Fuente:https://www.saludadiario.es/opinion/la-cuenta-atras

Autor: Emilio Ramos Delgado

El día 10 de diciembre, el boletín oficial de las Cortes Generales publicaba el Informe emitido por la ponencia sobre la mencionada proposición de ley de eutanasia y este jueves ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados. 

Este hecho tan esperado va a suponer un alivio para todas aquellas personas que no quieren verse sometidas a un sufrimiento innecesario cuando no tienen otra alternativa razonable a su enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante.  

Se reconocerá, de esta forma, el derecho a decidir que asiste a cada persona en relación con el hecho de cuándo, cómo y dónde morir si nos encontramos ante procesos, como los ya referidos, causantes de sufrimiento y pérdida de calidad de vida. Por otro lado, la ley no obliga a nadie y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

¿El debate ha conseguido mejorar la propuesta original? En general hay cambios más bien de matiz pero no sustanciales tal y como exponíamos en un artículo previo cuando examinamos la propuesta inicial del PSOE, lo que probablemente obedece más a la prudencia del legislador que no a otras razones, al igual que el espíritu garantista al no suprimir los controles previos por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, si tenemos en cuenta lo observado al respecto en la legislación de otros países europeos.

Nos parece importante que se garanticen los medios necesarios para que la información llegue al solicitante de la prestación en un formato adecuado y comprensible a sus condiciones, hecho destacable al ser básico para que se tomen decisiones fundamentadas, quede claramente explícita su firme voluntad y la inclusión de todo tipo de documentos y diferentes pasos en su historia clínica.

También es importante el haber acotado los plazos de tiempo de una forma concreta, hecho que no se especificaba en la propuesta inicial. Dado lo burocratizado del proceso en sí, independiente de la necesidad, no se pueden dejar las actuaciones al plazo de tiempo más breve posible.

No obstante, debería haberse explicitado la ausencia de terminalidad si bien, parece inherente a las definiciones de padecimiento y enfermedad, al igual que la alusión a los problemas de salud mental. También, deberían haberse incluido otros tramos de edad, ya que no tiene sentido conceder al menor no emancipado legalmente, con un cierto grado de madurez suficiente, la capacidad para rechazar un tratamiento y no, la de solicitar una prestación eutanásica.

Otra cuestión que parece que se suscitó en el debate, está relacionada con el lugar donde practicar la prestación. Está claro que debe hacerse en todo centro público, privado o domicilio particular del solicitante, guardando las debidas condiciones, pero el problema está en si considerar una residencia el equivalente a un domicilio particular, sobre todo en el contexto de la epidemia que estamos sufriendo. En primer lugar, quién debería tomar la decisión del lugar en el que se debe realizar la manera elegida, es el solicitante en el supuesto de estar consciente, o en caso contrario, donde haya estipulado previamente o donde el responsable de tomar esa decisión diga. En segundo lugar, si vive en una residencia, ese debe de ser su domicilio y por lo tanto el lugar de aplicación. El problema estriba en que esta debe disponer de los espacios adecuados que cuiden los aspectos de intimidad y amparo familiar que se requieren, hecho a considerar evidentemente en una nueva organización de la atención a los ancianos.

En cuanto a la objeción de conciencia, debería quedar explicitado en el texto, que por el mero hecho de estar el/la solicitante en una institución religiosa, esta prohíba a sus trabajadores/as que hagan estas prácticas.

En relación con el médico consultor, dice que debe de ser un especialista en los padecimientos de estos pacientes. Estos pacientes deben de ser asistidos en Atención Primaria fundamentalmente, y por lo tanto, el médico consultor debe ser otro integrante del Centro de Salud, es decir un Médico de Familia y así debería figurar. En el caso de estar en el Hospital, debe de ser un internista. 

Como ya sugerimos en el artículo mencionado, el control previo del proceso que ha de llevar la Comisión de Garantía y Evaluación (mejor que de Control y Evaluación), debería haberse suprimido. Como ya comentamos, ayudaría a desburocratizar el proceso, evitaría dilatar el procedimiento, es una agresión al solicitante, desmotiva a las/os trabajadores sanitarios, produce un boicot a la realización de estas prácticas y no sirve para aportar mayor seguridad. Un análisis de la Comisión belga sobre 1.446 casos, ha demostrado que se pidieron explicaciones aclaratorias a 389 facultativos y en otros 93 se hizo alguna observación, pero en ninguno se tuvo que dar parte a la Fiscalía. Este proceder garantista exagerado y sin fundamento, vistos los antecedentes, pone en evidencia la timidez del legislador o quizás un miedo al qué dirán.

Se subsana el determinar el número de miembros, siete en total, que no se explicitaba en la propuesta inicial. Es importante garantizar su multidisciplinariedad y fundamental su independencia ideológica, por lo que hay que plantear el método de elección. En su composición, realizada con criterios de paridad de género, deben estar representados profesionales sanitarios, bioeticistas, juristas y miembros de la sociedad civil que tengan relación con la atención a estos pacientes. A modo de sugerencia, el proceso de nombramiento debería de obedecer a una convocatoria pública y elección por los parlamentos autonómicos. Fundamental lo reflejado en el Artículo 17 apartado 5. en relación con una necesaria coordinación a nivel ministerial con la finalidad que se señala.

Confiemos en que la ley salve también el trámite parlamentario del Senado y su puesta en marcha alivie el sufrimiento de determinadas personas aunque no estará exenta de polémica por parte de la Iglesia y de los sectores más conservadores que probablemente la recurrirán.

Fuente:https://www.saludadiario.es/opinion/la-cuenta-atras

Autor: Emilio Ramos Delgado

Preocupado, a menudo pensaba yo en el envejecimiento de la población y en la ausencia de un proyecto que afrontase el problema en la sociedad española... Y llegó la pandemia del coronavirus. En las residencias de ancianos causó una gran mortalidad directa y un enorme daño indirecto provocado por el aislamiento de los residentes.

Fuente:https://www.saludadiario.es/opinion/los-residentes-y-el-coronavirus

Autor: Gloria Alonso Claudio

El día 20 de marzo de 2020 para mí fue el Día D o, mejor, el Día P, de pandemia. Esa noche iniciaba el primero de los que luego serían muchos turnos de trabajo haciendo frente al coronavirus. Aquella noche recuerdo que, sobre las 22:00 horas, me puse el EPI. Un acto tan cotidiano ahora, en el que ya no reparamos, pero que entonces tenía mucha parafernalia.

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/test-covid19-medicamentos-oficinas-farmacia-negocio-privado/20201207182144182087.html

Autor: Luisa Lores

Las Oficinas de Farmacia (OF) de la Comunidad de Madrid se apoyan en Vox para presentar una PNL que les autorice a la realización de Test para la COVID-19. Los farmacéuticos consideran que se debe abrir el debate sobre la función de las OF, más allá de la dispensación de medicamentos. Consideran que deben participar en programas sanitarios, como la detección de VIH, de enfermedades de transmisión sexual, y de violencia machista, independientemente de su titularidad pública o privada. Para ello consideran que las farmacias deben disponer de una adecuada integración en los sistemas de información del SNS.

Entre las funciones de las OF según los términos recogidos en la LGS de 1986 y la ley 25/1990 del medicamento figura la colaboración con la administración en el uso racional de medicamentos. En este sentido sí influye la titularidad privada de las oficinas de farmacia, cuyo objetivo esencial son los beneficios empresariales, dificultando su implicación en la reducción del consumo y la polimedicación creciente en España. El abuso de fármacos representa no solo uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad futura del SNS sino una causa cada vez mayor de enfermedad y mortalidad en las distintas CCAA. Los programas del SNS para combatir este grave problema son deficientes, la colaboración de los profesionales sanitarios no está dando los resultados esperados, y la colaboración por parte de las oficinas de farmacia, con honrosas excepciones, más bien brilla por su ausencia.

De esta forma, somos líderes europeos en consumo de antibióticos entre los países desarrollados y ocupamos el tercer puesto a nivel mundial. Entre un 50-90% de estos antibióticos prescritos son inadecuados, según diferentes estudios, y suponen un grave riesgo de incremento de infecciones incurables. La mayor parte de estos AB son adquiridos en las oficinas de farmacia con recetas del SNS, con recetas privadas que en muchos casos incumplen la normativa vigente, o incluso sin receta, como reconocen los propios farmacéuticos. 

También somos líderes en estatinas para el colesterol, cuyo consumo, mayoritariamente innecesario, más que se quintuplicó desde el año 2000. El consumo de opiáceos, que provoca miles de muertes anuales en EEUU, se ha duplicado en la última década, y está convirtiendo en adictos a miles de personas en España, con una disminución progresiva de su calidad de vida.

Con estos datos, no es de extrañar que España tenga la red de farmacias mayor de Europa, con más de 22.000 oficinas, 1 farmacia/2.200 personas, frente a 1 OF/12.000 personas de países como Dinamarca, con un consumo de antibióticos mucho más adecuado.

Por el contrario, entre las funciones de las OF no figura la asistencia sanitaria a las personas ni la toma de muestras para la detección de enfermedades como la Covid-19, sin condiciones, medidas de protección ni formación adecuadas. En este sentido también influye claramente su titularidad privada a la hora de la protección de datos tan sensibles cono la positividad para el VIH, enfermedades de transmisión sexual o la violencia de género, actividades reivindicadas por los empresarios farmacéuticos.

A veces se utilizan algunos argumentos que son difíciles de entender. Por ejemplo el de que los farmacéuticos como profesionales sanitarios pueden realizar extracciones de muestras, si seguimos el razonamiento ello implicaría que médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio estarían cualificados para dispensar medicamentos, quizás tras realizar algún cursillo de 20 horas, y ¿porque no para ser titulares de una oficina de farmacia?, las profesiones sanitarias y su perfil de formación y sus áreas de trabajo están establecidas para garantizar una adecuada atención a la ciudadanía y si todas son intercambiables las cosas serían muy complicadas y quizás entonces los farmacéuticos entenderían el porqué de su campo de actuación, que es única y exclusivamente los medicamentos, y cómo ahí podrían hacer muchas labores de utilidad pública como se ha dicho anteriormente, por ejemplo establecer un sistema de dispensación por dosis y no por envases comerciales como existe en muchos países europeos lo que disminuiría el uso inapropiado de medicamentos, a lo que los colegios de farmacéuticos se han opuesto reiteradamente.

Finalmente conviene resaltar que la farmacia comunitaria no existe en España, que se trata de negocios privados, concesionados y fuertemente protegidos con normas cuasimonopolísticas, los modelos de farmacia comunitaria deberían de desarrollarse en el seno del sistema sanitario público y permitirían mejorar el ejercicio de su profesión y centrarlo en la salud de las personas.

Desde la FADSP por lo tanto rechazamos esta PNL, ya que la asistencia sanitaria pertenece a los profesionales sanitarios, y consideramos urgente implantar medidas eficaces para reducir el consumo innecesario de medicamentos. Debemos avanzar hacia la gestión pública de las oficinas de farmacia, dentro de los EAP, para incrementar la colaboración con los profesionales farmacéuticos en un uso más racional, menos perjudicial y más sostenible de los medicamentos.

Fuente:https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/10/la_guerra_las_vacunas_114194_2003.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

Vivimos una verdadera guerra entre las multinacionales fabricantes de las nuevas vacunas para el covid-19 que se está librando en los medios de comunicación y en las bolsas, antes que en las publicaciones científicas como sería lo más lógico, y a resultas de ello, se genera una desconfianza entre la población sobre su eficacia y seguridad, que también se produce entre los profesionales de la salud, muy preocupados por el ruido propagandístico que encubre y dificulta una evaluación escrupulosa.

Recientemente un periódico, en principio considerado serio y bien informado, colocaba en primera pagina una noticia que aseguraba que la vacuna de Moderna producía mayor inmunidad que padecer la enfermedad y que esta duraba 3 meses, y otro más titulaba: “La vacuna de Moderna protege a los mayores hasta 3 meses después del pinchazo”. Todo ello informaba de un trabajo (una carta al editor) con 34 personas vacunadas de todas las edades entre 18 y más de 70 años (9 participantes entre besthealthcareinfo com, 10 con más de 71 años). Es evidente que se comunican solo 34 casos de los 15.000 que debieron recibir la vacuna en el ensayo fase 3 de la misma, lo que resulta un número minúsculo y poco representativo, por lo que generalizar las conclusiones que se presentan es cuando menos arriesgado, por no decir fraudulento, más aún si nos referimos al grupo de mayores de 71 años (10 personas). La primera pregunta a realizar es qué sucedió con las otras más de 14.950 personas que también recibieron la vacuna y por qué no se incluyen en el trabajo. Por supuesto, el trabajo puede ser un indicio de lo que sucede en la realidad, pero también puede no serlo en absoluto, más aún si se tiene en cuenta la relación de los autores con la vacuna.

Otro ejemplo es la carrera por asegurar más de un 90% de eficacia a las vacunas ensayadas en las que parece que se ha establecido una competencia a ver quién supera a las demás, y que analizando los pocos datos hechos públicos es como mínimo cuestionable. Un amigo decía que estábamos a la espera de una eficacia del 150%, lo que evidentemente es un resultado imposible, pero si seguimos así todo se andará.

La misma revista en que se publicaba la carta referida, recogía otro artículo (NEJM 3/12/2020) que señalaba que hay muchos aspectos que todavía no conocemos bien, como la seguridad a largo plazo y la duración de la protección, y tampoco conocemos “si la disminución de la protección inducida por la vacuna puede conducir a una enfermedad potenciada por la vacuna si un vacunado se infecta al exponerse al SARS-CoV-2, […] no hay información sobre la protección contra enfermedades clínicamente graves, y tampoco conocemos sobre la posible asociación entre el grado de protección y la edad del destinatario o las condiciones coexistentes”. Ninguna referencia en la prensa al respecto.

Y por supuesto tampoco es posible conocer si existen complicaciones graves infrecuentes o tardías que podrían haber pasado desapercibidas dado el número de las personas en que se realizaron los ensayos y el poco tiempo transcurrido desde que fueron vacunadas. Probablemente estas lagunas seguirán existiendo hasta que se hayan utilizado en un número muy importante de personas (uno o varios millones) y pasen uno o 2 años desde la vacunación, por lo que es muy importante la monitorización estrecha de las primeras personas vacunadas, o de una muestra amplia de las mismas.

Sobre la eficacia de las vacunas existe una gran controversia que tiene más que ver con las estrategias de marketing y propaganda de las empresas farmacéuticas que con los conocimientos científicos. Hasta ahora solo se conocen informaciones facilitadas por los farmacéuticas, sin que se hayan analizado por evaluadores y estudios independientes, y es bien conocida la tendencia de las mismas a magnificar los resultados positivos y a orillar o esconder los problemas y limitaciones de sus medicamentos. Existen muchos casos bien conocidos, el más relacionado con el tema, la eficacia del Oseltamivir en la gripe, datos sesgados que produjeron compras masivas de muchos países de un medicamento que los evaluadores independientes (BMJ, Cochrane) demostraron después que carecía de la eficacia de que presumía la empresa que lo comercializaba, y que tenía muchos más efectos secundarios de los comunicados inicialmente.

También parece que se han descartado otras vacunas, que no sean las tres de grandes multinacionales farmacéuticas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca), como la producida por China, que parece tener resultados prometedores, o la rusa, etc. (en principio hay siete lo suficientemente avanzadas y todas podrían reunir los requisitos de eficacia y seguridad, aunque como sucede con las más conocidas, siguen existiendo muchas incógnitas), y todo indica que se ha hecho más por criterios mercantiles y de geopolítica que por criterios científicos.

Por eso hay que ser prudentes, y asumir que es probable que las cosas no sean tan maravillosas, así como que las noticias que tenemos sobre las vacunas sobrevaloren sus resultados, y solo busquen captar inversiones y compras millonarias, lo que por cierto están consiguiendo, aunque por supuesto pudiera suceder que todo sea cierto y tengamos pronto disponibles vacunas excelentes.

Otra cuestión importante tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y su accesibilidad a las mismas, y ahí nos enfrentamos con la existencia de las patentes que dificultan el acceso de la población en los países pobres y en aquellos ricos que tienen un modelo de sistema sanitario liberal/privado como EEUU. Las patentes permiten a las empresas establecer precios elevados, que supondrán dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las mismas.

Se han producido iniciativas de algunos gobiernos (Sudáfrica e India) para un levantamiento de las patentes en este caso, y existen iniciativas sociales en la UE en el mismo sentido protagonizadas por más de un centenar de organizaciones, si bien recientemente nuestro país ha votado contra esta exención de patentes mientras dure el covid-19 en una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Lo que está en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

Esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabará afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España, que es un importante receptor de migrantes.

En este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra el covid-19 sean suficientemente evaluados antes de su utilización y, una vez se establezca su eficacia y seguridad, sean bienes públicos de carácter universal y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos e impiden el acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. Tenemos que trabajar para conseguirlo, para lograrlo existe una iniciativa popular en la UE a la que sería bueno sumarse, lo que puede hacerse desde este enlace.

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/hospital-isabel-zendal-inauguracion-vergonzosa/20201202102849181891.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

La Sra. Ayuso y sus comparsas acaban de hacer el teatrillo de inauguración del denominado Hospital Isabel Zendal, a pesar de que las obras no se han acabado todavía, no hay personal ni tampoco puede atenderse a enfermos y además tal y como descubrió con cierta sorpresa el ingenuo Pablo Casado ¿quizás un socialcomunista infiltrado? tampoco tiene quirófanos. Convendría hacer algunas reflexiones al respecto:

Una. Si bien la Comunidad de Madrid tiene un gran déficit de camas en los hospitales públicos, en gran parte provocada por el propio gobierno de la misma (Esperanza Aguirre consiguió la casi increíble hazaña de abrir once hospitales disminuyendo el número de camas disponibles, y luego se cerraron 1.600 camas en centros públicos entre 2010 y 2018), la conveniencia de un nuevo hospital ubicado en la zona norte de Madrid es más que discutible, porque hubiera sido mucho menos costoso y más rápido recuperar parte de las camas cerradas y espacios no utilizados en los hospitales públicos de la región (por ejemplo una torre del hospital del Norte que además tiene instalaciones apropiadas para camas de UCI, la tercera planta del de Vallecas, etc.) e incluso haber acondicionado el antiguo hospital de Puerta de Hierro, ahora vacío y en estado de abandono.

Dos. La opción de construir un nuevo centro está más bien relacionada con los intereses económicos de los constructores y las posibilidades económicas y de corruptelas que ofrece toda obra nueva. Los costes como es bien conocido se han disparado (de los 49 millones € iniciales se ha pasado a los más de 100 actuales) sin ninguna transparencia y sin concurso público alguno.

Tres. Abrir un centro dedicado exclusivamente a las pandemias, a enfermedades infectocontagiosas es un despropósito en sí mismo. Primero porque la evolución de las pandemias se realiza por picos de agudización como es bien conocido (ahora estamos en una segunda ola y todo indica que es probable una tercera a principios de 2021), a veces con carácter estacional (como la gripe), también porque es una opción desaconsejada por todos los expertos nacionales e internacionales, y desde luego porque no tiene sentido tener unos recursos sanitarios tan costosos infrautilizados cuando no estemos en picos de infecciones, y que son tan necesarios para atender las otras patologías, que sufren desatención y grandes listas de espera, agravadas por la atención a los enfermos de la covid19. Aquí entra de nuevo la ausencia de quirófanos que no tiene sentido alguno porque si tienes un hospital con 1000 camas y se producen ingresos, es inevitable que algunos de ellos precisen intervenciones quirúrgicas urgentes, bien provocadas por la propia enfermedad o bien por otras enfermedades intercurrentes. De nuevo se desvela que la finalidad del hospital es meramente especulativa y propagandística y ajena a la resolución de los problemas de salud.

Cuatro. Los plazos se han incumplido de manera notoria, un hospital que iba a abrirse en octubre se va a inaugurar a primeros de diciembre y aún en parte inacabado. El hito en la historia de la Sanidad mundial que decía el Consejero de Sanidad se ha quedado en un fiasco, nada que ver con el hospital de 1.000 camas que se construyo en Wuhan en 10 días. La Comunidad de Madrid de nuevo se especializa en éxitos de propaganda, que no de soluciones sanitarias.

Cinco. La guinda la han puesto con la inexistente dotación de personal. Ya en marzo cuando se anuncio su construcción señalamos desde la ADSPM la necesidad de comenzar a dimensionar y contratar la plantilla necesaria, y nada se hizo al respecto. Ahora pretenden abrirlo con personal desplazado desde otros hospitales públicos lo que evidentemente supondrá más cierres de camas en los mismos y/o perdida de calidad asistencial porque el personal de la Sanidad Pública esta cansado y sobrepasado, a lo que hay que unir el sistemático maltrato a que lo somete la Comunidad de Madrid (un buen ejemplo son los despidos al cerrar el hospital del IFEMA). Por supuesto los traslados voluntarios han sido insuficientes para las necesidades de personal de este nuevo centro y ahora se plantean los desplazamientos obligatorios de personal desde otros hospitales públicos de la región con el daño que ello provocara a la capacidad asistencial de los mismos. Se pretende desconocer que no es posible abrir un nuevo hospital sin ampliar la plantilla del SERMAS.

En resumen, se abre un nuevo hospital para mayor gloria de los propagandistas de la Comunidad de Madrid, con pocas camas, muy por debajo de las previstas inicialmente, sin personal, con un coste desproporcionado, con contratos adjudicados a dedo y sin transparencia. Una nueva prueba de que la Sra. Ayuso no se preocupa por la salud de la población y si por los actos de propaganda y los beneficios de los empresarios afines. Los tribunales en unos años tendrán mucho trabajo a costa de las maniobras de la Sra. Ayuso como ahora lo tienen con las privatizaciones de Esperanza Aguirre.

Fuente:https://www.saludadiario.es/opinion/10-claves-para-traer-a-los-medicos-espanoles-de-vuelta

Autor: sociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca

Me alegra que haya un planteamiento para recuperar todo lo que se invirtió en formarnos, pero espero que sean conscientes de que no bastará con ofrecer cualquier cosa. Este es un decálogo de medidas que podrían surtir efecto:

1. Contratos estables. La dignidad profesional de alguien que ha estudiado más de 10 años para llegar a ser médico comienza por tener un contrato estable. Los contratos trimestrales o semestrales que se renuevan (o no) durante años son una de las causas del éxodo (¡es muy fácil encontrar un contrato más duradero en el extranjero!). Necesitamos saber que tenemos futuro en nuestro centro de trabajo y que podemos ofrecer una atención continuada a nuestros pacientes.

2. Incentivación para el desarrollo profesional: es importante sentir que puedes seguir creciendo como profesional, que tus sugerencias y proyectos son escuchados, así como tener facilidades para mantener la formación continuada y estar al día de los avances en tu especialidad.

3. Tiempo para tareas administrativas y estudio. No puede ser que el 100% de la actividad laboral sea asistencial. Es necesario contar con tiempo para tareas de administración, para realizar informes, para reuniones con otros profesionales y para estudiar aquellos casos difíciles que necesitan atención extra.

4. Salarios acordes a la formación y a la responsabilidad de nuestro trabajo.

5. Tiempo para docencia: en los hospitales universitarios se debería tener en cuenta que la enseñanza también lleva tiempo si queremos garantizar a los estudiantes la docencia que se merecen.

6. Valoración de la experiencia y subespecialización: en la medicina actual, muchos profesionales optan por la subespecialización o tienen experiencia laboral amplia en un campo determinado. Esta experiencia y conocimientos deben de valorarse a la hora de asignar un lugar de trabajo: no somos peones que puedan colocarse en cualquier casilla del tablero según convenga. No valorar los conocimientos individuales es, además, muy poco eficiente y se pierde la oportunidad de ofrecer una atención dentro del marco de la excelencia.

7. Posibilidad de realizar investigación: debe favorecerse que quien tenga vocación investigadora pueda ejercerla. Son muchos los médicos en España que ven esta vocación relegada a su tiempo libre, ya que la asistencia ocupa la totalidad de la jornada laboral.

8. Descanso necesario: básico. Parece mentira que tengamos que seguir demandándolo. Si bomberos y demás profesionales que trabajan largas jornadas disponen de tiempo de descanso, ¿por qué a los médicos se les exigen guardias de 24 y hasta 32 horas?

A algunos estos 10 puntos podrían parecerles una quimera, pero no lo son. Muchos profesionales ya disfrutamos de estas condiciones, aunque no ha sido fácil: nos ha costado emigrar, aprender otros idiomas y separarnos de nuestras familias y amigos.

Fuente:https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/11/27/sos-sistema-publico-salud/1098689.html

Autor: Lázaro Elizalde y Ana Arillo

El sector sanitario es clave para aumentar el bienestar social y el nuestro necesita inversión y reestructuración, especialmente por la gravísima situación socioeconómica actual. No olvidamos que la cuidadanía aplaudió y aplaudió mucho, en una respuesta social de apoyo como nunca se había producido; un reconocimiento y un orgullo de tener un Sistema Público de Salud, y valorando y apoyando a la totalidad de sus profesionales.

Ahora es el momento del compromiso político para sentar las bases de mejorar nuestro Sistema Público de Salud hacia otro más equitativo, eficiente y sostenible.

El Anteproyecto de Presupuestos de Salud propone pocos e insuficientes cambios. Aunque asciende a 1.253.632.156 euros (incremento de 7,9%), si descontamos las partidas coyunturales asignadas a la covid, se queda en 1.176.771.141 euros (crece el 1,2%). Esa cantidad no permite acometer las reformas estructurales que precisa el sistema. Además, no cumple íntegramente con el Acuerdo de Legislatura ni con el Plan Reactivar Navarra/ Nafarroa Suspertu. Queremos apuntar siete ejes prioritarios para guiar los Presupuestos del Departamento de Salud.

      1. Definir un escenario presupuestario que en tres años llegue al 6,5% del PIB en consonancia con el gasto de países europeos de nuestro entorno:

Los incrementos presupuestarios recientes permiten mantener los servicios y prestaciones actuales, pero impiden el salto transformador que se necesita. Sería preciso un incremento en los próximos años de 200 millones de euros, al margen de los gastos que genera la crisis de la covid-19 que necesitarían partidas extraordinarias. La inversión debe focalizarse en mejorar la organización y eficiencia del sistema prioritariamente en áreas que aportan mayor mejora de salud.

      2. Antes prevenir que curar. Desarrollar Políticas y Servicios de Salud Pública (SP) centrados en la Atención Primaria (AP):

A pesar de la grave situación de SP ocasionada por la pandemia, los presupuestos de los Servicios de SP y Laboral, solo suponen el 2% del gasto total. Sin embargo, la pandemia ha evidenciado la importancia de unos servicios de SP bien estructurados, enfocados hacia la promoción, prevención y vigilancia de la salud en todas sus vertientes: personas con enfermedad crónica, mayores, laboral, escolar, comunitaria, etcétera. La AP precisa fortalecerse en la intervención comunitaria, especialmente para reducir las desigualdades. La mejora de la equidad requiere una estructura territorial adecuada, que integre las actividades de SP con la atención sanitaria y sociosanitaria.

      3. Recuperar lo esencial. Hacer de la Atención Primaria el eje vertebrador del Sistema:

El multiplicador trabajo hacia la comunidad de la AP se vuelve imprescindible en un contexto de pandemia. Su reorganización de forma urgente debe completarse con la definición urgente de los perfiles de Enfermería Comunitaria y Trabajo Social y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales en Salud socio comunitaria, Promoción de Salud, Salud Laboral y Técnicos de Gestión de SP.

Proponemos planificar la Atención Domiciliaria, más allá de las visitas domiciliarias. Reformular el rol de la AP como soporte al trabajo de las residencias de mayores, centros ligados a la discapacidad y centros sociales y educativos, así como de colectivos de trabajadoras/es con mayor precariedad (ETT, cuidados, migrantes€), desarrollando instrumentos e incentivos para aumentar la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención.

El gasto en AP (incluyendo Urgencias Extrahospitalarias) supone el 14% del total (165,4 millones de euros), habiendo variado apenas en los últimos años. Proponemos alcanzar un 20%, que supondría incrementar su partida en 100 millones de euros dedicados a equipos comunitarios y socio sanitarios; rehabilitación funcional de AP, en centro y domicilio; fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

Es importante el incremento retributivo a la totalidad de profesionales de AP. El gasto de personal –excluyendo las partidas por covid-19– crece solamente un 2,7%, cantidad insuficiente para cubrir los déficits estructurales existentes.

Se precisa el desarrollo de un Plan de infraestructuras e inversiones. Destaca el crecimiento de las inversiones en AP de Navarra Norte-Este (38%) y de Tudela (128,6%).

      4. La eficiencia del "no hacer". Controlar el gasto farmacéutico, sobre todo el hospitalario:

Es necesario contener y revertir el gasto farmacéutico con políticas de racionalización de tratamientos sin evidencia clínica relevante y con el control directo desde la sanidad pública del actual modelo de atención farmacéutica a las residencias privadas y concertadas de mayores.

El gasto farmacéutico mantiene un peso excesivo en el Presupuesto (más del 22%). Proponemos el objetivo de que para 2023 sea inferior al 20% del gasto total.

      5. Hospitales más humanos e integrados:

Los hospitales concentran conocimiento muy especializado, con acceso a equipamientos de alta tecnología y elevada capacidad de innovación. La pandemia hace inaplazable redefinir el concepto de hospital, tanto a nivel funcional como estructural. Es necesario combinar la especificidad técnica y tecnológica con una Estrategia de Humanización que tenga en cuenta las necesidades familiares ocasionadas por las cargas de los cuidados con adecuada dotación de recursos materiales, administrativos y emocionales.

El gasto hospitalario (55% del total) mantiene un excesivo peso en el conjunto. Sorprende que el gasto covid en personal hospitalario (22,6 millones de euros) duplique al de AP y casi lo cuadruplica si descontamos las partidas de Urgencias extrahospitalarias.

Aumentan las inversiones en el Hospital de Tudela (117%), pero en el Complejo Hospitalario no varían, lo que puede comprometer algunas necesidades.

Proponemos incentivar los proyectos de atención integral a través de una red hospitalaria pública única, un plan de apoyo a los hospitales comarcales, un plan de inversiones con eje en el Plan de Humanización, hospitalización psiquiátrica, hospitalización a domicilio, obstétrico-pediátrico, laboratorio unificado y redimensionamiento y actualización del equipamiento tecnológico.

      6. Volver a confiar en el Sistema Público. Revertir los conciertos:

La subsidiariedad de la atención sanitaria pública precisa evaluaciones rigurosas y transparentes que la justifiquen e inversión en aquellas áreas de necesidad a largo plazo.

El gasto en conciertos, incluyendo gastos covid, crece un 6,3%, alcanzando el 7% del gasto. Proponemos su reducción.

      7. Las eternas olvidadas. Necesidad de incrementos en salud mental e investigación:

Un gasto del 3% del total, con un incremento del 3,5%, es insuficiente para redefinir la organización de la Red de Salud Mental (Plan Estratégico 2019-2023) mediante un modelo de atención comunitaria, que incluya atención domiciliaria, intervención en crisis y atención no programada. El control y prevención de las próximas epidemias, infecciosas o no, pasan por el incremento de la testimonial inversión actual en investigación.

Apunte final. Propuestas de desarrollos normativos:

Proponemos modificar ya la Ley Foral de Salud para contemplar la creación de estructuras que agrupen Zonas Básicas de Salud (distritos o comarcas); actualizar la norma específica del personal del Sistema Sanitario Público; y que se inste al Gobierno central la eliminación de trabas para cubrir las vacantes, eliminando las tasas de reposición en Salud, y convocando OPE extraordinarias para consolidar las plantillas actuales, priorizando las de AP. 

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/atencion-primaria-crisis-politicas-combatir-covid-19/20201126162853181681.html

Autor: Manuel Martín García

Las políticas neoliberales de los gobiernos del Partido Popular destinadas a afrontar la crisis del 2008 introdujeron importantes recortes de personal y de presupuestos en Atención Primaria (AP). Si a esto añadimos el déficit de equipamiento, la limitación de acceso a pruebas diagnósticas, la presión burocrática, un deficiente dimensionamiento de los equipos que hace que buena parte de la demanda acabe desbordando las consultas médicas, el abandono del modelo de Salud Comunitario y la marginación de las actividades de promoción, prevención y rehabilitación, se configura una situación más que preocupante. Se suma una política laboral, basada en la precariedad y la inestabilidad, que genera una gran frustración y malestar en el personal de los centros.

La AP, que debería ser la puerta de entrada al sistema y responsabilizarse de gestionar los procesos asistenciales, está supeditada a unas gerencias deudoras de las necesidades hospitalarias y de las jefaturas de servicio de los hospitales, y carece de autonomía real para planificar y gestionar sus propios recursos. Tampoco tiene responsabilidad en la asistencia sanitaria de las personas que viven en las residencias de mayores, las cuales precisan de mayor atención por padecer más enfermedades crónicas y degenerativas que el resto de la población.

Papel de la AP durante la crisis

Al inicio de la pandemia, cuando la demanda asistencial de las personas infectadas desbordó las camas hospitalarias (que además de ser de las más bajas de Europa por mil habitantes sufrieron un importante recorte en la crisis), la AP demostró las ventajas de disponer de nivel asistencial próximo y conocedor del historial de la población, imprescindible para identificar las condiciones de salud de personas, familias y comunidades. Gracias a esto el nivel primario pudo tratar en sus domicilios a los infectados sin gravedad, reducir la presión sobre las camas hospitalarias, atender a contagiados y enfermos con otras patologías y resolver las dudas, las incertidumbres y los temores de la población.

Esta situación abrió la esperanza de que el esfuerzo para restablecer la normalidad del sistema de salud impulsaría la reforma y la mejora de la AP.

Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta, porque las administraciones asignaron a la AP el papel secundario de contener la presión asistencial, colaborar con los rastreadores en la identificación de contactos de los infectados sin apenas recursos o preparación, y asumir la gran cantidad de funciones administrativas y burocráticas derivadas de la epidemia (como extender bajas laborales, realizar informes para las empresas, recibir llamadas telefónicas, etc.). Con la justificación de evitar contagios en los Centros de Salud, las consultas presenciales se han transformado en telefónicas y se han cerrado centros (en algunas CCAA se ha utilizado al personal sanitario de estos centros en funciones de apoyo a los hospitales o se han hecho desaparecer los cupos con grave perjuicio para la continuidad asistencial).

La frustración y el malestar por no poder contactar con los Centros de Salud, las esperas de días o semanas para hablar por teléfono con sus médicos/as y enfermeros/as, las colas en la calle para acceder a los Centros (sumadas a las listas de espera disparadas por la parálisis de los hospitales), así como la protocolización de todas las actuaciones con normas centralizadas que cambiaban cada semana, el secretismo, la falta de transparencia y la falta de un liderazgo claro en el momento que más se necesita está deteriorando la imagen de la AP y generando una situación de malestar con el personal sanitario, que no es responsable de esta situación.

Esta forma de trabajar es incompatible con los atributos esenciales de la AP: Accesibilidad y primer contacto de la población con el sistema, fácil acceso al sistema sanitario; relación personal y continua entre el médico/a y paciente; integralidad de las actuaciones para solucionar las necesidades de salud más frecuentes de la comunidad; y coordinación entre AP y los demás niveles del sistema y agentes de salud.

Desgraciadamente muchos trabajadores/as de la AP han adoptado una actitud defensiva frente a las demandas de la población. En los Centros de Salud cunde la frustración, el desánimo y la irritación al prolongarse durante tanto tiempo esta situación que, sin embargo, no se traduce en la denuncia de la falta de recursos y de la mala gestión por las administraciones.

Hasta ahora la población esta aturdida y paralizada por tantas malas noticias y tanta presión, aunque empiezan a detectarse señales de rebelión que podrían acabar en un estallido social de consecuencias políticas y sociales incalculables.

Si la política sanitaria no cambia y si las administraciones no salen de la burbuja epidemiológica y de restricciones en las que están sumidas, el deterioro del sistema público, especialmente el nivel primario, puede llegar a ser irreversible.

La privatización avanza a pasos agigantados, dadas las dificultades de acceso a los Centros de Salud, así como avanzan las cancelaciones de citas, de consultas, de pruebas diagnósticas y de cirugías en los hospitales. Una parte de la población está empezando a recurrir al sector privado en demanda de la atención que le dificulta o niega el sistema público. Curiosamente las restricciones presenciales no se dan en la privada que empieza a ofertar seguros basura a 15 euros al mes.

Es necesaria una reacción frente a tanto desastre

Los medios de comunicación destinan buena parte de sus espacios a informar sobre los nuevos contagiados, hospitalizados o muertos, publicando todo tipo de noticias contradictorias y a veces falsas sobre la epidemia y como se afronta en las CCAA, el Estado y el mundo. Por su parte las autoridades sanitarias están centradas en adoptar medidas cada vez más duras basadas en el confinamiento, amenazando con la prolongación de la epidemia cada vez más tiempo y culpabilizando de la situación a diferentes grupos sociales, aunque mucha gente está empezando a desconectar de esta información por hastío y cansancio.

La población necesita tener esperanza frente a tanto desastre, temor y sufrimiento. Se ha politizado la respuesta y los países y CCAA se han embarcado en una carrera por ver quien adopta el confinamiento y las medidas coercitivas más duras. Mientras la información se centra en el crecimiento exponencial de los contagios, no se habla de que la mortalidad se ha contenido gracias entre otras cosas a las medidas adoptadas. Aunque desde AP se ven las cosas de distinta manera, con menos alarmismo, una vez más la AP no es el referente intelectual, profesional e informativo en temas de salud. Los medios de comunicación muy pocas veces recurren al médico de familia para conocer su opinión.

Es urgente acabar con el cierre de la AP, volver a las consultas presenciales y dejar las telefónicas y telemáticas para actividades complementarias; incrementar el número de centros, ampliar sus espacios, reforzar las plantillas y concederles más medios diagnósticos y más autonomía organizativa. La población necesita el contacto y una relación estrecha y continuada con los trabajadores de sus Centros de Salud.

No podemos dejar agonizar a una AP que debería liderar la recuperación del sistema. Para ello es necesario articular una alianza social y sanitaria para obligar a las administraciones a cambiar su política basada solo en las restricciones, aunque sin abandonar las medidas basadas en la evidencia, que eviten los contagios y la extensión de la epidemia. Una vez más se echa en falta una respuesta unitaria y contundente por parte del colectivo profesional, especialmente del médico.

Solo desde el modelo de Salud Comunitaria con una gran implicación activa y consciente de la población y de sus organizaciones será posible acabar con la epidemia.

Imagen de un centro de salud de Madrid.

Propuestas para combatir la epidemia y recuperar el sistema sanitario público

1. Recuperar la actividad del sistema (con las debidas medidas de seguridad mientras dure la epidemia)

• Reabrir todos los Centros de Salud
• Recuperar las consultas presenciales como actividad prioritaria y esencial en la relación médico/paciente. Mantener las consultas telefónicas o telemáticas pero dándoles un carácter complementario repensando su contenido y con recursos suficientes
• Paralelamente, reanudar las actividades de los centros hospitalarios: Consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas estableciendo una comunicación fluida con AP
• Incrementar las plazas de personal administrativo, las líneas telefónicas, las centralitas de llamadas y los recursos telemáticos, para acabar con las trabas y dificultades actuales que sufre la población para contactar con los centros
• Mejorar la formación del personal administrativo para optimizar los procedimientos de cita

2. Potenciar el carácter integral del sistema que pasa por recuperar la imagen social y el protagonismo de la Atención Primaria

· La AP es esencial para garantizar una atención integral de salud potenciando las actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación

· La mortalidad por COVID está directamente asociada a factores de riesgo como la obesidad, enfermedades respiratorias cónicas, cardiopatías, cáncer, consecuencias de la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el abuso del alcohol, el hacinamiento o la contaminación medioambiental, etc. El papel de la AP es fundamental para intervenir, junto con los recursos de la comunidad y las administraciones locales, sobre estos determinantes de la salud

3. Integrar y coordinar las actividades de los recursos relacionados con la salud

• Desarrollar las Áreas Sanitarias como espacios para la coordinación y gestión participativa de los Servicios de AP, Hospitalarios, Salud Pública y Sociosanitarios, con la implicación activa de Ayuntamientos y otros recursos territoriales. La epidemia COVID, como el resto de los problemas de salud, tiene múltiples determinantes sanitarios, sociales, medioambientales y económicos cuyo abordaje exige una intervención integral e integrada de todos estos recursos.
• Implicar activamente a los ayuntamientos en las actividades de salud para facilitar que las áreas de salud puedan disponer de recursos para combatir los determinantes de la pandemia y del resto de problemas de salud (trabajo social, información y educación, medio ambiente, vigilancia alimentaría, combatir el tabaquismo, facilitar la actividad física, etc.).
• Dar participación a la población para implicarla en las estrategias de salud, imprescindibles para combatir esta epidemia.
• Incrementar los recursos de Salud Pública a nivel estatal, autonómico y de las áreas sanitarias y reforzar su coordinación con AP.

4. Reforzar la Atención Primaria

• Acabar con el sometimiento de la AP a la hospitalaria, incrementando su capacidad de planificación y gestión, dentro de las áreas de salud.
• Responsabilizar a los Centros de Salud de los procesos asistenciales y del control de pacientes a lo largo del sistema
• Incrementar el presupuesto de AP hasta el 25% del total sanitario
• Incrementar la oferta de servicios de AP con la incorporación de nuevos profesionales (matronas donde no las haya con unidades de salud de la mujer, fisioterapeutas con unidades de rehabilitación, psicólogos clínicos con unidades de salud mental comunitaria).
• Restituir los recortes e incrementar las plantillas de los Centros de Salud, redimensionando los equipos con diferentes categorías profesionales, delimitando sus roles y funciones e incrementado su cohesión para acabar con la medicalización de la AP, satisfacer las necesidades y demandas de atención de salud la población y acabar con la pandemia
• Crear nuevos Centros de Salud y ampliar los actualmente existentes (en este momento con medidas provisionales aprovechando los recursos locales), para evitar la masificación de las salas de espera y las consultas, evitando que la población tenga que hacer colas fuera de los centros
• Reducir la burocracia que recae en gran parte sobre el personal médico (supone alrededor del 30% de su actividad) restándole tiempo para otras actividades asistenciales. La provisión y control de bajas laborales de contagiados y contactos o la emisión de certificaciones; la atención telefónica, las visitas domiciliarias de posibles afectados, la detección de contactos, la realización de pruebas PCR, están suponiendo una carga de trabajo importante para los trabajadores de AP.
• Facilitar la asistencia sanitaria en las Residencias de Mayores por los Centros de Salud (reforzados con nuevo personal), que han concentrado el 70% de la mortalidad (representa el principal riesgo para la salud de la población) por lo que deberían priorizar en las mismas las actuaciones preventivas y asistenciales.
• Dotar al nivel primario de nuevas responsabilidades y funciones para hacer frente a nuevas pandemias como la vigilancia epidemiológica, la detección y seguimiento de nuevos casos y contactos y la mejora e integración de mecanismos de información.

Para poder desarrollare estas funciones es absolutamente necesario incrementar las plantillas, poner en marcha un plan de formación y capacitación del personal y una nueva política de personal incentivadora que acabe con la provisionalidad, la precariedad y la ausencia de incentivos.

Desde AP debemos aunar esfuerzos para minimizar los efectos perjudiciales de la pandemia: evitar fallecidos por todas las causas, hospitalizados, ingresos en UCI, evitar que crezca la desigualdad, mantener la estructura social, etc…; al fin y al cabo, los objetivos de siempre de la AP, con y sin pandemia. Porque nos jugamos nuestra credibilidad en cada una de nuestras acciones, es esencial recuperar la relación directa con los pacientes, ser rigurosos en la aplicación de las medidas, transparentes con la información y perseverantes en la pedagogía, porque de no ser así la falta de confianza de la sociedad se puede generalizar añadiendo una catástrofe más: el descrédito de la Atención Primaria.

Fuente:https://www.actasanitaria.com/tenemos-que-modificar-los-actuales-modelos-de-atencion-de-la-dependencia/

Autor: Esther Nieto Blanco