Tras mes y medio de protestas, encierros, manifestaciones, parodias de entierros, etc., en las que han participado de manera masiva la población de Verín, para hacer frente a la supresión de la sala de partos del Hospital Comarcal, el gobierno gallego ha anunciado la contratación urgente de dos pediatras para garantizar la atención de los recién nacidos en este hospital.

Los antecedentes de esta situación habría que encontrarlos en la política sanitaria de la Xunta de Galicia basada en cuatro tres grandes objetivos:

Recurrir a la Colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar los nuevos centros sanitarios; poner la Investigación, la innovación y el desarrollo (I+D+I) del sistema sanitario público al servicio del sector empresarial para favorecer su negocio con fondos y recursos públicos. Los centros públicos (a través de las Fundaciones Hospitalarias controladas por la industria farmacéutica y las multinacionales sanitarias) pueden suscribir contratos o convenios con otras entidades públicas y/o privadas para llevar a cabo proyectos de investigación o innovación de nuevos productos o tecnologías sanitarias, cuyas patentes serán propiedad exclusiva de las empresas privadas. El convenio con la multinacional norteamericana Medtronic en las que la sanidad pública pone el dinero, el personal y los recursos de tres grandes hospitales para desarrollar y experimentar con los pacientes nuevos aparatos que la multinacional (que controla el área del corazón) ofertará al mercado para su propio beneficio.

Externalizar todos los recursos estratégicos de la Conselleria de Sanidad (sistema de información, historia clínica y receta electrónica, central de llamadas, servicios de citaciones de pacientes, planificación sanitaria, logística, etc.) poniendo en manos de multinacionales la planificación estratégica y el control del sistema.

Recortar los servicios hospitalarios para favorecer la concertación de la actividad quirúrgica y diagnostica con los hospitales privados que están siendo mayoritariamente adquiridos por grandes multinacionales y consorcios hospitalarios privados, con intereses cruzados con el Partido Popular y su entorno como Quiron- Fresenius, HM Hospitales o Laboratorios Vithas).

Desmantelar la estructura organizativa y funcional del sistema y recentralizar la gestión de los recursos, suprimiendo áreas sanitarias, eliminando servicios de los hospitales comarcales, y sometiendo la Atención Primaria a las gerencias hospitalarias, para lo que modificó la Lei Galega de Saúde en el año 2008. Este cambio suprimió también los órganos de participación social y sindical que perdieron así el derecho a recibir información sobre los contratos de servicios sanitarios, conciertos y programas de subvenciones.

La aplicación de estas medidas explican el cierre del paritorio de Verín y de otros muchos servicios en este centro y en los hospitales comarcales de Valdeorras, Monforte, O Salnes o Burela y el retroceso y marginación de la Atención Primaria que ha perdido personal, recursos y capacidad de autogestión, quedando sometida a las gerencias y jefaturas de servicio hospitalarias que dictan y deciden los que debe hacerse en los Centros de Salud.

Feijoo carece de capacidad para gestionar los recursos públicos (pese a la fa que le acompaña en el resto del Estado) y su acción de gobierno se basa en la mentira y el engaño sistemático. Sirva como ejemplo el caso de Verín cuyo paritorio se cerró en base a dos criterios: Que el número de partos atendidos anualmente en el Centro no cumplían la norma de 600 partos anuales, cifra que no cumple ningún comarcal de Galicia (y especialmente los centros privados); y en segundo lugar la falta de pediatras, pero ahora, y por arte de magia, se podrá disponer de dos de estos especialistas de manera inmediata (habría que añadir que la falta de pediatras es la consecuencia de la falta de planificación según las necesidades asistenciales) y a una política de personal basada en la precariedad y la explotación laboral que hace que en su gran mayoría huyan de Galicia para ejercer su profesión.

Feijoo ha ido cambiando su discurso a lo largo de estos dos meses como consecuencia del enorme rechazo y movilización social y profesional en el área, que ha obligado al presidente de la Diputación de Ourense (de la saga Baltar) a oponerse a la medida para evitar un desatare electoral o que una concejala del PP de la Gudiña se haya negado a ser trasladada al Hospital de Ourense para dar a luz.

El deterioro de la sanidad pública y la movilización social y profesional suponen un punto de inflexión en la política Gallega.

El deterioro de la Atención Primaria hace que desde el mes de abril se hayan multiplicado las movilizaciones profesionales con un importante apoyo social, sucediéndose las huelgas, concentraciones delante de los Centros de Salud y grandes manifestaciones.

La opacidad y manipulación de las listas de espera y las saturaciones periódicas de las Urgencias están generando un gran malestar y frustración socia. Aunque está creciendo la contratación de seguros privados, mucha gente no pueden acceder a los mismos por problemas económicos (y por su baja calidad).

Los cientos de recortes de plazas sanitarias y a precariedad laboral de buena parte del personal ha generado un clima laboral irrespirable en numerosos centros y servicios. Esta situación, a pesar de la propaganda de la Xunta, esta lejos de solucionarse sin introducir un cambio estratégico en la política de personal.

Por primera vez la sanidad pública está en la agenda política dado que los partidos de la oposición, los sindicatos y organizaciones sociales la consideran un problema prioritario que va a estar en el núcleo duro de la batalla política en las nuevas elecciones. Verín es un claro ejemplo del malestar social y de la gran preocupación de Feijóo por sus costes electorales.

La Plataforma SOS Sanidade Pública, alianza que agrupa a sindicatos, organizaciones vecinales y de pacientes, asociaciones profesionales, partidos políticos, ha convocado una gran manifestación el día 9 de febrero en Santiago para hacer frente a esta situación. Es de esperar que sea el punto de no retorno para el cambio en la sanidad pública gallega, hegemonizada hasta ahora por las políticas neoliberales del PP basadas en el deterioro, desmantelamiento y la privatización, para abrir paso al sector privado.

Últimamente hemos podido ver en los medios de comunicación, (TV, radio, prensa), noticias referidas a la lista de espera quirúrgica (LEQ), con titulares si no alarmantes, al menos inquietantes. Nunca se aportan soluciones y el tema, que es recurrente, solo sirve para que los políticos de turno lo utilicen como arma arrojadiza.

Curiosamente siempre se hace referencia a la LEQ, y nada se dice de las LE médicas, ya sea en  Atención Primaria, en Consultas Externas o en pruebas diágnosticas como la TAC, RMN, PET-TAC o una simple Radiografia, siendo que esta LE es fundamental para valorar y diagnosticar a los pacientes y así poder asignarles una prioridad. En la LEQ estructural, los pacientes, al menos,  ya estan  diagnosticados y se sabe su prioridad.

No obstante no podemos restar importancia a unes cifras de LE tan elevadas, pues son un problema grave y, lo que es peor, causa de desigualdades. Estas desigualdades  afectan fundamentalmente a las persones más pobres del sistema que según el informe AROPE 2019, son ya un 26% de la población (más de 12 millones). Somos el tercer estado con mayor desigualdad con respecto a los estándares europeos.

La solución siempre ha sido aumentar el presupuesto para destinarlo fundamentalmente, por un lado, al “plan de choque”, (derivación de pacientes a hospitales privados) y por otro lado, a los “autoconciertos”, conocidos como peonadas, (prolongación de la jornada laboral por los mismos profesionales del sistema público). Como se ha podido comprobar solo ha servido para paliar las LE.  

El camino, al ser multifactorial, es difícil y complicado, pero necesariamente  ha de suponer un cambio a medio y largo plazo tanto en la gestión y planificación sanitaria por parte de la Administración, como en una mejor gestión clínica de los profesionales (medicina y enfermeria) y una participación “horizontal” entre administración, profesionales y ciudadanos. Todo ello unido a un incremento del gasto destinado  a la sanidad pública.

Así pues la Administración debe posibilitar los medios para que haya una información homogénea mediante un sistema informático que monitorice y permita evaluar a todos y cada uno de los centros y a su personal, única forma de optimitzar  los recursos humanos, a veces no es cuestión de aumentar plantillas si no de redistribución de las mismas. Periódicamente se debe depurar la LE, pues la situación clínica varía y en algunas ocasiones no será necesaria intervención alguna. Además se debe exigir que las pruebas diagnósticas y las consultas no se dupliquen, cosa que ocurre con frecuencia y, sobre todo, cuidar que la información, el trato y la accesibilidad al sistema sean las óptimas. Todo esto no será posible sin una gestión profesional al frente, que a dia de hoy, desgraciadamente, es una carencia importante, al primar generalmente la afinidad política.

El mejorar la gestión clínica supone la elaboraración de “Guias Clínicas”, implicando a los profesionales sanitarios, tanto de  la Atención Primaria como de las diferentes especialidades, con el fin de  disminuir la variabilidad de la práctica clínica y evitar en lo posible entradas inadecuadas en LE. Controlar cualquier actuación no indicada tanto diagnóstica como terapéutica. Priorizar  el orden de la LE, en primer lugar por criterios clínicos, después por situación sociolaboral y finalmente por antigüedad. Aumentar la Cirugia Mayor Ambulatoria, conocida como cirugía sin ingreso. Y poder premiar a aquellos  profesionales que cumplan los objetivos mediante unos incentivos adecuados.

Finalmente hay que potenciar la participación real, no formal como hasta ahora, mediante los consejos de salud en los centros y departamentos  contando con  los profesionales, los ciudadanos y la administración. Ello no será posible sin que unos y otros  cedan poder, pues solo desde la horizontalidad será posible la verdadera participación.

Todas estas medidas implican a todos los actores: administración, profesionales y ciudadanos, con el objetivo claro de mejorar nuestro sistema sanitario público, y una vez consensuadas, deberían  ser de obligado cumplimiento. Sólo así, tanto profesionales como ciudadanos gozaremos de una mayor satisfacción.

Hace poco se ha producido una sentencia del Tribunal Constitucional  (TC) que avala el despido de un trabajador por haber tenido varias bajas de corta duración que estaban justificadas por su médico. La sentencia da por buena la modificación que se produjo en 2012 (durante el gobierno de Rajoy) del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que con este cambio dice textualmente: «El contrato podrá extinguirse: 1. d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.»

Hay que tener en cuenta que el artículo no incluye las bajas debidas a accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedad y accidente con baja de duración mayor de 20 días, debidas a cáncer o enfermedades graves o en personas con discapacidad.

Las bajas médicas que sí pueden ser objeto de despido son las que superen el 20% de días de trabajo hábiles en un periodo de dos meses continuados, siempre que el total de días de ausencia sea como mínimo el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en un periodo de 4 meses discontinuos, dentro de un periodo de 12 meses.

Estas medidas se adoptaron partiendo de una “fake news” que es utilizada con frecuencia y que dice que en España el absentismo es muy elevado, lo que no se corresponde con la realidad. En 2018 Eurofund situaba el absentismo laboral en España  en el 27,3% (los que habían faltado al trabajo aunque fuera un solo día en el último año por motivos de salud), frente al 45% de promedio en Europa. Conviene tener en cuenta que existe una relación inversa entre riqueza de los países y absentismo, así los que tienen mas absentismo están países como Finlandia, Dinamarca, Suecia y Alemania, y entre los que menos Portugal, Rumania, etc.

Las bajas son más frecuentes entre los trabajadores mas mayores, lo que parece lógico porque se trata de personas con más probabilidad de tener enfermedades crónicas

El coste para las empresas de las bajas ha ido disminuyendo con el tiempo desde el 12,9% en 2008, hasta el 12,1% en 2017 y el 9,19% en 2018, o sea que tampoco es un problema económico muy relevante.

Contra lo que se suele pensar no hay una gran diferencia entre el absentismo en el sector público y el privado que se mueve alrededor del 2,5% en la ultima encuesta de población activa.

Otra cuestión a tener en cuenta es el impacto que puede tener el acudir al trabajo estando enfermo, tanto para los propios trabajadores como para el resto de la población. Según la Encuesta nacional de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 41% de los trabajadores afirmaron haber ido a trabajar estando enfermos en los últimos 12 meses, en 2015, mientras que en el 2010 fueron el 35%.

Es un tema importante porque un trabajador enfermo corre riesgos para su salud, que previsiblemente se deteriora, y tiene mayores riesgos de accidentes de trabajo. Por otro lado, pone en riesgo a la población a la que presta sus servicios porque disminuyen su capacidad de atención y sus habilidades ¿Viajarían los señores del TC en un avión o en un autobús sabiendo que el piloto o el conductor están enfermos? ¿dejarían que les opere un cirujano enfermo?,  probablemente cambiarían de opinión.  Además en aquellos trabajos que se realizan cara al público supone un riesgo para las personas a las que atienda en el caso de enfermedades infectocontagiosas. Un buen ejemplo es la gripe y la insistencia de las autoridades sanitarias en que se produzca la vacunación de los trabajadores de la Sanidad precisamente para evitar que se conviertan en un foco de extensión de la enfermedad.

O sea que existen serias razones de interés general para que un trabajador enfermo no este en su puesto de trabajo, algo que no ha considerado la sentencia del TC

Evidentemente se trata de una sentencia vergonzosa que, una vez mas, pone en cuestión a la justicia española y que es probable que acabe siendo  rectificada por los tribunales internacionales. En todo caso, y de manera urgente, hay que exigir al Gobierno y al parlamento que cambien esta legislación tan regresiva y tan lesiva para los intereses y la salud de las personas.

Las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública llevamos años denunciando el deterioro creciente que sufre el Sistema Sanitario Público Andaluz, fundamentalmente producido por los recortes que han sufrido de forma progresiva los presupuestos sanitarios andaluces desde 2010, desencadenados para solventar la crisis financiera de la banca española. Los gobiernos anteriores, que han llevado a cabo estos recortes, han conducido a que Andalucía sea la Comunidad Autónoma con menor financiación, con menor número de médicos, enfermeros y camas por mil habitantes en toda España. Este hecho explica gran parte del deterioro creciente del Servicio Sanitario Público Andaluz.

No obstante, con la llegada del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos apoyado por VOX, la situación ha empeorado sustancialmente hasta llevar a que la consideremos una situación crítica. No es sólo que estos partidos quieran continuar con los recortes y aumentar la privatización de parcelas de la atención sanitaria, sino que quieren sentar las bases administrativas para desmantelar el Sistema Sanitario actual y aplicar el modelo que han instaurado en las Comunidades Autónomas en las que han gobernado con mayorías suficientes. Para ello usan fórmulas que persiguen que los intereses privados sean los prioritarios y los encargados de gestionar directamente la mayor parte de lo público, mientras que este último sector se sigue encargando de aportar los recursos humanos y presupuestarios. Es el negocio perfecto, lo público gasta y lo privado gestiona. Cuando fracasan estos proyectos, se rescatan con nuevo dinero público (ejemplo Hospital de Alcira). El final de este proceso, que no es nada nuevo (lo comenzó Thatcher en el Reino Unido hace décadas e, incluso antes, lo instauró el sistema sanitario estadounidense), es generar categorías entre los ciudadanos, que son atendidos dependiendo de la magnitud de la cuota abonada y de la empresa privada de seguros que puedan contratar. Aquellas personas sin recursos para adquirir estos seguros serán atendidas en un sistema público residual y deteriorado (a semejanza de la antigua Beneficencia). La ciudadanía luchó duramente en el pasado por disponer de una Sanidad Pública universal, gratuita y de calidad, y consiguió uno de los sistemas de salud mejores del mundo. Por ello el actual proceso de deterioro y desmantelamiento representa un retroceso histórico de más de cuarenta años para la Sanidad Pública andaluza y española y, en definitiva, para la mayoría de la población.

Mantener el deterioro actual del Sistema Sanitario Público es fundamental para implantar el proyecto político del nuevo Gobierno andaluz. Si no existieran listas de espera y falta de recursos en los centros sanitarios, les resultaría imposible intentar la modificación del internacionalmente prestigiado Sistema Sanitario Público español y andaluz. Así que la estrategia global es el vaciamiento presupuestario y el empeoramiento funcional progresivo de la sanidad pública, y la derivación creciente de fondos públicos para la expansión de las empresas sanitarias privadas. En ese contexto se explica el aumento incesante de los cierres de unidades, la disminución de las contrataciones, especialmente en los períodos vacacionales y en las bajas prolongadas por enfermedad o jubilación, los cierres de centros y de camas hospitalarias públicas, a veces temporales y otras veces permanentes. Con este método también se afecta a los trabajadores de la Sanidad Pública que permanecen en sus puestos, ya que están sobrecargados y con la obligación de prolongar sus jornadas laborales o la imposibilidad de gozar de descansos merecidos. Todo ello conduce al actual aumento de las listas de espera en todas las actividades sanitarias. En definitiva se trata de deteriorar y desprestigiar el Sistema Sanitario Público Andaluz para obligar a la población a contratar seguros con el sector privado.

Ante la amenaza para la Sanidad Pública que representa la política del Gobierno actual, la estrategia consensuada por las Mareas Blancas andaluzas es la de sumar todos los apoyos posibles para conseguir una movilización creciente ciudadana de protesta de todas las personas y organizaciones que defiendan a la Sanidad Pública.

GRAN MOVILIZACIÓN EL 26 DE ENERO

Nuestra intención es organizar el domingo día 26 de enero de 2020 manifestaciones y actos de protesta en defensa de la Sanidad Pública y en denuncia del deterioro e intento de desmantelamiento y privatización de la misma por parte del actual Gobierno andaluz. Ese mismo día y a la misma hora (las 12 horas) las convocarían las Mareas Blancas de cada provincia andaluza que están integradas en la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

sanidad publica andalucia

A continuación se resumen las circunstancias que justifican nuestra preocupación y el desarrollo del presente análisis sobre el peligro inminente que corre la Sanidad Pública en Andalucía:

El Gobierno actual reduce la recaudación de fondos públicos para desgravar a los más ricos (eliminación de impuesto de sucesiones y otros). En este contexto, se continúan los recortes que comenzaron hace una década en los Presupuestos Sanitarios del 2019 y 2020, no reponiendo las enormes pérdidas habidas, ni atendiendo las necesidades generadas en este tiempo por el envejecimiento creciente de la población y la incorporación de nuevos avances. Así, en la última década, se ha recortado más de 9000 M€ de los Presupuestos para la Sanidad Pública Andaluza; prácticamente, es como si se hubiera eliminado una anualidad completa.

En el Presupuesto del nuevo Gobierno (2019 y 2020) existe un aumento directo de las partidas destinados al sector privado (farmacia, prótesis, reactivos, conciertos, externalizaciones,…, 400 y 500 M€ más que en 2018, respectivamente). Mientras tanto, se reduce el gasto en personal. Además, se decide eliminar la subasta de medicamentos (200 M€ cada año más para las farmacéuticas).

Estos recortes y derivaciones de fondos son los que conducen actualmente al cierre de centros, camas, despidos y carencia de contrataciones necesarias, en definitiva a acentuar el deterioro existente, mientras se aumentan las partidas para el sector privado. Este proceso viene siendo especialmente duro para la Atención Primaria, que a pesar de ser una parte fundamental del sistema, está recibiendo el mayor desgaste.

Para transmitir que se está trabajando “en la mejora de la Sanidad Pública”, “se aumentan artificialmente las listas de espera (500.000 pacientes más???)” y, posteriormente, se anuncian a bombo y platillo “Planes de Acción” que son de dudosa eficacia. Así, el Plan de Choque anunciado en julio de 2019 para reducir las listas de espera (el 65% del dinero del cual se ha destinado al sector privado), se ha realizado con graves retrasos en los pagos y escasos resultados. Cabe pensar si la estrategia de estas acciones sea: “a pesar de nuestros planes de mejora, la sanidad pública no tiene arreglo… tenemos que modificar el sistema”.

Es un hecho constatado que con el nuevo Gobierno las formas en el trato de las autoridades con los profesionales sanitarios han empeorado, adquiriendo con frecuencia claros tintes autoritarios. La actuación del Gerente del SAS en la reunión con profesionales en el Colegio de Médicos de Sevilla del 9 de junio pasado o el último episodio con los médicos de urgencias y la expulsión de dos cardiólogas en el HARE de Vejer, son algunos de los muchos ejemplos de este cambio.

Se continúan usando las Unidades de Gestión Clínica (UGC), previamente denostadas, para la instauración de un factor de división de los profesionales sanitarios (reparto arbitrario de la productividad) y la introducción en la actividad sanitaria de objetivos economicistas y no consensuados.

Existe desde agosto pasado un borrador de Decreto Ley, en el que no se especifica la obligatoriedad de que los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud tengan incompatibilidades para su ejercicio profesional, permitiendo así simultanear su trabajo en los sectores público y privado. Es fácil imaginar las posibles consecuencias (colusión de intereses) que tendrá para el Sistema Sanitario Público Andaluz que los Jefes de las Unidades de Gestión Clínica o los Directores de centros públicos trabajen a la vez, quizá con cargos similares, en el sector privado.

Este nuevo Decreto Ley también contempla que la selección de los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud se hará mediante Tribunales donde la Dirección de centro nombra a 5 de los 6 vocales que intervienen. Esto es: selección de cargos a dedo, después de haber criticado con saña los “enchufes” en anteriores periodos.

Además se pretende eliminar el concepto del complemento de exclusividad que cobran los médicos que trabajan sólo en la Sanidad Pública. Ahora lo recibirán todos los médicos!!! Esta medida favorecerá el aumento del paso de médicos de la Sanidad Pública a la privada.

Ataque frontal a la sanidad universal mediante la instauración de medidas ilegales de control de los pacientes extranjeros.

En Andalucía hay una notable cantidad de profesionales con amplia experiencia de gestión de la Sanidad Pública. Sin embargo, de forma llamativa, los dos Gerentes del SAS nombrados hasta ahora por el nuevo Gobierno poseen experiencia relevante previa en el sector sanitario privado (VITHAS, en el caso del actual Gerente) o semi-privado, y escasa experiencia en el sector sanitario exclusivamente público.

La calamitosa gestión de la crisis de la listeriosis de este verano, que se salda sin ninguna autocrítica, y la reciente proclamación parlamentaria por parte de PP y Cs a instancias de VOX, de su intención de aumentar la concertación público-privada, son dos claros índices de las maneras e intenciones de este Gobierno.
La siembra para desmontar el Servicio Sanitario Público Andaluz y expandir el sector sanitario privado ha comenzado, ahora a esperar la recogida de los frutos para este último sector.

Por todos estos motivos, resumidos brevemente en estas líneas, es por lo que las Mareas Blancas están organizando actividades pedagógicas para informar a la población y está pidiendo a las organizaciones que defienden lo público que se sumen a una protesta ciudadana masiva, cuyo inicio se concretará en las manifestaciones y actos de protesta del día 26 de enero.