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Más impuestos, por favor
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Fuente: https://lacronicadesalamanca.com/235323-mas-impuestos-por-favor/
Autor: José Generoso Gómez Cruz. ADSP Salamanca
Llegan tiempos de elecciones y gran parte de los partidos políticos en un intento de agradar a corto plazo a la mayoría de la población, han comprado la tendencia neoliberal de los últimos años y dicen en sus mítines y entrevistas que cuando ellos gobiernen bajaran los impuestos. Cuesta mucho encontrar un partido que incluya de forma abierta entre sus promesas electorales el aumento de impuestos.
Pero estos mismos partidos hablan a su vez de mejorar la sanidad, la educación, la atención a los mayores, las jubilaciones…
Imposible hacer más con menos. No se puede decir que se van a bajar los impuestos y a la vez se va a invertir más en sanidad pública.
Debemos ser conscientes de que una bajada de impuestos conlleva indefectiblemente una disminución de las inversiones en beneficio público y la privatización de determinados servicios. ¿Quién gana con ello? En sanidad nos intenta hacer creer que es más barato privatizar los servicios sanitarios, y lo hacen en unas ocasiones abiertamente como en el caso Alzira, o en otras de forma más sibilina, sin que se note, como se está haciendo en Castilla y León. En nuestra autonomía con la disculpa de mejorar las listas de espera, se aumentan los presupuestos para externalizaciones y se concierta la atención sanitaria con empresas privadas, en vez de potenciar soluciones desde el sistema público tanto en atención primaria como especializada. Salamanca es un ejemplo palpable, donde la concertación de la atención a pacientes de sacyl en hospitales privados, está llegando a niveles donde ya no se sabe dónde acaba lo público y empieza lo privado.
Por el contrario un aumento de impuestos, que por supuesto debe ser de forma proporcional a los ingresos tanto de individuos como de pequeñas y grandes empresas, nos permitirá invertir más en sanidad púbica para hacerla más sostenible.
Otra cosa es cómo se debe invertir los presupuestos en sanidad pública de forma eficiente. Sin duda es imprescindible retomar y aumentar la inversión en sanidad, pero también es imprescindible, acabar a su vez con las bolsas de ineficiencia actuales que los gobiernos anteriores no han hecho más que aumentar, descuidando la sanidad pública y potenciando la privada. Lo uno sin lo otro no tendría ningún efecto.
Este es el momento. A la hora de votar no nos puede mover el deseo de castigar a una determinada tendencia política, no podemos votar con las tripas, debemos ser muy conscientes de que en realidad lo que estamos decidiendo es qué políticas sanitarias queremos que se sigan en nuestro país en los próximos años. Y si lo que queremos es tener una sanidad pública fuerte, saludable y con futuro, debemos pensar a quien votar a la hora de ejercer nuestro máximo derecho como ciudadanos.
El deterioro de la atención primaria en Madrid en datos
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Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sanidad-deterioro-atencionprimaria-madrid-sanidadpublica/20190403172229161597.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle
La Atención Primaria (AP) en la Comunidad de Madrid ha sufrido un proceso de especial deterioro en los últimos años, seguramente dentro del programa privatizador de los gobiernos del PP.
Las cifras son incontrovertibles. Así el porcentaje sobre el presupuesto sanitario que se dedica a AP ha sufrido continuas rebajas, pasando del 12,67% en 2010 al 11,63% en 2016 y al 10,97% para 2019 (El promedio de las CCAA fue de 14,49% en 2010 y 13,67% en 2016).
Lógicamente el número de personas asignadas por medico de familia, pediatra, profesional de enfermería y administrativo no ha parado de crecer situándose muy por encima del promedio de las CCAA (200 más en medicina de familia, 150 en pediatría, 500 en enfermería y 400 en administrativos), aumentando el porcentaje de profesionales con más de 1.500 y 2.000 personas asignadas entre 2010 y 2017 (de 54,09 a 56,95% y de 4,25 a 7,81%) con lo que se deteriora la asistencia y se incrementan las demoras en citas.
Claro está que las cosas son peores si nos fijamos en las unidades de apoyo donde el promedio de las citas para fisioterapia estaba en 71,04 días y 63,25 en odontología infantil.
En esta situación, la Consejería de Sanidad está poniendo en marcha un proyecto piloto en 14 centros de salud por que se cancelan las citas a partir de las 18,30 horas. Un proyecto que disminuye la accesibilidad de la población a la AP (en 2017 en este horario se produjeron 6.114.625 citas, el 19,28%). Obviamente también incrementará las demoras en las citaciones.
Por otro lado aumentarán las urgencias (cada 1% que disminuyen las citas en 48 horas aumentan 1,75 urgencias/1000 habitantes), que ya están bastante saturadas (entre 2010 y 2016 aumentaron un 24,67% en la Comunidad de Madrid), y también fomentará la deriva de enfermos hacia el sector privado (si alguien pide cita en AP y le dan para 5-7 días o se irá a urgencias o buscará salida en la privada), pero solo si tiene medios económicos, por lo que aumentarán las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.
Por otro lado, se deteriorá la continuidad asistencial que es básica en la AP y se favorece la compatibilidad entre la pública y la privada. Finalmente supondrá un recorte de las plantillas.
En esta situación deberíamos plantearnos:
- Incrementar los presupuestos destinados a la AP para llegar al 20% del presupuesto;
- Recursos profesionales suficientes para la AP: se precisan 500 profesionales más de la medicina y 2.000 de enfermería, así como 600 en los equipos administrativos;
- Asegurar al menos el 95% de las citas de AP en 48 horas;
- Recuperar las citaciones de especialistas y pruebas diagnósticas desde los centros de salud;
- Establecer un mínimo de 10 minutos por consulta, mediante el cambio de las correspondientes agendas;
- Favorecer el acceso desde AP a pruebas diagnósticas y dotar a los centros de salud de los recursos e infraestructura para una atención sanitaria de calidad;
- Fomentar la actividad comunitaria de los profesionales, especialmente de la enfermería;
- Potenciar la atención domiciliaria;
- Desarrollar la prevención y la promoción como tareas básicas de la AP;
- Mantener el horario actual de la AP, paralizando las reducciones del horario y por lo tanto de la accesibilidad y continuidad de la atención;
- Establecer mecanismos efectivos de participación en AP.
Pero sobre todo hay que cambiar la política sanitaria de Madrid para fortalecer la sanidad pública, para ello es fundamental las movilizaciones sociales y profesionales y un cambio de gobierno en la Comunidad.
La cobertura sanitaria universal requiere un sistema fiscal potente y equitativo
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Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-cobertura-sanitaria-universal-requiere-un-sistema-fiscal-potente-y-equitativo/
Autor: Carlos Sánchez Fernández
El 7 de abril se celebra el día mundial de la salud organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como lema: “COBERTURA UNIVERSAL PARA TODAS LAS PERSONAS EN TODAS PARTES”. Un lema que es muy importante porque pretende recordarnos que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos, que cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (es decir, viven con 1,90 $ USA al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Asimismo, más de 800 millones de personas (casi el 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud, y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal a más tardar en 2030, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La idea de la cobertura universal se sustenta en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que señala que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”y ha sido posteriormente refrendado por la Conferencia de Alma Ata (1978), la Estratagema Salud para Todos en el Siglo XXI (1998) y numerosas Conferencias y Declaraciones, la ultima en Astaná (2018).
La Organización Panamericana de la Salud señala que“El objetivo absoluto y definitivo de la cobertura universal de salud en relación con la cobertura de servicios es que cualquier persona pueda obtener los servicios de salud esenciales que necesita, es decir, una cobertura de salud del 100%”. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, se trata de permitir que todos puedan acceder a servicios que atienden las causas más importantes de las enfermedades y la muerte, y asegura que la calidad de esos servicios sea suficientemente para mejorar la salud de las personas que los reciben.
Como es una estrategia que pretende aplicarse a nivel mundial, tiene en cuenta las limitaciones de muchos países para implantarla de manera inmediata (básicamente por problemas económicos), y se fija objetivos escalonados, ejemplificados en lo que se conoce como el cubo de la salud que plantea el avance en 3 sentidos: aumentar la población protegida, aumentar la financiación pública, que en el cubo denomina “fondos mancomunados” (que incluyen financiación con impuestos y seguros sociales) y paralelamente disminuir los copagos, y aumentar los servicios cubiertos. Estas estrategias de avance no son excluyentes y pueden ser complementarias, y son muy distintas en cada país.
La OMS recuerda también que es preciso fortalecer los sistemas sanitarios en todos los países y contar con una financiación suficiente porque si la población tiene que pagar la mayoría de los gastos de salud de su propio bolsillo, los pobres serán incapaces de obtener muchos de los servicios que necesitan, e incluso los ricos se verán expuestos a dificultades económicas en caso de enfermedad grave o prolongada. La financiación pública permite repartir los riesgos financieros relacionados con una enfermedad entre la población.
LO mismo sucede con la dependencia de una buena asistencia sanitaria de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas. Las inversiones en personal de Atención Primaria de Salud que son imprescindibles y las mas son eficaces, y al menor coste, para mejorar la equidad en el acceso a los servicios de salud esenciales. Otros elementos fundamentales son la buena gobernanza, la existencia de sistemas de adquisición y suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias, y de sistemas de información sanitaria eficientes.
En la cobertura sanitaria universal (CSU) no solo es importante determinar qué servicios están cubiertos sino de qué manera se financian, gestionan y prestan. Es preciso cambiar radicalmente la prestación de los servicios con el fin de asegurar que se integre y focalice en las necesidades de las personas y comunidades.
La cobertura universal y sus problemas
Aunque obviamente la idea es positiva y muy potente porque sitúa el derecho a la atención sanitaria como un derecho humano básico de todas las personas y busca asegurar la cobertura de todas las personas en todos los lugares, su puesta en funcionamiento se ha encontrado con algunas serias contradicciones.
La primera es su enfoque pragmático, por otra parte obligado, que ha servido a muchos gobiernos como coartada para no avanzar seriamente en la misma con la excusa de su situación económica y social. La segunda es que no hace suficientemente hincapié en la necesidad del acceso gratuito a las prestaciones necesarias incorporando copagos para las mismas, lo que va unido a la definición de “paquetes básicos” de prestaciones asistenciales que en algún país han supuesto un retroceso sobre lo existente en manos de gobiernos neoliberales (por ejemplo en Argentina) y por fin la utilización de esta ampliación de cobertura para potenciar seguros privados y provisión por empresas privadas financiados en todo o en parte con fondos públicos lo que al final ha favorecido el deterioro y desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos preexistentes (Argentina, México) o unos costes muy superiores al desarrollo de la Sanidad Pública dejando en manos las prestaciones de multitud de organizaciones privadas (Chile).
La situación en España
Curiosamente el mayor énfasis de la OMS en avanzar en la cobertura universal coincidió con la aprobación del RDL 16/2012 que era un ataque en profundidad al sistema universal realmente existente en nuestro país, aprobado por el Gobierno del PP a pesar de que en los foros internacionales (por ejemplo, la Asamblea de la OMS) apoyo sin rechistar la estrategia de la CSU.
Aunque el Gobierno actual aprobó el RDL 7/2018 denominado de Sanidad Universal, la realidad es que sigue habiendo serios problemas en nuestro país el acceso de las personas a las prestaciones sanitarias que necesitan. Primero para los propios inmigrantes no regularizados, ya que la convocatoria electoral dejo en el limbo el reglamento que había de desarrollar el RDL 7/2018 y algunas de las CCAA se aprovechan para ponerles múltiples trabas; y no digamos la propuesta de la ultraderecha de denunciar a los no regularizados que sean atendidos en el sistema sanitario. Otra fuente de exclusión son los copagos farmacéuticos, que según el último Barómetro Sanitario (2018) impedían a 1,4 millones de personas retirar medicamentos prescritos por sus médicos con los previsibles efectos que ello tendrá para su salud y que no han sido evaluados por las autoridades sanitarias. Finalmente, están las listas de espera que cuando se prolongan excesivamente, lo que ocurre ahora mismo según todos los indicadores disponibles, suponen una verdadera barrera de acceso a prestaciones necesarias, además de una fuente de inequidad, y de fomento de la privatización, porque quienes tienen medios económicos suelen solventarlas en el sector privado.
¿Que se puede hacer?
La propia OPS señala las tareas para cada nivel de responsabilidad
- Las administraciones publicas deben escuchar a quienes defienden la ampliación y la calidad de la cobertura universal
- Los profesionales de la salud pueden debatir y hacer propuestas para mejorar y extender la atención sanitaria de calidad
- La ciudadanía debe exigir su derecho a la salud, comunicar sus necesidades, opiniones y expectativas sobre los recursos, organizar debates y actuar para que las administraciones públicas pongan en marcha estrategias que favorezcan la salud para todas las personas
- Los medios de comunicación, difundir las experiencias que fomentan el acceso de las personas a servicios de calidad, insistir en la responsabilidad de los poderes públicos en cumplir sus compromisos en materia de salud y crear espacios de dialogo entre administraciones, profesionales y población.
- Y los tres generar alianzas que fomenten la salud y refuercen los sistemas sanitarios.
En casi todo el mundo, coincidiendo con el 7 de abril o en fechas próximas, se han programado actividades y movilizaciones diversas que entroncan con la situación de cada país. En España los temas que se abordan son las listas de espera y el deterioro de la Atención Primaria.
Unas ultimas reflexiones, para garantizar la CSU es preciso una financiación sanitaria suficiente, para lo que se precisa un sistema fiscal potente y equitativo (es decir, en el que paguen mas los que mas tienen), la inexistencia de barreras de acceso a las prestaciones necesarias (económicas, demoras, etc.) y un sistema sanitario público para anteponer los derechos de las personas a una atención sanitaria de calidad por delante de los beneficios económicos de las empresas.
Los años de la crisis en Atención Primaria. (3) La opinión de la población
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Fuente: https://www.actasanitaria.com/los-anos-de-la-crisis-en-atencion-primaria-3-la-opinion-de-la-poblacion/
Autor: Carlos Sánchez Fernández, Fernando Villaverde Espinosa y Marciano Sánchez Bayle
Con este artículo, dedicado a la opinión de los ciudadanos sobre la Atención Primaria (AP), se cierra la serie de tres en que, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se ha analizado su evolución en los años de crisis económica.
La opinión de la ciudadanía es un factor clave a la hora de analizar el funcionamiento de la Atención Primaria (AP) y para ello hemos analizado la información que se recoge en el Barómetro Sanitario, sobre el que conviene hacer algunas matizaciones.
La primera de las cuales es que, aunque el número global de encuestados es bastante representativo (alrededor de 7.500 en todo el país, varía según los años), cuando se desagrega por Comunidades (CCAA) algunas, por su población, tienen pocos encuestados, la que menos La Rioja, 52 encuestas en 2018, por lo que en estas los resultados tienen que ser vistos con prudencia. Obviamente Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia tienen muestras muy importantes. La segunda es que algunas preguntas “desaparecieron” en los últimos Barómetros (probablemente porque los resultados no convenían a las autoridades sanitarias del momento). Y la última es que la formulación de algunas preguntas cambió, con lo que los resultados no son estrictamente comparables o debe de hacerse esta comparación con prudencia. Por otro lado, hemos utilizado, cuando era posible, la comparación entre 2010 y 2018 (el último Barómetro publicado) y, en algún caso, con años anteriores.
Valoración positiva
En general, y como sucede con todos los servicios analizados, la valoración de quienes utilizan la Atención Primaria (AP) es bastante buena y esta permanece casi igual en el tiempo, tal y como se observa en la Tabla siguiente en la que la consideración de que la atención recibida fue buena o muy buena creció en 0,23 y superaba en promedio el 86%. Los datos por CCAA evidencian que disminuyó la valoración en 8 ellas y que solo en un caso esta valoración baja del 84% en 2018, superando este año en tres comunidades el 90% (Aragón, Castilla La Mancha y Cantabria).
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/03/Tabla-1-1-300x222.jpg 300w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; display: block;">
La puntuación que se realiza del servicio sanitario es también favorable (> 7) con excepción del tiempo que tardan en verlo desde que piden la cita (6,44) y el tiempo que tardan en realizarle las pruebas diagnósticas (5,45). Como era de esperar, de acuerdo con lo señalado anteriormente, estas dos últimas preguntas desaparecieron en Barómetros posteriores.
Otro asunto importante es la preferencia por la AP de la Sanidad Pública. La siguiente tabla recoge la comparación de los resultados de la pregunta “¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría la AP de la Sanidad Pública?”. Como se ve, se sigue prefiriendo mayoritariamente la Sanidad Pública y esta preferencia ha crecido en 4,34 puntos en el conjunto del país. En este asunto las diferencias entre CCAA son mayores. En dos CCAA (Baleares y Canarias) esta preferencia en 2018 no alcanza el 55%, y solo en una (Asturias) supera el 80% (85,7%).
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/03/Tabla-2-1-150x150.jpg 150w, https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/03/Tabla-2-1-298x300.jpg 298w" sizes="(max-width: 407px) 100vw, 407px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; display: block;">
Sector público vs sector privado
Cuestión diferente es el resultado de analizar las veces que durante el último año acudieron las personas encuestadas al sistema público y al sector privado, produciéndose un crecimiento en ambos casos (un 4,87% más en el caso de la Sanidad Pública y un 26,47% en el de la medicina privada). Como siempre, con gran variabilidad interautonómica, pero llaman la atención los casos de Canarias (de 0,44 a 0,76), Murcia (0,07 a 0,69), Cataluña (0,44 a 0,64), Madrid (0,42 a 0,61) y Cantabria (0,20 a 0,57). Una deriva preocupante que demuestra que el deterioro del sistema público (en este caso, la mayor presión asistencial que ya señalábamos en el artículo anterior y las importantes demoras en las citas) acaba “favoreciendo” la utilización del sector privado.
Durante el último año ¿cuántas veces acudió a un medico de cabecera de la Sanidad Pública, y cuántas a uno privado?
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/03/Tabla-3-1-300x224.jpg 300w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; display: block;">
Congruente con esta situación son los resultados de la tabla siguiente que comparan la evolución de quienes pensaban que la AP había mejorado y empeorado en los últimos cinco años. (Utilizamos los resultados de 2010 y 2016 porque, a partir de este año, la pregunta “desapareció” del Barómetro).
Ya se ve que en estos años el porcentaje que piensa que había mejorado la AP disminuyó en 21,83 puntos y quienes piensan que había empeorado aumentó significativamente (+13,3 puntos). Las situaciones más llamativas en cuanto a quienes piensan que había empeorado la AP se dan en Cataluña (+18,84), Andalucía (+18,07), Madrid (+16,92), Castilla La Mancha (+16,48) Baleares (+ 14,85) y Castilla y León (+14,61). Como se ve (y con la limitación de que no se analiza el mismo periodo), coinciden bastante con aquellas CCAA donde más aumentaron las consultas de AP en el sector privado.
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/03/Tabla-4-2-300x224.jpg 300w" sizes="(max-width: 578px) 100vw, 578px" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; display: block;">
Demoras en las citas
Por fin vamos a revisar las demoras en las citas de AP, un caso este en que las preguntas concretas han cambiado con el tiempo, pero teniendo en cuenta esta limitación hemos elaborado la tabla siguiente en la que se ve la evolución de las demoras en las citaciones.
En 2010, el 44,5% señalaba que le daban cita “siempre o casi siempre” en 24 horas y, en el 2018, el 47,5% decía que le atendieron “ese día o el siguiente”, por lo que parece que la situación no ha cambiado mucho a nivel global, aunque la distribución en 2018 ofrece una gran variabilidad (entre el 82,8% y el 21,3%).
Hemos recogido también el porcentaje que dice que fue citado con más de seis días de demora: nada menos que el 24%, situación presente en todas las CCAA, en algún caso con porcentajes muy escandalosos (el 48,2% en Cataluña, 22,7% en Baleares y 20,8% en Valencia). Por otro lado se detectan citas con más de 10 días de demora en un 6% en todo el país. De nuevo, con la peor situación en Cataluña (el 18,1%).
Lógicamente, la mayoría de la población (66,1%) se muestra disconforme con la fecha en la que le dieron la cita y solo en Galicia hubo mayor porcentaje de personas que le pareció bien el día que le atendieron (51,2%).
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Como era de esperar existe una relación inversa entre el porcentaje de personas a las que atendieron ese mismo día o el siguiente con el número de consultas anuales en el sector privado (que supera el promedio de consultas privadas en el 75% de las CCAA con menor porcentaje de citas en 48 hs, frente al 15,38% en el caso de las que tienen un mayor porcentaje, diferencia significativa p = 0,022). Es decir las mayores demoras en las citaciones favorecen la mayor utilización del sector privado. Se podría decir que “expulsan” a la población hacia la privada porque, cuando una persona recibe cita para 4-5-6 y no digamos 11-12 días en AP, tiene tres opciones: esperar a que su problema de salud se solucione espontáneamente o que empeore; acudir a la urgencia (generalmente hospitalaria, que ha crecido un 13,65% entre 2010 y 2016); o, si su economía se lo permite, irse a la medicina privada.
A modo de conclusión
La ciudadanía tiene en gran aprecio la AP pública, a la que elige de manera preferente sobre el sector privado, elección esta que se ha incrementado con la crisis. Asimismo, porcentajes muy amplios refieren que su atención ha sido buena o muy buena y dan un notable a la actuación de los profesionales. De todas maneras detectan que la AP ha empeorado en los últimos cinco años.
El principal problema está en las demoras en las citas, que cuestionan seriamente la accesibilidad y la continuidad y que, probablemente, son la causa del aumento de las urgencias hospitalarias, y del crecimiento de las consultas al médico general en el sector privado durante este tiempo.
La accesibilidad y la continuidad son dos de las principales características de la AP. Para garantizarlas hay que asegurar que más del 95% de la demanda se atiende en 48 horas. Nos tememos que, si esto no se asegura, seguirá el aumento de la utilización del sector privado, generador de exclusiones y desigualdades, y abriría paso a la liquidación de la Sanidad Pública. Por supuesto y como ya señalamos en artículos anteriores, para evitarlo hay que incrementar de manera sustancial los presupuestos y los recursos profesionales de la AP, porque dotación presupuestaria y de personal, demoras en la atención y huida hacia el sector privado están interrelacionadas.
Los años de la crisis en Atención Primaria. (2) Recorte en los recursos humanos
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Fuente: https://www.actasanitaria.com/los-anos-de-la-crisis-en-atencion-primaria-2-recorte-en-los-recursos-humanos/
Autor: Carlos Sánchez Fernández, Fernando Villaverde Espinosa y Marciano Sánchez Bayle
En un artículo anterior señalábamos cómo habían evolucionado, a la baja, los presupuestos sanitarios en el total del país y las diferencias entre CCAA. En este pretendemos ver el impacto que estos recortes han tenido sobre los recursos humanos de la Atención Primaria centrándonos en cuatro categorías profesionales: medicina de familia, pediatría, enfermería y personal administrativo.
Para poder utilizar datos homogéneos que nos permitan realizar comparaciones entre las Comunidades Autónomas (CCAA) utilizamos las ratios de población por profesional, porque además nos permiten tener una idea de la presión asistencial de los mismos, usando para ello los datos disponibles en el portal estadístico del Ministerio de Sanidad que, si en el caso del gasto sanitario se quedaba en 2016, en este ofrece datos hasta 2017 (un momento en teoría más favorable económicamente). Por otro lado, conviene tener en cuenta que la población durante este periodo disminuyó ligeramente según el INE, pasando de 46.815.516 personas, en 2010, a 46.609.652, en 2013, y a 46.528.966, en 2017. Es decir, 286.550 personas menos (6,12% menos) aunque de nuevo con muchas diferencias entre CCAA porque, pese a ello, tienen un ligero crecimiento ocho de ellas.
La tabla siguiente recoge la evolución de población entre 2010 y 2017 (en %) según las diferentes CCAA (en negrita las que tuvieron crecimiento de población)
Es importante tener en cuenta este dato, porque la población asignada por profesional, al disminuir la misma un 6,12%, debería haber disminuido en igual proporción; y, si no lo hace así, evidencia que se ha producido un recorte en las plantillas.
Población por médico/a de familia
La población por médico/a de familia en el total del país disminuyó en el período (2010/2017) en un 2,93%, es decir menos que la disminución de la población, que recordemos lo hizo en un 6,12%, lo que significa que se perdieron puestos de trabajo globalmente en esta categoría profesional.
Esta situación sin embargo no se produjo en todas las CCAA, ya que aumentó la ratio de población en cuatro de ellas (Baleares, Madrid, La Rioja y Asturias) y, aunque el efecto del aumento de población puede haber tenido algún impacto en las dos primeras, en todo caso pequeño porque en Baleares el aumento es porcentualmente 10 veces mayor y en Madrid 2,61, pero en el caso de La Rioja y Asturias es poco comprensible porque disminuyó la población de manera significativa
Aunque el promedio de personas asignadas por profesional de medicina de familia da una idea general de la situación, es obvio que hay una gran dispersión de los datos, por lo que conviene también tener en cuenta otro dato relevante, como es el porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI (1.500 TSI es el límite que se considera recomendable no superar) y el % que tiene más de 2000 TSI (un caso evidente de sobresaturación). Como siempre la variabilidad entre CCAA es importante, como se ve en la tabla siguiente:
Profesionales de medicina de familia por tramos de población asignada
Lo primero que queda claro es que el porcentaje con más de 1.500 TSI es elevado y que ha disminuido ligeramente en este tiempo (45,11% en 2010 y 41,49% en 2017); pero, por el contrario, el porcentaje de quienes tienen más de 2.000 TSI se ha incrementado (0,45 puntos) lo que no parece justificable.
La disminución del % con más de 1.500 TSI se produce en la mayoría de CCAA (para Cataluña no hay datos de 2017), excepto en Andalucía (de manera irrelevante = 0,03%), La Rioja (donde pasa de 0 a 24,42%) y Baleares (donde aumenta 4,01 puntos, alcanzado el intolerable 85,26%). Entre las que disminuyen, llama la atención el caso de País Vasco (disminuye 21,56 puntos), Navarra (18,92) y Valencia (16,45), dándose el caso de que las dos primeras habían aumentado su población.
Si vemos las que tienen mayores porcentajes de más de 2.000 TSI por profesional en 2017, dos están a la cabeza, muy lejos del resto: Madrid (7,81%) y Baleares (7,46%). Lo más llamativo es el caso madrileño donde este porcentaje casi se ha duplicado desde 2010 (4,25%), mientras que en Baleares ha bajado ligeramente desde entonces.
Población infantil por pediatra
Las ratios de población infantil por pediatra han mejorado globalmente, pasando de 1.037, en 2010, a 1.018, en 2017 (- 1,83%) y, de nuevo, con gran variabilidad interautonómica. Todas las CCAA, excepto seis (Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, País Vasco y la Rioja), experimentan una disminución de las ratios, volviendo a sorprender el caso de Madrid que se coloca a la cabeza (crecimiento del 6,31%) y en una situación preocupante.
Situación de enfermería
La situación de enfermería es especialmente preocupante. Como es conocido, en España existe un déficit muy importante de estos profesionales: así, mientras la densidad de profesionales de enfermería /1.000 habitantes es de 9 de promedio en la OCDE, en nuestro país es de 5,5, según OCDE Health Data 2018. Además, mientras en la mayoría de los países la ratio profesionales de enfermería/ de medicina en AP es de 2 ó 3, en España es de 0,87 de promedio y está por debajo de 1 en todas las CCAA, con excepción de Navarra.
En el período analizado ha habido una ligera disminución de la población asignada por profesional de enfermería, el 3,63% (59 personas menos), inferior al descenso de población, lo que significa que ha habido una disminución del número total de estos profesionales en AP. El descenso ha sido casi generalizado (excepto en cuatro CCAA: Asturias, Baleares, Cantabria y Madrid). De nuevo llama la atención el caso madrileño donde se alcanza la peor posición de todo el país, nada menos que 469 más que el promedio, el 30,31% más, una situación intolerable.
Personal administrativo
En cuanto al personal administrativo, de nuevo nos encontramos con una carencia preocupante. A pesar de ello, las ratios de TSI/administrativo disminuyeron un 5,55% (169 menos de promedio) y, otra vez, con gran variabilidad entre CCAA: incrementos en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria y Castilla y León. En este caso, como en el de la enfermería, la ausencia de personal hace que se trasladen hacia otros profesionales de manera ineficiente tareas que podrían resolverse por estos trabajadores y que crean cuellos de botella y sobrecargas en la asistencia.
Falta de profesionales cualificados
Una cuestión que merece un comentario específico es la problemática en que se encuentra la AP de falta de profesionales cualificados en varias categorías (medicina de familia, pediatría, etc.). Hay que dejar claro que se trata de un déficit provocado por una política miope de recortes en la formación de especialistas llevada a cabo pro los gobiernos del PP. Así el número de plazas convocadas en el MIR pasó de 7.288, en 2010, a 6.682, en 2013, 6.968, en 2016, y 6.325, en 2017.
Lógicamente, esto supone una disminución de los especialistas que terminan la formación correspondiente. CCOO ha calculado que, entre 2010 y 2018, se perdieron 298 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 93 plazas de pediatría y 1.051 plazas de medicina familiar y comunitaria (MFyC), lo que, unido al aumento de la emigración de profesionales (habitualmente a países con mayor densidad de los mismos) ha generado la situación actual.
Además se produce una baja utilización de la capacidad docente de MFyC, de las que fueron ofertadas solo el 88,19% de las plazas acreditadas en 2012, el 81,67 en 2013 y el 92,07% en 2018 (resultando llamativo que en Madrid se produjera este año una disminución de la oferta de 2,2 puntos y en La Rioja de 15), lo que demuestra que sigue existiendo un margen amplio para paliar la falta de especialistas y que algunas de las CCAA siguen apostando por no solucionar el déficit.
Presión sobre los profesionales de AP
En resumen, en España hay una gran presión sobre los profesionales de AP, que no se ha reducido durante la crisis, cuando la disminución de la población podría haberse aprovechado para acortar significativamente los ratios de población por profesional. Existe una situación especialmente preocupante en el caso de enfermería, que tiene una falta de recursos muy importante que habría que intentar paliar de manera urgente.
Hay que ser conscientes de que las carencias de personal de enfermería y administrativo acaban suponiendo una sobrecarga de actividades inapropiadas a los profesionales médicos, generando problemas importantes (saturación de consultas, poco tiempo de atención efectiva, demoras en las citas, etc.). Por otro lado, se detecta una errónea política en las convocatorias MIR que ha generado falta de especialistas, que parece estarse corrigiendo en esta última convocatoria, pero que no tendrá efectos sobre el sistema hasta dentro de cuatro años.
Existe por otro lado una gran variabilidad en las dotaciones de profesionales entre las CCAA, llamando la atención los casos de Madrid y Baleares en cuanto a la gran presión de profesionales de medicina y enfermería, que no parecen tener justificación. En cualquier caso, entendemos que es necesario un incremento sustancial de las plantillas para que no existan profesionales médicos y de enfermería con más de 1.500 TSI asignadas. Por supuesto, lo ideal sería establecer unos límites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, dispersión, etc., así como aumentos en pediatría y en personal administrativo.
