Hace unos días se publicó un artículo que se centraba sobre todo en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y hacía referencia al aumento del consumo sufrido en estos últimos años y a las causas señaladas por los especialistas:  las dificultades económicas y laborales derivadas de la crisis, la presión asistencial (escaso tiempo en la consulta de atención primaria y exigencias de los usuarios) que hace elegir los tratamientos más inmediatos frente otros “menos” cómodos y la sobreprescripción frente situaciones no patológicas.

El centro de la atención se ha colocado en dos focos: las consecuencias económicas y los efectos secundarios de los fármacos, insistiendo en la utilización legal de los ansiolíticos como droga y su poder de dependencia.

Pero hay un aspecto que se ha eludido. Cuando el usuario acude al médico/a con su problemática laboral y su vivencia de ella (en vez de plantearla en su contexto laboral y sindical) y sale de consulta con un fármaco prescrito le estamos dando el mensaje de que no es que su empresa está teniendo un comportamiento abusivo sino que es un  enfermo, “usted es un enfermo, es ansioso”. Con esta medicalización de su problema estamos victimizándolo. Además la posible medicación ansiolítica, de la que se  va a llevar una receta, tiene el efecto de aumentar las actitudes pasivas y evitativas con lo que la posible acción reivindicativa de los trabajadores se diluye.

Así que tenemos al mismo tiempo dos consecuencias socioeconómicas:  aumenta el gasto en fármacos y disminuye el número de trabajadores empoderados. ¿Quién se beneficia de esta circunstancia?

El hospital es la gran obra de Salamanca en el primer cuarto de siglo y una aspiración colectiva de ciudadanos y profesionales, y debería serlo también de todas las instituciones implicadas: Junta, Ayuntamiento, Diputación, Universidad, etc. Por ello, nos gustaría creer que también lo ven así nuestros representantes políticos en las Cortes de Castilla y León, tanto los que pueden aportar soluciones elaborando el presupuesto de la Comunidad (PP y Ciudadanos) como los que pueden demandarlo activamente desde la oposición parlamentaria mediante enmiendas a los presupuestos (PSOE y Podemos).

La Consejería de Sanidad conoce perfectamente la especial sensibilidad que los temas sanitarios despiertan entre la población de Salamanca, de la que las mareas han sido un claro ejemplo. Conoce también de primera mano las preocupaciones de los profesionales que trabajan en el hospital, y la necesidad de un plan de choque que recupere parte de la ilusión que un nuevo hospital debería generar y que, en gran medida, se ha perdido. El escepticismo ha sustituido a la ilusión.

Un hospital nuevo es mucho más que una obra contratada con un presupuesto, implica una dotación tecnológica que cuesta mucho dinero (que hay que presupuestar) y en cuya elección no puede haber fallos ni por exceso ni por defecto; implica también un esfuerzo de acomodación de los procedimientos de trabajo para poder ofrecer una respuesta exacta a las necesidades actuales de los ciudadanos, pero implica también la previsión necesaria para que la inversión se ajuste a las necesidades de asistencia, docencia e investigación sanitaria durante, al menos, los próximos cincuenta años. Es una empresa difícil, pero a la vez ilusionante y que exige la mejor disposición colectiva. El hospital de Salamanca está suficientemente preparado para gestionar este proceso.

Salamanca no puede perder esta oportunidad; tampoco puede permitir retrasos injustificables cuando lleva muchos años sufriendo dilaciones desde que se anunció el Plan Director del Hospital. Si el hospital nuevo se veía necesario en el año 2000, imagínese en 2019. Por ello, la ciudadanía y sus instituciones deberían ser capaces de generar una dinámica positiva capaz de aunar esfuerzos para garantizar la apertura del hospital en 2020. A lo mejor es mucho pedir, aunque quizás, en ese caso, debería decir a lo peor.

Tampoco podemos olvidar que, una vez realizado el traslado al nuevo edificio, aún quedará pendiente otro donde se ubicarán las consultas, del que aún no se sabe nada y que debería iniciarse nada más derribar el actual Clínico. Esperamos que, en este caso, las instituciones sean más diligentes y no se sigan sumando años para la finalización de un proyecto que, en el mejor de los casos, habrá llevado casi 25 años. El Hospital de La Paz, mucho más grande y complejo y que, al igual que el hospital de Salamanca, se construirá en el mismo sitio que el actual, se prevé realizar en 12 años, un tiempo mucho menor. Por cierto, con arquitectos salmantinos.

El próximo 10 de noviembre volvemos a tener elecciones generales. Una convocatoria que es el exponente de una crisis de responsabilidad de los dirigentes políticos, puesto que todos ellos, en mayor o menor medida, han provocado esta situación.

En la nueva cita electoral hay que ir a votar y hacerlo a favor de la Sanidad Pública, porque aunque los temas relacionados con la sanidad y la salud tienen poco protagonismo en las campañas electorales, sin embargo están muy influidos por los resultados de las elecciones.

En esencia los resultados de las elecciones se decantaran a favor de uno de los dos modelos sanitarios que están presentes en nuestro país. Uno de ellos, el neoliberal, supone el deterioro intencionado del sistema sanitario público, su descapitalización y privatización, a la vez que se fomenta el sector privado, con lo que se producen exclusiones y desigualdades en el acceso de las personas a los servicios sanitarios de acuerdo con su nivel económico (las elevadas listas de espera en consultas, pruebas diagnosticas, intervenciones quirúrgicas, y ahora además en la primaria, desprestigian a la Sanidad Pública y expulsan a la población hacia la privada), con el claro horizonte de convertir el sistema público en una nueva beneficencia.

El otro modelo, el de la Sanidad Pública supone la potenciación de un sistema sanitario basado en la Atención Primaria, de cobertura universal y provisión pública, sin exclusiones y accesible según necesidad, que antepone el derecho a la protección de la salud por delante de los intereses empresariales, y que fomenta las labores de prevención y promoción.

Aunque ambos modelos se desarrollan con muchas contradicciones y matices según las CCAA, tenemos ejemplos bastante claros de cómo son en la práctica. Ahí están los 24 años de gobierno del PP, luego con Ciudadanos, de la Comunidad de Madrid y su corolario de desastres, los años del PP en Valencia, en Galicia, etc., y ahora los primeros pasos del tripartito de derechas en Andalucía. Tampoco deberíamos olvidar el negacionismo de temas cruciales para la salud como el cambio climático o la violencia de genero por los neoliberales de ultraderecha y las  consecuencias que ello tiene sobre la salud de las mujeres y del único planeta que tenemos.

Por otro lado conviene tener en cuenta que parece amenazarnos una recesión económica, y ya se sabe como reacciona en estos casos el neoliberalismo, recortes, exclusiones, deterioro, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos, haciéndoles pagar a la mayoría de la población (los que tienen menos recursos, los trabajadores, los pensionistas, etc.) el peso de la crisis mientras que se favorece a las grandes empresas, y la experiencia la tenemos muy cerca con los tremendos recortes en sanidad que aun no se han recuperado, las exclusiones y copagos del RDL 16/2012, etc. Si vuelven a ganar lo que nos espera es la profundización en la liquidación del sistema sanitario público.

De lo que pase en estas elecciones se pueden derivar consecuencias muy importantes para nuestro sistema sanitario público, y en consecuencia para nuestra salud, por eso además quienes estamos comprometidos con la Sanidad Pública tenemos que votar y hacerlo de manera meditada y reflexiva para favorecer una Sanidad Pública de calidad para toda la población.

Uno de los mayores avances en la respuesta a la enfermedad de los seres humanos fue la creación y desarrollo de los Sistemas Nacionales de Salud en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Los Sistemas Nacionales de Salud de iniciativa estatal se fundamentaron en los principios de universalidad, justicia y eficiencia. Tal esfuerzo de las sociedades provocó el reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de la salud. Así fue como la salud se convirtió en una obligación protectora del estado frente a la realidad humana de la enfermedad. Los pueblos consiguieron mejorar rápidamente los indicadores de salud y la esperanza de vida al nacer aumentó hasta niveles inesperados.

Uno de los países pioneros en la creación de un SNS fue Inglaterra. El Sistema Nacional de salud inglés, National Health Service (NHS), fué desarrollado por gobiernos laboristas y se fundamentó en el Informe Beverigde, con un enfoque a la cuestión de la enfermedad colectivo, social, nacional y  no individualista. El desarrollo del NHS supuso una gran transformación histórica llevada a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principios fundamentales fueron que los servicios debían ser integrales, universales y gratuitos en el momento de la utilización. Fue todo un logro de los laboristas británicos y fundamentó el llamado “Estado del Bienestar” keynesiano , frente al “Estado de Guerra” de la Alemania Nazi. Algunos autores consideran que el desarrollo de los estados del bienestar con fuertes compromisos sociales fue la respuesta de los estados capitalista para contrarrestar las políticas sociales de la Unión Soviética durante la “Guerra Fría”, un peaje a pagar por el capitalismo tras la victoria del socialismo soviético. Pero fuere como fuere, se consiguió plantear una respuesta a la enfermedad de manera colectiva y no individualista, y fuere como fuere los Sistemas Nacionales de Salud se extendieron por numerosos países europeos, incluyendo el nuestro, consiguiendo resultados magníficos para la salud de los pueblos. La historia del ser humano es en ocasiones terrible y magnífica, después de una Guerra Mundial que asoló el mundo, las sociedades pudieron ofrecer una respuesta a la realidad humana de la enfermedad hasta el momento no conocida en la historia.

Pero esté horizonte de esperanza cambió tras evidenciar una terrible contradicción: los sistemas sanitarios públicos financiado a través del esfuerzo colectivo de una sociedad (impuestos), estaban rodeados de un sistema capitalista de libre mercado que los observaban como una oportunidad de negocio. Las tensiones no se hicieron esperar y se concretaron en cada país de manera similar. La privatización de los servicios publicos fue la norma en casi todos lo países en consonancia con los nuevos tiempos del neoliberalismo globalizado, quizás por ello afirma A. Pollock que “separar la financiación de la provisión (quien suministra y abastece) es el primer paso para la privatización total de la Sanidad Pública, pues favorece la pérdida de control del sistema y el desarrollo de un mercado interno fácil de desarrollar para el interés privado”.

Para conocer mejor como afecta la privatización de la sanidad pública a los objetivos históricos de un país, de una sociedad o de un colectivo, es preciso conocer cuáles son los sistemas y relaciones económicas que afectan al sistema sanitario. Sin este conocimiento, tan solo se puede llegar a una visión parcial del asunto y las conclusiones solo pueden servir para captar reflejos de la realidad pero sin conseguir modificarla[1]. Es por ello que conviene recordar un poco la historia.

En Inglaterra, tras décadas de desarrollo, en los años 70 y 80, bajo los gobiernos liberales de Margaret Teacher, el NHS sufrió una gran transformación al incorporar nuevas fórmulas de gestión privada que supusieron la apertura del sistema sanitario público a las empresas sanitarias privadas. Posteriores gobiernos laboristas no modificaron la dirección política de esta reforma sanitaria inglesa. La reforma neoliberal sanitaria supuso un fracaso a nivel de eficiencia por incrementar los costes y fragmentar el sistema sanitario complicando su gobernanza, no mejoró los resultados de salud de los ciudadanos ingleses, aumentando las desigualdades en salud y abriendo el negocio de la salud a empresas transnecionales[2].

En España, en 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y la asistencia sanitaria también se prestaba en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituyó al modelo franquista de sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, pues aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar” en España. El Sistema Nacional de Salud español, desde sus comienzos, también manifestó la contradicción de ser un sistema público de salud rodeado de un sistema capitalista de libre mercado.

En 1991, con el PSOE en el gobierno comenzó la reforma neoliberal mediante un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados, el Informe Abril, que marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del Partido Popular), que abrió las puertas a la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria. Estas normativas debilitaron los principios de la Ley general de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago”[3].

La mercantilización de las cuestiones humanas y la alienación de las mismas, es una herramienta poderosa de la ideología dominante para conseguir objetivos políticos. Al mercantilizar la sanidad y la salud, se le desposee de su autentico valor inmaterial para reducirlas a un precio, a una mercancía, quizás por ello afirmaba el profesor Antonio Machado aquello de “tan solo el necio confunde el valor con el precio”.La situación de los derechos sociales no pasa por unos de sus mejores momentos en la actualidad las desigualdades avanzan de norte a sur. Este país está a la vuelta de elecciones, pero parece que no serán unas meras elecciones legislativas. En un reciente artículo publicado por el profesor universitario Héctor Illueca, se expone el nudo en el que se encuentra España, cito aquí su análisis textual: “Desde que empezó la crisis económica, nuestro país ha experimentado una profunda transformación en los dos grandes pilares que vertebran y sostienen cualquier constitución democrática: la constitución económica y la constitución territorial. En lo que respecta a la primera, la reforma del artículo 135 CE acometida en 2011 por el PP y el PSOE supuso la derogación de facto de la cláusula del Estado social prevista en el artículo 1.1 de la Ley fundamental. En su formulación clásica, esta cláusula implicaba el reconocimiento a nivel fundamental de los principales derechos sociales y la consagración de un nuevo tipo de Estado intervencionista y planificador, orientado a garantizar las principales condiciones de existencia a la ciudadanía. Pues bien, la tipificación del principio de estabilidad presupuestaria y el otorgamiento de absoluta prioridad al pago de la deuda pública desvirtúan cualquier compromiso social por parte de los poderes públicos, sometiendo nuestra Carta Magna al imperio de la economía. Desde el mes de agosto de 2011, España ya no es un Estado social. España es un Estado neoliberal”[4].

Frente a esta realidad, la necesidad de un resultado electoral favorable para proteger los derechos sociales por encima de los intereses económicos resulta no solo adecuada, sino imprescindible para preservar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el trabajo digno, el medio ambiente y reconstruir el Estado Social liquidado por un mercado reaccionario que engendra a su propio Leviatán[5].

[1] Gramsci, Antonio. Antología. Selección y traducción de Manuel Sacristán, Editorial AKAL. 2013.

[2] Las cuestiones clave de la sanidad pública: un diagnostico comparado de los Sistemas Públicos Sanitarios de España y el Reino Unido. Colección  Estudios nº54. Fundación 1º de Mayo. En http://www.pensamientocritico.org/salrua0515.pdf. Visitado en octubre 2018.

[3] Lorente P. Nueva Tribuna. 31 de marzo de 2018. En https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/modelo-alzira-cronica-fracaso-anunciado/20180331084325150297.html. Visitado en octubre de 2018.

[4] https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/03/22/28a-elecciones-materialmente-constituyentes/

[5] Job 47. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+41&version=DHH

Las crisis económicas afectan a la salud de la población y suele hacerlo, sobre todo, en las personas que quedan en desempleo y que, como se ha señalado, afecta de varias maneras, produciéndose un aumento de la mortalidad por todas las causas, de la mortalidad  especifica por las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal.

Las crisis empeoran notablemente la alimentación, tanto por casos de hambre y desnutrición, los más infrecuentes en nuestro país, como por una peor calidad de los alimentos que se consumen ya que, frutas, verduras y pescado caen en picado en la dieta por sus precios elevados y se aumenta el consumo de los alimentos más baratos que suelen ser los peores nutricionalmente, a la vez que se incrementa el consumo de drogas, legales e ilegales, por ejemplo en España se ha producido un repunte del tabaquismo en los últimos años.

Pero, sobre todo, empeora la salud mental porque el paro aumenta los trastornos del sueño, las migrañas y las depresiones, y su expresión más grave, y más preocupante, es el suicidio.

Los datos sobre el suicidio son muy concluyentes, durante la crisis se conoce que el suicidio se disparó en Grecia donde, en 2011, se produjo un aumento del 35%. En España la tasa de suicidios es habitualmente baja (5,71 por 100.000 habitantes en 2010) y aumentó a 6,96 en 2013 (un 21,73%). Aunque ha disminuido algo en los últimos años, sigue en valores superiores a los de antes de la crisis (6,44 en 2017), probablemente como efecto de la mantenida precariedad y malas condiciones laborales que también se han relacionado con el suicidio.

En cuanto a la salud mental, los datos también han empeorado. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2006 el 8,4% de la población señalaba haber tenido un problema de salud mental, en 2011 la cifra aumentó al 9,6%, el 10,65% en 2014 y el 10,76% en 2017, siendo el trastorno más frecuente la ansiedad, seguida por la depresión. Los problemas de salud mental son más frecuentes en las mujeres y en las personas más pobres.

En la misma línea va el aumento de del uso de psicofármacos. El 10,7% de la población consumía en 2017 ansiolíticos, relajantes o pastillas para dormir, más las mujeres que los hombres (13,9% y 7,4% respectivamente). El uso de psicofármacos ha crecido de manera importante en los últimos años, pasando de 26,5 dosis por habitante y año en 2000 a 79,5 en 2013, uno de los más elevados de la OCDE. Un aumento que continúa (14,73% de aumento en consumo de antidepresivos entre 2012 y 2016 y un incremento del 9,73% en el caso de los ansiolíticos.

Sin embargo, las consultas al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra siguen siendo pocas en relación con los países más desarrollados, aunque se ha producido una subida entre 2011 y 2017 pasando de 4,16 consultas por habitante y año en 2011 a 6,47 en 2017.

Los recursos sanitarios públicos de salud mental se han deteriorado en estos años, debido a los recortes económicos que han disminuido la capacidad de la Sanidad Pública para atender estos problemas, justamente en un momento en el que, como se ha visto, la demanda y la necesidad aumentaban. Un dato a tener en cuenta es que hay un gran déficit de recursos humanos, por ejemplo, en psicología clínica, donde existe, en nuestro país, una ratio de 4 profesionales por cada 100.000, mientras que la media europea se sitúa en 18 profesionales para 100.000 habitantes, lo que da lugar a plantillas infradotadas, totalmente saturadas con el aumento de demanda, generando desigualdades en la población. Los recortes se han trasladado a una demora en las citaciones de las consultas (más de 150 días para una primera consulta) y una menor capacidad de los dispositivos de salud mental para atender a los pacientes crónicos, siendo esto, probablemente, causa del aumento del uso de psicofármacos, porque siempre es más fácil y cómodo: desde luego requiere de menos recursos el recurrir a la medicación en lugar de la psicoterapia. Con todo, también, ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden acceder a la atención de salud mental debido a problemas económicos pasando del 1,09% de la población en 2014 al 1,74% en 2017 (el porcentaje parece pequeño, pero trasladado a la población general son 800.000 personas). Precisamente, por todo lo anteriormente expuesto, cabe mencionar un estudio de la OMS que fue publicado en The Lancet donde se señala que cada dólar invertido en tratamiento correcto para un problema de salud mental supone cuatro de ahorro en recursos públicos.

La salud mental se ha visto empeorada con la crisis y con la salida que se le ha dado a la misma (más precariedad y peores condiciones laborales); así mismo, la capacidad de respuesta del sistema sanitario también se ha debilitado, derivándose hacia un peligroso incremento del consumo de psicofármacos que tienen muchos y peligrosos efectos secundarios. Sin embargo, siguen predominando las respuestas propagandísticas con escasa o nula repercusión sobre la realidad. Un buen ejemplo es la campaña sobre el suicidio, que no se ataja con campañas de imagen sino con unas mejores condiciones laborales, con mayor índice de empleo y con un sistema de salud mental accesible y de calidad.

Povisa estuvo negociando con Centene este contrato de venta mientras presionaba a la Xunta, al personal y a la población con la quiebra (anuncio un Concurso de Acreedores) gracias a lo que consiguió una importante mejora en el pago por habitante. Son de sobra conocidas las buenas relaciones de Silveira (dueño del centro) con las autoridades políticas.

Sin embargo el Conselleiro de Sanidade la Xunta dice que conoció hace muy pocos días la compra del hospital por Centene y que no la pudo evitar (a pesar de con el acuerdo se cambia la titularidad del contrato y de que POVISA se beneficio del dinero publico de las sucesivas renovaciones e incrementos introducidos en el concierto).

Por su parte el hospital Povisa admitió que mantuvo desde hace algún tiempo negociaciones con el Grupo Ribera Salud para la venta del centro.

La Xunta puede, en base a las ayudas continuadas a este centro privado no autorizar la venta y ejercer su derecho a una compra por los 22 millones de euros por los que oficialmente se vende (un autentico regalo) que podría afrontar con la cuarta parte del Fondo de Contingencia de la Xunta que es de casi 80 millones con lo que lo que evitaría el endeudamiento. El contrato deberá ser revisado también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No sabemos si este regalo va acompañado de otras compensaciones, dado que se desconocen los términos del contrato. Hay que recordar que POVISA recibe 84 millones euros anuales de la Sanidad Pública gallega.

La Conselleria de Sanitat Valenciana detectó en el Hosital de Alzira del grupo Ribera Salud sobrecostes de 2,6 millones de irregularidades en la atención de urgencias por facturas hinchadas y doble facturación.

La Fiscalía de Valencia solicitó la imputación de los principales directivos de esta compañía por cobrar comisiones por ventas de material sanitario de sus proveedores que trasladaba a la administración valenciana sin las rebajas correspondientes. Esta práctica fue calificada de presunto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación por los tribunales.

El informe de la Intervención General 2003-2012 de la Comunidad Valenciana denunció problemas de opacidad, ausencia de control e incluso connivencia de la Generalitat con las empresas adjudicatarias, como consecuencia de la de la falta de fiscalización de la actividad del centro.

La compra de POVISA por Centene incrementa el riesgo de privatización de la sanidad publica gallega dado e enorme peso y poder de esta multinacional aseguradora, muy superior al de los actuales dueños de POVISA

Centene ocupa el puesto número 51 de las empresas más potentes de Estados Unidos y esta invertido también entre otros países como Chile, Perú y Eslovaquia. El gigante de EE.UU. pretende cambiar nuestro modelo sanitario al anunciar que apuesta por un modelo de gestión donde la Administración financia, controla y es la dueña del sistema; mientras ellos operan como una "franquicia" que asegura la "buena gestión"

La aseguradora Centene cerro su filial de Kentucky Medicaid con la que gestionaba el Servicio de Salud de ese Estado, despidió a todo su personal y cesó su actividad dejando sin servicio sanitario a 140.000 pacientes.

Ribera Salud posee los hospitales de Torrevieja, Denia, e Elche en la Comunidad Valenciana y el de Torrejón, en Madrid, gracias a los apoyos del PP en ambas comunidades. Concessia posee el 10% de las acciones de este hospital y es al mismo tiempo la Concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro lo que supone que la totalidad de la atención hospitalaria de Vigo este controlada por esta empresa (monopolio del servicio sanitario público de Vigo) .

Aunque POVISA tuvo una gran capacidad para influenciar las decisiones y recursos de la Sanidad Pública de Vigo, Centene tendrá aun más poder para condicionar y chantajear a la administración sanitaria Pública del área. En el proceso de reversión de Alzira a la sanidad pública, la compañía estadounidense ya presionó al embajador español en Washington para frenar el proceso de rescates de la Generalitat, como consecuencia el embajador de Estados Unidos en España, advirtió de las consecuencias negativas que tendría para la Comunidad Valenciana la reversión de la concesión a Ribera Salud.

Es impensable que después de los 5 años del Concierto Singular, Centene acepte integrar sus camas en el Hospital Álvaro Cunqueiro, con su poder de presión y su capacidad para chantajear con las 400 camas que dejaron de crearse en el mismo por las presiones de POVISA.

Consecuencia de esta compra

Una multinacional no invierte en un hospital por lo que es previsible que adopte algunas medidas para mantener el negocio

1.- Reducir personal aplicando un ERE y recortar sus condiciones salariales y laborales

Los trabajadores de Alzira tenían peores condiciones laborales de los trabajadores del sistema público: Menos personal, 200 mas de horas de trabajo al año, un sueldo un 15% inferior al de los hospitales públicos. El personal facultativo tenía una jornada anual un 12% superior y unas retribuciones un 11,5% inferiores que el estatutario.

2.- Reducir oferta y calidad de las prestaciones a la población del área (140.000 habitantes) .

El presidente de Centene dejo recientemente claro que quiere “cambiar la forma en que las personas experimentan la atención médica para que sea más simple, mejor y de menor costo". Centene es una aseguradora especializada en gestionar servicios de Atención Primaria y Ribera consiguió la integración de la misma en el hospital de Alzira. Por ello es previsible que pretenda hacerse con los centros de salud del área para controlar el flujo de pacientes al hospital

3.- Obtener nuevas ayudas de la administración como viene haciendo desde siempre POVISA por su connivencia con la administración

Tras un primer rescate con dinero público en los años 80, Povisa de nuevo declara serias dificultades económicas en los años 90.

Silveira se hace con el concierto de Povisa en el año 1996, con unas condiciones muy mejoradas, incluyendo la aprobación de un fondo de reserva para cubrir la actividad asistencial que sobrepase el objetivo fijado con la administración, lo que provoca un sobredimensionamiento injustificado de la actividad facturada y del montante del concierto año tras año, según denuncia el Consello de Contas de Galicia, de forma que entre 2001 y 2008 su coste creció un 53% y el fondo de reserva un 92%.

Entre 2004 y 2007 Povisa consiguió nuevamente del Sergas otros 9,7 millones € por encima del Canon, para reducción de sus listas de espera, y otro montante que no ha trascendido para 2008 y 2009, a pesar de sus intolerables demoras que en cirugía son más del doble que las del CHUVI

De nuevo en el año 2010 declaró pérdidas de casi 2 millones de euros, y amenazó con un ERE En este mismo año Povisa incrementa su gasto farmacéutico un 23%, frente al 0,8% de los hospitales públicos y que reclamó al Sergas) por vía judicial, y consiguió otros 16 millones de euros extra.

Tras amenazar con un concurso de acreedores por pérdidas de 7 millones € en el año 2018, alcanzo un acuerdo por el que la Administración autonómica asumió el coste de las medicaciones (en contrapartida, el pago por habiente se redujo en una cuantía mínima pasando de 540 a 504,79 euros. El Consello de Contas estimó que esos cambios en el concierto harán que Povisa ingrese cada año entre 3,5 y 4,5 millones e más

A la vista de todas estas ayudas parece más que razonable que el SERGAS no debería autorizar la venta y ejercer su derecho de compra en base al interés general para la salud pública de Vigo.

La Comisión Europea definió el interés general europeo como " satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de bienes públicos, cuando el mercado falla".

Es posible integrar al personal de POVISA en la Sanidad Pública. En la reversión de Alzira la integración del personal se realizo garantizando todos sus condiciones, derechos y retribuciones mediante un decreto la Generaliatt Valenciana (la Ley 21/2017) por el que todo el personal laboral de la concesionaria quedo en los mismos términos y condiciones. También se aprobó que el régimen retributivo mantuviese las mismas condiciones, tanto las que se derivan del convenio colectivo de la empresa como las que resultan de los contratos individuales de cada trabajador.

La relación laboral fue la de personal laboral a extinguir manteniendo todos sus derechos de jurisdicción social y de negociación colectiva con los representantes legales de los trabajadores, modelo que debería aplicarse a POVISA tras su compra por el SERGAS.

Como la plantilla de POVISA por cama es un 25% inferior a la media de los hospitales públicos la integración en la Sanidad Pública podría ir acompañada de una aumento de más de 100 trabajadores del centro, para equipar sus recursos a los del resto del sistema publico.

La garantía de que se mantenga la plantilla de POVISA pasa por la integración del mismo en el sistema, sin esperar a una hipotética ampliación del Cunqueiro.

El actual gobierno andaluz, integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, pretende eliminar el concepto de exclusividad para el trabajo de los profesionales sanitarios en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), específicamente de los facultativos y cargos intermedios. Hasta ahora, mediante este concepto se premiaba a los profesionales que decidieran trabajar “exclusivamente” en la Sanidad Pública (aproximadamente el 87% de los facultativos de los hospitales y la casi totalidad de los de Atención Primaria), mediante la percepción de un incentivo económico denominado “incentivo de exclusividad”. Los nuevos dirigentes políticos quieren eliminar el concepto y extender este incentivo, modificando su denominación, a todos los facultativos, incluidos aquellos que además de trabajar en el Sistema Andaluz de Salud lo hacen también en el sector privado. Esta decisión, que el gobierno explica como una cuestión de justicia, parece más bien deberse a la actual necesidad de mano de obra (médicos) para un sector sanitario privado en expansión. Hay que señalar que este sector padece de sequía de profesionales debido a las deficientes condiciones de trabajo y bajos salarios que ofrece. Al eliminar el concepto de exclusividad y extender el incentivo económico a todos los facultativos, se elimina un factor de persuasión a favor de la pertenencia única a la Sanidad Pública y se favorece el posible paso al sector privado de un mayor número de facultativos. Sea como fuere, esta medida del presente gobierno andaluz, que supondría un gasto adicional de cuarenta millones de euros sobre el ya menguado presupuesto sanitario público, acarreará problemas importantes para los trabajadores sanitarios y para la sociedad, por las razones que se exponen a continuación.

• Para justificar dicha medida se aduce el principio de que a “a igual trabajo, igual salario” (los médicos del Sistema Andaluz de Salud que comparten ambos sectores y los que trabajan exclusivamente para la Sanidad Pública tienen el mismo horario). A pesar de la aparente obviedad de este principio, hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Supremo viene señalando de forma inequívoca que la exigencia de “exclusividad” a un trabajador por su empresa requiere compensación económica. Pero, además, un análisis detallado de la aplicabilidad de este principio en este caso plantea un buen número de interrogantes: ¿puede un médico trabajar a pleno rendimiento con dos jornadas laborales diarias? ¿existe un riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para así reservarse para la siguiente? ¿existe el riesgo de que sea la jornada de trabajo público la de menor compromiso? ¿existe el riesgo de perversiones en esta dinámica, aprovechando la Sanidad Pública como lugar de reclutamiento de pacientes para la actividad privada? ¿existe el riesgo de parasitismo, es decir, utilización de la Sanidad Pública para los análisis, las exploraciones complementarias y las medicaciones costosas necesarias en la práctica privada? ¿y dado que hay pacientes y médicos que comparten ambos sistemas, existe el riesgo de que el profesional pueda adelantar en las listas de espera públicas a su paciente privado? ¿éste sistema de doble trabajo (doble fidelidad), no exigiría de la administración del Sistema Andaluz de Salud la implantación de sistemas de control difíciles y costosos para evitar posibles irregularidades? Si las respuestas a estos interrogantes fueran afirmativas, sería razonable preguntarse: ¿por qué la sociedad, que es quien financia el sistema, tiene que asumir dichos riesgos? ¿los asumen las entidades privadas? ¿se puede trabajar en dos entidades privadas simultáneamente? ¿pueden los trabajadores de Coca Cola trabajar además en Pepsi Cola? Es seguro que hay facultativos que hacen trabajo compartido de forma honesta, pero no cabe duda de que existen conflictos de intereses y un alto porcentaje de probabilidad de perversiones. Muchas de las situaciones perversas comentadas previamente han acaecido repetidamente en la historia real, no se trata de opiniones.

• Hay aspectos legales implicados con esta medida que no se pueden soslayar, máxime si se piensa que con ella, se abre la posibilidad de que un número cuantioso de profesionales compartan la actividad pública y privada. En primer lugar se pueden plantear situaciones de vulneración del sistema de incompatibilidades legal, ya que sería frecuente el caso de facultativos que cobran dos salarios de la misma administración, uno directo (Sanidad Pública) y otro indirecto (sanidad privada concertada). ¿Es esto legal? En segundo lugar se plantea un problema de orden funcional, ya que si un facultativo trabaja dos jornadas laborales diarias, se podría alcanzar una situación de exceso de fatiga laboral, que en ciertos casos está prohibida por la ley, como por ejemplo ocurre con los conductores. ¿Puede este principio ser aplicable a un médico?  Además, el doble trabajo podría plantear graves problemas funcionales en la Sanidad Pública si, como se pretende, un número significativo de facultativos optaran por la actividad compartida. ¿Podrá la actividad funcional de nuestros centros públicos soportar el exceso de fatiga que supone estas dobles jornadas? En tercer lugar, el cambio de nombre del incentivo de exclusividad que ineludiblemente ocurriría al eliminar el concepto conservando el incentivo económico, generaría problemas entre distintos colectivos de trabajadores sanitarios, ya que el único grupo beneficiado sería el reducido número de facultativos que actualmente realizan actividad compartida en el sector público y en el privado, que ahora pasarían a percibir un incentivo que antes no recibían. Tanto la mayoría de los facultativos, pero sobretodo el resto del personal sanitario (enfermería, etc.), se sentirían discriminados por esta medida.

• Es sabido que el sentimiento de pertenencia  a una colectividad laboral es un factor de estímulo para el desarrollo de cualquier trabajo. Las empresas privadas lo promueven e inducen de forma intensa entre sus trabajadores. Este sentimiento en el sector público, y de forma especial en la Sanidad Pública, se convierte en un factor socialmente esencial, adquiere una clara dimensión moral y ética: se trata de asumir la responsabilidad de cuidar la salud de todos los ciudadanos por igual. En este sentido cabe preguntarse si una medida como esta no afecta de forma disolvente este principio de gran trascendencia para todos. ¿no debiera incentivarse el valor de pertenencia de los trabajadores a la Sanidad Pública, de la misma forma que lo hacen las empresas privadas, y por motivos más elevados?  Y de nuevo, ¿permitiría la SEAT que sus ingenieros compartieran sus principios, valores y trabajo con los de la RENAULT?

• Especial gravedad reviste la intención del actual gobierno de suprimir el concepto de exclusividad para los cargos intermedios de los centros sanitarios públicos, como queda recogido en el borrador del decreto que regula la selección de estos cargos, que pretenden aprobar. Hay que especificar que estos cargos tienen capacidad de gestión sobre listas de espera públicas y sobre posibles desvíos de pacientes a centros privados, con las repercusiones económicas consiguientes para los agentes privados seleccionados. El hecho de que estos directivos puedan participar simultáneamente en ámbitos de decisión en la esfera pública y privada, podría eventualmente dar lugar a situaciones de colusión y conflictos de intereses de todo punto desaconsejables. Teniendo en cuenta estos hechos ¿es legal suprimir el concepto de exclusividad para estos cargos?

La Sanidad Pública es uno de los elementos más importantes para el mantenimiento de la cohesión social en España, habiendo alcanzado un nivel de desarrollo y calidad incuestionables que la ha convertido en una de las mejores del mundo. Mediante el sistema MIR (Médicos Internos y Residentes) ha generado y financiado un modelo formativo de facultativos especialistas de alta cualificación. Desde 2010, fecha del rescate bancario, la Sanidad Pública afronta recortes constantes en sus presupuestos, lo que está provocando un preocupante deterioro progresivo de sus funciones. En Andalucía, que viene padeciendo el gasto sanitario público por persona más bajo de España, este año, los recortes en dicho gasto se pueden estimar en 500 millones de euros, sumándose a los más de 8000 millones de euros recortados en la última década. En este contexto,  la supresión del concepto de exclusividad para los facultativos y cargos intermedios que trabajan en la Sanidad Pública no puede interpretarse en ningún sentido positivo. Más bien parece que los actuales dirigentes pretendan no corregir el deterioro de la Sanidad Pública y, sin embargo, apoyar en lo que puedan al sector privado, en este caso favoreciendo la incorporación al mismo de facultativos costosamente formados en el sector público y fomentando la posible participación en la gestión del sector público por los intereses del sector privado. 

Por todo lo anterior, la supresión del concepto de exclusividad es una medida errónea y perjudicial para los trabajadores sanitarios en general y para la ciudadanía. 

Pero no podemos ni debemos ser ingenuos. Si dejamos la puerta entreabierta del gallinero, el zorro terminará entrando, más pronto que tarde. El centro de este debate no es el de un complemento de exclusividad sino la aplicación por ley de una incompatibilidad en el ejercicio profesional sanitario entre el sector público y privado. Las razones son las mencionadas en este documento pero además están basadas en la experiencia de años con resultados muy perjudiciales para el Sistema Sanitario Público y muy beneficioso para la sanidad privada. Formar a profesionales sanitarios públicos, convencidos, comprometidos y sin tentaciones perversas es muy conveniente para que la ciudadanía reciba la mejor atención posible.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo lleva reivindicando desde hace decenios. Es una buena oportunidad para retomar la cuestión. Todo hasta conseguirlo. Ojalá sea así.  

¿Cualquier medicamento ha de recetarlo el médico? ¿Puede haber una automedicación saludable de ciertos medicamentos? ¿De qué medicamentos estamos hablando? Son éstos los interrogantes que están en el trasfondo de las noticias recientes sobre la necesidad de receta para medicamentos tan utilizados y populares como el Ibuprofeno y el paracetamol.

El uso tan frecuente de paracetamol e ibuprofeno los ha convertido en medicamentos demasiado populares (Redacción Médica)
Se habla demasiado de los beneficios de los medicamentos muchas veces supuestos y no contrastados en determinados usos y muy poco de sus efectos adversos que son muchos y una causa importante de enfermedad y de muertes en los países desarrollados. Predomina la creencia muy equivocada y peligrosa de que los medicamentos aportan beneficios sin un riesgo significativo. El uso tan frecuente del paracetamol y especialmente de Ibuprofeno, debido en parte a la frecuencia con la que los médicos los recetamos, los ha convertido en medicamentos demasiado populares.

También existe la creencia de que aliviando bien el dolor los riesgos son casi inexistentes, lo que no es cierto muy especialmente para el Ibuprofeno (y todos los antiinflamatorios no esteroideos). Los efectos adversos del Ibuprofeno son conocidos desde hace muchos años y los ciudadanos suelen conocer el de poder provocar úlceras gástricas pero es menos conocido el riesgo (entre otros) de provocar trombosis y especialmente infartos de miocardio. Una revisión sistemática (metaanálisis) publicada en Mayo de 2017 en la prestigiosa revista British Médical Journal concluye que el riesgo de infarto cardíaco aumenta desde la primera semana de consumo y en mucha mayor medida cuando se utiliza a dosis altas. El Ibuprofeno debe utilizarse con mucha precaución en personas con hipertensión arterial y no deben utilizarse por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y con enfermedades renales pues los riesgos son muy elevados.

Son los medicamentos que no precisan receta los que pueden auto medicarse, debiendo estar bien informados los consumidores sobre su correcto uso y las contraindicaciones de cada uno de ellos. Está demostrado que los efectos adversos del Ibuprofeno aumentan mucho y son mas graves a dosis altas (2.400 mg/día) y la toxicidad hepática del paracetamol ocurre en personas sanas a partir de los 4 gr./día. Es por ello que está plenamente justificado que para las presentaciones de 600 mg. y de 1 gr. respectivamente se precise receta médica.

Una buena información y la prudencia harán que los pacientes no opten por utilizar altas dosis partiendo de las presentaciones que no requieren receta. Ya en el año 2012 la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria informaba de que 8,5 millones de españoles reciben dosis diarias de Ibuprofeno superiores a las recomendadas y que sólo se dispensaban las presentaciones de 400 mg. en el 4,8% de los casos. Sin embargo en el resto de Europa la presentación de 600 mg. apenas se utiliza o no existe.

No es nueva la prohibición de dispensar sin receta Ibuprofeno 600 mg. y paracetamol 1 gr. (en todas sus formas comerciales) pues desde hace años ésta es obligatoria. Sin embargo en un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de hace poco más de un año se comprobó que de 100 farmacias seleccionadas en 10 ciudades en todas ellas dispensaron Ibuprofeno sin presentar receta, entregando siempre el de 600 mg. y en 71 sin siquiera preguntar al paciente previamente que presentación quería. Tampoco en ninguna de las 100 farmacias preguntaron si el paciente padecía enfermedades en las que su uso está contraindicado y tampoco si el paciente podía estar tomando otros medicamentos con los que no puede combinarse.

Gracias a la obligada aplicación del Sistema Especial de Verificación del Medicamento desde Febrero del presente año, en los últimos meses los colegios oficiales de farmacéuticos están tomando conciencia de la importancia de cumplir la normativa hasta hace poco sistemáticamente incumplida por la que desde hace años tienen que exigir receta médica para dispensar Ibuprofeno de 600 mg. y paracetamol de 1 gr. Los médicos estamos también tomando mayor conciencia de la importancia de que los analgésicos debemos prescribirlos a la mínima dosis eficaz y durante el menor tiempo posible, lo que también deberían practicar los pacientes en su automedicación saludable con fármacos y dosis que pueden dispensarse sin receta y teniendo siempre muy en cuenta las contraindicaciones por las que pacientes con ciertas patologías deben evitar principalmente la toma de Ibuprofeno. Es muy conveniente que se lean siempre los prospectos en los que se informa de todo ello.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) defendemos la necesaria regulación que garantice un uso racional de los medicamentos que tenga muy presente la relación beneficio/riesgo y que nunca olvide sus efectos adversos, con el objetivo siempre de beneficiar a los pacientes por encima de los legítimos intereses comerciales de la industria farmacéutica.

Es obligado el estricto cumplimiento de esa regulación por parte de las farmacias y ha de perseguirse su incumplimiento. Es necesaria una mayor información y concienciación ciudadana para el buen uso de los medicamentos y en ello deben jugar un papel fundamental los farmacéuticos y las oficinas de farmacia. También los médicos debemos empeñarnos en seguir mejorando la indicación idónea y prudente de los medicamentos.

En el mundo de las organizaciones, todo lo que no mejora está condenado a degradarse. Así de simple, así de real.

En nuestro entorno sanitario público llevamos mucho tiempo recreándonos en que es uno de los mejores del mundo; llevamos demasiado tiempo festejando que es eficaz y eficiente, llevamos excesivo tiempo rechazando todo tipo de propuestas de modificación. Argumentado que se trata de propuestas con fines privatizadores. Y posiblemente algunas de estas propuestas pueden tener tal finalidad o quizás facilitarla, pero todas no. Al menos es mi modesta opinión.

Este rechazo a abordar abiertamente reformas profundas del sistema nacional de salud (SNS) está provocando que languidezca, que se vaya gestionando tristemente y sin rumbo fijo, que no se aborde una nueva propuesta de ordenación sanitaria que plantee objetivos ambiciosos y supere radicalmente los muchos problemas y vicios que ha ido cogiendo el sistema. O sus olvidos históricos.

La Ley General de Sanidad y el consecuente desarrollo de nuestro SNS surgía como solución drástica a una nefasta organización sanitaria, especialmente en todo lo extrahospitalario. Había unos ejes fundamentales, ideas que hemos defendido con pasión, con implicación personal y firmemente convencidos de que representaban un avance social. Dos de estas grandes ideas eran la equidad del sistema, y la eliminación de los desequilibrios territoriales.

El tiempo ha ido pasando, se han ido desarrollando y creciendo los Servicios Regionales de Salud, y puede constatarse que estas dos aspiraciones no se ven satisfechas. No solo eso, de cualquiera de los estudios sobre el estado de los distintos SRS, y me puedo referir a uno de los más relevantes, como el publicado anualmente por nuestra FADSP, se desprenden fuertes desigualdades, tanto en el acceso a los servicios de salud como a la disposición de recursos.

Este incremento de las desigualdades y desequilibrios es el mejor caldo de cultivo para aquellos que quieren desacreditar el sistema mismo. Pero también es la argumentación que puede sostener una parte importante de la población como una muestra de injusticia, de insatisfacción, de poca calidad.

Una de las claves para que el SNS sea uno de los puntales de nuestro país, es la legitimación del mismo ante la sociedad. Su descrédito o su puesta en cuestión lo puede abocar al fracaso, al rechazo y a posibles soluciones fáciles e interesadas.

Cuando hace pocas fechas algunas personas de relieve calificaron que gestionar el Ministerio de Sanidad era una oferta ornamental, se puso de manifiesto no sé si tanto la incompetencia, como la falta de visión política.

Es precisamente esta función reordenadora de desequilibrios lo que falta en el SNS.

La fórmula no la puedo apuntar a título personal, entiendo que debe ser fruto de un consenso amplio y siempre que haya voluntad firme de eliminar estos desequilibrios. Pero si apunto algo que debe reintroducirse de forma contundente: la incompatibilidad publico-privado en el sector sanitario. Difícilmente puede gestionarse con éxito un sistema trufado de intereses ajenos al mismo.

Salud.