El gobierno bipartito (PSdG-BNG) apoyó con firmeza la Sanidad Pública en Galicia. Durante su mandato (2005-2009) fortaleció la red hospitalaria, integró todas las Fundaciones Sanitarias (que estaban en quiebra) en la red del Sergas, impulsó la Atención Primaria, aumentó los presupuestos y mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero le faltó tiempo para completar la tarea. Ni siquiera pudo iniciar la construcción del nuevo hospital de Vigo -que ya tenía proyecto y financiación aprobados-.

En las elecciones de marzo de 2009 –después de una campaña electoral  bronca y tramposa- el PP recuperó el poder. Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta y encadenó tres mandatos sucesivos (2009, 2012 y 2016). En estos años la Sanidad Pública gallega se vio sometida a un ataque programado desde el propio poder que provocó un severo deterioro en las condiciones de trabajo y en la calidad asistencial, reiteradamente denunciado por los propios trabajadores y por las organizaciones profesionales y sindicales. Núñez Feijóo no es un novato en estas tareas. Es un experto y convencido  privatizador con una trayectoria que lo avala. Fue a mano derecha de Romay para impulsar las Fundaciones Sanitarias en Galicia (con funestos resultados) y fue también el brazo ejecutor de la privatización de Correos (dirigió dicha entidad de 2000 a 2003). Se designa a sí mismo como defensor de la Sanidad Pública, mientras impulsa medidas dirigidas a todo lo contrario –esta forma de actuar es muy habitual en el PP-. Lo cierto es que este partido en Galicia tiene una agenda oculta (igual que Rajoy cuando ocupó el poder en Madrid en 2012) orientada a deteriorar los servicios públicos y a utilizar los presupuestos para generar áreas de negocio, de los que se benefician empresas próximas y los grandes grupos de la sanidad privada.

Haremos a continuación, en diez puntos, un breve repaso de las actuaciones realizadas por el gobierno del PP sobre la Sanidad Pública en Galicia. Después veremos cuales podrán ser las intervenciones a llevar a cabo para recuperar una sanidad fuerte y restaurar el daño causado, en el supuesto de que las fuerzas progresistas puedan formar gobierno y dar por finalizada la etapa de Núñez Feijóo. Cuando llegó al poder en 2009 el PP ya había elaborado un plan para convertir la sanidad en una mercancía. Más tarde, el  RD 16/2012, publicado en el BOE en abril –poco después de ganar Rajoy las elecciones en el Estado-  le dio alas al gobierno autonómico para profundizar en las privatizaciones. Pero ya en los primeros días de ocupar el poder tomó dos decisiones de enorme importancia: frenó la implantación del Plan de Mejora de Atención Primaria (AP), que tenía presupuesto previsto para aumentar la calidad en este nivel asistencial en los siguientes años, y derribó el proyecto del nuevo hospital público de Vigo para  substituirlo por otro siguiendo el modelo  PFI, que ya había impuesto el PP en Valencia y Madrid. Después revisaremos la importancia de estas decisiones. Porque de inmediato comenzó a “externalizar”.

1. Las “externalizaciones”

En una entrevista aseguró, en los inicios de su mandado,  que era partidario de privatizar “todo  lo que no sea él núcleo duro del sistema sanitario”. Se entregó a la tarea desde el primer momento . Comenzó por los servicios de apoyo: la historia clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, las telecomunicaciones, los servicios de  catering, la limpieza y la energía, el mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y distribución de material sanitario: todas estas parcelas pasaron a manos privadas en poco tiempo. Continuó con la entrega a empresas privadas de la gestión del alta tecnología, el laboratorio central de Galicia, la investigación clínica y las contrataciones públicas del Sergas. Resulta muy relevante que se entregue a empresas privadas la información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad.  Incluso hicieron el intento de privatizar la esterilización de los centros sanitarios:  en enero de 2014 publicaron en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización de este servicio. El grave peligro que entraña una medida de este tipo y la reacción de los actuales responsables hizo que no fuera implementada, por el momento. También tienen en la recámara el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica: la respuesta de los profesionales hizo que se detuviera esta medida , que significaría privatizar –en contra del afirmado por Núñez Feijóo- la propia actividad sanitaria, lo que denominó “núcleo duro” del sistema.

2. Recorte de presupuestos y reducción de personal y camas hospitalarias

Durante sus mandatos el Sergas recortó el presupuesto  en más de 1.000 millones de euros (una reducción del 18% respecto al de 2009). Mientras tanto la sanidad privada creció de forma imparable: ahora ya realiza el 25% de la atención hospitalaria de la  CCA. Esto tuvo como consecuencia  la supresión de más de 500 plazas de personal médico, 184 de enfermería y 1.121 en todas las categorías, así como el cierre de camas. El número de camas hospitalarias  en los establecimientos sanitarios del Sergas viene reduciéndose desde el regreso del PP al poder en 2009. De las 9.863 camas que ese año había en funcionamiento, se pasó a 9.126, un descenso de 737. El número total de camas instaladas también se recortó, pero algo menos (575). El número de camas en funcionamiento por cada mil habitantes se redujo de las 3,6 a las 3,34, lejos de los estándares europeos (alrededor de 5 camas por cada mil habitantes). Un país envejecido y con pacientes  pluripatológicos, que precisan ingresos hospitalarios reiterados, no permite reducir las camas hospitalarias, por mucho que ahora se hagan más cirugías sin ingreso o de corta estancia.

3. La desactivación de la Atención Primaria

Los sistemas sanitarios organizados en dos niveles asistenciales son los más eficientes y los que más  aportan a la salud de la población. Un sistema sanitario “fuerte” precisa una AP “te fuere” (Barbara Starfield). La AP debe ser el elemento central que asuma la coordinación de los procesos asistenciales y, para eso, tiene que contar con profesionales formados y con medios suficientes que permitan resolver más del 80% de los problemas de salud. Con ese diseño se fue construyendo, en los últimos 35 años, un  SNS que, pese a todos los ataques, conserva un nivel de calidad más que aceptable. La AP fue degradada por los gobiernos del PP en diversos territorios del Estado. Dieron preferencia al nivel  hospitalario, más favorable para los negocios privados.

En Galicia, desde que gobierna Núñez Feijóo,  el nivel asistencial más perjudicado fue la AP,  que vio recortado su presupuesto de forma radical. En 2019 representó el 12.5% del gasto sanitario total (190 millones menos que en 2009). En AP, además de suspender la aplicación del Plan de Mejora, Núñez Feijóo también suprimió las Gerencias de AP (que tenían su presupuesto y capacidad de decisión propia); fueron  fagocitadas por una gerencia única hospitalaria ( EOXI), de tal forma que el primer nivel asistencial perdió autonomía de gestión y pasó a ser un apéndice menor de los grandes hospitales.

La sobrecarga asistencial en los Centros de Salud, así como la ausencia de pediatras y el cierre de consultorios rurales,  son una consecuencia directa de los recortes. No hubo convocatorias de plazas para AP y otras fueron amortizadas. Los contratos eventuales del personal son cada vez más precarios y degradantes. Todo esto generó una enorme indignación entre los profesionales, que se sienten castigados por este gobierno. En 2019 hubo una tensa conflictividad; huelgas, manifestaciones, concentraciones y protestas de diverso formato con las que se reclamaba la restauración de la dignidad de la AP. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización de profesionales precarios, la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas estas son expresiones del malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas y presentó un modelo de contrato para los eventuales que solo valía para “estabilizar” y mantener la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no firmaron la propuesta.

En abril de 2019 se convocó una huelga en AP, que preveía tener un amplio seguimiento. Fue desconvocada, con el desacuerdo de muchos profesionales, después de llegar los convocantes a un acuerdo con la Consellería para constituir un “Consejo Técnico de AP” con la misión de elaborar y proponer estrategias para un nuevo modelo de AP en Galicia. Más de doscientos profesionales trabajaron durante meses en quince comisiones. A mediados de noviembre a Consellería hizo público un documento (“Por una AP  vertebradora del sistema de salud”) elaborado por una consultora externa, mientras los integrantes del Consejo Técnico seguían con sus trabajos, desconocedores de esta iniciativa. Una muestra más de la forma de proceder de la Consellería. Hubo un gran descontento en los profesionales que prepararon nuevas movilizaciones. Pero llegó el coronavirus y todo cambió.

4. El ataque a los hospitales comarcales. El conflicto de Verín

Con la Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete (suprimieron las áreas de Salnés, Verín, Burela y Barco de Valdeorras); los hospitales comarcales perdieron capacidad de gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La estrategia pasa por concentrar el poder de decisión y la capacidad de gasto en los gerentes de los grandes hospitales, que son personas próximas al PP. Desmontan las  XAP y los hospitales comarcales para concentrar el poder en los grandes hospitales, donde las posibilidad de generar espacios de negocio para empresas externas es mayor.

Mientras hablan de fijar la población en el territorio y favorecer la vida en el rural, toman decisiones que provocan todo lo contrario. La reducción de servicios educativos y sanitarios provoca la huida de la población a zonas donde puedan acceder a los mismos. La pérdida de autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el cierre, a primeros de diciembre de 2019, del paritorio y el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, lo que provocó una gran indignación de la población. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca (con la consigna Verín no se cierra) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que cambien de idea, si continúan en el poder). Esta decisión política tiene una lectura muy clara: este gobierno apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología –donde hay espacios abiertos a los negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas –que favorezca la vida en el territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una mercancía.

5. La derivación a los hospitales privados, la Ley de Garantías y el Acuerdo Marco

El 25% de la atención sanitaria ya se realiza en hospitales y centros privados. La derivación de pacientes a la privada entre 2005 y 2015 se multiplicó por tres y sigue aumentando. La actividad concertada (servicios realizados por centros privados a pacientes derivados desde el Sergas) representa el 80% de la actividad total de los hospitales privados: el Sergas destina más de 260  millones al año para pagar esta actividad de los centros privados. Todo eso sucede a pesar de que el Consejo de Cuentas de Galicia ha advertido de que la concertación es más costosa que la atención realizada con medios propios. Esta situación atrae a las grandes empresas del sector que están adquiriendo hospitales en Galicia, ya que ven una posibilidad segura de negocio (Grupo  Quirón, Grupo  HM- Hospitales, Farmacéutica  Almirall).

El gobierno de Núñez Feijóo legisló para favorecer los intereses de los centros privados; publicó a finales de 2017 una norma  tramposa, el “Decreto de tiempos máximos de espera”, que debería servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación, mediante la supresión del derecho contemplado en esta ley. Los pacientes llamados para recibir atención sanitaria en un centro privado que no acepten la derivación quedan sin el derecho a ser atendidos. Esperarán sin fecha y sin poder reclamar. Así lo establece, de forma obscena, la Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas.

En el mismo contexto podemos señalar que el Hospital de A Coruña haya firmado, en 2018, un Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 millones de euros, para realizar actividad concertada en los siguientes cuatro años. El acuerdo incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también a  hemodiálisis. Los centros beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, Hospital Modelo y el Hospital  Quirón. Esto permite a los hospitales privados  dimensionar sus  plantillas y aumentar su actividad, pues garantizan la derivación de pacientes del Sergas. Con estas medidas el presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo  descapitalizados y privados de medios y personal.

6. El deterioro de la atención a la salud mental

En Galicia se da un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos y tiene una alta tasa de suicidios. Los problemas de salud mental tienen una elevada prevalencia en la población, pero los servicios sanitarios públicos ofrecen una respuesta insuficiente. Cuando el PP tomó el poder en 2009 eliminó el Plan Estratégico en Salud Mental, elaborado por el gobierno progresista, y no presentó ninguna alternativa. Galicia tiene la mitad de los recursos recomendados hace veinte años. De los 1.500 profesionales que recomendaba el citado Plan solo hay 950. Y no solo se precisa aumentar la dotación de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, enfermería especializada, terapia ocupacional y trabajo social.

Los servicios y las consultas están colapsados, con más de 8000 pacientes en lista de espera de Psiquiatría. La falta de atención a los trastornos infantiles y juveniles es especialmente grave: solo hay una unidad de hospitalización, con siete camas, en toda Galicia.

7. La privatización de la inteligencia y de la tecnología en el Sistema Sanitario

La investigación y la innovación tecnológica están controladas por la industria sanitaria, por los laboratorios farmacéuticos y por la banca, que participan en organismos públicos y controlan las actividades que llevan a cabo: la “Agencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios” y la “Agencia Gallega de Sangre y Tejidos”. Esto permite a multinacionales, fondos de inversión y empresas financieras influir y controlar la investigación, la evaluación de tecnologías, la formación de los profesionales sanitarios y de los directivos, las donaciones de sangre y tejidos y la coordinación de trasplantes de órganos.

El “Instituto de Investigación Sanitaria” es una estructura organizativa para la promoción y el desarrollo de la investigación en los hospitales. Engloba a las fundaciones de investigación hospitalarias con el objetivo de promover la investigación y la innovación, para patentar los resultados de la misma. Como consecuencia los ensayos clínicos, los  biobancos de tejidos y la genómica están gestionados por la fórmula de colaboración público-privada con la participación de empresas multinacionales, grupos de capital riesgo y fondos de inversión.

El Sergas también emplea en este ámbito dos fórmulas “curiosas” en su relación con el mundo empresarial. La “compra publica innovadora” y la figura del “socio comercial” sirven, en teoría, para impulsar la innovación empresarial privada con fondos públicos. Pero lo cierto es que con estos instrumentos el Sergas financia la investigación, pero tiene que pagar las patentes resultantes de la misma (a las empresas que la realizan con fondos públicos). El Sergas renuncia a controlar la investigación y beneficia al sector privado, que recibe fondos, utiliza los centros sanitarios, a los profesionales e incluso a los enfermos para sus investigaciones. La Ley de Racionalización del Sector Público de 2014 legalizó el patrocinio privado de todos los servicios del Sergas.

En 2016 Núñez Feijóo cedió los servicios de Cardiología de cuatro hospitales (A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo) a la multinacional norteamericana Medtronic, por medio de un convenio secreto del que se desconocen los principales términos y que permite a la compañía instalarse, controlar y testar sus productos en las áreas médicas de los citados hospitales. La Xunta de Galicia ocultó  durante meses esos acuerdos. Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que logró acceder a la documentación, después de un año de reclamaciones, el convenio del Sergas con Medtronic “constituye una intervención del sector privado en la sanidad pública contraria al interés general”. Medtronic tiene una oscura historia, y numerosas demandas judiciales, por su agresividad empresarial.

8. El concierto singular con Povisa

El hospital privado Povisa está integrado en la red asistencial del Sergas y tiene asignada una población de 140.000 habitantes (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Durante el mandato de Núñez Feijóo la relación de Povisa con el Sergas fue muy intensa. Funcionó la puerta  giratoria, que llevó a Rocío Mosquera desde un cargo en la empresa a la Gerencia del Sergas (2009-2012). Fue ella quien negoció la renovación del concierto singular, que mejoró sustancialmente. Supera ya los 80 millones de euros anuales, a pesar de que dedica menos recursos y servicios que los centros públicos para atender a los pacientes del Sergas. Su gestión tiene una total falta de transparencia (Consejo de Cuentas) y presenta la mayor lista de espera quirúrgica de Galicia.

Pese a todas estas circunstancias Povisa recibe siempre un trato de favor. La planificación del Sergas casi siempre se hizo teniendo en cuenta los intereses de este hospital. Así fue que al nuevo hospital de Vigo (proyectado por el gobierno progresista) le recortaron 400 camas de las 1470  previstas, justo las mismas (405) que ahora tiene concertadas Povisa con el Sergas. De este modo este hospital sigue siendo necesario para atender a toda la población de la comarca, y el Sergas no puede prescindir de sus servicios.

El hospital Povisa fue, en los últimos años,  propiedad de la familia Silveira (que controla  Remolcanosa, Elcano y un grupo de navieras repartidas por plazas "off  shore") acaba de ser comprado por la empresa  Ribera Salud -la que nació en Valencia para gestionar el fracasado hospital de  Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense  Centene-. De este modo los dos hospitales de Vigo están en manos privadas y el Sergas es rehén de estas empresas.

9. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

El gobierno progresista tenía –en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1300 presupuestados para el actual, y que estaría finalizado en 2013, y quedaría bajo dominio de la propia Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la empresa adjudicataria durante 20 años). Hubo numerosas irregularidades durante la construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples. La privatización del nuevo hospital la realizaron en dos zancadas: primero procedieron a la asignación de la financiación, construcción, gestión y explotación de las áreas no sanitarias (incluido el aparcamiento) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, por medio de la figura de Concesión de Obra Pública. En segundo lugar procedieron a la modificación del proyecto inicial, en el que redujeron los recursos previstos para abaratar la obra, pero manteniendo el canon de 72 millones de euros anuales previstos en el contrato. Esa es la hipoteca que habrá que pagar hasta el año 2035. El canon del  HAC representa el 35% de las inversiones de la Xunta en Vigo; el  HAC será objeto de la mayor partida presupuestaria del Sergas durante los próximos 20 años.

Los recortes introducidos en el proyecto son notables: un 32% en las camas de hospitalización (alrededor de 400 menos) y en los quirófanos, redujeron un 50% el Servicio de Urgencias, anularon el Laboratorio Central (favoreciendo la  Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio Central de Galicia –y también lo de Madrid-) y suprimieron edificios (docencia, investigación y hospital de pacientes); también alteraron la calidad de los materiales y de la equipación previstos. Las consecuencias de estos recortes son graves: la ostensible merma de la oferta hospitalaria hace que el  HAC no sea capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la sanidad pública queda oprimida con una gran hipoteca y, además, la Administración pierde el control de la sanidad en el área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del  HAC y por Povisa, que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la población. La sanidad pública queda secuestrada por estas empresas: prevalece el negocio por encima de las necesidades de la gente.

10. El coronavirus en Galicia. Las residencias de ancianos           

A mediados de marzo el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la extensión del coronavirus. Las calles quedaron vacías y nuestras vidas mudaron de repente. Comenzó un largo confinamiento que alimentó el pánico de mucha gente. Los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una lucha desigual para frenar la extensión del  Covid-19. Hubo falta de medios para atender a los pacientes y para proteger a los profesionales. Muchos de ellos llegaron a infectarse por el virus. Los recortes que sufrió la sanidad y el abandono de la Salud Pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica crearon una situación de auténtica indefensión.

Pero la extensión del virus en Galicia fue menor que en otras comunidades. Somos un territorio lejano, con la población dispersa y con escasa llegada de personas de otra procedencia. La  seroprevalencia del virus en la población general está por debajo del dos por ciento. Pero hubo un ámbito donde el coronavirus afectó de forma severa provocando una elevada mortalidad: en las Residencias de Ancianos. En Galicia fallecieron en estas instituciones 271 personas (132 en la propia residencia, sin ingreso hospitalario) y hubo muchos cuidadores afectados. Eso representa el 45% del total de muertes en la CCAA. Las políticas impuestas en los últimos años tienen una relación directa con esta elevada mortandad.

La entrega de las Residencias de Ancianos a manos privadas y amigas es el antecedente necesario para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada. Núñez Feijóo favoreció la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total  dejación de funciones en el control de la  calidad de atención prestada (Consejo de Cuentas). La gran mayoría de los fallecidos estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por  DomusVi y por la Fundación San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de Residencias de Ancianos de España; su CEO es Josefina Fernández , persona próxima al PP que a finales de 2019 recibió un premio Galicia Global de manos del conselleiro de Economía. La Fundación San Rosendo está presidida por Benigno Moure , un cura –amigo de Fraga, distinguido con una medalla Castelao- que fue condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 millones de euros la una mujer  demenciada. En esas manos está la atención de nuestros mayores.

Cuando se tomaron estas decisiones hubo grupos que vieron una oportunidad de lucro. Con-virtieron la atención a los mayores y dependientes en negocios que cotizan en bolsa. La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante lo recorte de medios, de personal y la precarización de la atención. Cuando el coronavirus comenzó a afectar a las residencias a carencia de recursos para afrontarlo fue alarmante. Hubo mayores que murieron en soledad y sin poder ser despedidos por los suyos. El Sergas estableció en un protocolo que las personas con dependencia severa no fueran trasladados a las unidades de hospitalización y que quedaran aislados en su centro residencial. Las familias afectadas  ya acudieron al juzgado. Aunque Núñez Feijóo afirma que dejar a los dependientes en las residencias, y no hospitalizarlos, fue decisión de los médicos y no de la Xunta, lo cierto es que era una instrucción  de la Consellería de Sanidad. Pretende aparecer ante la opinión pública como el héroe que paró el coronavirus. Algunas decisiones suyas contribuyeron a todo el contrario.

Este es el relato de la actividad desarrollada durante la última década, desde el propio poder, para desmantelar la Sanidad Pública gallega. Podríamos hablar también del  ocultamiento y maquillaje de las listas de espera, de la drástica reducción del proyecto de hospital de Pontevedra, de la merma de recursos para los Programas de la Mujer, del deterioro de la atención a las drogodependencias, de los recortes y privatizaciones de los servicios de ambulancias y de la supresión de la participación comunitaria introducida en la nueva Ley Gallega de Salud. Las modificaciones realizadas son profundos y difícilmente  reversibles; si en las próximas elecciones se produce un cambio político la recuperación de la sanidad pública deberá ser una de las prioridades del próximo gobierno. No será fácil, y habrá que establecer un programa de actuación para restaurar el daño causado. Apuntamos a continuación un breve guión de las posibles actuaciones para cambiar el rumbo de la sanidad en este país.

1.-Revisar todas las “externalizaciones” realizadas y establecer un calendario para recuperar progresivamente el control público de las mismas.

2.-Aumentar progresivamente el presupuesto sanitario e incrementar la dotación de personal y de camas hospitalarias.

3.-Recuperar las Gerencias de Atención Primaria, dotarlas de medios y recursos propios y  aumentar progresivamente la dotación presupuestaria (hasta llegar al 25% del presupuesto sanitario que aconsejan los expertos). Diseñar un nuevo Plan de Mejora para restaurar la dignidad y la capacidad de resolución de la AP.

4.-Modificar la Ley de Salud de Galicia y recuperar las once Áreas Sanitarias, dotando a los hospitales comarcales de recursos para mejorar su calidad asistencial.

5.-Modificar la Ley de garantías y suspender la Instrucción 1/2018 que facilita la derivación de pacientes a los hospitales privados. Suspender el Acuerdo Marco firmado con los hospitales privados de A Coruña. Aumentar la actividad asistencial en los centros propios para reducir el más posible las derivaciones, hasta que los centros concertados sean complementarios y subsidiarios y no integrantes de la red asistencial.

6.-Recuperar y reactivar el Plan Estratégico en Salud Mental y aumentar los recursos materiales y humanos para poder realizar una atención psiquiátrica y psicológica de calidad.

7.-Recuperar el control público de todos los institutos y servicios dedicados a la investigación y a la innovación y ponerlos al servicio de la sanidad pública y de los pacientes. Restaurar también lo con- trol de la innovación tecnológica.

8.-Revisar el concierto singular con el hospital Povisa de Vigo y hacer un seguimiento exhaustivo de su actividad asistencial en relación con la población asignada por el Sergas. Establecer un plan a largo plazo para poder atender con medios propios del Sergas a los pacientes de Povisa.

9.- Revertir a la gestión pública el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se hizo en Valencia con el hospital de  Alzira). Aumentar el número de camas del hospital y dotarlo de los medios que  fo- ron sustraídos del proyecto del gobierno progresista. Establecer un plan a largo plazo para poder asumir la atención de la población actualmente asignada al hospital Povisa.

10.-Fortalecer la Salud Pública y los servicios de vigilancia epidemiológica, aumentar la dotación para la investigación en virología y dolencias infecciosas, establecer un Plan Estratégico para lo  afrontamento de posibles pandemias en el futuro, y recuperar para dominio público las Residencias de Mayores privatizadas. Exigir responsabilidades políticas y judiciales a todas las personas y entidades relacionadas con la gestión de las residencias y con la elevada mortalidad sucedida durante la pandemia del  Covid-19.

La sanidad española lleva años en un proceso de privatización más o menos encubierto. Para ello se han utilizado diversos instrumentos. El principal, los recortes en la financiación: según la OCDE el gasto sanitario público en España en 2018 fue del 6,27% del PIB. En 2019, descendió al 5,9% (0,37 puntos menos). Entre 2009 y 2017, el gasto público en salud como porcentaje del PIB se redujo en un 9,1%, mientras que el privado aumentó en un 18%, según la Estadística de Gasto Sanitario Público. El gasto sanitario privado ha crecido notablemente en la última década, pasando del 24,6% al 29,2% del total (OCDE 2018), como consecuencia de una bajada continuada de los presupuestos de la sanidad pública, que se contrajeron del 6,78% del PIB en 2009 al 6,23% en 2017. El gasto total actual representa un 9,1% del PIB, inferior al 9,9% del promedio de los países europeos. El gasto público de las comunidades autónomas –que tienen trasferidas estas competencias– no ha crecido nada en los últimos diez años: representa el 5,5% del PIB, muy inferior al 6,1% del 2009.

Esta falta de financiación ha minado de forma muy grave nuestro sistema público, originalmente basado en la accesibilidad y el carácter redistributivo. El objetivo de estos dos parámetros es evitar discriminaciones por motivos económicos, especialmente para las personas más vulnerables, que son las que necesitan mayor atención, dada la estrecha vinculación entre pobreza y salud. Frente a esto, los modelos basados en los seguros sanitarios vinculan el derecho a la atención a las cotizaciones y en todo caso, para aquellos sectores no asegurados ofrecen sistemas de beneficencia, con menor oferta de servicios y de menor calidad.

Otra barrera que dificulta una financiación sanitaria basada en impuestos como la nuestra es la elusión fiscal. Esta práctica, muy frecuente en las grandes empresas, es especialmente dañina en un país de baja presión impositiva como España, de casi 10 puntos menos que la media de los países de la Unión Europea (34% frente a 41%, 70.000 millones de euros anuales).

También ha ahondado en el enfoque anti-público el crecimiento de los copagos en medicamentos introducidos en 2012 con el RDL 16/2012. Como consecuencia de ellos, más de un millón cuatrocientas mil personas no retiran los medicamentos prescritos por problemas económicos.

Hay otras medidas más residuales pero no desdeñables, como las desgravaciones fiscales a los seguros complementarios, especialmente utilizados por las grandes empresas para su personal directivo, que desgravan alrededor del 30% de los mismos.

Empeorar el funcionamiento del sistema sanitario no es algo que ocurre porque sí. Como resultado de las listas de espera que crecieron desmesuradamente tras la época de los recortes, las empresas aseguradoras han aumentado su negocio exponencialmente. En 2018 superaron los 10 millones de asegurados, un crecimiento del 14,6% en tan solo 4 años. No ayuda el mantenimiento del modelo MUFACE por el que el Estado, paradójicamente, financia la asistencia sanitaria privada de los funcionarios públicos.

Los recortes y el empeoramiento de la calidad asistencial del sistema público han ido en paralelo al aumento de la concertación con el sector privado: la reducción del número de camas –que ha pasado de 365 por 100.000 habitantes en 2005, a 337 en 2019– y de personal han sido letales. Desde 2008, se contabilizan 25.000 efectivos menos, con los que la tasa de personal sanitario –3,9 médicos y 5,7 enfermer@s por cada 1.000 habitantes– se mantiene muy por debajo de otros países europeos como Alemania (4,3 y 12,9) o Austria (5,2 y 6,8). Mientras, los conciertos con el sector privado suponen el 11,2% del gasto público en salud. En 2017 suponían el 9,5%, con Cataluña (25,6%), Madrid (11,2%), Baleares (11,1%) y Canarias (9,6%) a la cabeza. La concertación supone la privatización de una parte de la asistencia sanitaria financiada con dinero público. Las dificultades en el acceso a la atención sanitaria en el sistema común también han favorecido el pago directo por asistencia de salud. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de la ciudadanía en este ámbito pasó del 19,5% del gasto total en 2009 al 23,6 en 2018.

La colaboración público-privada ha sido utilizada en sus diferentes modalidades para construir y gestionar nuevos hospitales, gestionar servicios esenciales como historia clínica, receta electrónica, centrales de llamadas, logística o servicios de investigación sanitaria, para crear nuevas patentes con dinero público, experimentar tecnología, formar personal sanitario, etc. En todas se han dado los mismos problemas. Las fórmulas conocidas como PFI (Private Finance Initiative) para financiar y gestionar nuevos centros sanitarios han multiplicado entre 5 y 7 veces al coste de los mismos, reducido las camas, personal y equipamiento, y privatizado la parte no sanitaria de los hospitales. Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– esto representa una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración pública) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años.

Pero las consecuencias para la sociedad son nefastas: hipotecan y condicionan la política sanitaria, reducen la calidad de la construcción y equipamientos, disminuyen el número de camas y de personal sanitario, reducen personal no sanitario, empeoran las condiciones laborales, privatizan aspectos claves para el funcionamiento de los centros y la calidad de la asistencia. Y además, se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros. Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, estas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud y son un primer paso para la privatización total del sistema. Otras formulas han sido los llamados clusters empresariales y las nuevas figuras para la adquisición de equipamiento sanitario, etc.

Adicionalmente en esta confusión entre lo que es de unos y lo que es de todos, figura la doble dedicación de algunos profesionales a la sanidad pública y privada. Gracias a este desdoblamiento, algunos profesionales facilitan la derivación de pacientes del sistema público al privado, utilizando así la sanidad pública para intereses particulares.

Resumiendo, a la infrafinanciación de la sanidad española se ha sumado una creciente derivación de recursos públicos para favorecer los negocios privados y la potenciación del aseguramiento privado y de los pagos directos de los usuarios, lo que ha debilitado el sistema sanitario común y fomentado la desigualdad y las barreras económicas al acceso de prestaciones sanitarias.

Todas estas debilidades se han visto aumentadas por la pandemia sufrida, por eso es precisa, ahora más que nunca, una financiación suficiente de la sanidad pública, incrementando su cuantía para homologarla en euros por habitante y año al promedio de la UE, garantizando una financiación equitativa de las comunidades autónomas y acabando con las privatizaciones a la vez que se inicia un proceso de recuperación de lo privatizado.

Con la llegada del sida a finales del último siglo, pasados los miedos del principio (miedos al contagio y a la ignorancia), se rompió la última barrera que existía entre el médico y el paciente. Esto no fue generalizado, y en gran medida fue debido a que no existía un tratamiento para la infección, no podíamos curar, solo aliviar o cuidar y, en muchos casos, simplemente estar allí.

Este lunes analizamos cómo ha de ser el futuro de la provincia desde la perspectiva sanitaria y de la mano de un médico miembro de la FADSP

1-LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS

Con la pandemia por coronavirus en atención primaria hemos aprendido a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar.

Se adaptaron los espacios de trabajo, se anularon las consultas a demanda y programadas. .Los pacientes debían quedarse en su domicilio y llamar al centro por teléfono siendo atendidos por sus profesionales de referencia (destacar que así se solucionaron múltiples problemas administrativos que parasitaban las consultas). Se estableció un  triaje a la puerta separando pacientes que acudían con patología respiratoria de otras patologías urgentes no respiratorias. Las consultas por banalidades desaparecieron. 

A los pacientes con síntomas compatibles COVID, etiquetados como coronavirus posible, si no presentaban síntomas de alarma ni factores de riesgo, eran aislados durante 14 días en domicilio, explicando cómo hacerlo a ellos y a sus familiares, con seguimiento telefónico, y se les dio el alta a los 14 días de aislamiento y después de estar asintomáticos al menos cinco días.

A los contactos de los casos diagnosticados como posibles, que eran la mayoría, se les hacía vigilancia activa con control de temperatura durante 14 días y aislamiento en casos confirmados PCR.

En ambos casos la atención se hizo debidamente protegidos con EPI, gafas, guantes y mascarillas que, salvo al principio, no faltaron.

Con respecto al personal de enfermería de Atención Primaria, han sabido organizarse, distribuir las múltiples tareas de las que han tenido que hacerse cargo y del estudio poblacional nacional, demostrando u alta preparación para un trabajos comunitarios.

 El resto de personas que conforman la Atención primaria, auxiliares, celadores, personal administrativo. han adaptado su trabajo a la situación, haciendo labores como triaje, controlando el acceso, distribución y separación por patologías, siempre con amabilidad, conteniendo la ansiedad de los pacientes. Destacaríamos además la importante labor realizada por el personal de limpieza favoreciendo nuestro trabajo, higienizando el mobiliario y el centro de salud para disminuir el riesgo de contagio.

A nivel de área se conformo un “equipo COVID” que atendió  las llamadas de la población. Derivó a los pacientes estables a su centro de salud para seguimiento y a los pacientes inestables al hospital.

.De haber podido realizar test de Anticuerpos y PCR en los centros de salud, para confirmar nuevos casos y seguir sus contactos y convivientes se hubieran evitado contagios y aliviado la sobrecarga de las urgencias del Hospital.

Valoramos muy positivamente la capacidad de iniciativa y entrega de los miembros del EAP que nos ha unido funcionando como un auténtico EQUIPO.

2-Organización del  CAUSA, Complejo Asistencial de Salamanca, en la pandemia

Se organizó la asistencia sobre tres ejes fundamentales: medicina interna- neumología medicina intensiva y urgencias..

Organización en urgencias con la creación de un circuito especial para pacientes con sospecha de infección por coronavirus, que incluyó la ampliación de la unidad. 

 Atención a los pacientes más críticos que se llevó a cabo por médicos intensivistas, cardiólogos, anestesistas y pediatras intensivistas, ampliando la zona de camas de UVI a otras áreas.

La organización en hospitalización .Cuando fue imposible abarcar tal número de ingresos, comenzó la implicación de profesionales de todas las especialidades. Las guardias desaparecieron y dieron paso a la organización por turnos de mañana, tarde y noche, fines de semana y festivos incluidos. Se fueron abriendo plantas hasta que todo el CAUSA (12 plantas) se dedicó exclusivamente a la atención a los pacientes Covid. Se  formaron los equipos Covid, uno por planta, liderados por internistas pero en los que estaban médicos de todas las especialidades y dieron una atención multidisciplinar sin precedentes. Se formó también una unidad de cuidados intermedios por neumología, para ventilación mecánica no invasiva.

Se crearon algunas figuras-recurso interesantes que se crearon, como la del  internista consultor: Desde el minuto uno se habilitaron varios teléfonos que atendidos por internistas con la misión de responder dudas de médicos de AP y de organizar los ingresos desde urgencias (misión de locura, ya top antibiotic com de hasta 70 ingresos, donde estos médicos al teléfono no podían ni dormir), la figura del internista que hacía el seguimiento telefónico de los pacientes dados de alta, la figura de las gestoras de casos que eran el nexo de unión ente las familias y los pacientes y el proyecto Pasmicor, creado para prestar ayuda psicológica a pacientes, familiares y sanitarios que lo solicitasen.

También habría que destacar la enorme colaboración de otros servicios del hospital: riesgos laborales y medicina preventiva, farmacia, microbiología, bioquímica, que hicieron de urgencia las analíticas Covid, informática que puso ordenadores a diestro y siniestro.

Para liberar camas, se derivaron pacientes al Hospital de los Montalvos, y donde también había equipos Covid multidisciplinares.  La residencia de estudiantes Fonseca, acogió a los pacientes que estaban recuperados pero que necesitaban unos días de aislamiento

Hay que destacar la ilusión y el buen hacer de todos estos profesionales que se entregaron con generosidad a la atención de los pacientes. Se creó un compañerismo sin precedentes y que nos llevaremos para siempre.

3-Las Residencias y la pandemia.

Las residencias son instituciones muy heterogéneas en cuanto a tamaño, titularidad, personal, usuarios, etc.;hay realidades muy distintas. Si bien hace un tiempo fueron una alternativa residencial,  el perfil actual del usuario geriátrico suele ser persona mayor, frágil, pluripatológico, muy dependiente y que pertenece al SNS.

La llegada de la inesperada pandemia ha puesto a prueba este sistema socio sanitario, y parece que no estaba preparado. La morbilidad y la mortalidad absoluta y relativa así lo demuestra. La infraestructura de atención a crónicos (UCA, UCAI) desaparece, la A. Primaria se confina en los Centros de Salud, y los pacientes han de acudir a Urgencias a veces sin informes ni acompañamiento.

La Coordinación y Gestión de esta crisis ha correspondido a las Gerencias de Atención Sanitaria y a la de Servicios Sociales. Cada una ha creado sus unidades técnicas para recoger datos, transmitir información, formación práctica a su personal, normativas BOE y protocolos de actuación, conocer las necesidades de cada situación, improvisar, intentar solucionarlas y dotar de los recursos necesarios que han resultado claramente insuficientes al inicio.

 Un problema grave de partida ha sido la descoordinación normativa y de actuación entre las dos administraciones socio-sanitarias. Esto ha motivado la falta de previsión  y por tanto de prevención, formación, entrenamiento, dotación adecuada y fallos asistenciales. Los “pacientes ocultos del SNS”, como se ha denominado a estos pacientes geriátricos, son usuarios con derechos compartidos pero en tierra de nadie. Tienen asignado su Centro de Salud, su médico de AP que les reconoce para recetas, pañales,analíticas, derivaciones, etc. Pero, cuando van al hospital, la mayoría no tienen Hª Clínica abierta y actualizada en Medora (sistema informático del SaCyL). Queda mucho por hacer.

4. PROPUESTAS DE FUTURO EN AP

Replanteándonos nuestra organización y nuestra forma de trabajar

A nivel estructural, hacer una remodelación en la distribución de espacios; aumentar la seguridad del paciente y de los profesionales. Habilitar salas de esperas amplias y bien ventiladas, reservar espacio para la atención de pacientes contagiosos (por COVID y por otras infecciones respiratorias).

Cartelería informativa sobre medidas para prevención de contagios (lavado de manos, cubrirse la boca al toser, etc.), señalización de las diversas estancias del centro para evitar el vagabundeo de pacientes por los diferentes espacios.

 Facilitar sistemas de higiene de manos como dispensadores de solución hidro-alcohólica repartidos antes de entrar en las consultas, dispensadores de jabón y papel en lavabos y extremar la limpieza del centro con la periodicidad que se requiera.

Optimizar la gestión de la consulta telemática, seguir con el uso de receta electrónica, renovación de IT y de toda la papelería siempre que se pueda.

Potenciar la consulta a demanda telefónica que nos permite solucionar problemas banales o administrativos sin la presencia del paciente, priorizar la consulta presencial concertada para problemas complejos, y de esa manera, disponer más tiempo para valorar a estos pacientes.

Intensificar la interconsulta no presencial con el hospital, para evitar demoras y consultas inútiles; de esa manera se disminuirían las listas de espera, y las consultas serían más resolutivas.

Hacer el seguimiento de los pacientes crónicos potenciando la atención por personal de enfermería, con actos que aporten un valor añadido, dando más presencia a la educación y el adiestramiento del paciente para que se haga responsable de su salud.

Solicitar sólo las pruebas diagnósticas necesarias enfocadas al problema del paciente, y no de forma indiscriminada,

Potenciar la educación sanitaria de la población en medidas preventivas y hábitos saludables. Actuar más sobre la comunidad, en especial sobre la población anciana, para que se mantengan autónomos el mayor tiempo posible, evitando o retrasando el ingreso en residencias de ancianos, donde no deberían perder sus derecho a una AP de calidad. El tema de la coordinación de estos servicios socio-sanitarios precisa una regulación estricta, sin despreciar la ayuda de voluntariado y aprovechando los recursos que puedan aportar ayuntamientos y otros servicios públicos.

Por eso nos preguntamos cómo vamos a seguir a partir de ahora. Debemos mantener este espíritu, seguir potenciando el trabajo en equipo, afianzar los logros conseguidos y seguir luchando por revalorizar la Atención Primaria y darle el lugar y la importancia que tiene como base de nuestro sistema sanitario.

Pero, para ello, el esfuerzo de los profesionales no es suficiente, se precisa invertir en medios y en recursos humanos. Escuchamos en todos los medios de comunicación el mensaje que lanzan nuestros políticos asegurando que se va a reforzar la Atención Primaria. Este mensaje llevamos años escuchándolo, y ya no nos lo creemos. Como muestra baste decir que, en estos días que vamos a despedir otra promoción EIR y MIR de Medicina de Familia, no vemos que haya una política seria para fidelizarlos en nuestra Comunidad, a pesar del déficit de profesionales que sufrimos y que se agravará con las jubilaciones previstas en los próximos años.

Necesitamos que se haga una planificación sería, huir del hospitalocentrismo. Ya hemos podido comprobar lo que ocurre cuando al primer nivel asistencial no se le permite trabajar en su medio o no se le permiten hacer las funciones que le son propias (colapso de Urgencias y de consultas e ineficiencia del segundo nivel asistencial).

Tener un primer nivel asistencial potente y eficiente es mucho más rentable. Potenciar hábitos saludables en la población disminuye más la incidencia de las enfermedades que cualquier fármaco. Hacer más trabajo comunitario, aprovechar más la figura del trabajador social, crear alianzas con asociaciones de vecinos, ayuntamientos etc., podría favorecer, entre otras cosas, que nuestros mayores puedan vivir en su entorno familiar y evitar recluirse en una residencia de ancianos; no hace falta que recuerde el precio tan caro y doloroso que hemos pagado.

También se podrían abordar más eficazmente problemas sociales (exclusión social, ayudas a personas en dificultades económicas, problemas de violencia de género, etc.). Nosotros, por nuestra especialidad, sabemos que el entorno social y laboral influye más en el desarrollo de enfermedades que cualquier otra causa. Esa es nuestra fuerza, conocemos las enfermedades que afectan a nuestra población y conocemos a nuestra población y sus condicionantes.

La pandemia por el coronavirus ha puesto en marcha una serie de polémicas y de informaciones y contrainformaciones sobre los tratamientos y las vacunas de la enfermedad. Como es obvio la industria farmacéutica no ha perdido el tiempo y se ha puesto las pilas en un asunto en el que los beneficios prometen ser espectaculares.

Primero hablemos de la vacuna. En enero pasado una información proveniente de China señalaba que la vacuna estaría en 40 días, el 3 de marzo se cumplió ese plazo, y hoy, 4 de junio, todavía la citada vacuna ni está ni se la espera. Obviamente hacer una vacuna eficaz es muy complicado y aunque se investigue mucho y se produzcan avances hay que garantizar una vacuna que consiga anticuerpos y que se mantengan en un tiempo razonable, a más de que no tenga efectos secundarios relevantes y un sistema de producción y un coste que hagan viable su administración a una gran masa de población (cientos o miles de millones de personas). Por supuesto todo ello conlleva un largo proceso, ya se ha dicho que es raro conseguir una vacuna en menos de 4-5 años y que a veces no se consigue aunque se busque (la vacuna del VIH por ejemplo lleva decenios de búsqueda).

“Guerras sucias” de las multinacionales farmacéuticas

El caso de los tratamientos es todavía mas confuso y en el se están viviendo las maniobras y las guerras comerciales. Hace pocos días (22/5/2020) la revista The Lancet publicó el artículo Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry análisis que es un buen ejemplo de lo que son las “guerras sucias” de las multinacionales farmacéuticas que se caracterizan no solo por magnificar los propios productos, sino también por descalificar los posibles competidores. El estudio realizado por Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud de USA, que bien pudiera responder a intereses ocultos, daba resultados que a todas luces no se corresponden con la realidad, por e.j., en Australia señalaba más muertes que los casos detectados, y asimismo se referían dosis de hidroxicloroquina muy superiores a las consideradas aceptables y que podría haber producido toxicidad no tanto por efecto del fármaco en las dosis establecidas, sino por su manejo inapropiado.

No es el primer caso que aparece ya que otro de los fármacos más empleados, el remdesivir también tiene publicaciones contradictorias en cuanto a su eficacia, y ahora parece que quiere introducirse el uso de osetalmivir (el Tamiflu © ya utilizado en la gripe AH1N1). Aparte de que la hidroxicloroquina pueda ser sospechosa por la afición que le tiene Donald Trump, es evidente que esa no es una prueba científica a favor o en contra de su utilidad, y que hay analizar los datos con ecuanimidad, por otro lado las noticias, más o menos falseadas sobre eficacia y riesgos de cada tratamiento tienen grandes impactos en la bolsa y en los negocios de las compañías farmacéuticas. Lo único real es que hasta el momento no existe un tratamiento especifico validado, y que lo publicado no parece recoger efectos curativos de los medicamentos evaluados, que en los casos mas favorables solo ofrecen una mejoría en la evolución.

Prepararse para el previsible rebrote en otoño

Obviamente no sabemos cuándo, pero parece razonable pensar que en algún momento se avanzará, bien en la consecución de una vacuna, bien en la obtención de tratamientos de eficacia contrastada en ese momento habría que garantizar su acceso a toda la población y para prepararnos tenemos que considerar la necesidad de una empresa farmacéutica pública y de que tanto el tratamiento como la vacuna sean considerados bienes públicos de uso universal para evitar que alcancen precios inasumibles que impidan su acceso para la mayoría de la población.

Así las cosas, parece que esperar una vacuna o un tratamiento curativo a corto plazo es poco sensato, aunque obviamente puede haber suerte y producirse una sorpresa positiva. Por eso, es fundamental prepararse para el previsible rebrote en otoño, con un reforzamiento de la Sanidad Pública, dotándola con más medios y más trabajadores, mejorando las condiciones de su trabajo y la coordinación entre niveles y entre CCAA, potenciando la Atención Primaria y la Salud Pública, y disminuyendo la bronca política que tanto está interfiriendo en el abordaje de la pandemia, porque lo que está en juego es la salud de la población.

La labor que se nos ha encomendado no es menor; se trata de detectar, precozmente, a las personas infectadas y sus contactos y evitar así que se siga propagando la enfermedad.

En contra de lo que se pueda pensar, durante el periodo de la parte dura de la pandemia no hemos estado de más; la prueba está en los compañeros contagiados o lamentablemente fallecidos en ese tiempo. Pero sí es verdad que se ha hecho más énfasis en la parte más espectacular de la asistencia, el hospital.

¿Cómo hubieran sido las cosas si hubiéramos tenido test diagnósticos en Atención Primaria desde el principio? Haber podido detectar más personas infectadas precozmente, aislarlas y controlar a los contactos y disminuir así las consecuencias que el contagio ha provocado. Pero no teníamos test, y los pocos o muchos que había estaban en el hospital. Aun así, hemos contenido y controlado a gran parte de las personas infectadas con cuadros clínicos menos graves, evitando el colapso de los servicios de Urgencias.

Tener que atender a posibles infectados y/o enfermos, además de al resto de la población, nos ha obligado a trabajar con medidas extraordinarias de protección, incómodas, pero necesarias, para evitar contagiarnos nosotros y a nuestros pacientes. Pero en este tiempo hemos aprendido otras muchas cosas.

Hemos aprendido a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar, adaptando los espacios para poder atender a los pacientes minimizando los riesgos. Poner distancia física entre nosotros y nuestros pacientes; nosotros, que nos caracterizamos por la accesibilidad y la proximidad. Estamos sorprendidos por cómo disminuyeron durante este tiempo, hasta casi desaparecer, la patología habitual en nuestras consultas y las consultas por banalidades. Habrá que investigar las causas y las consecuencias de esto.

También hemos podido comprobar cómo las múltiples barreras administrativas que parasitaban nuestro trabajo y que continuamente habíamos intentado suprimir, de repente, se podían solucionar.

Hemos aprendido a pasar consulta sin la presencia física del paciente y comprobado que no siempre es imprescindible la consulta presencial.

Hemos conseguido poder comunicarnos de forma más fluida con algunos servicios del hospital y comprobado que se puede hacer interconsulta sin que el paciente tenga que acudir personalmente al especialista y que, además, estas consultas no presenciales pueden ser más resolutivas que las clásicas, acortando tiempos de espera y dinero. Sólo hacía falta un poco de voluntad para hacerlo.

También hemos comprobado cómo el personal de Enfermería de Atención Primaria, de repente, ha encontrado su sitio, tras años de trabajar de forma encorsetada con el mismo tipo de pacientes, a quienes veían clientelarmente una y otra vez con múltiples controles sin contenido. 

Cuando les han dado oportunidad, han sabido organizarse, distribuir las múltiples tareas de las que se han tenido que hacer cargo e incluso llevar todo el peso del estudio poblacional, que se está realizando a nivel nacional. Esto demuestra que el personal de Enfermería estaba infrautilizado y no realizaba las funciones propias de una Enfermería Familiar y Comunitaria. Las causas son múltiples, y no es el momento de analizarlas.

También hemos comprobado la importancia del trabajo que realizan el resto de personas que conforman la Atención Primaria, auxiliares, celadores, personal administrativo, matronas y fisioterapeutas, que han adaptado su trabajo a la situación, incluso haciendo labores fuera de su actividad propia, como triaje, controlando el acceso a los centros de salud, distribuyendo a los pacientes, separando los posibles contagiados de aquellos que acudían por otras patologías. Siempre con amabilidad, conteniendo la ansiedad de los pacientes y favoreciendo la solución de su demanda. Sin ellos no hubiéramos podido realizar nuestro trabajo.

También la importante labor realizada por el personal de limpieza, favoreciendo nuestro trabajo, higienizando el mobiliario y el centro de salud para disminuir el riesgo de contagio

En definitiva, hemos podido funcionar como un todo, el equipo se ha reforzado, se ha unido, ha funcionado como un EQUIPO y, en gran parte, ha sido posible porque hemos podido autogestionarnos.

Por eso me pregunto cómo vamos a seguir a partir de ahora. Debemos mantener este espíritu, seguir potenciando el trabajo en equipo, afianzar los logros conseguidos y seguir luchando por revalorizar la Atención Primaria y darle el lugar y la importancia que tiene como base de nuestro sistema sanitario.

Pero, para ello, el esfuerzo de los profesionales no es suficiente, se precisa invertir en medios y en recursos humanos. Escuchamos en todos los medios de comunicación el mensaje que lanzan nuestros políticos asegurando que se va a reforzar la Atención Primaria. Este mensaje llevamos años escuchándolo, y ya no nos lo creemos. Como muestra baste decir que, en estos días que vamos a despedir otra promoción EIR y MIR de Medicina de Familia, no vemos que haya una política seria para fidelizarlos en nuestra Comunidad, a pesar del déficit de profesionales que sufrimos y que se agravará con las jubilaciones previstas en los próximos años.

Necesitamos que se haga una planificación sería, huir del hospitalocentrismo. Ya hemos podido comprobar lo que ocurre cuando al primer nivel asistencial no se le permite trabajar en su medio o no se le permiten hacer las funciones que le son propias (colapso de Urgencias y de consultas e ineficiencia del segundo nivel asistencial).

Tener un primer nivel asistencial potente y eficiente es mucho más rentable. Potenciar hábitos saludables en la población disminuye más la incidencia de las enfermedades que cualquier fármaco. Hacer más trabajo comunitario, aprovechar más la figura del trabajador social, crear alianzas con asociaciones de vecinos, ayuntamientos etc., podría favorecer, entre otras cosas, que nuestros mayores puedan vivir en su entorno familiar y evitar recluirse en una residencia de ancianos; no hace falta que recuerde el precio tan caro y doloroso que hemos pagado.

También se podrían abordar más eficazmente problemas sociales (exclusión social, ayudas a personas en dificultades económicas, problemas de violencia de género, etc.). Nosotros, por nuestra especialidad, sabemos que el entorno social y laboral influye más en el desarrollo de enfermedades que cualquier otra causa. Esa es nuestra fuerza, conocemos las enfermedades que afectan a nuestra población y conocemos a nuestra población y sus condicionantes.