Desde antiguo la salud bucodental ha sido una de las asignaturas pendientes de la Sanidad Pública. Si nos remontamos a la época anterior a la Ley General de Sanidad (1986) la Seguridad Social (entonces la Sanidad Pública) solo se preocupaba de las extracciones y por eso el porcentaje de personas “desdentadas” en España era el mas alto de Europa. También influía la situación económica que solo permitía a pocas personas el acceso a los cuidados dentales, y hablamos de caries de personas sin dientes porque otras atenciones dentales como la ortodoncia eran básicamente desconocidas e inaccesibles para la mayoría de la población.

La situación se debía a tres causas importantes, la ausencia de prevención de las caries y las baja tasas de dentistas, de higienistas dentales (profesión que se reconoce en 1994) y de otros especialistas relacionados con la salud bucodental, y la carencia de prestaciones no extractivas por la Sanidad Pública por lo que el acceso a las mismas dependía del nivel económico de las familias.

La ausencia de prevención es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Sobre la caries influyen sobre todo dos factores, la falta de ingesta de flúor, que es un componente básico de la dentina, y el consumo elevado de azucares. El principal aporte de flúor es el agua, recomendándose una concertación de 0,7 mg/litro (USA 2011) mientras que en España el contenido del agua es mucho menor, tal y como se ha visto en un estudio de 2012 realizado en 110 ciudades donde vivía en ese momento el 45,2% de la población (porcentaje que ahora será mayor) siendo la concentración media de flúor de 0,23 mg/l, con un 95% de las ciudades con menos de 0,7 mg/l, y solo 18 con concentraciones entre 0,3 y 07 mg/l. y 5 con mas de 07 mg/dl entre ellas 2 por fluoración artificial (en el País Vasco) y 2 que superan 1 mg/l (I Vitoria et alls, Gaceta Sanitaria 2014).

Es decir la inmensa mayoría de la población consume agua con déficit de flúor. El tema ha intentado solucionarse por 3 vías: la fluoración de las aguas, regulada en el País Vasco desde 1988 en las poblaciones de mas de 30.000 habitantes; la utilización de productos fluorados tópicos como los enjuagues, los dentrificos con flúor, etc; y la ingesta de flúor en jarabes o gotas que se utiliza en los niños mas pequeños. Existen muchas pruebas de que los aportes de flúor en lugares donde existe un déficit son muy favorables para la salud dental y previenen las caries, pero también hay el riesgo de provocar fluorosis (una enfermedad en la que el flúor se deposita en los huesos en lugar del calcio haciéndolos mas quebradizos) o intoxicaciones agudas por la ingesta de los jarabes/ gotas en manera excesiva de forma accidental. Hay un acuerdo mayoritario en que lo mejor es la fluoración de las aguas siempre y cuando las concentraciones de flúor sean prudentes (nunca mayores de 7 mg/dl). Otro aspecto a considerar es la ingesta incontrolada, por ejemplo utilizar dentífricos fluorados donde el agua ya lo esta o se consumen aguas minerales con alto contenido en flúor, etc. En esto como suele decirse “en el termino medio esta la virtud”.

El consumo elevado de azúcar también esta relacionado con las caries y la OMS recomienda ingerir menos de 25 grs diarios lo que con frecuencia se supera ampliamente debido a los dulces y a los refrescos  pero hay azucar en muchos mas productos de uso frecuente (una lata de refresco contiene 35 grs, una porción de 100 grs de pastel de queso 22 grs; 100 grs de miel 82 grs, un yogur de sabores 12 grs por cada 100 de producto,  8 galletas maría 12 grs, etc) y algunos en los que no pensamos ( por ejemplo las salsas o el pan de molde). La reducción del consumo de azucares es especialmente importante en la infancia, porque es en esa época de la vida cuando se establecen nuestros hábitos dietéticos y a la vez porque es cuando se produce la dentición definitiva. La industria alimenticia tiene una gran influencia en las políticas de salud bucodental en USA (ver PLosMedicine, marzo de 2015) ocultando y/o oscureciendo esta relación para favorecer sus intereses económicos, lo que explica la debilidad y escasez de las intervenciones de las administraciones públicas para regular y disminuir el consumo de azucares.

Por otro lado los hábitos higiénicos de la población dejan mucho que desear y seguramente están influidos por los otros dos problemas que luego se comentan. En la ultima Encuesta Nacional de Salud (ENS datos de 2017 publicada en 2019) se recoge que un 5,99% de la población no se cepilla los dientes a diario y el 21,12% solo una vez al día.

La segunda cuestión, los pocos profesionales de salud bucodental en España es un hecho que procede de tiempos remotos (hasta 1987 no se pone en marcha una facultad de de odontología independiente de medicina, hasta entonces se trataba de una especialidad medica) y aunque se han realizado avances en la formación y dotación de profesionales, seguimos presentando un déficit notable si nos comparamos con otros países desarrollados. En 2017 según los datos de la OCDE había en España 0,79 dentistas por 1000 habitantes, frente a un promedio de 1,019 y cifras muy superiores en otros países (1,73 en Suecia), lo que explica en parte la baja cobertura dental.

La tercera es la baja cobertura de la Sanidad Pública a la salud bucodental. En España en torno al 1% de la cobertura dental  tiene financiación pública (frente al 30% de promedio en la UE), lo que seguramente explica la baja tasa de visitas al dentista. De nuevo según la ENS un 7,98% de las personas señalaban no haber ido nunca al dentista y un 44,37% no haberlo hecho en el ultimo año, en este caso con una gran diferencia según clase social (el 6,6% y el 31,04% de los mas ricos frente al 9,9 y el 51,37% de los mas pobres, respectivamente).

Algunas CCAA garantizan la atención bucodental a la población infantil, iniciado en 1990 en el País Vasco se extiende a casi todas las CCAA, bien mediante cobertura en el sistema sanitario público o mediante conciertos con el sector privado o mediante modelos mixtos. En cualquier caso en la Sanidad Pública existen demoras muy notables en las citas tanto en niños como en adultos (en Madrid una media de 27 días para odontología y 18 días para higienista con máximos de 180 y 120 días respectivamente) y todo lo que tiene que ver con la ortodoncia esta en manos del sector privado lo que provoca muchas desigualdades el acceso a estas prestaciones y reproduce las grandes diferencias según situación económica, favoreciendo además los fraudes de algunos sinvergüenzas que organizaron sistemas para timar a los mas pobres a base de prometer precios bajos y mecanismos generosos de financiación.

La OMS ha señalado la necesidad de universalizar la atención bucodental y la mayoría de los países europeos la incluyen entre la cobertura de sus sistemas sanitarios, aunque en general sujeta a copagos, y la situación española es claramente una anomalía que habría que resolver.

Entonces, ¿que seria lo necesario a hacer para normalizar la situación en nuestro país?. Lo primero la prevención, garantizar el aporte suficiente de flúor a toda la población sobre todo a la infantil (la fluoración de las aguas es el método que se ha demostrado mas eficaz a nivel internacional), y regular de una manera activa el consumo de azucares para reducirlo de manera significativa (mediante impuestos especiales a los productos azucarados, restringiendo su acceso en centros públicos, limitando su publicidad, etc), luego aumentando los profesionales de la salud bucodental para que exista una densidad de los mismos adecuada y por fin garantizando en el sistema sanitario público recursos suficientes para hacer efectiva la prestación bucodental para toda la población, eliminando así las desigualdades en la utilización de un servicio sanitario que no por haber sido olvidado hasta ahora deja de ser muy importante para la salud de la población.

La Sanidad Pública madrileña esta lejos de esa situación idílica que quiere trasladar la Sr Ayuso. De hecho, en la clasificación que realiza la FADSP sobre los servicios sanitarios ocupa el doceavo lugar (obviamente sobre 17) por lo que se la clasifica entre los servicios sanitarios deficientes, habiendo descendido dos puestos desde 2015.

¿Por qué sucede esto? Digamos que hay tres motivos principales: unos presupuestos insuficientes, un gran deterioro de la Atención Primaria y una acentuada y creciente privatización.

La Sanidad madrileña ha tenido desde las transferencias unos presupuestos (en € por habitante y año) inferiores a la media de las CCAA, lo que sucede incluso si nos fijamos en los liquidados (lo realmente gastado). En 2019 son 104 € menos que el promedio de las CCAA (1.236 versus 1.340) de manera que si se hubiese alcanzado el promedio se habrían destinado a la sanidad 676 millones € más. Además, se presupuesta por debajo del gasto realmente producido en el ultimo presupuesto liquidado (2017) ello produce dos fenómenos paralelos: recortes en el sistema público y a la vez desviaciones inevitables del gasto que luego hay que financiar con un coste más elevado (recientemente se ha hecho público que un solo hospital madrileño pagó 9 millones € por intereses de su deuda). Esta situación mantenida crónicamente supone un deterioro continuado y progresivo de las infraestructuras del sistema sanitario. Paralelamente, el gobierno madrileño del PP (ahora del tripartito) promete disminuir los impuestos abocando a una mayor restricción del gasto público (solo con lo que no se recauda del impuesto de patrimonio en el ultimo dato conocido, 955 millones, se podría garantizar un presupuesto sanitario en la media del país).

El impacto de la infrapresupuestación se dirige fundamentalmente al personal sanitario (4.151 trabajadores menos en 2018 respecto a 2010), al cierre de camas (793 menos entre 2014 y 2017), al deterioro de las infraestructuras y en suma a unas prolongadas listas de espera (más de 600.000 madrileños “desesperaban” en la Sanidad Pública según los últimos datos oficiales, pero probablemente serán mas, porque están convenientemente maquillados, por ejemplo, recientemente nos han hecho llegar una citación para una consulta del especialista nada menos que en diciembre de 2020).

La Atención Primaria se ha deteriorado de una manera importante porque han disminuido sus recursos en relación con la población, de manera que las ratios de habitante por profesional de enfermería, pediatría, de medicina, y administrativo están por encima del promedio y en el caso de los dos primeros son las mas altas del país. Consecuentemente las listas de espera en AP se han generalizado (solo un 12% de la población recibe cita en 24 horas frente al 21,81 de promedio) y las urgencias ocupan el 2º lugar en frecuentación por 1.000 habitantes, mientras que las consultas/año por persona a los médicos de cabecera del sector privado han aumentado un 45,23% entre 2010 y 2018. Porque al final si una persona pide cita en AP y la recibe para mas de una semana tiene 3 opciones, o se aguanta y espera a ver si hay suerte y se cura solo, o se va a urgencias, o a la privada, y claro esta acudir a urgencias satura un servicio ya saturado, y la ultima opción aumenta la desigualdad porque solo pueden acceder a ella las personas con mas recursos económicos.

Y por fin la privatización. El esfuerzo privatizador de la Comunidad de Madrid ha sido continuo y ha incrementado notablemente el papel del sector privado en la asistencia sanitaria, bien mediante conciertos, externalizaciones, derivaciones al sector privado, que se suman a los centros privados y semiprivados de la Sra Aguirre. El resultado es que Madrid es la 2ª de las CCAA que más proporción de su presupuesto destina al sector privado, que los centros privados se han privilegiado presupuestariamente (por ej la FJD, de Fresenius ha tenido un aumento presupuestario con fondos públicos del 76,25% entre 2011 y 2018, mientras los hospitales públicos sufrían recorte tras recorte) y a los que en 2018 se derivaron 140.000 enfermos desde los centros públicos.

Por todo ello no es de extrañar que la valoración de la ciudadanía se encuentre por debajo de la media y que el porcentaje de quienes prefieren la Sanidad Pública haya disminuido y se encuentre por debajo de la media, y tampoco que los seguros privados hagan su agosto (el 38,8% de los madrileños dicen tener un seguro privado frente al 19,6% del promedio de las CCAA) y que el gasto de bolsillo de los madrileños sea 50 €/persona y año mayor que la media. Al final el deterioro de la Sanidad Pública acaba favoreciendo los negocios privados.

Todo ello, más algunas cosas más, como la increíble ausencia de camas de media y larga estancia (Madrid tiene la mitad por habitante que el promedio del país, que además tiene 5 veces menos que la media de la OCDE), la salud mental olvidada, etc., es lo que hace que la Sanidad Pública madrileña esté tan deteriorara, a pesar de que la Sra. Ayuso no se entere, y es el resultado de 24 años de políticas privatizadoras del PP en la región, y de algunos años, por suerte menos, en el conjunto del país.

Por supuesto las cosas podían haber ido mucho peor y esa era la hoja de ruta del PP madrileño, con Aguirre y Lasquetty a la cabeza, y es de temer que en esta legislatura intentaran volver a destruir la Sanidad Pública, esperemos que la reacción de sanitarios y ciudadanía no se lo permita.

La Organización Médica Colegial, a través de su Observatorio Nacional de Agresiones a sanitarios, divulgó hace unos meses los datos de agresiones a médicos durante el año 2018. En total fueron 490 médicos los que sufrieron agresiones, considerando como tales las amenazas, insultos y lesiones que fueron comunicadas al Colegio de Médicos.

El Observatorio obtiene datos desde el año 2009 y los clasifica por edad, género, especialidad, tipo, consecuencias. Señalemos algunos de ellos aunque tengamos en cuenta que estos datos son parciales, ya que todos sabemos que muchas de estas situaciones no son comunicadas.

Empezaremos por la curva de evolución anual de los mismos: el número absoluto de las mismas aumenta a partir del año 2016: pasa de 344 en 2015 a 495 en el 2016, 515 en 2017 y baja a 490 en 2018. La propia OMC relaciona el aumento con la época de recortes.

El 46,1% de estas agresiones se producen por discrepancias en la atención médica, el 11,4% por el tiempo que se tarda en ser atendido, el 11,1% por no recetar lo deseado por el paciente, el 10,3% por temas relacionados por la baja, el 9,2% por discrepancias personales, el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes médicos no acordes a sus exigencias. Entre las consecuencias se destaca, el aumento de
bajas médicas del profesional, sobre todo por daño psicológico.

A la vista de estos porcentajes la OMC ya había señalado en otras ocasiones que muchos de estos casos se relacionan con el aumento de las listas de espera, la escasez de recursos humanos y la masificación en consultas. Si nos fijamos en el aumento de las agresiones, a lo largo de los años, observaremos que este se eleva a expensas de las dirigidas hacia el personal femenino, bajan las dirigidas hacía los hombres. En 2018 el
59 % de las agresiones fueron a mujeres, un 7% más que en 2017, el 2,2 por mil de los colegiados, frente el 1,6 por mil de los hombres.

Los datos nos permiten afirmar que detrás de las agresiones a médicos existe un componente importante de violencia contra la mujer. Recordemos que las Naciones Unidas definen esta como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, tanto si se producen en la vida pública como en la privada», a pesar de que en la actualidad existe un tendencia a olvidarlo y confundirlo deliberadamente. No olvidemos que la violencia de género no solo se da en contexto familiar, sino también en el laboral y, por supuesto, en el sanitario… y que nuestra lucha para evitarla ha de ser un objetivo prioritario.

El comentario inicial es que no debemos, no queremos y no podemos ser ingenuos y dudar de las políticas sanitarias que va a desarrollar el nuevo gobierno andaluz, compuesto por un pacto del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo imprescindible de Vox. La historia nos avala. En las Comunidades Autónomas en las que el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta (Madrid, Valencia o Galicia), las privatizaciones y el desmantelamiento de los Sistemas Sanitarios Públicos ha sido demoledor. Para ello han seguido la clásica estrategia de previamente deteriorar la organización y la asistencia pública para después proponer a la privada como la única alternativa. La mayoría de la ciudadanía no es consciente de estos procesos, y lo que quiere es ser atendida de forma rápida y aparentemente correcta.

Lo siguiente que podemos destacar, tras los primeros seis meses del nuevo gobierno, es la tremenda tendencia a la publicidad engañosa y la utilización de aspectos parciales sobre datos oficiales para llegar a conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. Son campañas publicitarias masivas que parten del Consejero de Salud y se transmiten a tod@s l@s Delegad@s Territoriales. Ejemplos de los mismos:

1.- A los pocos días de tomar posesión el Consejero de Salud, transmite a la población unas cifras distorsionadas de las listas de espera, en la que entra todo tipo de “espera”, incluyendo tanto las correctas como las revisiones programadas. El motivo está claro, estas fake news, en castellano “noticias falsas”, o mejor, “mentira organizada que pretende confundir a la población menos informada”, justificará la masiva concertación con clínicas privadas. De hecho, tenemos constancia que las reuniones en ese sentido han sido masivas.

2.- A las pocas semanas se anuncia a bombo y platillo un Plan de Choque contra las listas de espera. Ni en los hospitales ni en Atención Primaria saben nada de ese plan. Lo que han puesto en marcha son nuevas “peonadas”, es decir, que los mismos que trabajan por las mañanas, prolonguen sus horarios laborales por las tardes. Esta decisión, que ya la tomaron gobiernos socialistas, no consigue mejorar nada las listas de espera, además de que provoca tendencias perversas: la actividad por las mañanas disminuye y aumenta por las tardes, lo que conlleva una productividad económica sobreañadida. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha mostrado su rechazo a esta estrategia.

3.- Otra decisión inmediata ha sido derogar la subasta de medicamentos que existía en Andalucía. La subasta anual de principios activos había conseguido que las ganara quién ofertara el menor precio y no como era la regla, que las multinacionales imponían precios abusivos y progresivos. De hecho, empresas auditoras independientes a nivel nacional proponen sin dudas que estas subastas se implanten en todo el territorio nacional.

4.- En Andalucía existía el complemento mensual de exclusividad: es decir, aquellos profesionales que trabajaban exclusivamente en el sistema público recibían un incentivo económico. El nuevo gobierno ha derogado esta norma y la ha extendido a todos los profesionales. Es decir, los que no tienen un desarrollo laboral exclusivo en la pública por trabajar de forma paralela con la privada, también cobran el complemento de exclusividad. Obviamente se han visto obligados a modificar el concepto.

5.- Han decidido incluir en los Distritos Sanitarios a Hospitales y Centros de Atención Primaria. Es decir, no existirán equipos directivos en los recursos no hospitalarios. Ya sabemos que el pez grande se come al pequeño. La Atención Primaria recibe otro ataque que conseguirá perseverar en su deterioro actual.

6.- La previsión inmediata del gobierno andaluz es derogar la norma de incompatibilidad que existe actualmente para cargos intermedios de trabajar en el sector sanitario público y privado. La perversión perfecta.

7.- Los presupuestos aprobados por el nuevo gobierno para este año reinciden en los recortes en la sanidad pública (contienen menos de 500 millones de € con respecto al presupuesto de 2009). Además consagra un aumento de la inversión en las partidas destinadas a las grandes empresas privadas (farmacéuticas, material sanitario y conciertos con clínicas privadas).

Es necesario recordar que con el gobierno socialista previo, el deterioro del Servicio Andaluz de Salud era una realidad dramática: habían recortado más de 8000 millones de euros en los presupuestos sanitarios actuales desde el año 2008 hasta la actualidad, más de 7000 profesionales sanitarios perdidos en estos últimos diez años, la cobertura de jubilaciones, de bajas prolongadas por enfermedades, etc , ha sido del 10%. De cada 100 profesionales que suspendían su actividad asistencial se cubrían sólo diez. La Atención Primaria está al límite soportable, con una ambulatorización progresiva. Las Unidades de Gestión Clínica se han degradado de forma escandalosa: los objetivos por los que se cobran las productividades se basan exclusivamente en el ahorro económico sin medir las repercusiones clínicas. El hastío y la desmotivación de la mayoría de los profesionales sanitarios han llegado a niveles preocupantes. Nuestra organización se ha posicionado a favor de la derogación de las Unidades de Gestión Clínica.

El mayor déficit que soporta la ciudadanía son las terribles listas de espera para todo tipo de conceptos. Esperas para ser atendido por primera vez, esperas para exploraciones complementarias diagnósticas, esperas para confirmar los hallazgos clínicos, esperas para recibir los tratamientos necesarios, etc. Con esta dinámica, que dura hace muchos años y que además crece progresivamente, la atención clínica que recibe finalmente la persona afectada es inadmisible porque en muchos casos se incluye el riesgo para su salud.

La consecuencia directa e inmediata es que la mayoría de la población que tiene los recursos económicos suficientes contrata una empresa privada para compartir la atención clínica. Si aparece un problema grave de salud, entonces no hay dudas, acudir de inmediato al Servicio Sanitario Público. Los sectores sociales que no pueden costear ese sobregasto quedan marginados de una asistencia digna y eficaz. Es un retroceso histórico, reaparece la situación de personas pudientes bien atendidas y beneficencia con marginalidad. Increíble pero cierto.

A pesar de estas razones, no podemos opinar que la situación actual sea mucho peor a la previa. En el Plan del Verano de 2019 han vuelto a decidir aberraciones de gestión como el cierre de camas hospitalarias con la excusa de obras de mantenimiento que no se corresponden con la realidad, enlentecimiento de la actividad de recursos tanto en quirófanos, como en Servicios Centrales, lo que va a conllevar un obvio aumento de las listas de esperas, ya insoportables, que sufre la población desde hace años. El objetivo real es claro, la no sustitución de todos l@s trabajador@s que toman sus vacaciones reglamentarias veraniegas.

El hecho de que este verano no sea peor que los años anteriores, es una circunstancia que debería hacer recapacitar al gobierno socialista previo y al partido político que lo sostuvo.

A modo de conclusiones, el deterioro de la Sanidad Pública continúa y no se prevén políticas que la haga mejorar sino la apuesta será derivar fondos públicos a empresas privadas para paliar o parchear estas deficiencias, especialmente mediante la desviación progresiva de las personas que esperan a clínicas privadas para ser atendidas. La finalidad es el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público y su sustitución por fórmulas de gestión privada de los recursos públicos. Es la misma historia que ocurrió en el Reino Unido en la década de los ochenta del siglo pasado, que, teniendo un National Health Service que era una referencia para el mundo, las políticas neoliberales de Margaret Thatcher lo desintegró y todavía hoy no ha recuperado su nivel previo, por desgracia para la ciudadanía, claro está sobre todo a los sectores más desfavorecidos.

El gobierno andaluz actual no cree en el sector público y defiende el eufemismo de la colaboración público-privada que, en la práctica, siempre ha consistido en el parasitismo y la fagocitación de lo privado frente a lo público. Por supuesto, si el negocio no marcha bien y hay una debacle económica, se rescata con dinero público. Son hechos y no opiniones. Por ello, no hay circunstancias que supongan prever un futuro esperanzador.

La movilización social y ojalá la profesional es hoy más necesaria que nunca. Las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía trabajarán, como llevan haciendo muchos años, defendiendo el Sistema Sanitario Público, que hoy está más en peligro que nunca.

La muerte nos acecha desde el nacimiento, ya lo dijo el poeta “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir” (Jorge Manrique, siglo XV). Sabemos que vamos a morir y ese hecho es una parte natural e inevitable de la experiencia humana. También sabemos que la muerte puede producirse en circunstancias muy distintas y en muchos casos en medio de tremendos sufrimientos y/o de un proceso de degradación incompatible con la propia dignidad de la vida humana. La eutanasia pretende que, ya que no tomamos ninguna decisión sobre nuestro nacimiento, al menos podamos tenerlo sobre el final de nuestra vida.

Con frecuencia se mezcla el debate con el de la denominada “muerte digna”, los cuidados paliativos que tienen como objetivo minimizar o anular el sufrimiento en los moribundos y favorecer la agonía “dulce”, y aunque es obvio que se trata de un tema con semejanzas, en ambos casos se quiere favorecer una muerte sin dolor, la eutanasia pretende ir mas allá y evitar el proceso de degradación, sufrimiento y deterioro que lleva a los enfermos desahuciados hasta una situación terminal.

En el debate sobre la eutanasia se pueden plantear tres cuestiones. La primera es la cuestión moral, que debería ser de ámbito privado y personal, porque no parece razonable imponer a los demás las propias creencias en el marco de las decisiones individuales que solo le afectan a uno mismo, una vez mas conviene recordar que reconocer un derecho no obliga a ejercerlo, sino que facilita su uso por quien libremente lo desee, por otro lado incluso en la tradición cristiana se refiere la actuación compasiva en momentos críticos, actitud que por cierto nos parece normal en el caso de los animales.

La segunda es la detallada regulación que precisa, para evitar que se produzcan abusos, porque estamos ante decisiones que son irreversibles y por lo tanto deben tener muchas garantías que respeten los derechos de las personas implicadas. Este asunto esta resuelto de manera bastante detallada en otros países, porque como es bien conocido la eutanasia esta regulada desde hace años en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza y en algunos estados de EEUU. En Holanda por ejemplo se exige:

1.- Que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea residente en Holanda.
2.- Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, que es plenamente capaz y se ha reiterado en su voluntad. Ésta puede haber sido manifestada en un documento de voluntades anticipadas.
3.- Que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora.
4.- Que se haya informado al paciente de su situación y de las perspectivas de futuro.
5.- Que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya corroborado el cumplimiento de los requisitos. En caso de sufrimiento psicológico se tienen que consultar dos médicos. Los médicos consultores tienen que ver al enfermo y elaborar un informe por escrito sobre la situación.
6.- Que la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se haga con el máximo cuidado y profesionalidad.

También ha sido regulada en el caso de las personas incapacitadas y en los niños, casos en los que los controles se hacen más exhaustivos, y se exige el dictamen de una comisión profesional. Hay que decir que aunque la normativa esta en vigor desde 2002 no se conocen casos de abuso en esta práctica, lo que indica que un uso prudente, que es exigible, no debería de plantear problemas.

La tercera cuestión tiene que ver con el apoyo sanitario y profesional que se necesita para el ejercicio efectivo de la eutanasia. El tema es bastante peliagudo porque la práctica demuestra que con frecuencia existen grupos profesionales que sigue entendiendo que tiene derecho a tomar decisiones en nombre de los pacientes y contra sus preferencias expresadas, como se ha comprobado en el caso de la niña gallega a la que los médicos se empeñaban en mantener viva contra la decisión de los padres e incluso del comité de ética asistencial, basadas en la legislación vigente (a nivel estatal y de Galicia) y que solo cedieron ante la perspectiva de una condena judicial. Por eso es preciso articular mecanismos para garantizar la práctica de la eutanasia en condiciones de igualdad y accesibilidad para todas las personas y favorecer un apoyo sanitario que lo permita en el sistema sanitario público. Obviamente hay que respetar las cautelas profesionales pues aunque la mayoría de los sanitarios están a favor de su regulación, por cierto lo mismo que sucede con la población (un 85% la apoyarían según una encuesta de 2018), son pocos los profesionales dispuestos a participar en la misma. Habría por lo tanto que regular la objeción de conciencia y paralelamente garantizar su acceso en la Sanidad Pública, la creación de servicios específicos podría ser una solución.

Como señala JA Salcedo “una muerte es adecuada o buena cuando esta asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ocurre en su domicilio (o en hospital si así se desea) en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía para no ser una carga para sus cuidadores (demanda de muchos de ellos). Será digna si la persona explicita como quiere que sea el proceso de morir y cuando y su decisión es respetada. Es necesaria una nueva Ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables”.

En la pasada legislatura se produjo una iniciativa parlamentaria para aprobar una ley sobre eutanasia, pero fue bloqueada por la mesa del Congreso (PP y Ciudadanos a pesar de que esta formación dice estar a favor de su regulación), en esta ya se ha registrado una iniciativa al respecto que decaerá si no se consigue formar gobierno y se convocan nuevas elecciones.

La regulación de la eutanasia esta rodeada de muchos tabúes que es preciso desmontar. En una sociedad como la nuestra parece razonable y es cada vez mas urgente avanzar hacia una regulación de la misma porque si no se hace se seguirán produciendo muertes en malas condiciones, eutanasias clandestinas, y hechos como la muerte de Mª Jose Carrasco que acaban injustamente en manos de los tribunales.

El informe de la IPCC, El cambio climático y la tierra, publicado en agosto ha hecho notar la influencia de nuestros hábitos alimenticios en el cambio climático y la necesidad de cambiarlos para detener el calentamiento global.

Desde la Antigüedad se conoce la importancia de una alimentación saludable y equilibrada, pero en un entorno en el que la mayoría de la población pasaba hambre, o estaba en riesgo de desnutrición, y en la que los alimentos disponibles eran bastante limitados, sujetos a las inclemencias locales del tiempo (sequías, inundaciones, guerras, etc) y difíciles de conservar, la búsqueda de alimentos, cualesquiera alimentos, y su consumo inmediato, eran el objetivo principal de la mayoría de las personas independientemente de que fuera mas o menos saludables porque lo importante era evitar el hambre.

Solo a partir de mediados del siglo XX, debido al desarrollo económico y social, una gran parte de la Humanidad empezó a considerar  el como se alimentaba y a buscar una dieta saludable, aunque conviene no olvidar que sigue habiendo una parte significativa de la misma que pasa hambre y esta desnutrida (un 10,8% en 2016 según la ONU), y por lo tanto tiene como objetivo prioritario el comer lo que pueda.

La Organización Mundial de la Salud (última revisión en agosto de 2018) establece como principios de una dieta saludable:

“Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los

principales factores de riesgo para la salud.

Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida; la lactancia

materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede

proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida.

La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total).

La ingesta de grasas saturadas debería representar menos del 10% de la ingesta calórica total, y la ingesta de grasas trans, menos del 1%; para ello, el consumo de grasas se debería modificar a fin de reducir las grasas saturadas y trans, en favor de grasas no saturadas, con el objetivo final de suprimir las grasas trans producidas industrialmente..

Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se recomienda reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total.

Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta.

Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para 2025; también acordaron detener el aumento de la

diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso infantil de aquí a 2025”.

En la pirámide de la dieta sana la OMS señala la conveniencia de tomar “ocasionalmente”, es decir no a diario, productos como las carnes rojas y embutidos, y solo de manera infrecuente los dulces y grasas (por ejemplo la mantequilla) y los productos que los contienen (en general la bollería industrial), y como esta dieta sana debe basarse en el consumo de verduras, hortalizas, legumbres y cereales (mejor si son integrales) y un consumo moderado de lácteos (leche, queso, yogur), pescado y carnes blancas (pollo, conejo, pavo). Esta dieta garantiza el aporte necesario de calorías, principios inmediatos y fibra que son imprescindibles para la salud, y que han demostrado efectos preventivos sobre enfermedades muy frecuentes como la obesidad, las cardiopatías, la hipertensión, la diabetes y muchos tipos de cáncer.

Pero además ahora conocemos que también es saludable para el planeta, porque el consumo excesivo de carne, que favorece la ganadería y agricultura intensiva es la responsable de una parte importante de las emisiones de C02 (el 23% si se tiene en cuenta solo la agricultura y ganadería y el 37% si se incluye la industria alimentaría).

El consumo de carne en los países desarrollados es claramente excesivo, cuatro países (EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) superan el consumo de 100 kg/ habitante y año y el promedio de la UE supera los 80 kg, cuando lo recomendable se sitúa en los 21 Kg (en España se consumieron 46,19 Kg en 2018), si bien es cierto que el últimos años se ha producido una disminución especialmente en Europa aunque es posible que se deba solo a la crisis económica (los datos internacionales son de 2013).

Otros dos problemas relacionados con el consumo alimentario y el cambio climático son las emisiones derivadas del transporte de alimentos, que pueden ser muy elevados si el consumo es de productos que provienen desde muy lejos (América, China, Australia, etc), y el derivado de los alimentos que desperdiciamos que suponen en torno al 10% del impacto de la alimentación sobre los gases de efecto invernadero.

Las cosas pues están claras y los expertos nos están avisando, hacemos globalmente un consumo irresponsable, que genera un aumento de las emisiones de C02 y de otros gases de efecto invernadero, lo que acelera el cambio climático, a la vez que es peligroso a corto plazo para nuestra salud. Nuestra dieta es insalubre para nosotros mismos y para el planeta. Por eso tenemos que plantearnos seriamente un cambio en profundidad.

De todas maneras hay que tener cuidado con los mensajes que se centran en las conductas individuales porque encubren los potentes intereses económicos que favorecen esta situación y que hacen que la denominada “comida basura” se generalice y sea mas barata con lo que a veces acaba siendo la única opción de alimentación para las personas con bajos ingresos.

Un ejemplo de esta política de encubrimiento esta por ejemplo en los datos que se ofrecen sobre comida desperdiciada en España según clase social, así se dice que la clase alta y media alta desperdicia 242 millones de kg en 2018, la media 400, la media baja 305 y la baja 180, ahora bien si tenemos en cuenta el porcentaje de población de cada una veremos que cada 1% de población que pertenece la clase alta y media alta desperdicia un 2,14% del total, 1,18% la clase media, 0,33% la media baja y 0,2% la baja, lo que evidencia, como era de esperar, que quienes desperdician comida son sobre todo los ricos y que existe un gradiente en relación a la renta (cuanto mas pobre menos se desperdicia).

Actuar es necesario y hay que hacerlo a nivel individual, concienciándonos del problema, siguiendo las recomendaciones de la OMS, minimizando el desperdicio de alimentos y consumiendo productos locales, pero sobre todo a través de políticas públicas porque la industrialización agroalimentaria está fomentando el consumo de alimentos peligrosos para la salud, y las políticas de precios favorecen el consumo de estos alimentos, que (el estudio no lo analiza) que son las que tienen mayor impacto sobre los grupos social, económica y culturalmente más desfavorecidos.

Debemos reclamar con más fuerza unas políticas que fomenten una alimentación saludable y favorezcan el consumo de frutas y vegetales, y eso se hace desde la información, educación para la salud, la promoción, la regulación de la cantidad de sal o grasas trans que llevan los alimentos, y las políticas fiscales (bajando o quitando el IVA a los alimentos sanos y aumentándoselo a los que no lo son).  Para eso también necesitamos un gobierno que se preocupe de los intereses de la mayoría de la población y no de los beneficios de las multinacionales.

La Listeria es un contaminante que debería de haberse eliminado en la cadena de producción. y su presencia en los productos comercializados evidencia fallos importantes en el proceso, bien en el calentamiento (por encima de 75º desaparece la Listeria y se supone que la empresa Margulis sometía a la carne a un calentamiento de 83,9º), bien en el empaquetado y/o conservación, que son responsabilidad de la empresa y de las autoridades sanitarias andaluzas que tienen el deber de controlar e inspeccionar la salubridad de los productos comercializados, lo que evidentemente no se ha producido. Recuérdese una empresa con un propietario pantalla para eludir deudas (algo parecido al “levantamiento de bienes”, Isabel seguro que podría explicarlo mejor), libre emprendimiento en estado puro.

Pero, además, la actuación de la Junta de Andalucía y en especial de la Consejería de Salud ha sido claramente irresponsable y ha favorecido la extensión del problema. En concreto se ha tardado en dar la alarma sobre listeriosis, en inmovilizar el producto, en investigar si la contaminación estaba presente en otros productos de la marca y en investigar las CCAA donde había sido distribuido, y por fin en descubrir la “marca blanca” con que también se distribuía el producto y que además estaba mal etiquetada. Todo un record de irregularidades-

Es evidente que de todo ello pueden haberse derivado una mayor extensión de la infección al no haberse evitado el consumo humano. Desde luego los datos concretos solo se conocerán dentro de un tiempo porque como es sabido el periodo de incubación de la enfermedad puede prolongarse hasta 70 días, aunque la mayoría de los casos probablemente ya se habrán producido, para lo que es preciso hacer un riguroso registro de la fecha del consumo del producto contaminado. Ya veremos sin este asunto se produce la transparencia que ha faltado hasta ahora, o si también se pretende volver a ocultarnos los hechos.

Parece que la Consejería de Salud en un primer momento intento ocultar/minimizar el tema, protegiendo a la empresa, y luego la incompetencia y los movimientos incordiándoos han sido la tónica. Todo se ha hecho tarde, y lo que se podía hacer mal se ha hecho mal, en una cadena de despropósitos. Lo que esta claro es que su forma de actuar ha supuesto riesgos innecesarios, y probablemente graves consecuencias, para la salud de las personas, fuera y dentro de Andalucía. A la vez se ha desprestigiado la administración sanitaria, cuyas declaraciones en Andalucía carecen cada vez más de credibilidad y favorecen el pánico de la población, con algunas repercusiones negativas como la saturación de las urgencias.

Hasta ahora en España, y a partir de la intoxicación de la colza en 1981, los brotes de intoxicaciones alimentarias habían tenido una respuesta adecuada de las autoridades sanitarias. Ahora el Ministerio de Sanidad parece que esta tomando cartas en el asunto, que ya sobrepasa la comunidad andaluza, y esperemos que se imponga la cordura y los criterios técnicos, pero es probable que todavía sigamos sufriendo consecuencias del desastre inicial, que obviamente es irreparable.

Dos reflexiones habría que hacer como conclusión de lo sucedido, la primera es que la política neoliberal de rebajar los controles sobre las empresas, es muy peligrosa, especialmente en todas aquellas que tienen un impacto directo sobre la salud, como es la industria agroalimentaria. Aquí el control de la Junta de Andalucía ha fallado estrepitosamente, y la cosa ha podido ser más grave porque la empresa de referencia era una bomba de relojería. Existe una amplia y concreta normativa por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición como de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que no ha sido seguida en este caso.

La segunda es que poner al mando de una Consejería como la de Salud a un bocazas con pocos conocimientos técnicos es una gran irresponsabilidad, porque parece claro que ha pensado mas en su carrera política, esperemos que finalizada, que en la necesidad de poner en práctica los elementales principios de precaución ante la primera noticia de la contaminación por listerioris. Hay una responsabilidad de la Consejería de Salud, los andaluces no se merecen a este individuo como responsable de su salud, debería de asumir sus fallos y dimitir.

Parece que ya es seguro que Javier Fernández Lasquetty va a ser el nuevo Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y se trata de una noticia preocupante para la población madrileña.

El nuevo titular de Hacienda dimitió en 2014 de consejero de Sanidad cuando la Justicia paralizó cautelarmente el proyecto para privatizar totalmente los seis hospitales de la Comunidad de Madrid que se habían construido por el modelo PFI (un modelo de privatización que dejaba en manos privadas a un coste exorbitante solo la parte no sanitaria de los centros), una medida que trató de impulsar el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio González, y después de más de 1 año de movilizaciones.

Lasquetty es uno de los hombres del ala dura del PP, implicado en la FAES y de la línea de Aznar y Casado, que ya le había recuperado para ser jefe gabinete, en consonancia con los sectores más ultras de los conservadores

Lasquetty impulso el denominado 'Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid', presentado en octubre de 2012 que recogía 13 medidas que suponían la mayor agresión a la Sanidad Pública y que en parte consiguió pararse gracias a la amplia movilización ciudadana y profesional y que ya se analizó en otro articulo. consiguiendo un importante fracaso.

De todos modos conviene tener en cuenta que el Plan Lasquetty-González era un intento muy elaborado para desmantelar y privatizar de una manera consistente la Sanidad Pública madrileña, y que respondía a una ideología neoliberal y privatizadora empeñada en desmantelar los servicios públicos, en especial el sanitario.

Colocar a Lasquetty en Hacienda es dejar claro que la prometida bajada de impuestos prometida por Díaz Ayuso está en la agenda prioritaria del PP madrileño y de sus aliados (Ciudadanos y Vox) y que va llevarse a cabo de forma rápida y con contundencia, porque si algo dejo claro en su trayectoria el ahora consejero de Hacienda es que como dice la ultraderecha actúa “sin complejos”, no retrocede ante las criticas, se empecina hasta el limite para alcanzar los objetivos que se ha propuesto, y además ningunea a sus detractores e interviene con el mayor descaro negando lo evidente y no tiene reparo en descalificar a quienes se le enfrentan (en esto al menos se parece a la nueva presidenta).

¿Que repercusiones tendrá para la Sanidad Pública? Probablemente muchas y todas ellas malas, porque la disminución de los ingresos públicos es desde luego un torpedo en la línea de flotación de unos servicios públicos de calidad, ya se sabe que sin ingresos suficientes los servicios públicos se deterioran.

Por otro lado la Sanidad Pública madrileña, crónicamente desfinanciada (para 2019 se aprobaron unos presupuestos por debajo de lo gastado en 2018) se vera aún mas empobrecida y se producirán continuos problemas en materia de personal, porque la reposición de efectivos y las nuevas plazas precisa de una autorización previa de Hacienda. Finalmente la privatización de servicios es previsible que se aumente y que la sistemática derivación de ingresos, consultas y pruebas diagnósticas hacia el sector privado se amplíe de manera continuada, una vez mas en detrimento del sistema sanitario público.

Parece que eso es lo que nos espera una Sanidad más desfinanciada y un impulso a la privatización. Ahora bien, como ya se ha dicho el famoso Plan de Sostenibilidad de 2012 se consiguió paralizar por el contundente rechazo social y profesional, en parte fomentado por la actitud intolerante y agresiva del propio Lasquetty que cada vez que intervenía intensificaba las movilizaciones.

En fin, malas noticias para la Sanidad Pública, aunque el resultado dependerá de la capacidad que tengamos todos y todas para enfrentarnos a estas políticas y continuar defendiendo una Sanidad Pública de calidad para toda la población.