Es obvio que se producirán numerosos cambios en todos los terrenos, algunos de tipo global, que vendrán impuestos por nuevas correlaciones de fuerzas entre los distintos sistemas económicos y políticos, a los que los ciudadanos difícilmente podrán oponer resistencia, aunque puedan no estar de acuerdo con ellos, y otros más locales sobre los que podrán tener mayor grado de influencia.

Los Estados, a través de la acción pública, recuperarán el protagonismo que han ido perdiendo durante las últimas décadas, aunque ello no les guste a los defensores de la globalización sin restricciones, ni tampoco a los promotores de reducir el papel del Estado en la vida pública (que, sin embargo, durante la pandemia han cambiado radicalmente su discurso para solicitar ayudas al Estado). Será la única forma de garantizar cierto equilibrio entre las necesidades de la población en campos imprescindibles para garantizar los derechos humanos, como, por ejemplo, alimentación, vivienda, enseñanza o salud y, como consecuencia, mantener el desarrollo y la paz social.

Los sistemas sanitarios deberán adaptarse a la nueva realidad y priorizar objetivos de salud pública: sin control de los riesgos sanitarios, especialmente de tipo infeccioso, pero no solo (la alimentación y la calidad del aire serán también determinantes), no habrá vida ni tampoco economía. También será preciso reinventar los modelos asistenciales y el propio ejercicio de la actividad sanitaria, disminuyendo el hospital-centrismo y acercando la asistencia sanitaria al paciente, potenciando la Atención Primaria e incluyendo en la práctica asistencial la telemedicina, que tendrá un desarrollo exponencial. Será necesario igualmente determinar las prioridades y límites de la asistencia sanitaria.

Los propios ciudadanos modificarán sus hábitos para disminuir los riesgos para su salud. Es posible que el uso de las mascarillas no vaya a ser tan efímero como deseamos, al igual que otro tipo de medidas que ahora solo podemos entrever.

Muchos de estos cambios solo serán posibles mediante la cooperación internacional y la solidaridad entre los países ricos y pobres, solidaridad entre Estados, pero también entre ciudadanos. Será preciso dar significado al eslogan de la OMS: Piensa globalmente, actúa localmente. Recomiendo firmemente la lectura de una reciente publicación de Göran Tomson que, obviamente, lo explica mucho mejor:

El sistema sanitario en la Comunidad de Madrid esta en una situación de gran precariedad que ha estallado con la pandemia. No se trata de una situación inesperada sino del resultado de las políticas del PP durante muchos años, desde las transferencias sanitarias, dirigidas siempre a deteriorar lo público y favorecer el sector privado, buscando una transición desde el modelo de servicio público hacia otro neoliberal que avanza a pasos continuados, con mayor o menor velocidad según los momentos hacia un sistema similar al de los EEUU en el que la provisión y el aseguramiento quede progresivamente en manos privadas. Vamos a señalar a continuación algunos aspectos clave de la situación actual del sistema sanitario en la Comunidad.

Financiación y gasto

La Comunidad de Madrid esta situada desde hace años en los últimos lugares en cuanto a gasto y presupuesto sanitario per cápita. En 2018, último dato conocido de gasto liquidado, ocupaba el penúltimo lugar entre las CCAA en cuanto a gasto sanitario per cápita, y en 2020 el último en presupuesto destinado a la sanidad por habitante, situación esta que se mantiene en 2021 con un presupuesto prorrogado, lo que supone que por habitante y año se destinan 376,3 € por debajo de la media de las CCAA y 573,4€ por debajo de la comunidad autónoma que más dedica por habitante. Esta subfinanciación se traslada a todos los apartados, pero especialmente a lo relativo a inversiones y a Atención Primaria (AP), a la que los presupuestos dedican el menor porcentaje de todas las CCAA (11,4% en 2018, 10,4% en 2019 y presupuestos posteriores).

Por otro lado la Comunidad de Madrid es la que menos dedica a Sanidad en porcentaje del PIB (3,6% frente al 5,5% del total) y la que tiene menor recaudación fiscal en los impuestos cedidos (entre 2010 y 2019 dejo de recaudar 39.516 millones €, el 27,39% de esta cantidad no recaudada hubiera permitido homologar en este periodo el gasto sanitario por habitante en Madrid con el promedio de las CCAA). Es decir no do-dietary-supplements-work.com una situación inevitable por la falta de recursos económicos sino ante una subfinanciación buscada intencionadamente.

Recursos y actividad

Los recursos humanos en AP en Madrid son insuficientes. El numero de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) por profesional está por encima de la media en todas las categorías y la situación empeora continuamente. En 2018 había 2021 TSI por profesional de enfermería, 1.849 por profesional de medicina de familia, 1.121 por pediatra y 2.463 por administrativo/a, frente a 1.508, 1.581, 1.044 y 2.922 respectivamente en el total de las CCAA. Asimismo el 50,4% de l@s medic@s de familia con más de 2.000 TSI del total del país se encontraban en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la dotación de personal (TSI/ profesional), la frecuentación y la presión asistencial están mal repartidos con grandes variaciones según las distintas direcciones asistenciales (DA). En los datos disponibles se ha evidenciado una disminución en el numero de consultas de AP entre 2010 y 2018 del 9,48% (el 8,23% en el conjunto del país) y un aumento de las urgencias hospitalarias del 27,62% en Madrid (el 16,96% en el total de las CCAA) en el mismo periodo, lo que cuestiona la utilización de la AP como primer escalón asistencial.

Como era de esperar las demoras en las citas en AP se han incrementado entre 2018 y 2019, en este ultimo año no lograron cita en 24 horas el 68,87% de quienes la solicitaron en medicina de familia, el 47,37% en pediatría y el 42,8% en enfermería. Estas demoras también se distribuyen de manera irregular según DA. En 2019 el máximo en porcentaje con citaciones en más de 14 horas en pediatría y enfermería se da en la DA Oeste y en medicina de familia en la Este. En todos los casos se trata de DA con menor nivel socioeconómico.

Existe también una baja dotación de las unidades de apoyo, con una densidad de profesionales por TSI muy baja y claramente inapropiada: Odontólogos: 0,022/ 1000 TSI; Psicólogos: 0,003/ 1000 TSI; Matronas: 0,03/ 1000 TSI; Higienistas: 0,019/ 1000 TSI; Fisioterapeutas: 0,03/ 1000 TSI; y Trabajadores sociales: 0,018/ 1000 TSI. Y lógicamente las demoras en las mismas son elevadas, especialmente en fisioterapia (52,76 días de demora media), odontología (26,95 días) e higienista dental (17,55 días) con una gran variabilidad (hasta 180 días para odontología, 150 para fisioterapia y 120 para higienista).

En la atención especializada el número de camas hospitalarias de la Comunidad de Madrid es bajo (3,10/1.000 habitantes frente a 3,29 del conjunto del país), más aún si se compara con los estándares internacionales (5,3 UE, 4,5 OCDE). Pese a ello ha disminuido en Madrid en los últimos años (- 8,41% entre 2010 y 2018). Las camas de titularidad pública son 2,11/ 1.000 habitantes, pero las camas disponibles son menos si tenemos  en cuenta las camas en funcionamiento sobre las instaladas (1,83), que además son menos en los centros públicos respecto a los privados en la región (86,82 versus 91,56%) y menos en los centros públicos madrileños que en los del conjunto de las CCAA (90,23%). Es decir hay una infrautilización de los hospitales públicos que fomenta una mayor utilización de los centros privados que en el resto del país (90,51% de camas en funcionamiento). En Madrid existe además una preocupante escasez de camas de media y larga estancia (0,11/1000 habitantes, 0,32 en España, 1,25 en la UE).

No obstante en los últimos años se ha producido un incremento en la dotación de quirófanos, mayor en la Comunidad de Madrid que en España. También un aumento significativo de la dotación tecnología de RM, TAC, PET y mamógrafos, pero este aumento es más significativo en términos proporcionales en el conjunto del país que en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los trabajadores hospitalarios por mil habitantes, hay un leve incremento en la Comunidad de Madrid, y un incremento ligeramente mayor en el resto del país. Sin embargo, existe una diferencia llamativa de trabajadores según la titularidad de los centros, ya que en los centros públicos hay 10,2 trabajadores por cada mil habitantes, frente a 2,55 en los centros privados. La diferencia es mayor cuando se analiza lo que ocurre con los profesionales médicos (1,9 en hospitales públicos por cada 1000 habitantes, y solo 0,33 en los hospitales privados) y de enfermería (3,05 versus 0,64). Lo que da cuenta de que los centros públicos tienen más personal total (1,87 por cama) médico (2,5  por cama) y de enfermería (2,25 por cama), evidenciando una situación preocupante en el sector sanitario privado.

El número de estancias por 1.000 habitantes disminuyó en la Comunidad de Madrid un 8,28%, más que en el conjunto de país en donde hubo una disminución de un 6,3%. Las altas por mil habitantes también aumentaron en la Comunidad de Madrid (2,88%) levemente más que en el promedio español (2,18%). Además, disminuyó la estancia media más que en promedio estatal (-10,78 % frente a -8,37%).

El número de consultas por 1.000 habitantes aumentó de manera importante en la Comunidad de Madrid (26,58%), más que en España (19,54%). Este incremento se ve en mucha mayor medida en los centros privados (81,7%) que en los públicos (8,47%). Se evidencia asimismo un ligero aumento de la actividad en pruebas diagnósticas de radiología y laboratorio, pero muy inferior al crecimiento de la población madrileña.

Los datos oficiales de la lista de espera quirúrgica en agosto de 2020 señalan que se ha producido un aumento de 16,72 días, si bien tanto en esta como en la lista de espera de consultas se evidencia que no se contabilizan las personas que vieron anuladas sus citas durante la pandemia (por ejemplo la Comunidad reconoce que se anularon 93.001 intervenciones quirúrgicas) y que no se han producido entradas, lo que significa que la realidad es mucho peor de lo publicado.

Como ya se ha señalado, la atención de urgencia en Madrid es muy elevada y se incrementa anualmente, sin que aumenten los ingresos desde urgencias, lo que significa que acuden a urgencias muchos problemas de salud que deberían atenderse en AP y no encuentran solución probablemente por las demoras elevadas.

Lógicamente, el sector privado vive buenos momentos en la región con un crecimiento del gasto sanitario privado, que se sitúa en el segundo lugar de todo el país, después de Cataluña. El sector privado tiene una importante dotación tecnológica (el 45% del total) lo que indica que se dedica en gran medida a atender las demoras en las listas de espera del sistema público (en general las demoras en las listas de espera de la Sanidad Pública y el aumento de la actividad del sector privado funcionan como vasos comunicantes). Así no es de extrañar que el número de personas con seguros privados en la región crezca desde 2015. En 2019 un total de 2.216.948 (el 33,17% de la población) tenían un seguro privado, lo que también está favorecido por el alto numero de afiliados de las mutualidades de funcionarios.

Política farmacéutica

El número de recetas y el gasto por recetas en la Comunidad de Madrid mantiene una curva ascendente, con una bajada en 2012 debido a la aplicación del RDL 16/2012 que excluía medicamentos de la financiación pública y aumento los copagos. Este aumento se ha mantenido con oscilaciones anuales (4,06% en 2015, 2,79% en 2019), y además como ya se señalo en el apartado de financiación con un escenario presupuestario que diseñaba una disminución del gasto farmacéutico con presupuestos menores que el gasto realizado el año anterior. El mayor crecimiento lo experimento el gasto farmacéutico hospitalario (entre 2014, primer año en que se facilita este dato, y 2019 lo hizo en un 37,57%)

El porcentaje de aportación de los usuarios se mantiene prácticamente estable desde 2013 (10,17% en 2018) y lo mismo sucede con el porcentaje de genéricos 51,9% que ha bajado ligeramente desde  2015 y 2016 (52,6%), siempre lejos del promedio de la UE (62%).

Privatización

Madrid es la comunidad autónoma con mayor grado de privatización en 2020 según el Informe anual sobre privatización sanitaria realizado por la FADSP. Los modelos de privatización hospitalaria son varios en Madrid: hospitales PFI (iniciativa de financiación privada) con 7 hospitales, concesiones administrativas con cuatro y cesión de la atención sanitaria de un área de población a un centro privado (Fundación Jiménez Diaz). Todos ellos coinciden en un bajo número de camas por 1.000 habitantes, poco personal y costes muy elevados en comparación con los centros de gestión pública.

Por otro lado existe un laboratorio centralizado privatizado y un gran número de conciertos hospitalarios (Madrid es la 2ª comunidad autónoma en porcentaje de gasto en conciertos del presupuesto sanitario público). Este modelo ha generado una importante deuda con el sector privado (280,8 millones en 2018). Existe una presencia predominante de Fresenius (Capio, Quirón) entre los centros privatizados lo que le dan una peligrosa situación oligopolística.

Salud Pública

La Salud Pública está infradesarrollada e infradotada en la región, con una plantilla mínima (0,093 trabajadores/1.000 habitantes) y sin capacidad para desarrollar las funciones que tiene asignadas.

Residencias de mayores

En Madrid, el 76,5% de las plazas de residencias son privadas (72,8% en el conjunto del país) y están en el 45,3% de los casos en centros con más de 100 plazas (22,9% en el promedio español). La proporción de plazas en residencias públicas es realmente menor porque una parte importante de ellas están cedidas a la gestión privada. Por otro lado la mayoría de las plazas privadas están en manos de grandes empresas en muchos casos multinacionales del sector. Finalmente el control de la administración sobre las residencias es mínimo por lo que tienen poco personal y poco cualificado. Las alternativas de atención domiciliaria tienen poca penetración (solo un 5,67% de la población mayor de 65 años recibe esta prestación en la región). Todo ello explica bastante bien el terrible impacto de la pandemia sobre las mismas y el hecho de que en Madrid nada menos que el 52,74% de los fallecidos por la pandemia hayan sido internos de las residencias.

La situación sanitaria de la Comunidad de Madrid antes de la pandemia, como se ha visto en los datos de este Informe, reunía todas las condiciones para un desastre ante cualquier estrés, estaba infrafinanciada, con un gasto farmacéutico creciente y sin control, una Atención Primaria jibarizada y falta de recursos con aumentos de las demoras en las citas, falta de camas hospitalarias, con elevadas listas de espera, con una creciente privatización que provocaba sobrecostes que hacían aún más insuficientes los presupuestos sanitarios y todo ello presionaba hacia un crecimiento de las derivaciones hacia el sector privado y del aseguramiento sanitario privado. Un modelo en transición desde un servicio público de salud hacia un sistema sanitario neoliberal cuyo paradigma es EEUU.

Lógicamente la crisis sanitaria de la covid19 hizo estallar todas las costuras del sistema sanitario público, desbordado y colapsado, que además fue el que hizo frente a la pandemia porque el sector privado se puso de perfil y atendió un porcentaje muy inferior de los casos que le corresponderían según su dotación de camas y aún así a los casos menos graves. Sin la respuesta de la Sanidad Pública, y pese a la notoria incompetencia del gobierno regional para gestionar la pandemia, la situación habría sido mucho más grave.

Financiación y gasto

Hay que garantizar recursos suficientes a la sanidad pública madrileña. Para ello y como primer paso se necesita homologar los presupuestos de 2021 al promedio del presupuesto por habitante de las CCAA, es decir 376 € por habitante más, lo que significaría 10.878 millones € de presupuesto sanitario. En esos nuevos presupuestos debería contemplarse un aumento muy significativo de los dedicados a AP para llegar al 20% de los mismos y a Salud Pública, al menos el 2,5% del total. Estos nuevos recursos podrían conseguirse fácilmente si se recuperan impuestos como los de patrimonio, donaciones y sucesiones con los estándares de las demás CCAA, aunque en este año también podrían aprovecharse los fondos de la UE.

Recursos y actividad

Deben de recuperarse las áreas de salud en Madrid para integrar la totalidad de los recursos asistenciales y garantizar una coordinación y atención sanitaria de calidad, integral y equitativa a toda la población.

En la Comunidad de Madrid se precisa un aumento muy importante de los recursos humanos del sistema sanitario público. Especialmente en atención primaria (AP) donde se precisan cuando menos 500 profesionales más de medicina, 5.000 de enfermería y 600 en las unidades administrativas. Por otro lado, en las unidades de apoyo deberían de garantizarse unas ratios de 1 profesional/1.000 habitantes. Asimismo, hay que reducir la variabilidad en dotación de personal entre las áreas sanitarias y/o direcciones asistenciales, debe asegurarse una cita en AP en un máximo de 24 horas cuando menos en el 95% de los casos y hay que desarrollar la actividad comunitaria, de prevención y promoción en la AP

Tenemos que aumentar el número de camas hospitalarias de la región para alcanzar las 5 por 1.000 habitantes, lo que supone un total de 13.281 camas más, que deberían de abrirse en centros de titularidad y gestión pública. De ellas al menos 5.000 deberían de ser de media y larga estancia. A corto y medio plazo una parte importante de las mismas podría hacerse operativa, de manera rápida y a bajo coste, mediante la apertura de las camas cerradas en los centros públicos, la puesta en funcionamiento de los espacios no utilizados en los mismos (3ª planta del hospital de Vallecas, apertura torre 4 Hospital del Norte, reapertura y adecuación del antiguo hospital Puerta de Hierro, etc.), así como la remodelación del actual hospital Isabel Zendal, para transformar, lo que ahora es un hangar con camas, en un hospital general con instalaciones adecuadas para tal fin.

Hay que garantizar una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública para lo que se precisa incrementar los recursos humanos en Atención Especializada. Y en este contexto debe de potenciarse la dedicación exclusiva de los profesionales en el sistema sanitario público (AP y AE), asimismo poner en marcha un plan de recursos tecnológicos que permita establecer las necesidades de los mismos, su uso racional y equipos de electromedicina que permitan su adecuado mantenimiento y utilización, así como un sistema centralizado de compras, y necesitamos un plan integral de atención a las listas de espera, que asuma la atención a las mismas en un tiempo razonable, de acuerdo con la importancia de las patologías a atender, y que se base en la utilización intensiva de todos los recursos de los centros públicos.

Debemos reforzar los servicios de Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva de la región y debería de efectuarse un diagnóstico de la situación de la atención especializada en la Comunidad de Madrid estableciendo los recursos necesarios y su distribución territorial.

Hay que establecer estándares de calidad y sistemas de control del funcionamiento del sector sanitario privado, así como integrar las mutualidades de funcionarios en la atención sanitaria pública para acabar con una inaceptable situación de discriminación actual.

Política farmacéutica

Hay que controlar y racionalizar el gasto farmacéutico en la región para asegurarse que su incremento es inferior al de los presupuestos sanitarios públicos. Especialmente hay que actuar en el control de gasto farmacéutico hospitalario e incrementar la utilización de genéricos y biosimilares y realizar subastas de los medicamentos de uso más común para disminuir los costes.

Por otro lado, deben de regularse estrictamente los conflictos de interés entre profesionales e industria farmacéutica y garantizar la formación continuada a sus profesionales por parte del sistema sanitario público, sin que intervengan, directa o indirectamente, empresas farmacéuticas

Detener y revertir la privatización

Hay que paralizar las nuevas privatizaciones de prestaciones sanitarias y deben de reintegrarse al sistema sanitario público los centros y servicios privatizados para lo cual el primer paso que debe realizarse, es la no prorrogación de los contratos en vigor, mientras tanto debe de efectuarse la inspección y control riguroso del funcionamiento de los centros y servicios privatizados y exigir un estricto cumplimiento de los contratos.

Salud Pública

La Salud Pública necesita refuerzos de personal muy significativos (no menos de 2 trabajadores/1.000 habitantes y un aumento presupuestario (al menos un 2,5% del presupuesto sanitario, por otro lado hay que mejorar la relación y coordinación de los dispositivos de Salud Pública con la AP, AE y atención sociosanitaria, así como con las corporaciones locales

Residencias de mayores

Habría que incrementar notablemente la red de residencias públicas en la Comunidad con el objetivo de alcanzar al menos un 40% de las plazas residenciales en 5 años, y debería de realizarse un control estricto de las condiciones de las actuales residencias y la intervención de las que no cumplan con los estándares de calidad. Tenemos que mejorar la relación entre las residencias y la AP favoreciendo el control y seguimiento desde los centros de salud.

A medio plazo hay que promover residencias menor tamaño, con menos internos, y favorecer la puesta en funcionamiento de pisos asistidos y fomentar la atención domiciliaria con el objetivo de llegar un 15% de la población mayor de 65 años.

Entendemos que todos estos aspectos son claves para garantizar una sanidad Pública de calidad y unos niveles adecuados de la salud de la población. Es obvio que suponen un giro de 180º de la actual política sanitaria de la Comunidad de Madrid, pero si no avanzamos en este camino la situación sanitaria, con o sin covid19 seguirá empeorando para la mayoría de la población.

Estamos empezando un nuevo año, y echando la vista atrás repaso lo que hemos vivido desde el 14 de marzo. La sensación es que ha pasado mucho más tiempo que los nueve mese

s trascurridos. Una semana después de empezar el confinamiento, enfermé por la COVID; afortunadamente, tuve síntomas "leves", y estuve apartada de mi trabajo tres semanas.

Ya se han trasladado allí algunas especialidades, como Rehabilitación, donde me consta han hecho un gran trabajo previo para que todo fuera bien. Lo que queda por hacer, que es la mayor parte y la más complicada, debería estar en un año; otro retraso sería imperdonable.

Concluido el vial del río y la rotonda del paseo de San Vicente, la vista de la obra es espectacular. Algunos nos pronunciamos hace años sobre que sería la obra pública más importante del siglo en Salamanca, y me reafirmo en ello; no lo será solo por la espectacularidad de su arquitectura, ni por su tamaño, ni por su coste, sino por lo que representa un centro sanitario público nuevo de esta envergadura para nuestra provincia y el servicio que debe prestar a toda la población.

Cuando todo acabe, habrá muchas cosas que echaremos de menos y otras muchas que no funcionarán como deberían hacerlo; hay motivos para ello, porque no se ha contado suficientemente con los profesionales en todas las fases de la obra, pero nada puede ser excusa para afrontar con todas las fuerzas el reto de la novedad.

Comenzar a trabajar en un hospital nuevo, estrenar un hospital, es una experiencia única, yo la he vivido: disfrutar de la amplitud de los espacios, la limpieza, la luz, el nuevo equipamiento, la nueva tecnología… Con todo, lo más importante será la actitud de los que allí van a trabajar, que después de tantos años de espera pueden haber perdido toda la ilusión que aportaba esta apertura cuando realmente estaba prevista; alguien debería dar explicaciones y pedir perdón porque las cosas se hayan hecho así.

El momento tampoco es el mejor para los trabajadores, cansados como están por el esfuerzo en la contención de la COVID; muchos habrá con síndrome de burn-out, derivado de la estrecha e intensa relación con el dolor y la muerte de los últimos meses, sin contar el debido al maltrato infringido por el sistema durante los últimos años.

Responsables políticos y administrativos, trabajadores y ciudadanos estamos obligados a hacer de esta apertura un éxito. Para que sea así, la mayor responsabilidad corresponde a la Administració, que debe devolver a los trabajadores la ilusión perdida, y ello no será posible solo con buenas palabras o con promesas vanas. Se necesita adaptar los recursos humanos a las necesidades reales; dignificar los salarios y promocionar los puestos de trabajo fijos, olvidando los contratos basura y las interinidades perpetuas; hacerles partícipes de las decisiones que les afectan y que afectan a la organización del hospital; promocionar la innovación y la autogestión; facilitar su tarea mejorando los medios tecnológicos de la información; estimular la investigación y la promoción, con carreras profesionales donde realmente se demuestre el progreso individual… En resumen, hacer todo lo que no han hecho en años y, en algunos casos, hacer lo contrario de lo que han venido haciendo.

A los sanitarios les corresponde un sobreesfuerzo de profesionalidad; no queremos solo expertos, necesitamos que además tengan un fuerte compromiso con el paciente y la sociedad. A los cargos intermedios les corresponde hacer un liderazgo eficaz basado en la confianza, el diálogo y el ejemplo, y no en la imposición, tantas veces arbitraria.

Por fin, los ciudadanos tenemos la obligación de respetar a los trabajadores y las instalaciones y exigir a la Administración y a los profesionales que pongan todo de su parte y nos traten siempre como adultos, capaces de entender los problemas sanitarios individuales y sociales y capaces de aportar soluciones a los mismos.

¡Feliz 2021 y que nos traiga cuanto antes el fin de la pandemia y la apertura completa y definitiva del Hospital nuevo!