El calor extremo del aire contribuye directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 70 000 defunciones. Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está produciendo aumentará esa carga de enfermedad.

Otro hecho muy importante relacionado con el cambio climático son los desastres naturales y la variación de la pluviosidad. A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos desastres causan más de 60. 000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.

El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 60 km del mar. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efectos en la salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles.

La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que cada año provocan aproximadamente 760.000 defunciones de menores de cinco años. En los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y hambruna. Se estima que a finales del siglo XXI es probable que el cambio climático haya aumentado la frecuencia y la intensidad de las sequías a nivel regional y mundial.

También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y se prevé que sigan aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones extremas a lo largo de este siglo. Estas como señala la OMS contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y dando lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y lesiones físicas, daños en las viviendas y perturbaciones del suministro de servicios médicos y de salud.

El incremento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres. Ello aumentará el porcentaje de personas con malnutrición y desnutrición, que actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año, porque conviene recordar que nada menos que el 10,9% de la población mundial esta subalimentada y una disminución de su consumo de alimentos puede provocarle con facilidad la muerte.

Otra cuestión que señalar es el cambio de distribución de las infecciones. Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría y es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles. El paludismo depende mucho del clima. Transmitido por mosquitos del género Anopheles, el paludismo mata a casi 600.000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que es que probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue en los países del sur de Europa (en España ya se han identificado casos autóctonos de la enfermedad, es decir personas contagiadas en el país y no en viajeros).

¿Quienes se verán mas afectados?

Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables.

Los niños, en particular los de los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con enfermedades preexistentes, es decir los enfermos crónicos.

Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia.

Es decir, al final los más pobres y desvalidos. Las evidencias de repercusiones importantes del cambio climático hasta la fecha se han situado en África, y los países mas pobres de Asia, América Latina y el Caribe, los países mas desarrollados de momento nos vemos menos afectados, pero si la situación continúa los problemas importantes acabaran afectándonos.

¿Que podemos hacer?

EL IPCC (Internacional Panel on Climate Change), formado por la OMS y la Organización del Medioambiente de la ONU ha señalado que el objetivo para 2030 debe ser el que no se supere un aumento de 0,5º en la temperatura de la Tierra, y eso solo es posible si reducimos de una manera drástica las emisiones de CO2 (en un 45%) y eso supone intervenir en todas las fuentes de contaminantes: sobre todo el transporte (48%), agricultura y ganadería (17%), residuos (7%), edificación (5%), etc.

Debemos actuar a nivel individual (favoreciendo un consumo y una movilidad sostenible, reciclando), pero también a nivel colectivo: local y autonómico, a nivel de cada país yen el ámbito internacional , exigiendo a las autoridades responsables que asuman una política medioambiental en el ámbito de sus competencias, y hay que hacerlo con rapidez porque como dice Greta Thunberg “ nos enfrentamos a una crisis existencial, a una crisis climática y a una crisis ecológica que nunca antes se abordaron como crisis. Las han ignorado durante décadas”, pero sin caer en el pesimismo por en palabras de otro pensador nacido en Tréveris en el siglo XIX “La humanidad siempre se plantea solo aquellas tareas que puede resolver”.

Esta fecha es una ocasión ideal para que todos hagamos algo por cuidar la Tierra y nos convirtamos en agentes del cambio.

Durante la fase final de la campaña electoral se ha abierto una polémica sobre el rechazo de una de las candidatas a las donaciones de “esa persona de la que Usted me habla” de alta tecnología relacionada con la oncología a la Sanidad Pública. Las declaraciones eran, por supuesto, poco oportunas ya que abrían un flanco que fue inmediatamente aprovechado por sus oponentes, porque el tema precisa de un debate sosegado y reflexivo que, en general, es casi imposible en una campaña electoral y que, por otro lado, se abre a posicionamientos muy pasionales y fácilmente manipulables (los enfermos de patologías graves suelen tener poca capacidad de reflexión si se les prometen soluciones a sus problemas, de ahí el éxito entre ellos de las que se autodenominan “medicinas alternativas”). Dicho esto, y ahora que se ha despejado el ruido electoralista, convendría hacer algunas reflexiones al respecto.

La primera, que la Sanidad Pública debe de tener una financiación suficiente y que, esta, no puede depender de la generosidad de algunos millonarios. Para garantizar la financiación sanitaria se precisa de unos impuestos suficientes y de una recaudación progresiva, situación que en nuestro país no se da. Es bien conocido que hay un diferencial de 7-8 puntos de presión fiscal sobre el promedio de la UE (y de más de 10 puntos sobre los países europeos que la tienen mayor), y que ese diferencial se produce a costa de una baja tributación de las grandes fortunas, que se ven favorecidas por cuantiosas exenciones y desgravaciones, a mas de su capacidad para la ingeniería financiera. No parece razonable que las grandes empresas estén tributando en torno al 8-9% sobre los beneficios y un pensionista pueda superar el 20% de IRPF. Por lo tanto, ese es el primer cambio que se debería llevar a cabo, que las grandes fortunas tributen por sus ingresos reales y que esta tributación no pueda bajar del 30% real, con eso tendríamos garantizada la financiación de la Sanidad Pública.

La segunda, recordar que las donaciones gozan de unas ventajas fiscales que vienen a rondar una desgravación del 30% sobre lo donado (puede variar según las CCAA), de manera que una tercera parte de esas donaciones, en realidad, las estamos pagando todos los españoles.

La tercera es que, si analizamos la situación de las donaciones a nivel internacional, se observa que las donaciones son muy frecuentes en los países con presión fiscal moderada o baja, con servicios públicos insuficientes en cobertura y medios (el paradigma es USA, donde por cierto las rebajas fiscales de Trump han ido seguidas de un aumento de las donaciones ) y que en aquellos otros en que hay un potente estado del bienestar, con potentes servicios públicos de cobertura universal y medios suficientes así como, una importante presión fiscal con carácter progresivo (el ejemplo son los países nórdicos), las donaciones son prácticamente inexistentes y están dirigidas básicamente a programas de ayuda internacional. Es decir, existe una relación entre buenos servicios públicos con financiación suficiente y progresiva con ausencia de donaciones y un papel importante de estas en modelos neoliberales de baja y/o deficiente cobertura pública. Por ello, el debate va más allá de las donaciones concretas sino que atañe a que modelo de sociedad queremos y explica bien el apoyo a las donaciones de los partidos neoliberales y de los grupos empresariales y mediáticos.

La cuarta, es que las donaciones de las que se trata han sido condicionadas, es decir, dirigidas de una manera concreta  según los intereses del donante, sin considerar los intereses generales del sistema sanitario y de las necesidades de salud más apremiantes de la población. También, resulta inapropiado y peligroso para el sistema sanitario que particulares puedan de hecho entrometerse en la política de organización y planificación de recursos de la Sanidad Pública porque ello condiciona esta organización y puede generar desigualdades intolerables, y muchos recursos para problemas no prioritarios, mientras otros que si lo son permanecen desatendidos. No parece razonable que particulares tengan capacidad por esta vía para condicionar decisiones estratégicas del sistema sanitario.

La quinta, tiene que ver con las necesidades de equipamiento tecnológico de nuestra Sanidad Pública que no parecen tan evidentes. En España, según la OCDE (OECD Health Data 2018), hay 17 resonancias magnéticas (RM)  y 18,3 Tomografías axiales computerizadas (TAC) por millón de habitantes. En el primer caso una cifra superior al promedio de la OCDE (16,4) y en el segundo por debajo (26,1). La situación en la UE es de 17 RM y 22 TAC/millón. Esta cifra de España es claramente superior a la de muchos países más desarrollados que el nuestro, por ejemplo los RM/TAC millón sería de 7,2/9,5 en Reino Unido, 9,5/15 en Canadá, 11,1/14 en Suecia, por poner ejemplos significativos, y parece que estas cifras están bastante relacionadas con el modelo sanitario, siendo muy superiores en modelos neoliberales (36,7/41,8 en USA) y no con las mortalidad por cáncer, ni con la mortalidad general, ni con la esperanza de vida de la población.  Como suele suceder, hay una gran disparidad en la dotación entre las CCAA, en cuanto a las RM oscilan entre un máximo en Madrid (19,5) y el mínimo de Cantabria (8,6) y en los TAC entre Navarra (21,9) y Canarias (15,4).

Se ha dicho que el parque tecnológico español está obsoleto, pero esto es bastante discutible (mas allá de que en los años de la crisis no se haya producido reposiciones del mismo) porque la información proviene de la industria y está sesgada, de hecho no está tan claro, habría que analizar, caso a caso, si las innovaciones que pretende vender la industria suponen mejoras reales en los resultados  (por ejemplo, una revisión de la utilización de robots quirúrgicos, cuyo uso se magnificó en los medios como un “gran avance”, no encontró diferencias significativas en las complicaciones postoperatorias comparadas con la laparoscopia, aunque si tuvieron mayores tiempos quirúrgicos y mayores costes de hospitalización a los 90 días, con lo que  podría concluirse que las nuevas tecnologías quirúrgicas robóticas parecen ser más un instrumento de marketing y una nueva vía de dilapidar dinero público  que un avance real para enfermos. Eso sí, en España, en 2018 se compraron 46 robots Da Vinci, con un coste aproximado de 92 millones €). Lógicamente, la industria en esto, como en los coches, los televisores, las lavadoras, la ropa, etc., procura vendernos “lo último” que no necesariamente incorpora ventajas significativas para la salud ni es coste/eficiente. Y una prueba de que tan necesarios no eran los equipos donados está en el hecho de que, a día de hoy, dos años después, cerca del 50% de los equipos todavía no han llegado al sistema sanitario y otros continúan en sus embalajes originales.

La sexta, es que a pesar de que la dotación tecnológica del país no es especialmente baja sí que lo es su utilización en el sistema sanitario público. Porque para que funcione un acelerador lineal, un RM o un TAC se precisa de personal médicos, técnicos, enfermería, mantenimiento, etc. Con los recortes se disminuyó el personal sanitario y bajó la escasa utilización que ya existía en la Sanidad Pública que contrasta mucho con su uso en el sector privado. O sea que tener más aparatos no va a mejorar nada si no se acompaña de un aumento de personal cualificado que permita su utilización.

La séptima está relacionada con la sobreutilización de la tecnología sanitaria que es un problema importante en una doble vertiente. Por un lado está constatada una utilización excesiva e innecesaria de la tecnología médica (una revisión de The Lancet en 2017 de la utilización de 56 técnicas de uso común detectó entre un 0,26 y un 73% de utilización inapropiada y excesiva) y aunque en nuestro país no hay muchos estudios sobre el tema, se considera que en torno al 30% del uso de la tecnología médica no está justificada; por el otro el conocimiento de que el uso excesivo entraña en ocasiones problemas para la salud de las personas, como sucede por ejemplo con la relación entre radiación y cáncer y los numerosos efectos adversos de los medicamentos (se ha llegado a hablar de un “sistema toxico”). O sea que, deberíamos ser conscientes de que más tecnología y más utilización de la misma no solo puede no ser bueno para la salud sino que puede ponerla en peligro, por lo que se impone un uso prudente de la misma.

Otras consideraciones, como la procedencia del capital que se dona; de las posibles sanciones al donante por parte de Hacienda o de la utilización propagandística de las donaciones, no cambian las repercusiones para el sistema sanitario del hecho en si.

En resumen, las dotaciones del sistema sanitario público deben de garantizarse por los impuestos, lo que precisa de un cambio del sistema fiscal que asegure la contribución progresiva de todos. Una vez que se garantice esta equidad fiscal no sucede nada si alguien decide contribuir con una donación a la Sanidad Pública siempre que esta sea incondicionada y pueda ser utilizada por las administraciones sanitarias, de acuerdo con las necesidades y los planes  de salud (equipamientos, personal, infraestructuras, etc.). No tiene ninguna lógica fomentar la sobreutilización tecnológica ya existente, tenemos que utilizar los recursos tecnológicos de la Sanidad Pública de una manera intensiva (para lo que se necesita más personal cualificado, no necesariamente más aparatos)  y deberíamos de  avanzar en medidas preventivas y de promoción que favorezcan las desmedicalización de la sociedad.

La obsesión por los fármacos no solo afecta a la población general, sino también a los médicos. Muchas veces por falta de tiempo, otras veces por no frenar las expectativas del paciente, otras por presión de la industria farmacéutica… en lugar de levantarnos de la silla, explorar al paciente y tranquilizarle con que no tiene nada, ante un síntoma banal tiramos rápidamente de recetario.

El estudio de la polifarmacia y sus consecuencias es muy interesante. Con una población cada vez más envejecida y con más enfermedades, que un anciano tome más de 10 pastillas al día no sorprende a nadie. Yo estoy en la consulta y cuando veo esos listados de medicamentos, uno tras otro, formando hileras infinitas, de verdad que me pongo nerviosa. Rápidamente le pregunto al paciente si se apaña para aclararse con tanta medicación. La mayoría de las veces me dicen que sí, o que se encarga su mujer o su marido o sus hijos…

El tema es tan preocupante que se han acuñado nuevos conceptos que hablan de todo ello: conciliación de la medicación, deprescripción y la cascada terapéutica. Esta última sí que es tremenda: un fármaco produce un síntoma que en realidad es un efecto secundario, pero el médico no se da cuenta y le da al paciente otro medicamento que mejore el síntoma anterior; éste, a su vez, le provoca otro síntoma, frente al que se le da otro tratamiento... Y así… hasta el infinito.

Dentro de nuestras obligaciones como médicos, está también la de la educación a la población. Vivimos en una sociedad en la que ningún síntoma parece tolerarse. Necesitamos medicación para todo y trasformamos en enfermedad lo que no es sino una manifestación fisiológica de nuestro organismo. Me explico: medicamentos para la menopausia, exigimos antibióticos para un cuadro vírico, necesitamos antidepresivos cuando nos deja nuestra pareja, solicitamos vitaminas cuando tenemos astenia, jarabes para la tos, pastillas para perder peso…

En fin, frente a la pastillitis aguda que nos invade, sería recomendable practicar la confianza en nuestro cuerpo, pues si le damos tiempo, él solito soluciona muchos problemas que no tienen trascendencia clínica.

El próximo día 26 de mayo se celebran las elecciones europeas, autonómicas y municipales. La coincidencia de tres elecciones de características tan distintas suele producir una cierta confusión entre las personas que acuden a votar que por otro lado tradicionalmente son menos que las que lo hacen en unas generales, en este caso la cercanía de las ultimas cuestiona aún más el que se alcance una participación elevada.

Sin embargo, se trata de unas elecciones cuyos resultados van a tener un fuerte impacto en la Sanidad Pública que conviene tener en cuenta a la hora de votar.

Comencemos por las europeas. La UE adopta normas de obligado cumplimiento `por nuestro país que acaban teniendo repercusiones sustanciales sobre la Sanidad. Para referirnos solo a las mas importantes, están aquellas que tienen que ver con la economía y el gasto público, las limitaciones de déficit y endeudamiento acaban pesando como una losa sobre las políticas de las administraciones públicas y como es bien sabido  están detrás de los tremendos recortes que ha sufrido nuestro sistema sanitario, además en este ámbito económico se encuentran también las políticas que favorecen la colaboración público- privada (es decir las privatizaciones) y el libre comercio. Otro aspecto a tener en cuenta es la política farmacéutica que, aparte de velar por la seguridad de los medicamentos, contiene actuaciones que favorecen las patentes, el reconocimiento mutuo (un medicamento aprobado en cualquier país de la UE lo está para su comercialización en toda ella), y el derecho de atención sanitaria en la UE de la ciudadanía de cualquier país de la misma (la tarjeta sanitaria europea, la atención sanitaria transfronteriza, etc). Por ultimo existe una amplia normativa europea sobre salud medioambiental y de regulación de emisiones que producen el cambio climático que hay que profundizar y el cumplimiento de cuyas recomendaciones debe de exigirse.

 No obstante, es obvio que las preocupaciones de la UE han sido sobre todo el ámbito de la economía y de la protección de los intereses de las grandes empresas, marginando los derechos sociales de las personas que la habitan. Del resultado de estas elecciones depende que se cambie esta actitud y por ejemplo que pueda aprobarse una “Carta de derecho a la salud de la ciudadanía europea”  que garantice el derecho a la salud como un derecho básico, el acceso a una atención sanitaria integral, equitativa y accesible, etc.

Puede parecernos todo muy lejano pero muchas cuestiones concretas que nos acaban pasando dependen de las decisiones de la Comisión y el Parlamento Europeo, por ello, aunque este ausente del debate público, los resultados son importantes.

Las elecciones autonómicas tienen una repercusión mas evidente sobre la Sanidad Pública porque las CCAA son quienes gestionan los servicios sanitarios públicos y toman la mayoría de las decisiones importantes al respecto. Existen muchas pruebas de que las diferentes políticas desarrolladas por estas están en el origen de las importantes diferencias que hay entre los servicios regionales de salud y que han sido analizados por la FADSP desde hace años (6º Informe (2019) . La Privatizacion Sanitaria de las CCAA,LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA. XV INFORME (Septiembre 2018)) que van desde los presupuestos per capita (527,1 € entre la que mas y menos destina en 2019) hasta el grado de privatización, con Madrid como la mas privatizadora y Extremadura  la que menos en este mismo año.

Otra clave es la capacidad de gestión que tienen las CCAA que es lo que hace que existan tantas diferencias en las privatizaciones sanitarias, que aunque han aumentado globalmente en todas, lo han hecho con una intensidad muy distinta. Así CCAA gobernadas por el PP como Madrid, Canarias, Galicia y Valencia (antes de 2015), etc, tuvieron una deriva privatizadora muy potente desde finales del siglo pasado que, obviamente, ha ido en paralelo con el deterioro de los centros de gestión pública, y generalmente de la Atención Primaria.

Otro aspecto importante en que intervienen las comunidades autónomas es la organización de los servicios sanitarios, y de ellas depende que estén bien o mal coordinados y que existan o no planes de salud que favorezcan intervenciones de promoción y prevención, establezcan objetivos de salud, etc y no solo se centren en actividades asistenciales.

En este contexto, desde las CCAA habría que tener como objetivos principales:

• Recuperar las dotaciones de personal einfraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y  consultas cerradas, y garantizando una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública
•  Paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y recuperar los centros privatizados estableciendo programas escalonados de reversión de los mismos al sistema público.
•  Asegurar una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud.Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente un 7% del PIB destinado a la Sanidad Pública y asignar este incremento con criterio finalista
• Elaborar de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.
• Potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.
• Poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos.
• Desarrollar mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.
• Asegurar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico(nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).
•  Impulsar una política de personal que, manteniendo el carácter estatutario de la relación, favorezca la dedicación exclusiva, la formación continuada por el sistema sanitario pública, el desarrollo profesional y la dirección participativa por objetivos.
•  Garantizar un medio ambiente saludable controlando la contaminación ambiental y poniendo en marcha planes específicos para su disminución y/o eliminación.
•  Desarrollar la salud laboral, la salud mental, salud pública y sexual y reproductiva que han estado marginadas en los servicios sanitarios públicos

Por fin, las elecciones municipales tienen características distintas en su influencia para la Sanidad, por un lado porque la ultima legislación sobre régimen local quito a los municipios casi todas las competencias sobre Sanidad, pero también porque a la vez los ayuntamientos son las administraciones mas cercanas a las personas y sobre todo en el caso de los municipios pequeños y medianos permiten un gran control de la población sobre sus actuaciones y una gran capacidad para intervenir en la vida social. Los ayuntamientos pueden ser importantes en el fomento de la participación democrática (por ejemplo hay experiencias importantes de consejos de salud municipales), elaboración de planes de salud locales, favorecer la prestación de servicios no adecuadamente cubiertos por los servicios autonómicos de salud (rehabilitación, fisioterapia, etc), controlar la salud medioambiental ante la inacción y a veces el obstruccionismo de las CCAA (los ejemplos de Pontevedra, Madrid, Barcelona y Valladolid son importantes al respecto), y adoptar iniciativas en el ámbito de la promoción y la prevención.

Estamos pues, ante unas elecciones muy importantes para la Sanidad Pública, porque de sus resultados va a depender el funcionamiento del sistema sanitario público en nuestro país, y por lo tanto la atención sanitaria y la salud de la población. Esta claro que la situación actual ha sido el resultado de las políticas neoliberales y privatizadoras, hace falta un cambio radical en las políticas para anteponer el derecho a la salud de la población a los intereses económicos, por eso a la hora de votar debemos de considerar el hacerlo por la Sanidad Pública para que siga retrocediendo y se logre su recuperación y mejora. El 26M vota por la Sanidad Pública.

En estos últimos días en España camino por las calles nostálgica, mirando aquí y allá preguntándome qué cosas echaré de menos. Dejo mi tierra, y también dejo de trabajar para el sistema sanitario que siempre he defendido.

No caeré en la simpleza de decir que “en España no hay trabajo”, porque no es cierto. Lo hay, pero tienes que estar dispuesto a mudarte de ciudad, y a aceptar la temporalidad, a veces extrema (contratos mensuales, de lunes a viernes, o incluso diarios…). En mi caso, si me voy, es porque globalmente se trata de una buena oportunidad profesional. Pero no negaré que la estabilidad que me ofrecen ha sido un punto decisivo en mi decisión. Saber que puedo darles una revisión a mis pacientes y volver a verles yo, en lugar del siguiente contratado. Saber que si empiezo un proyecto, no tendré que abandonarlo porque ya no trabajo en ese centro. Familiarizarme con el lugar de trabajo, conocer sus recursos y poder ofrecérselos a mis pacientes. Y saber también que si soy yo la que enfermo, o si quedo embarazada, no perderé mi trabajo al terminar el contrato. Nos queda mucho por mejorar en España en este sentido.

Estoy segura de que echaré de menos muchas cosas, de mi cultura y de nuestra sanidad.

Pero espero aprender otras, impregnarme de nuevas ideas y, algún día, traérmelas de vuelta.

La contaminación es un grave problema de Salud Pública señalado por todas las entidades internacionales relacionadas con la salud. Se sabe que es responsable de un elevado porcentaje de la mortalidad y morbilidad, que se concreta no solo en las enfermedades respiratorias (exacerbaciones del asma, EPOC, cáncer de pulmón, etc.) sino que además está implicada en  muertes por infartos de miocardio y otros eventos cardiovasculares, así como en otros tumores, enfermedades neurodegenerativas, diabetes tipo 2, alteraciones en la espermiogenesis y la capacidad cognitiva, etc.

Los efectos de la contaminación sobre la salud comienzan incluso intrautero y son responsables de microcefalia, bajo peso al nacer, alteraciones en la capacidad pulmonar, prematuridad y cambios en el epigenoma que pueden ser muy peligrosos en el desarrollo posterior. Por otro lado las secuelas sobre la salud son progresivas, muchas de ellos a medio y largo plazo, tienen  carácter sumatorio y están relacionadas de manera progresiva con las concentraciones de contaminantes, de manera que incluso concentraciones menores de las consideradas límites pueden tener efectos negativos.

La Comunidad de Madrid tiene el dudoso honor de concentrar elevados niveles de contaminación del país. En 2017 en ella se concentraron los mayores niveles de NO2, partículas PM2,5, partículas PM 10, ozono, dióxido de azufre y benzopiréno, siendo la única CCAA donde concurría la elevación de todos ellos.

De hecho, los organismos internacionales han calculado que se producen 14,83 muertes diarias de promedio como resultado de la contaminación en Madrid. También se ha señalado que podrían evitarse hasta 3.900 ingresos pediátricos y 384.000 consultas infantiles al año en la Comunidad si los niveles de contaminación no hubieran superado los límites establecidos.

Sobre lo dicho hay consenso científico internacional, de autoridades sanitarias y sociedades científicas, aunque es obvio que hay negacionistas, cada vez menos, que siguen empeñados en que la contaminación es buena y/o inexistente, o no tiene relación el trafico, la Tierra es plana o que todas las vacunas son malas. Lo curioso es que estos, descalificados en casi todo el mundo, parecen ser legión entre los dirigentes del actual gobierno de la Comunidad de Madrid y entre quienes desde la derecha neoliberal se presentan a las próximas elecciones.

Porque la realidad es que cuando el Ayuntamiento de Madrid, de una manera modesta y a nuestro entender insuficiente, empezó a tomar medidas concretas y serias para limitar esta intolerable situación, el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el señor Garrido (un centrista “de toda la vida”) y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad (esto sí que es una “fake” como diría la señora Arrimadas), pusieron en marcha toda una serie de iniciativas, por suerte fracasadas, para abortar el proyecto, anteponiendo los intereses partidistas sobre el derecho de la ciudadanía a respirar un aire sano.

Los resultados de “Madrid Central” han supuesto una disminución significativa de la contaminación en la zona afectada, sin que se hayan observado ni problemas de aumento de la misma sobre las zonas limítrofes, ni el cataclismo económico anunciado. Un avance indudable para la salud de la población, pero muy limitado y que debería extenderse al menos al interior de la M30 de manera escalonada si queremos obtener resultados relevantes.

La salud está en el aire y por eso hay que actuar con rapidez, porque nuestra salud y la de nuestros hijos está en juego y el tema merece que nos lo tomemos muy en serio. Las próximas elecciones autonómicas y municipales son un buen momento para hacerlo.