcentaje de gasto en Atención Especializada por habitante sobre el total, en 2010 era 65,59% y en 2017 creció hasta el 68,29%. Una parte significativa de este gasto está relacionada con el aumento del gasto farmacéutico hospitalario (1).

En Atención Primaria el gasto es aproximadamente un 14% concordante con el gasto destinado a nivel estatal según la gráfica adjunta:

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En los últimos años el deterioro de nuestro sistema sanitario ha ido en aumento tras el proceso continuado de recortes y privatizaciones

Desde 2011 hasta el 2016 con datos de  presupuestos sanitarios consolidados recogidos de informes del Mº de Sanidad, en Aragón se objetiva un recorte  de unos 162 millones de euros por año.

Con los datos del 2016 publicados recientemente (ver gráfica adjunta) se observa la cuantía de gasto sanitario público consolidado destinado por nuestra Comunidad y la comparativa con el resto de Comunidades

En Aragón parte de este gasto se dedica a conciertos con la sanidad privada.

La Consejería de Sanidad tiene previsto destinar este año 51,19 millones de euros a financiar conciertos con estas entidades privadas para una parte del transporte de pacientes, terapias de asistencia domiciliaria y  derivación de pacientes (alrededor de 17,7 millones de euros).

Durante el pasado mes de febrero de 2019 se derivaron 3.200 pruebas diagnósticas a centros privados

No obstante los planes de choque con derivaciones a centros privados, no  ponen freno a las listas de espera. La quirúrgica ha alcanzado su récord en estos últimos cuatro años con más de 4.200 pacientes pendientes de una intervención desde hace más de seis meses (en ocasiones, la confirmación de si van a poder intervenir o no, se realiza el mismo día programado con la consiguiente incertidumbre y molestias para los pacientes, como es el caso de Traumatología).

Soluciones

Se requieren medidas estructurales con la puesta en funcionamiento de forma intensiva, todos los recursos públicos disponibles, en horario de mañana y tarde, con seguimiento y evaluación continuada de los resultados  y con la adecuada financiación para la contratación de personal necesario -con convocatorias estables de oposiciones- que evite el  gran porcentaje de interinidad,  precariedad y jornadas extensas (peonadas…). Condiciones salariales dignas y dedicación exclusiva del personal a la sanidad pública.

Caso especial representan las “contratas” con empresas privadas como en la de limpieza que según sus trabajadoras, existe escasez de personal y condiciones laborales precarias, con consecuencias especialmente graves en los centros sanitarios.

Por otra parte, es necesario solucionar la asunción inapropiada por parte del personal (médico y otros sanitarios) de responsabilidades propias de otros profesionales (administrativos…). Esto, junto a la gran presión asistencial y la falta de recursos, genera una reacción de impotencia en este personal y una utilización irracional de su tiempo. No debe tolerarse el deterioro de la salud laboral en beneficio de la productividad.

Para disponer de suficiencia presupuestaria es imprescindible incrementar la aportación estatal, como mínimo a nivel de la media de los países de nuestro entorno y  deben aplicarse medidas como el uso racional de medicamentos (el gasto farmacéutico en España está por encima del promedio de países de la UE y la OCDE y sigue creciendo). Además deben suprimirse las rebajas fiscales a quienes contratan seguros privados de salud, medidas que atentan contra la solidaridad social y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema (el seguro de Salud ha crecido un 4,77 por ciento en 2019, alcanzando un 8.923 millones de euros de facturación)(2).

El 20% de la población tiene contratado un seguro privado, siendo la mayor parte de tipo ambulatorio (4). El crecimiento de los seguros privados supone otra privatización del sistema, afecta a la continuidad y la integralidad de la atención (perjudica paradójicamente a quienes los usan) (2).

La demanda de financiación para infraestructuras sanitarias por parte de los colectivos sociales no ha cesado pero, de momento tendrá que esperar el proyecto de la reforma del servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova, ya que la ampliación no está contemplada en los presupuestos del Departamento de Sanidad de este año. Por contra dicho Departamento sí ha previsto 4,3 millones para el  2020 a fin de suscribir un convenio con la entidad privada Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) para que se puedan derivar intervenciones, pruebas diagnósticas o urgencias.

Recordaremos como el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución CASAR (del que formaba parte la MAZ) fue disuelto en el 2013 por la Diputación General de Aragón, asumiendo con financiación pública la deuda acumulada  de unos 20 millones de euros. Diecisiete colectivos denunciantes (entre ellos sindicatos, partidos y colectivos sociales-incluidos la FABZ y la FADSP-ADSPA)  están pendientes del dictamen del Tribunal de Cuentas cuya Fiscalía observó “indicios de responsabilidad contable” y “sospecha de infracciones penales”. Mientras, el gerente del Consorcio Sr. Javier Font  afirmaba que ”la asistencia sanitaria en el CASAR resulta un 25%  más cara que si se gestiona directamente desde el Servicio público”.

Entre las medidas estructurales que proponemos a fin de paliar la gravedad de la situación generada está la de devolver progresivamente a la gestión pública y directa las privatizaciones establecidas, así como las dedicadas a recuperar la Atención Primaria que con su correcto funcionamiento y dotación sería capaz de solucionar un porcentaje muy elevado de los problemas de salud de los pacientes que recurren a la asistencia especializada (urgente o no).

Recogiendo recomendaciones de la FADSP para la Atención Primaria (2), en Aragón sería preciso incrementar su presupuesto hasta alcanzar el 25% del dedicado a la sanidad (recomendado por la OMS) en cinco años, para poder recuperar las plazas de personal eliminadas por los recortes, incorporar nuevos profesionales (fisioterapia etc.) a los equipos, fomentar la atención domiciliaria, dedicar tiempo a potenciar la salud comunitaria y salud pública y a atender de forma adecuada las interconsultas virtuales con especializada. Por último, sería preciso desarrollar Planes Comunitarios como instrumentos fundamentales para integrar, coordinar recursos, esfuerzos y actividades y abrir estas estructuras a la participación social y profesional (planificación, desarrollo y control de los programas y actividades de AP).

Los profesionales que trabajan en la sanidad pública tienen la confianza de la población para liderar el cambio.

NOTAS.

1-.   “SITUACION ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA ATENCION ESPECIALIZADA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS”  FADSP  1/2020

2- “RECUPERAR LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD ENTRE LA IRRACIONALIDAD, LA MALA CALIDAD  Y LA OBSOLESCENCIA”. FADSP Sep. 2019

3-.  Encuesta OCU. .Atención Primaria: Médicos y consumidores piden tiempo suficiente de consulta (OCU 12 abril 2018)

4- https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/el-seguro-de-salud-crece-un-4-77-y-factura-una-cuarta-parte-de-los-no-vida-7889

La despoblación, dispersión, envejecimiento de nuestro entorno rural y la pérdida global de servicios que la retroalimenta están cuestionando también el modelo de atención sanitaria de primer nivel que, ya desde hace unos años, se encuentra desbordado y sin rumbo, funcionando a base de parches, perdiendo servicios y calidad, a falta de un Equipo de Dirección y Gestión Autonómico competente y resuelto que analice, valore y reordene las nuevas necesidades, los servicios a prestar, los procesos, y que aporte los recursos necesarios; que ilusione y fije a los profesionales sanitarios (también a los médicos) y recupere el nivel de calidad perdido.

Y parece que ha llegado el momento. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha publicado recientemente el Documento Marco (14 págs.) sobre el Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural (Nov. 2019), que vendría a actualizar y sustituir el modelo asistencial vigente, basado en el Decreto de Estructuras Básicas de Salud del año 1984, por el cual se crearon los centros de salud, los equipos de Atención Primaria, acercando la Medicina moderna, resolutiva e integradora al medio rural con actividades de promoción, prevención, educación, consulta programada, a demanda, urgente, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, planificación por objetivos y evaluación, formación, docencia, investigación, dotación de medios técnicos, trabajando en equipos multidisciplinares con profesionales que antes no solían estar en el medio rural.

Aunque la implantación fue desigual, se mejoró claramente la calidad asistencial, acercándola a todos los lugares… aunque también hubo su polémica, porque los médicos de APD dejaron de residir en los pueblos, pero un médico aislado, funcionalmente, ya no tenía sentido.

Precisamente, en la actualidad, el papel del médico en el proceso asistencial está generando polémica. Por un lado, parece que faltan profesionales, aunque pudiera ser que solo estén mal distribuidos, ya que la pérdida de población rural global y su dispersión en pequeñas entidades locales ha llevado –con el tiempo y por la desidia administrativa (al no actualizar las demarcaciones asistenciales)– a que muchos partidos médicos se hayan quedado con muy pocos pacientes.

Un médico para 40-100-200-300 personas es ineficiente para el sistema, desmotivador para el profesional y un riesgo para el paciente. Por otro lado, se confunden los roles profesionales; esos pocos pacientes suelen ser mayores con patologías crónicas ya debidamente diagnosticadas, y del médico solo necesitan renovación de recetas y revisiones periódicas. Sin embargo, son personas con frecuentes problemas cognitivos, de movilidad, de relación... y lo que realmente precisan son cuidados y supervisión de sus hábitos higiénico-dietéticos, de sus constantes vitales y del cumplimiento terapéutico; son otros los profesionales que deben atender estas necesidades.

Lo verdaderamente ineficiente es que un médico, cuya formación ha costado 10 años, siga acudiendo a los consultorios locales de todos los pueblos que tenga asignados (y de los que tenga acumulados) con la periodicidad y el horario previstos, aunque se pase buena parte de su jornada laboral en la carretera, conduciendo de un lado a otro o esperando en el consultorio a veces sin pacientes.

Esperanzador es que en el Documento Marco hay una declaración de intenciones, un espacio abierto donde se tienen claros los principios, fines y objetivos de la Atención Primaria del Sistema Público de Salud y donde se aprecia voluntad de analizar lo que está sucediendo y buscar posibles soluciones.

Habrá que tener en cuenta los puntos de vista constructivos de los pacientes y sus asociaciones y plataformas, de los profesionales con las suyas, de las instituciones locales, regionales, autonómicas y las recomendaciones nacionales e internacionales sobre el tema, y trabajar para que este sea el principio de la recuperación de la calidad perdida.

La empresa es compleja y difícil. Ánimo.

Si acudimos a las urgencias de un hospital cualquier día de estos nos encontraremos las salas de observación y puede que hasta los pasillos repletas de enfermos que después de que los médicos han indicado su ingreso, se encuentran esperando a encontrar una cama disponible en el hospital, y mientras tanto malviven en situaciones a veces degradantes (obligados a hacer sus necesidades o las labores elementales de higiene sin ninguna privacidad, etc) en cualquier sitio (pasillos, salas de espera, etc). Este fenómeno que se repite todos los años en los momentos en que hay un pico de la demanda contrasta con la evolución de los recursos de camas hospitalarias en el país.

Tradicionalmente España ha tenido menos camas/1.000 habitantes que la mayoría de los países desarrollados y por supuesto que el promedio de estos (OCDE, UE, Europa), y esta situación con ser llamativa lo es más aún si se tiene en cuenta que la tendencia ha sido a disminuirlas cada vez más.

Así, las 3,42 camas/1000 habitantes de 2010 se han convertido en 3,3 en 2017, y aunque la diferencia puede parecer muy pequeña (0,12 menos) en realidad si la consideramos con su valor real supone una disminución de 12.079 camas en 7 años en el total del país. Todo ello como ya se ha dicho antes en una situación crónica de déficit de camas hospitalarias (media de la OCDE 4,7 y de la UE 5,21 camas/1000 habitantes). Pero el asunto es aún mas preocupante si nos fijamos en las camas en funcionamiento, porque no todas las camas están disponibles durante todo el año, y suelen producirse cierres de camas, plantas enteras, etc, durante periodos limitados de tiempo, de esta manera se paso en el mismo periodo de tiempo de 3,15 camas en funcionamiento a 2,98, es decir 14.862 camas menos en funcionamiento.

Además la dotación de camas hospitalarias es muy distinta según las diferentes CCAA, y va desde 2,46 en Andalucía a 4,16 en Cataluña, sin embargo descendió en todas ellas excepto en Murcia y la Rioja (ambas en 2017 ligeramente por encima de la media con 3,37 camas/1000).

Por otro lado, un hecho muy llamativo es la baja dotación en camas de media y larga estancia de un país en el que las administraciones públicas no cesan de señalar que esta envejeciendo de una manera importante, y el hecho de que estas camas disminuyeron entre 2010 y 2017 (0,32 /1000 habitantes en 2010 y 0,29 en 2017). La dotación baja llama especialmente la atención si la comparamos con la media de la UE 1,25/1000 y de la OCDE 0,6/1000), de nuevo con una gran dispersión entre autonomías (desde 0,01 en Andalucía a 1,02 en Cataluña). 

Como siempre hay casos espectaculares como el de la Comunidad de Madrid donde después de abrir 11 hospitales disminuyo el número de camas hospitalarias   nada menos que en 2.616 camas lo que evidentemente es un record mundial como se ha señalado reiteradamente desde la FADSP, por otro lado existe un hospital, el antiguo Puerta de Hierro ubicado en la ciudad de Madrid que permanece cerrado y deteriorándose progresivamente pese a que el gobierno de la Comunidad ha prometido cuando menos en 4 ocasiones su conversión en un centro de media y larga estancia.

¿Porque se produce esta disminución de camas hospitalarias? Existen varios motivos pero los dos principales tienen que ver con los recortes presupuestarios a que se ha visto sometida la Sanidad Pública que en 2017 tenia el 81,1% del total de las camas del país, y con la deriva privatizadora a que se ha sometido al sistema sanitario, ya que cerrar camas favorece la huida de enfermos al sector privado y abre un nicho de negocio al mismo.

Para paliar la situación deberíamos exigir cuando menos situarnos entre 4,5 y 5 camas /1000 habitantes lo que supone entre 55.000 y 79.000 camas más de las que la mayoría deberían ser de media y larga estancia (unas 45.000), garantizando que ninguna comunidad autónoma este por debajo de 3 camas /1000 habitantes y por supuesto  las nuevas camas hospitalarias tendrían que ser camas de titularidad y gestión pública.

Hay que hacer un esfuerzo inversor en la Sanidad Publica para conseguirlo, pero no necesariamente tan importante como podría parecer porque en los hospitales públicos existen muchos espacios sin utilizar que podrían ponerse en funcionamiento con inversiones comparativamente menores. Tenemos que esforzarnos para acabar con la indignidad de las personas “aparcadas” en los pasillos de los hospitales y las excesivas listas de espera, dotarnos de una cantidad suficiente de camas es un paso necesario para conseguirlo.

Tras mes y medio de protestas, encierros, manifestaciones, parodias de entierros, etc., en las que han participado de manera masiva la población de Verín, para hacer frente a la supresión de la sala de partos del Hospital Comarcal, el gobierno gallego ha anunciado la contratación urgente de dos pediatras para garantizar la atención de los recién nacidos en este hospital.

Los antecedentes de esta situación habría que encontrarlos en la política sanitaria de la Xunta de Galicia basada en cuatro tres grandes objetivos:

Recurrir a la Colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar los nuevos centros sanitarios; poner la Investigación, la innovación y el desarrollo (I+D+I) del sistema sanitario público al servicio del sector empresarial para favorecer su negocio con fondos y recursos públicos. Los centros públicos (a través de las Fundaciones Hospitalarias controladas por la industria farmacéutica y las multinacionales sanitarias) pueden suscribir contratos o convenios con otras entidades públicas y/o privadas para llevar a cabo proyectos de investigación o innovación de nuevos productos o tecnologías sanitarias, cuyas patentes serán propiedad exclusiva de las empresas privadas. El convenio con la multinacional norteamericana Medtronic en las que la sanidad pública pone el dinero, el personal y los recursos de tres grandes hospitales para desarrollar y experimentar con los pacientes nuevos aparatos que la multinacional (que controla el área del corazón) ofertará al mercado para su propio beneficio.

Externalizar todos los recursos estratégicos de la Conselleria de Sanidad (sistema de información, historia clínica y receta electrónica, central de llamadas, servicios de citaciones de pacientes, planificación sanitaria, logística, etc.) poniendo en manos de multinacionales la planificación estratégica y el control del sistema.

Recortar los servicios hospitalarios para favorecer la concertación de la actividad quirúrgica y diagnostica con los hospitales privados que están siendo mayoritariamente adquiridos por grandes multinacionales y consorcios hospitalarios privados, con intereses cruzados con el Partido Popular y su entorno como Quiron- Fresenius, HM Hospitales o Laboratorios Vithas).

Desmantelar la estructura organizativa y funcional del sistema y recentralizar la gestión de los recursos, suprimiendo áreas sanitarias, eliminando servicios de los hospitales comarcales, y sometiendo la Atención Primaria a las gerencias hospitalarias, para lo que modificó la Lei Galega de Saúde en el año 2008. Este cambio suprimió también los órganos de participación social y sindical que perdieron así el derecho a recibir información sobre los contratos de servicios sanitarios, conciertos y programas de subvenciones.

La aplicación de estas medidas explican el cierre del paritorio de Verín y de otros muchos servicios en este centro y en los hospitales comarcales de Valdeorras, Monforte, O Salnes o Burela y el retroceso y marginación de la Atención Primaria que ha perdido personal, recursos y capacidad de autogestión, quedando sometida a las gerencias y jefaturas de servicio hospitalarias que dictan y deciden los que debe hacerse en los Centros de Salud.

Feijoo carece de capacidad para gestionar los recursos públicos (pese a la fa que le acompaña en el resto del Estado) y su acción de gobierno se basa en la mentira y el engaño sistemático. Sirva como ejemplo el caso de Verín cuyo paritorio se cerró en base a dos criterios: Que el número de partos atendidos anualmente en el Centro no cumplían la norma de 600 partos anuales, cifra que no cumple ningún comarcal de Galicia (y especialmente los centros privados); y en segundo lugar la falta de pediatras, pero ahora, y por arte de magia, se podrá disponer de dos de estos especialistas de manera inmediata (habría que añadir que la falta de pediatras es la consecuencia de la falta de planificación según las necesidades asistenciales) y a una política de personal basada en la precariedad y la explotación laboral que hace que en su gran mayoría huyan de Galicia para ejercer su profesión.

Feijoo ha ido cambiando su discurso a lo largo de estos dos meses como consecuencia del enorme rechazo y movilización social y profesional en el área, que ha obligado al presidente de la Diputación de Ourense (de la saga Baltar) a oponerse a la medida para evitar un desatare electoral o que una concejala del PP de la Gudiña se haya negado a ser trasladada al Hospital de Ourense para dar a luz.

El deterioro de la sanidad pública y la movilización social y profesional suponen un punto de inflexión en la política Gallega.

El deterioro de la Atención Primaria hace que desde el mes de abril se hayan multiplicado las movilizaciones profesionales con un importante apoyo social, sucediéndose las huelgas, concentraciones delante de los Centros de Salud y grandes manifestaciones.

La opacidad y manipulación de las listas de espera y las saturaciones periódicas de las Urgencias están generando un gran malestar y frustración socia. Aunque está creciendo la contratación de seguros privados, mucha gente no pueden acceder a los mismos por problemas económicos (y por su baja calidad).

Los cientos de recortes de plazas sanitarias y a precariedad laboral de buena parte del personal ha generado un clima laboral irrespirable en numerosos centros y servicios. Esta situación, a pesar de la propaganda de la Xunta, esta lejos de solucionarse sin introducir un cambio estratégico en la política de personal.

Por primera vez la sanidad pública está en la agenda política dado que los partidos de la oposición, los sindicatos y organizaciones sociales la consideran un problema prioritario que va a estar en el núcleo duro de la batalla política en las nuevas elecciones. Verín es un claro ejemplo del malestar social y de la gran preocupación de Feijóo por sus costes electorales.

La Plataforma SOS Sanidade Pública, alianza que agrupa a sindicatos, organizaciones vecinales y de pacientes, asociaciones profesionales, partidos políticos, ha convocado una gran manifestación el día 9 de febrero en Santiago para hacer frente a esta situación. Es de esperar que sea el punto de no retorno para el cambio en la sanidad pública gallega, hegemonizada hasta ahora por las políticas neoliberales del PP basadas en el deterioro, desmantelamiento y la privatización, para abrir paso al sector privado.

Últimamente hemos podido ver en los medios de comunicación, (TV, radio, prensa), noticias referidas a la lista de espera quirúrgica (LEQ), con titulares si no alarmantes, al menos inquietantes. Nunca se aportan soluciones y el tema, que es recurrente, solo sirve para que los políticos de turno lo utilicen como arma arrojadiza.

Curiosamente siempre se hace referencia a la LEQ, y nada se dice de las LE médicas, ya sea en  Atención Primaria, en Consultas Externas o en pruebas diágnosticas como la TAC, RMN, PET-TAC o una simple Radiografia, siendo que esta LE es fundamental para valorar y diagnosticar a los pacientes y así poder asignarles una prioridad. En la LEQ estructural, los pacientes, al menos,  ya estan  diagnosticados y se sabe su prioridad.

No obstante no podemos restar importancia a unes cifras de LE tan elevadas, pues son un problema grave y, lo que es peor, causa de desigualdades. Estas desigualdades  afectan fundamentalmente a las persones más pobres del sistema que según el informe AROPE 2019, son ya un 26% de la población (más de 12 millones). Somos el tercer estado con mayor desigualdad con respecto a los estándares europeos.

La solución siempre ha sido aumentar el presupuesto para destinarlo fundamentalmente, por un lado, al “plan de choque”, (derivación de pacientes a hospitales privados) y por otro lado, a los “autoconciertos”, conocidos como peonadas, (prolongación de la jornada laboral por los mismos profesionales del sistema público). Como se ha podido comprobar solo ha servido para paliar las LE.  

El camino, al ser multifactorial, es difícil y complicado, pero necesariamente  ha de suponer un cambio a medio y largo plazo tanto en la gestión y planificación sanitaria por parte de la Administración, como en una mejor gestión clínica de los profesionales (medicina y enfermeria) y una participación “horizontal” entre administración, profesionales y ciudadanos. Todo ello unido a un incremento del gasto destinado  a la sanidad pública.

Así pues la Administración debe posibilitar los medios para que haya una información homogénea mediante un sistema informático que monitorice y permita evaluar a todos y cada uno de los centros y a su personal, única forma de optimitzar  los recursos humanos, a veces no es cuestión de aumentar plantillas si no de redistribución de las mismas. Periódicamente se debe depurar la LE, pues la situación clínica varía y en algunas ocasiones no será necesaria intervención alguna. Además se debe exigir que las pruebas diagnósticas y las consultas no se dupliquen, cosa que ocurre con frecuencia y, sobre todo, cuidar que la información, el trato y la accesibilidad al sistema sean las óptimas. Todo esto no será posible sin una gestión profesional al frente, que a dia de hoy, desgraciadamente, es una carencia importante, al primar generalmente la afinidad política.

El mejorar la gestión clínica supone la elaboraración de “Guias Clínicas”, implicando a los profesionales sanitarios, tanto de  la Atención Primaria como de las diferentes especialidades, con el fin de  disminuir la variabilidad de la práctica clínica y evitar en lo posible entradas inadecuadas en LE. Controlar cualquier actuación no indicada tanto diagnóstica como terapéutica. Priorizar  el orden de la LE, en primer lugar por criterios clínicos, después por situación sociolaboral y finalmente por antigüedad. Aumentar la Cirugia Mayor Ambulatoria, conocida como cirugía sin ingreso. Y poder premiar a aquellos  profesionales que cumplan los objetivos mediante unos incentivos adecuados.

Finalmente hay que potenciar la participación real, no formal como hasta ahora, mediante los consejos de salud en los centros y departamentos  contando con  los profesionales, los ciudadanos y la administración. Ello no será posible sin que unos y otros  cedan poder, pues solo desde la horizontalidad será posible la verdadera participación.

Todas estas medidas implican a todos los actores: administración, profesionales y ciudadanos, con el objetivo claro de mejorar nuestro sistema sanitario público, y una vez consensuadas, deberían  ser de obligado cumplimiento. Sólo así, tanto profesionales como ciudadanos gozaremos de una mayor satisfacción.