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Ruido mediático en torno a la vacunación contra la Covid-19

 
Fecha de Publicacion : 23/11/2020

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/vacunacion-covid19-oxford-negacionistas-pzifer-moderna/20201123170836181589.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

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El ruido mediático se centra ahora en las vacunas, en su eficacia y en la actitud de la población ante las mismas, pero existen otros temas importantes sobre las vacunas que pasan más desapercibidos.

Vayamos primero con las vacunas y su eficacia. Existe una gran controversia sobre las mismas que tiene más que ver con las estrategias de marketing y propaganda de las empresas farmacéuticas que con los conocimientos científicos sobre las mismas. Hasta ahora solo se conocen informaciones facilitadas por las empresas, sin que se hayan analizado por evaluadores independientes, y es bien conocida la tendencia de las mismas a magnificar los resultados positivos y a orillar o esconder los problemas y limitaciones de sus medicamentos y existen muchos casos bien conocidos, el más relacionado con el tema, la eficacia del osetalmivir en la gripe, datos sesgados que produjeron compras masivas de muchos países, de un medicamento que los evaluadores independientes (BMJ, Cochrane) demostraron que carecía de la eficacia de que presumía la empresa que lo comercializaba y que tenia muchos más efectos secundarios de los comunicados inicialmente.

Por eso hay que ser prudentes, y asumir que es probable que las cosas no sean tan maravillosas, así como que las noticias que tenemos sobre las vacunas sobrevaloren sus resultados, y solo busquen captar inversiones y compras millonarias, aunque por supuesto pudiera suceder que todo sea cierto y tengamos pronto vacunas excelentes.

La segunda cuestión tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y su accesibilidad a la misma, y ahí nos enfrentamos con la existencia de las patentes que dificultan el acceso de la población a las mismas, en los países pobres y en aquellos ricos que tienen un modelo de sistema sanitario liberal/privado como EEUU. Las patentes permiten a las empresas establecer precios elevados, ya se han indicado algunos de cientos de euros, y supondrá dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las vacunas.

Se han producido iniciativas de algunos gobiernos (Sudáfrica e India) para un levantamiento de las patentes en este caso y existen iniciativas sociales en la UE en el mismo sentido protagonizadas por más de un centenar de organizaciones, si bien recientemente nuestro país ha votado contra esta exención de patentes mientras dure la covid19 en una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Lo que está en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

Esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabará afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España que es un importante receptor de migrantes.

Un tercer aspecto es el relacionado con la disposición de la población a vacunarse. El último estudio del CIS señala que hasta un 47% de la población manifestaba que no pensaba vacunarse. Estos datos deben ser vistos con prudencia, primero porque hay un gradiente de edad, los más jóvenes son los menos proclives a la vacunación, de manera que el grupo entre 25 y 34 años es el menos dispuesto a vacunarse, el 61,5% no lo harían, frente al de más de 65 años donde solo se negarían el 32,3%, es decir las personas más mayores, las que mas necesitan protegerse son las que están mas dispuestas a vacunarse. Asimismo quienes viven en ciudades mas grandes tienen más resistencia a vacunarse (más del 48% en las ciudades con más de 400.000 habitantes) frente a los que están en el área rural (en las localidades con menos de 2.000 habitantes  solo el 41,5% estaría en contra de vacunarse). Igualmente se detectan diferencias importantes según nivel socioeconómico y así la negativa a vacunarse va desde el 53,1% de las personas de clase alta y media alta hasta el 42,3% de los trabajadores (curiosamente los clasificados como clase baja/pobres se negarían en un 47,9%). Desgraciadamente no hay datos desagregados por CCAA aunque esta diferencia probablemente estará muy vinculada a los votos obtenidos por Vox (el 62,6% de sus votantes no lo haría).

Obviamente estos resultados son todavía provisionales en el sentido en que la disponibilidad práctica de una vacuna y los resultados de la misma probablemente cambiaran estas actitudes, en positivo o en negativo, porque muchas personas que ahora son reticentes a vacunarse lo son porque tienen desconfianza e incertidumbre ante las vacunas y la guerra comercial desatada sobre ellas, aparte de las noticias falsas, porque el negacionismo tiene un peso bastante pequeño entre la sociedad española (no más del 10%).

En este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra la covid19 sean bienes públicos de carácter universal, y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos, e impiden su acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. Tenemos que trabajar para conseguirlo.

Posición de la ADSP ante el decreto sobre recursos humanos sanitarios

Fecha de Publicacion : 16/11/2020

Fuente:https://lacronicadesalamanca.com/295209-posicion-de-la-adsp-ante-el-decreto-sobre-recursos-humanos-sanitarios/

Autor: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca

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    La Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca no está de acuerdo con el Decreto 2/2020 de la Junta de Castilla y León que modifica los derechos laborales de los trabajadores sanitarios.

    Aprovechando la situación creada por la pandemia COVID, la Junta publica en BOCYL un decreto que IMPONE (es la palabra exacta que utiliza) unas normas que  afectan a  los derechos fundamentales de los trabajadores sanitarios en cuanto a horarios de trabajo, turnos, obligatoriedad de hacer guardias, anulación de vacaciones, posibilidad de trasladar a los trabajadores de ciudad o provincia, mientras dure la declaración del estado de alarma, inicialmente hasta el 9 de mayo de 2021, según RD 956/2020 de 3 de noviembre por el que se prorroga el estado de alarma.

Ante esta situación la ADSP quiere precisar las siguientes cuestiones:

1.- Los trabajadores sanitarios están demostrando mayoritariamente un compromiso vital con el ejercicio de su profesión, con el sistema sanitario público y con los pacientes. Este compromiso los ha llevado y los lleva a trabajar de forma entusiasta incluso en condiciones en las que se pone en riesgo su vida, su salud y la de sus familias.

2.- El colapso del sistema sanitario de Castilla y León que se ha producido durante la pandemia es consecuencia directa del recorte en las inversiones sanitarias que ha tenido lugar durante los últimos diez años. Se ha descapitalizado a SACyL en recursos humanos y tecnológicos, poniendo en riesgo la misma viabilidad del sistema sanitario público, tanto en el marco de la atención primaria como de los hospitales.

3.- La propia gestión del sistema ha sido y es ineficaz, y buen ejemplo de ello son dos cuestiones: el enorme gasto que supone la gestión privada del hospital de Burgos, que absorbe una parte muy importante del presupuesto anual de SACyL y que repercute en el resto de Castilla y León, y el Hospital de Salamanca, cuya apertura se retrasa indefinidamente cada año y que sigue pendiente del presupuesto necesario para completar obras y recursos tecnológicos, y del que se desconoce incluso la plantilla de personal que tendrá cuando se ponga en funcionamiento.

4.- La actual situación de falta de personal de enfermería y médicos es fruto de la improvisación y falta de previsión de la Junta de Castilla y León, cuya política de recursos humanos ha favorecido que los profesionales que podían haber sido contratados en el mes de junio se hayan ido a trabajar a otras CC.AA. donde les ofrecían mejores condiciones de trabajo en vez de los contratos precarios que les ofreció SACyL. A pesar de ello, la Junta sigue sin modificar un ápice su política de recursos humanos lo que imposibilita en el momento actual la contratación de profesionales necesarios porque nadie quiere venir a trabajar a Castilla y León.

    Rechazamos el carácter impositivo de este Decreto que supone un ataque al modelo sanitario actual, golpeándole en su línea de flotación que son los sanitarios. Pensamos que, ante un problema tan serio como una pandemia, es preciso buscar soluciones y tomar medidas ad hoc pero estas medidas no pueden ser impuestas sino que deben ser fruto de un diálogo con los profesionales y de un acuerdo amplio, nunca desde la imposición. Pensamos que se debe evitar la arbitrariedad y que las medidas que se tomen deben ser argumentadas y consensuadas para garantizar el apoyo y la cooperación del personal sanitario.

    Por estos motivos, consideramos que la Junta de Castilla y León es responsable de la situación que atraviesa la sanidad y la salud pública en nuestra comunidad. Este decreto empeora la necesaria e imprescindible identificación de los profesionales con la sanidad pública. La Junta ha optado por IMPONER en vez de PREVER Y DIALOGAR.

El Gobierno andaluz, la pandemia y la privatización de la sanidad

Fecha de Publicacion : 16/11/2020

Fuente:enlace infolibre

Autor: José Antonio Brieva, Antonio Vergara, Manuel Torres y Sebastián Martín

 

El Gobierno andaluz (PP y Cs + Vox) ha dado muestra desde el principio de su interés en privatizar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad Pública (SP). Es propio de su ideología demostrada previamente cuando han gobernado en otras partes de España. Por eso bajan los impuestos a los que más tienen, acuerdan presupuestos deficientes para la SP, que no corrigen el deterioro ocasionado en la década de recortes anterior ni atiende las nuevas necesidades, nombran para dirigir el SAS, y muchos de sus centros, a gestores con amplia formación en el sector de la medicina privada, financian un supuesto plan de choque para remediar las listas de espera que deriva su mayor parte al sector privado y ordena suspender la subasta de medicamentos, una decisión que sólo favorece a las grandes farmacéuticas.

En esas aparece la pandemia de la covid-19 que, durante la primera parte de este año, ha de ser afrontada por una SP depauperada y que, a pesar de presentar una incidencia en Andalucía inferior a la de algunas otras comunidades, sufre las tasas de personal sanitario contagiado más altas de España y el porcentaje más bajo de PCR por habitante. En cualquier caso, la primera ola de la pandemia demostró tres cosas: 1) que la SP es el único comprar zoloft de atender los problemas sanitarios graves de la población (compárese con la torera posición de perfil adoptada por la medicina privada nacional durante la pandemia); 2) que cuenta con la enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores; y 3) que este sistema padece las enormes carencias causadas por años de recortes, privatizaciones, precarización e imprevisión por parte de las autoridades. De hecho, al final de dicha ola, todos, incluido el Gobierno andaluz, hablan de la urgente necesidad del reforzamiento de la SP, máxime cuando la pandemia ha incrementado las listas de espera para otras patologías. Para ello, el Gobierno central deriva al Gobierno andaluz 1.000 millones de euros adicionales para afrontar los problemas sanitarios.

¿Qué ha ocurrido luego? Toda la gente en Andalucía es consciente de la situación generada desde el verano: han continuado las deficiencias de personal, más acusadas en la Atención Primaria, a la cual se le encargan nuevas tareas con respecto a la pandemia con la misma dotación (la contratación de personal este verano es similar a la del pasado verano); implantación calamitosa de una atención telefónica inadecuada; colas lamentables en los saturados Centros de Salud; sólo Ceuta y Melilla tienen números menores de rastreadores contratados y de PCR realizadas por habitante que Andalucía; listas de espera para el resto de las patologías desconocidas pero seguramente disparadas; y, lógicamente, una segunda ola de la pandemia más alta y peligrosa, con riesgo cierto de saturación de hospitales y UCIs.

Mientras todo esto está pasando, el Gobierno de Andalucía ha tomado tres decisiones relevantes para sus intereses ideológicos:

1.- A principios del mes de mayo, aún en la primera ola de la pandemia, el Gobierno andaluz ordena el ascenso de los hospitales de la empresa de medicina privada José Manuel Pascual Pascual SA (el primer holding de medicina privada de la región, con centros hospitalarios en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín) a Áreas de Referencia para 15 especialidades médicas (que atienden la práctica totalidad de las enfermedades), para catorce poblaciones gaditanas, afectando a 280.000 personas. Estas personas ven limitadas su libertad de elección para ser atendidos en los centros de la SP, como hasta ese momento. Esta decisión incluye el abono a la empresa de fondos comprometidos no usados, y el pago de la factura de medicamentos declarados por la empresa. Las protestas de la población afectada en Cádiz aún continúan y el modelo puede extenderse a otras provincias.

2.- El Gobierno andaluz aprueba en julio aplicar en las nóminas de octubre un complemento de “productividad fija” de más de 800 euros al sueldo de 2.429 médicos de la SP que también trabajan en la medicina privada (infoLibre, 11 noviembre 2020). Este complemento iguala al denominado “de exclusividad”, que hasta ahora se aplicaba solo a aquellos médicos que trabajan “exclusivamente” en la SP. Se trata de una eliminación de facto del concepto de exclusividad para hacer compatibles el trabajo público y privado. Además de a los facultativos, esta compatibilidad entre el ejercicio público y privado afecta también a los cargos intermedios (Jefes de Unidades, Servicios, directores, gerentes de hospitales), es decir, a todos los implicados en reducir las listas de espera y de potenciar la SP. Con esta medida la SP puede ser frecuente sujeto de colusión y conflictos de intereses indeseables, así como de problemas de incompatibilidad funcional (fatiga laboral por doble jornada) y legal (cobro de dos sueldos públicos simultáneos).

Un complemento económico para la actividad laboral exclusiva en el Sistema Sanitario Público, como el que había hasta ahora en Andalucía, tiene connotaciones importantes. Es un incentivo para dedicar las importantes exigencias tanto laborales como intelectuales que tiene el ejercicio de la Medicina hoy al Sistema Público e induce un compromiso con este, con su organización, con su funcionamiento y con su rendimiento tanto clínico como social. Este incentivo ahora desaparece en un escenario penoso, donde las plantillas de los centros sanitarios y sus dotaciones están siendo cada vez más reducidas y recortadas de manera, entendemos, que premeditada. En definitiva, la desaparición del concepto de exclusividad puede movilizar la entrada del personal sanitario público en el sector privado, lo que sería un balón de oxígeno para un sector saturado y en expansión.

3.- El Gobierno andaluz anuncia a lo largo del verano que va a invertir 130 millones de euros en centros de medicina privada para abordar los retrasos de las listas de espera de la Sanidad Pública para pruebas especiales e intervenciones. Esto lleva a pensar si existe una manera mejor de invertir 130 millones de euros en los problemas actuales de la SP.

Para solucionar el colapso de la Atención Primaria, con 130 millones se podrían contratar durante un año mil doscient@s médic@s, mil doscient@s enfermer@s y setecient@s trabajador@s auxiliares (rastreadores, administrativos, tests PCR...). No cabe duda que una inversión en plantilla de este tipo, si no solucionar del todo, sí mejoraría notablemente la situación de colapso actual de los cuatrocientos Centros de Salud de Andalucía.

Pero también esos 130 millones de euros se podrían emplear para afrontar el problema de la listas de espera dentro de los centros de la SP. Veamos cómo. Se podría abrir un turno de tarde (de 3 a 10 pm) en los diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, proceso en el que cabría considerar una media de veinte especialidades reforzadas con al menos tres especialistas nuevos por especialidad y centro, más el adecuado nuevo personal de enfermería y otros. Con esos fondos, esto podría realizarse mediante la contratación por un año de mil cien medic@s, mil cien enfermer@s y setecientos trabajadores auxiliares. No cabe duda que esta medida no iba a hacer desaparecer las listas de espera en un año, pero su impacto sobre las mismas sería bastante importante y más efectivo que el gasto realizado por la Junta en centros de medicina privada.

Y entonces, si el Gobierno andaluz ha recibido 1.000 millones de euros para afrontar los problemas actuales de la SP andaluza, y la solución parece asequible dentro de ese marco económico, ¿por qué el Gobierno andaluz se empeña en no resolverlos? ¿Por qué mantener el dolor y la angustia de tanta gente cuando tienen los recursos necesarios para solucionarlo?

Pero en los últimos días ha aparecido un nuevo dato: el Gobierno andaluz decide limitar de forma drástica los derechos laborales (descansos, vacaciones, libranzas, movilidad, etc.) de los trabajadores sanitarios públicos, lo que está provocando multitud de protestas de los mismos. Es decir, aquellos que nos han cuidado siempre y de forma notable durante la primera ola de la pandemia, ahora, en la amenazante segunda ola, en vez de recibir mensajes de aprobación y reconocimiento y el cuidado del sistema, son maltratados. En este momento. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué urgente razón había para hacer esto?

No sabemos las respuestas a estas preguntas. Las tendría que aclarar el Gobierno andaluz. Ni siquiera sabemos en qué han empleado los 1.000 millones recibidos para reforzar la SP en la pandemia. Hace ya unos años, la canadiense Naomi Klein documentó en un conocido libro (La doctrina del shock) cómo los gobiernos neoliberales en muchas partes del mundo usan las situaciones de shock de la población (desastres naturales, guerras, dictaduras, etc.) para implantar medidas sociales anti-populares. Con los datos que tenemos sobre la situación sanitaria de Andalucía hemos llegado a una conclusión: el Gobierno andaluz está usando la pandemia de la Covid-19 para acelerar el deterioro de la Sanidad Pública y su privatización.

Esto nos lleva a afirmar que la confluencia combativa de los trabajadores sanitarios y de la ciudadanía es la única solución a los problemas sanitarios andaluces.

Concha

Fecha de Publicacion : 03/11/2020

Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/concha-ledesma-adsp-salamanca

Autor: Aurelio Fuertes

Concha Ledesma

Concha se jubila. Ella es una de esas profesionales que no debiera hacerlo, porque aporta valor a la sociedad con su trabajo. Concha lleva ejerciendo más de treinta años como médica de pueblo o, más políticamente correcto, como médica de Atención Primaria en el área rural. En este tiempo, ha recorrido muchos kilómetros y ha 'quemado' varios coches para atender a pacientes de esta parte de la España vaciada.

Ha estado cerca de los enfermos que lo necesitaban y que estaban lejos de la alta tecnología que atesora el Hospital. Ha aportado conocimiento (mucho) y valores (aún más) a su profesión y ha tratado con su buena práctica, pero también con su palabra y su sonrisa sanadora, a muchos pacientes. Ha estado vigilante de aquellos problemas de salud pública que afectaban a la comunidad y ha ejercido de maestra para formarla en los cuidados básicos para su salud. Todo ello lo ha hecho con escasos medios, con precariedad, porque si la Atención Primaria es la cenicienta de los sistemas de salud, la sanidad rural es la cenicienta de la Atención Primaria.

Le ha tocado vivir en una sociedad donde, en más de una ocasión, ha tenido que defender su sitio por su condición de mujer. Ha dedicado muchas horas y mucho esfuerzo a la ADSP y ha defendido y defiende con pasión la sanidad pública, porque sabe que es la única garantía de un acceso equitativo de todos, pobres y ricos, de la ciudad o del pueblo, a la salud y a unos servicios sanitarios de calidad.

En estos tiempos de pandemia, hemos debatido, unas veces aquí y otras veces a orillas del Atlántico en Portugal, sobre la situación actual de la sanidad rural y su futuro. A veces esperanzados por las oportunidades que ofrece la tecnología de la información, como la telemedicina, y a veces preocupados por sus evidentes deficiencias para el ejercicio de una profesión que exige estar cerca.

Al final siempre estuvimos de acuerdo en que seguirá siendo necesaria, sobre todo allí, la presencia de un médico para curar al enfermo o, si no es posible, para aliviarlo, y en todo caso, para cuidarlo si no se puede hacer otra cosa. Curar, aliviar, cuidar... lo que siempre ha hecho Concha Ledesma, mi amiga.

Desilusión y desmotivación profesional ante la segunda oleada COVID - Salud a Diario

Fecha de Publicacion : 11/11/2020

Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/desilusion-y-desmotivacion-profesional-ante-la-segunda-oleada-covid

Autor: Aurelio FuertesMiguel Barrueco Ferrero

Miguel Barrueco interior

Nos enfrentamos de nuevo al rebrote de la pandemia de COVID, y son muchas las cosas que han cambiado respecto de la primera. Los profesionales sanitarios están indignados por el comportamiento tanto de los gobernantes como de los gobernados que están dando un espectáculo lamentable.

El sentimiento mayoritario es que la irresponsabilidad manifiesta de unos y otros descarga, otra vez, el peso de la lucha contra la pandemia sobre el personal sanitario, y esta vez no se está dispuesto al mismo nivel de sacrificio que en la ocasión anterior.

De hecho, en la reorganización de los hospitales para adaptarse de nuevo al tsunami de ingresos (la denominada re-escalada), se observa mayoritariamente una importante resistencia a incorporarse a los equipos COVID, y apenas existen voluntarios para ello, lo que está produciendo verdaderos quebraderos de cabeza a las direcciones de hospitales y centros de salud. En esta ocasión, ya no existe el entusiasmo con el que se luchó contra la primera ola, y ello tiene causas muy claras que trataré de exponer a continuación.

En primer lugar, existe miedo al contagio y a ser responsables del contagio de la propia familia. Los médicos no somos héroes, somos personas con sentimientos, muchas veces encontrados, y que enfrentan la profesionalidad con el sentido de autoprotección. Se puede exigir un comportamiento profesional ético, pero no la inmolación.

En segundo lugar, se están produciendo muchas bajas laborales, bajas que, en la mayoría de las ocasiones, no se cubren, produciendo una sobrecarga añadida a un personal ya muy sobrecargado por sí, antes y durante la pandemia.

En tercer lugar, está muy arraigado el sentimiento de maltrato durante la primera fase de la pandemia. La carencia de material de autoprotección y las durísimas condiciones de trabajo han dejado huella, especialmente cuando se observa que las condiciones para enfrentarse a la segunda y sucesivas oleadas han mejorado, pero no lo suficiente. Se desconfía de que vuelva a suceder lo mismo.

En cuarto lugar, existe el sentimiento de un agravio comparativo entre distintos grupos de profesionales. En la primera fase, mientras se reducía la actividad de determinados servicios –los quirúrgicos, fundamentalmente, pero no solo–, los profesionales que se quedaban en casa por falta de actividad mantenían íntegras sus remuneraciones, guardias incluidas, y los médicos que atendían la pandemia en primera línea de fuego veían cómo, a pesar de la penosidad del trabajo, no se recompensaba el mismo de alguna manera, e incluso en algunos casos perdieron parte de su remuneración habitual y ganaron menos dinero que si no se hubieran integrado en los equipos COVID. El sentimiento de agravio está muy extendido. La posterior compensación se consideró una ofensa por la cuantía de la misma y los conceptos para su distribución.

Buen ejemplo de lo anterior es la negativa de numerosos profesionales con contratos temporales a renovar sus contratos precarios y que, ante las condiciones que se le ofrecen, prefieren buscar nuevos y mejores horizontes.

En quinto lugar, la asistencia especializada es, por definición, una asistencia fragmentada y organizada en servicios, con poca o ninguna sensación global de pertenencia al hospital. Fuera de cada servicio, el resto no existe o no merece la atención suficiente como para abandonar la asistencia dentro de cada uno de los servicios. Ya no existe una concepción integral del hecho de "ser médico". Esto incluye la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes con patologías propias de cada especialidad, que en la anterior ocasión quedaron abandonados a su suerte y que ahora no es posible.

Si a todo esto –y a otras múltiples razones que sería muy prolijo expresar– se añade la insensibilidad e inoportunidad de las autoridades sanitarias, el malestar generado por iniciativas de los gobiernos central y autonómico, como, por ejemplo, el decreto que autoriza a ejercer como especialistas a profesionales no cualificados en el caso del primero –que ha generado respuestas en forma de huelgas (en España no había ninguna huelga médica desde hace 25 años)– o la reciente exigencia de establecer un calendario de consultas hasta mayo de 2021 por parte del segundo, cuando los servicios tienen que anular cada día citas programadas para dedicar a sus miembros a atender la pandemia, el cabreo generalizado está asegurado. Inoportunidad política manifiesta.

Este artículo no pretende ser exhaustivo, solo reflejar la situación del personal médico en particular y del personal sanitario en general. Durante décadas, las sucesivas administraciones sanitarias han abusado de la entrega de los profesionales. Ante la pandemia no han modificado un centímetro su actitud, así que la gota ha colmado el vaso.

Diez medidas urgentes para contener la pandemia

Fecha de Publicacion : 03/11/2020

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/medidas-urgentes-contener-pandemia-sanidadpublica-atencionprimaria-madrid-ayuso-covid19/20201103124704180841.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

tabacovid

La pandemia de Coronavirus SARS-COV2 continua aumentando su incidencia en nuestro país (más casos, mas hospitalizados, mas en UCIs, más muertos) como por cierto esta pasando también en casi todos los países de Europa, si bien en nuestro caso la gravedad es muy importante estando a entre los primeros puestos por mortalidad.

La pandemia Covid19 esta avanzando de manera significativa en todo el país, aunque con incidencias muy variables según las distintas CCAA, pero es evidente que estamos ante una segunda ola que tiene todos los visos de aumentar si no se adoptan medidas más contundentes y de eficacia probada, que alguna de las CCAA, el caso más evidente es el de la de Madrid, están postergando y descafeinando continuamente, con lo que se evita el atajar la extensión de los contagios.

Se puede constatar que las administraciones sanitarias de modo general, también con muchas diferencias autonómicas, no han aprovechado la disminución de los casos producida en junio para reforzar los dispositivos asistenciales, especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública, de manera que el sistema sanitario se encuentra en una condiciones parecidas o peores a las que tenia en marzo y que provocaron su desbordamiento.

Por otro lado, se evidencia una falta de coordinación entre los responsables de la administración sanitaria (Ministerio y CCAA) que esta entorpeciendo la solución del problema y generando confusión y desconfianza entre la población. En todo caso, es evidente que, aunque todos tienen alguna responsabilidad al respecto, hay alguna de las CCAA, especialmente la de Madrid, que quieren aprovechar la pandemia para enfrentarse al gobierno central sin importarles demasiado la salud de la población.

Además, después de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, que en lo referente a Sanidad fueron poco satisfactorias e incompletas, ni siquiera se ha avanzado de manera relevante en el reforzamiento de la Sanidad Pública en aquellos aspectos mejor desarrollados y más positivos del Dictamen.

Por otro lado, tanto la primera como la segunda ola de la Covid19, han tenido como resultado el que se hayan anulado la realización de  intervenciones de cirugía programada, consultas de especialistas y AP, y pruebas diagnósticas, que aunque no se pueden cuantificar exactamente, por la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias autonómicas, pueden estimarse en más de 500.000 intervenciones quirúrgicas, 10 millones de consultas externas y 2 millones de pruebas diagnosticas las actuaciones no realizadas.  Las repercusiones que esta falta de asistencia sanitaria ha tenido sobre la morbilidad y mortalidad de la población son importantes, aunque hasta el momento  resultan imposibles de calcular con exactitud, pero en todo caso serán importantes y cuestionan el derecho a la protección de la salud de la población que en teoría garantiza nuestra Constitución.

Finalmente la pandemia ha sido aprovechada por algunas administraciones desaprensivas para incrementar la privatización sanitaria, y para derivar fondos que debían destinarse a la atención sanitaria a otros fines (el caso mas espectacular es el de la Comunidad de Madrid que solo destino el 47% de los 1.490 millones euros recibidos a gastos relacionados con la pandemia). 

Todo ello requiere actuaciones urgentes tanto para contener la pandemia como para garantizar la recuperación del sistema sanitario público tan dañado por los recortes como por la crisis sanitaria actual. Estas medidas deberían de pasar por:

Uno | Establecer mecanismos eficaces para la contención de la Covid19 que deben de pasar por restricciones de movilidad, generalización de las medidas de protección y sistemas eficaces de detección de casos e identificación y seguimiento de sus contactos (al menos 40 rastreadores/100.000 habitantes) y que tienen que ser básicamente homogéneas en todo el territorio.

Dos | Necesitamos un sistema de información potente y homogéneo para todo el Sistema Nacional de Salud que permita, a las autoridades sanitarias, a los profesionales de la salud y a la población, tener un conocimiento actualizado sobre la evaluación de la pandemia y de las demás enfermedades, así como de los principales parámetros de funcionamiento del SNS.

Tres | La aprobación de unos presupuestos generales del estado que garanticen una financiación suficiente de la Sanidad Pública, crónicamente subfinanciada y recortada, que hemos estimado en un incremento de 1.000 € por habitante y año para poder afrontar las necesidades de salud de la población en este momento. El proyecto presentado por el Gobierno avanza en este sentido estableciendo importantes aumentos para la Sanidad Pública, pero que deben de complementarse por los que haga cada una de las CCAA en sus propios presupuestos.

Cuatro | Establecer mecanismos de financiación finalista que permitan asegurarse de que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave (refuerzo de la Atención Primaria, Salud Pública, Investigación, aumento de camas hospitalarias en centros públicos), lo que puede hacerse bien desde los propios PGE, bien desde una mayor dotación económica del Ministerio de Sanidad, bien desde la aprobación de un Plan Integrado de Salud con dotación económica para el cumplimiento de sus objetivos. En este objetivo también se produce algún avance en el proyecto de PGE pero todavía insuficiente.

Cinco | Reforzar especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública, pero también el conjunto del sistema sanitario incrementando las plantillas de todas las categorías para evitar una situación de colapso en esta nueva ola que va a ser enfrentada por un personal sanitario ya bastante cansado y desincentivado.

Seis | La mayoría de las necesidades asistenciales de la población no están relacionadas con la Covid19, sin embargo, se está produciendo una postergación en la asistencia sanitaria de la población que padece otras enfermedades, en muchos casos de mayor gravedad. Se precisa organizar urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable.

Siete | Debemos considerar los determinantes sociales de la salud como un factor clave en la expansión del virus, estableciendo mecanismos para abordarlos especialmente, frente a los discursos y políticas que estigmatizan a los colectivos más vulnerables.

Ocho | Hay que potenciar una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, mejorando las condiciones de las residencias y su control, y potenciando la ayuda domiciliaria.

Nueve | Debemos de adoptar medidas legislativas de protección del SNS frente a la privatización y para recuperar de la sanidad privatizada. La respuesta ante el virus solo va a venir de la Sanidad Pública, si continúan las privatizaciones la debilitamos y descapitalizamos favoreciendo su desbordamiento.

Diez | La protección de la salud es un derecho de la ciudadanía reconocido constitucionalmente, y en última instancia el gobierno del país es el garante del mismo. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno deben de arbitrar mecanismos que aseguren su tutela efectiva, mediante la coordinación y la integración de las estrategias de política sanitaria con las CCAA, y si fuera preciso mediante la intervención directa. No se pueden seguir tolerando los espectáculos de las inconsistencias y desastres que provoca el gobierno de la Comunidad de Madrid, no es de recibo abandonar a su suerte a 6,6 millones de personas.

Es urgente cambiar la política sanitaria. Hay que urgir a las autoridades sanitarias y responsables políticos, a los trabajadores de la Sanidad y a la población, para que trabajen para poner en marcha estas medidas que son imprescindibles para responder adecuadamente a la situación actual.

COVID y tabaquismo - Salud a Diario

Fecha de Publicacion : 22/10/2020

Fuente https://www.saludadiario.es/opinion/covid-y-tabaquismo

Autor: José Generoso Gómez Cruz

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Existen diversos estudios a nivel nacional e internacional que señalan el tabaquismo como factor de riesgo de COVID, sobre todo en enfermos graves. Ya en mayo de este año la OMS informó de que fumar tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades respiratorias, y estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores.

En España, los profesionales recuerdan que los fumadores han tenido peor pronóstico con el coronavirus y, como indica Josefa Cantero (presidenta de SESPAS. Universidad de Castilla-La Mancha) en The Conversation, aunque no hay evidencias científicas sobre la transmisión del coronavirus por el humo del cigarrillo, fumar y vapear en los espacios públicos puede resultar especialmente peligroso para los demás.

Por todo ello, los médicos llevan meses reclamando la prohibición de fumar con el fin de controlar la pandemia de coronavirus.

La respuesta acordada por unanimidad por el Gobierno y todas las comunidades autónomas son las recientes restricciones impuestas a los fumadores en calles y terrazas por el factor de riesgo de contagio que supone, prohibiendo consumir tabaco y utilizar ningún dispositivo que sirva para ello –como los cigarrillos electrónicos, las pipas o las cachimbas– para atajar su propagación por el aire, siempre que no se respete la distancia social de dos metros.

Estas medidas son, a todas luces, insuficientes. Permitir fumar o no en una terraza o en la calle dependiendo de si el fumador tiene a otra persona a dos metros o más es una norma que no soluciona el problema, y lo único que puede crear es polémica y discusión de si se está a más o menos de dos metros.

En Castilla y León, el 8 de octubre la Junta aprobó una modificación del plan de medidas frente a la COVID, estableciendo como obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento en la calle, permitiendo retirar la mascarilla únicamente en situaciones de consumo de alimentos y bebidas y, por tanto, prohibiendo el consumo de tabaco en las terrazas sin excepciones. Relacionar el consumo de tabaco con el uso de la mascarilla no es lo ideal; se debería haber prohibido fumar por el mero hecho de que el humo de tabaco puede transmitir el coronavirus, pero al menos es una disposición que no admite discusión y que protege a la mayoría de la población, teniendo en cuenta que el 78% de la población es no fumadora.

Debe quedar muy claro que esta no es una medida contra los fumadores, sino que es para prevenir y evitar la transmisión de la enfermedad.

Y entonces, ¿qué pasa con los fumadores? Pues aquellos que nunca se han planteado dejar de fumar, deberán informarse de los problemas que acarrea el tabaquismo para ellos y para los que les rodean y respetar las normas sobre consumo de tabaco.

Los fumadores que se lo están planteando, pero que no acaban de decidirse, pensar en las ventajas que conlleva abandonar el tabaco y que este puede ser un buen momento para dejarlo.

Y los que desean hacer un intento serio para dejar de fumar, que piensen que los sanitarios no podemos dejar sin dar respuesta a un fumador que quiere abandonar el consumo de tabaco. Por tanto, que no pierdan la oportunidad, pidan cita cuanto antes con su medico de Familia, para que, cuando éste les llame por teléfono, le digan que quieren dejar de fumar y así iniciar online el tratamiento, que actualmente está financiado por la seguridad social.

 

Nota AGDSP epidemia COVID en residencias

 

Razón y Pasión

Fecha de Publicacion : 07/10/2020

Fuentehttps://www.saludadiario.es/opinion/razon-y-pasion-en-la-gestion-de-la-pandemia-covid

Autor: Miguel González Hierro
 Miguel Gonzalez Hierro

Razón o Pasión, viejo dilema filosófico. Viejo y perpetuo.
No me resisto a trasladar esta dualidad al enfoque social que muchas veces hacemos de las cuestiones –en este caso– de organización sanitaria, pero también al abordaje de conflictos políticos, en el sentido más noble del término político.

Las sociedades mismas actúan bajo estos principios del predominio de razón o de pasión, de emoción o lógica.

Y ello viene a cuento del acercamiento al drama que estamos viviendo de la epidemia de la COVID. Ha pasado ya un tiempo, no excesivo, pero tal vez suficiente desde que empezó este mal sueño, para que seamos colectivamente capaces de hacer una interpretación sensata de qué ha pasado, qué está pasando y qué debemos hacer frente a este marasmo. Analizar la situación, sí, así de simple. Análisis ineludible, a la vista de los devastadores efectos que el virus ha producido en nuestra sociedad, tan convencida de que cosas como esta a nosotros no nos pasarían.

Devastación sanitaria, económica, pero también cultural.

Pero me quiero referir al aspecto sanitario, más exactamente, al enfoque de la gestión de la plaga. Es una opinión –y muy modesta, ciertamente–, pero entiendo que este enfoque se ha hecho con un imperio de la pasión por encima de la razón.

Pasión que ha llevado colectivamente –por la mayoría de los actores políticos, sociales y por gran número de ciudadanos– a hacer valoraciones emocionales, fundamentadas en defender la gestión realizada por el simple hecho de que la han realizado "los míos", con los que me identifico. O, a la inversa, criticar esa gestión por el hecho de hacerla "los otros". No enjuiciando desapasionadamente esta gestión y valorando positivamente la gestión misma por el hecho de realizarla "los míos", al margen de su adecuación.

La pasión ha corrompido el análisis.

En consecuencia, este proceso de valoración desajustada de la realidad no nos permitirá extraer enseñanzas útiles, eficaces –tan útiles como fuera posible– que posibiliten reorientar esa gestión, hacer bien las cosas. O al menos hacerlas mejor.

Pocas iniciativas poderosas han surgido bajo este criterio de la razón; quizás resaltar la del grupo de científicos que planteó analizar esto desde la objetividad, la independencia y el rigor científico. Iniciativa que, por el momento, no ha prosperado.

Difícil poner remedio a los problemas si no se conoce su causa. El tratamiento dudosamente será eficaz si el diagnóstico es incorrecto o desconocido.

Y es que, debo repetirme, veo un exceso de pasión, pasión por "lo mío" por "los míos", por "mis argumentos", en detrimento del análisis sosegado, libre de prejuicios y en aras del bien común. Y esto es aplicable a la gestión sanitaria nacional y a la de los gobiernos de las comunidades.

Quizás esta reflexión –simplista, en parte, por lo breve del espacio– ayude a explicar esa arcaica pugna entre bloques, conceptos o ideas de nuestro país, donde prima lo emocional sobre lo racional.

Aunque también, y para dejar de distraerles con estas líneas, puede que esta dicotomía no deje de ser una falacia y el humano, regido por ambas pulsiones de una forma que no entendemos con precisión, en muchas ocasiones haga finalmente cosa distinta a la que le dicta la razón.

Lo que falta en la Sanidad de Madrid (y lo que nos sobra)

Fecha de Publicacion : 28/09/2020

Fuentehttps://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/deficiencias-sanidad-publica-madrid-cortinas-humo-gobierno-pp-diaz-ayuso/20200928111431179572.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle
 
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Hace unos días la Comunidad de Madrid para encubrir su nefasta gestión de la pandemia señalaba que había falta de médicos para contratar en Atención Primaria y que por ello el refuerzo de la misma era imposible, a lo que sumó luego su supuesta imposibilidad de contratar médicos extracomunitarios, lo que achacaban a la administración central.

De nuevo cortinas de humo para encubrir la realidad y generar polémicas estériles. ¿Qué es lo que realmente falta en la Sanidad madrileña?

Empecemos por los médicos de Atención Primaria (AP). Durante la crisis anterior los gobiernos del PP (Ana Mato, Alfonso Alonso) disminuyeron la oferta de plazas de formación MIR de una manera drástica (el máximo en 2017), con un máximo especialmente en medicina familiar y comunitaria (hasta 1.051 plazas menos de esta especialidad), lo que supone que hasta 2021 habrá menos médicos con formación de especialista (las convocatorias de 2019 y 2020 revierten esta situación pero su resultado no se vera hasta 2023), generando un cuello de botella al respecto. Naturalmente, o no, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP  no solo no se quejó de esta situación sino que además fue de las que disminuyo más el porcentaje de plazas convocadas sobre las acreditadas, es decir se trata de una situación creada irresponsablemente por la propia Comunidad, que entonces como ahora sigue gobernada por el PP. A lo que hay que sumar el aumento de plazas de formación universitaria en medicina en las universidades privadas que esta generando una bolsa de médicos graduados que no tiene acceso a la formación especializada que es obligatoria para trabajar en la Sanidad Pública desde 1995.

Por otro lado, y como muy bien se ha señalado, el articulo 57.5 de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público permite a la Asamblea de la Comunidad de Madrid el aprobar una Ley que autorice contratar a personal extracomunitario, y esa ley de hecho fue rechazada por los partidos que apoyan a la Sra Ayuso, mientras que ahora la reclama del Gobierno central.

Pero no solo de médicos vive la  AP, faltan todo tipo de categorías, enfermería, administrativos, etc, en los que este déficit no existe, pero la Consejería de Sanidad no los contrata. En las televisiones aparecen las vergonzosas colas formadas ante los centros de salud (por cierto un foco de contagio mas que evidente), una parte muy importante de ellas de personas que han intentado infructuosamente conseguir una cita por teléfono, porque lo que si faltan son líneas telefónicas (las que había están colapsadas por la atención telefónica y los rastreos que se hacen desde AP) y por supuesto  administrativos que las atiendan ¿hay carencia de personas en Madrid para contratar como administrativos?. Otras comunidades autónomas como por ejemplo Extremadura han incrementado el personal en AP de todas las categorías.

Otra cosa que falta en Madrid es la oferta de condiciones de trabajo razonables. Ya se sabe que el personal contratado para el IFEMA se despidió de inmediato en cuanto se cerró este, personal que hubiera servido para reforzar los centros sanitarios de la región y que obviamente se marcho a otras CCAA que ofrecen contratos de 1 a 3 años y no de 1 a 3 meses como hace la Comunidad de Madrid. En Madrid se expulsa a los trabajadores de la Sanidad y lógicamente cuando se los necesita no resulta fácil encontrarlos.

Por supuesto nos faltan rastreadores, en lugar de los 2.600 necesarios nos prometen primero 800 y luego 1.100 que a día de hoy reconocen que no tienen, y falta la relación de estos con la AP y el seguimiento por Salud Pública de los casos asintomático que siguen saturando la AP sin ningún sentido.

Faltan camas hospitalarias, mientras se mantienen cerrados numerosos espacios en los centros públicos muchos de ellos con gran presión por Covid19 como la planta 3ª del hospital de Vallecas o una de las torres del de San Sebastián de los Reyes, y no se han reabierto las 1.600 camas cerradas en los centros de gestión pública desde 2010.

Falta personal para el hospital que andan construyendo en Valdebebas y para la posible reapertura del IFEMA, porque parece que piensan, otra vez, destinar personal de la AP a estos centros, destruyendo aún más lo poco que aún queda en funcionamiento.

Falta reforzar los laboratorios que hacen las PCR en los centros públicos para garantizar los resultados en un máximo de 48 horas.

Falta aumentar el número y la frecuencia de convoyes de metro y cercanías y de autobuses, y acabar con el hacinamiento en el transporte público regional que es un foco permanente de contagio, y no el aeropuerto o el AVE ahora prácticamente vacíos.

Falta reforzar las condiciones de las residencias de mayores de la región, una bomba de relojería, porque si la incidencia de la pandemia sigue aumentando en la región volverán a una situación critica.

Y sobre todo falta sentido común, responsabilidad y respeto a los conocimientos científicos, interés por la Sanidad Pública, una política basada en las necesidades de salud y no en las de los empresarios amigos, unas restricciones de movilidad establecidas en territorios homogéneos y fácilmente controlables y no en zonas básicas de inconcretos limites sobre todo desconocidos por la población lo que les hace de imposible cumplimiento, que no sean discriminatorios y que no eludan la realidad (la situación en la Comunidad de Madrid es insostenible y precisa de medidas urgentes, radicales e inaplazables).

Y por supuesto nos sobran las privatizaciones, las actuaciones de marketing publicitario que montan operas bufas “inaugurando” en el Metro dispensadores de gel hidroalcohólico  apropiados para una tienda de ultramarinos, gastarse en banderas, toros y sacerdotes lo que no destinan a la Sanidad Pública, test indiscriminados con finalidad puramente propagandística, los enfrentamientos irracionales con el gobierno central… En realidad, solo nos sobra la Sra. Díaz Ayuso y su gobierno, por el bien de todos, por el suyo propio, váyanse.

La Covid19 nos descose y desnuda

Fecha de Publicacion : 23/09/2020

Fuentehttps://www.lanuevacronica.com/la-covid19-nos-descose-y-desnuda

Autor: Alberto del Pozo Robles
 
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Si alguien duda de cómo y porqué la administración española y sus miserias han llegado a ser objeto de estudio por parte de expertos internacionales, bastaría que se adentrasen en el trabajo que desde hace años viene haciendo el profesor A. Nieto, y así comprenderían con meridiana claridad cómo el desgobierno de nuestra administración patria no es un manojo de despropósitos nacidos de la incompetencia sino, muy por el contrario, es el resultado de una estrategia quizá cuidadosamente diseñada para que dicha administración naufrague ante los intereses y demandas de sectores privilegiados, y orientada a desfigurar así ese escenario tan retórico del hipotético y deseable estado de derecho real y eficiente, hoy inexistente.

El covid19 está plasmando y poniendo de manifiesto, entre otros, una realidad manifiesta tan palmaria como es la ineficacia, al menos en estos momentos, de nuestro modelo de organización territorial y administrativo, modelo que desde sectores cavernícolas se pretende derribar, pero que desde otras latitudes de nuestro espectro ideológico más descentralizador también se cuestiona seriamente. La descoordinación en materia de sanidad y educación, y en general en el conjunto del sector público, es tan escandalosa, que deviene en poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como el edificio de nuestro modelo productivo, la estructura social y cultural, y la viabilidad de nuestra economía. La ausencia de transparencia por parte de las administraciones, así como la nula participación de los profesionales en la propia gestión administrativa abandonando las decisiones al albur de los despachos, son ya endémicos en nuestra administración española y cuestiona su necesaria esencia democrática.


A partir de la llamada desescalada, momento en el que el gobierno central claudica ante multitud de presiones, entre ellas las provenientes de reinos de taifas que no toleran perder parte de su capacidad de gobierno autonómico, y cuando el gobierno procede así a trasladar las competencias de la gestión de la pandemia a los gobiernos autonómicos, a partir de ese momento, tanto en sanidad como en enseñanza, algunos de esos gobiernos descentralizados y desbocados, tan acostumbrados a tentaciones nepóticas en su ansia de esa autogestión de patio de vecinos, comienzan a aplicar criterios diversos, a veces contradictorios, otras veces infundados y sin soporte argumental sólido, y casi siempre modulados por intereses muy locales derivados del propio juego de confrontación política entre partidos y siempre en escenarios en los que la gestión de la pandemia pasaba a ocupar un segundo plano, cediendo su trascendencia al juego de intereses de sectores diversos en liza tan influyentes como domésticos. El resultado ya lo estamos padeciendo, y es que las comunidades autónomas han empleado los esfuerzos económicos, y las partidas específicas destinadas a paliar esta crisis, de forma arbitraria y sin el necesario control ni transparencia por parte de la ciudadanía.

Algunos medios de comunicación, tan preocupados por aspirar a ocupar el primer puesto en el share o en su balance de ventas, se afanan en dar de sí todo lo que pueden en un asunto que poco tiene que ver con la dinámica democrática que deberían potenciar, sino más bien en el manejo de cifras macabras de contagiados, afirmaciones de tertulianos, test, PCRs realizadas, ingresos hospitalarios y fallecimientos, sin atender ni por un momento a que su función también debería ser la de ofrecer resultados y transparencia en la gestión administrativa y económica de esos gobiernos ante esta pandemia.

Así, observamos cómo nadie publica el cómo se están empleando las partidas presupuestarias específicas para luchar contra la posible segunda ola del covid, como tampoco nadie divulga que, por ejemplo en educación, existen espacios, personal voluntario y posibilidades para inaugurar el curso académico con más y mejores garantías de seguridad que las observadas a día de hoy. Y ejemplos nos pueden dar algunos países europeos de nuestro entorno. Edificios abandonados pero aún utilizables, personal solidario que engrosa las brigadas de desempleo, voluntariado civil deseoso de ser considerado útil en estos momentos, instalaciones deportivas en desuso, edificios religiosos y colegios privados que intentan mantenerse asépticos al margen de esta tormenta sin que nadie les comprometa, etc... y todo esto se ha desechado por falta de conocimiento, de imaginación, por falta de voluntad política, y por la incompetencia, descoordinación e ineficacia de algunos de quienes nos gobiernan en el ámbito autonómico. En el sector salud nos encontramos con algo parecido, pues aun siendo cierto que hay categorías de personal sanitario que no disponen de más efectivos, por cierto, todo ello debido a las políticas restrictivas para con lo público aplicadas por los gobiernos neoliberales y socialdemócratas de los últimos años, lo cierto es que la gestión de la pandemia y el colapso y sobresaturación de trabajo para los sanitarios bien podría haberse aliviado si a alguno de nuestros gobernantes autonómicos se le hubiera ocurrido la feliz idea de contratar a más personal administrativo, telefonistas, personal voluntario para el tan cacareado rastreo de contactos, etc… y nos consta que en las gerencias de salud hay un listado de personal voluntario, sanitario y no sanitario, muchos de ellos y ellas ya jubilados, que no han sido reclamados para estas tareas obviamente solidarias... Pero tampoco se ha hecho. Como tampoco se ha hecho el exigir al sector privado de la sanidad una colaboración solidaria para recabar recursos y aunar esfuerzos en la lucha asistencial contra el covid. Esto parece que no va con ellos.

No podemos obviar que tanto la sanidad como la enseñanza son sectores transferidos a las comunidades autónomas, y que salvando líneas muy generales de actuación colectiva de rango estatal, la gestión, diseño y aplicación de presupuestos, políticas de personal y resultados en salud y educación, todo ello les corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas y no al Estado central. Por todo ello, y regresando a los planteamientos con los que comenzábamos, ignoramos si estamos gobernados por incompetentes, egoístas, miopes, reyezuelos de tres al cuarto, cortoplacistas, corruptos o simplemente tontos de salón, pero lo cierto es que el covid está ayudando a constatar que toda esa tropa está apostando, no sabemos si consciente o inconscientemente, por demostrarnos que el estado de las autonomías, en un perfil tan detallado como el profesor Nieto nos dibujaba, está resultando un caos, y que además, a día de hoy, nos está resultando muy caro…en dinero por supuesto, pero también en salud y en vidas humanas.

Uno, que se alinea incondicionalmente con los defensores del modelo de organización territorial sancionado y defendido en nuestra Constitución, no puede sino hacer un alto en el camino y pararse a reflexionar si en momentos con éste, azotados por una pandemia sin precedentes como la que nos amenaza, no deberíamos cobijarnos bajo la excepcionalidad de una necesaria coordinación estatal que no descosa las costuras de nuestro imperfecto y defectuoso modelo de organización, hoy en manos de líderes sin ninguna perspectiva de estado y sin la voluntad política de dotar a nuestra administración pública de los imprescindibles recursos y de su necesaria y exigible eficacia y eficiencia.

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