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LA ASISTENCIA PRIMARIA EXHAUSTA

Fecha de Publicacion : 30/04/2017
Fuente : http://ecosdemilnaufragios.blogspot.com.es/2017/04/destruyendo-la-asistencia-primaria-ap.html
Autor: ecosdemilnaufragios

Llevo más de 35 años ejerciendo en atención primaria (AP) de la salud en Catalunya y en casi todos los ámbitos posibles y nunca antes la había visto tan exhausta, la sobrecarga de trabajo, siempre presente, ha aumentado hasta un punto inadmisible y peligroso, las causas son sabidas:


Poco dinero para la AP: tema crónico agravado por los "recortes", datos del Sindicat de Metges muestran que el presupuesto para la AP se ha reducido un 25% desde el 2007.
La sobrecarga asistencial preexistente se agrava, 1.100 médicos de familia y pediatras menos del 2007 al 2016 (de 6.819 a 5.747). En enfermería las pérdidas son similares. Somos muchos los profesionales que superamos los 2000 ciudadanos asignados


Mayor complejidad de los pacientes y de su manejo ¿causas?: razones sociales (aumento de la pobreza), de edad, de pluripatología. La "centrifugación" de pacientes desde otros niveles asistenciales. Las crecientes dificultades para que se acepten nuestras derivaciones y para acceder a pruebas complementarias (una pregunta :¿por qué tiene que ser este profesional quien dé la cara ante el paciente para comunicárselo?) rechazadas a menudo más por cuestiones económicas que por criterio médico . Afectados por las demoras a especialistas o que han dejado de ser atendidos en los hospitales y que acaban en nuestras consultas. Visitas no presenciales (llamadas telefónicas, e-consulting, visitas "virtuales", alertas médicas) sin tiempo asignado para realizarlas y con la misma responsabilidad legal.


El incremento de la burocracia, que a menudo hay que hacerla fuera del horario laboral, infinidad de correos electrónicos informando de los frecuentes cambios de procesos de trabajo, numerosas reuniones organizativas y de control (ambas, correos y reuniones cada vez más rechazadas en grandes empresas privadas por mermar la productividad). Informes y certificados por las cosas más inverosímiles y de las que el resto de la Administración es fuente inagotables de sorprendentes exigencias. Cambios continuos: informáticos en historia clínica, protocolos de derivación del enfermo, en protocolos diagnósticos y terapéuticos que, en algunas ocasiones, contradicen recomendaciones de sociedades científicas nacionales e internacionales.


La empresa nunca ha respetado la división legalmente acordada del tiempo de jornada impidiendonos hacer otras tareas: formación, investigación, salud comunitaria, educación para la salud, etc.
Cada vez se necesita más tiempo de atención para un paciente inmerso en unas agendas que asiduamente pasan de 35-40 visitas diarias y "da" unos seis u ocho minutos por visita y cada paciente puede consultar por diversos y muy variados motivos que hay que atender "in situ". Introducir datos en el ordenador, verdadera obsesión de los gestores, dificulta la visita ¿da igual? parece que sí. El gestor olvida que trabajamos en servicios personales de alta complejidad y parece que tiene más interés en que trabajemos como en una cadena de montaje de manufacturas. ¿Pretenden, tal vez, que seamos la esponja que absorba el malestar ciudadano por las demoras de todo el sistema.
La gestión es un "caos organizado", los expertos dicen que la sensación de descontrol de un mal gestor se traduce en más medidas de presión. No és casual que los directores de los CAPs pasaran de ser elegidos por los compañeros a ser nombrados desde la cúpula. Han aumentado las figuras de control substrayendo más manos de la asistencia, así las órdenes corren más eficazmente desde la cúpula a las trincheras pero ninguna propuesta de la base sube a las alturas y si el profesional no es escuchado crecen el desánimo y la desmotivación. Tal vez esa sea la intención. Rematan la estrategia creando unidades de gestión que incluyen a dos o más CAPs y el director se hace más huidizo para debatir la toma de decisiones o para sentir de cerca el sufrimiento de los que, hasta ayer, eran sus compañeros ¿Objectivo logrado? ¿Pretenden quizás que seamos la esponja que absorba el malestar de los ciudadanos por las demoras y carencias de todo el sistema?


Los instrumentos gerencialistas de estándares de calitat (EQ) y de dirección por objectivos (DPOs) desplazan el control de la consulta del sanitario al gestor y aumentan el riesgo de incurrir en mala praxis asistencial, eso ya se discute muy seriamente en Inglaterra, la propia comisión de deontología médica de la OMC las denunció como un riesgo de vulneración del código ético hacia el 2009. Los directores de CAP y adjuntos deberían reflexionar y hacer autocrítica sobre su papel de brazo ejecutor de esas directrices, a menudo con amenazas, más de tres veces me han dicho diferentes gestores: "si no te gusta la empresa, vete" y uno le dijo a una comapañera: "no me malinterpretes, si tuviera que elegir a una médico de familia para mí y mi familia series tu, pero no eres rentable para la empresa". Deberían reflexionar, digo, y ¿ por què no? dimitir tots en bloque para que más arriba se replanteen lo que están haciendo a l'AP y a los pacientes.
Habría que evaluar el papel de los gestores como generadores de desigualdades en salud y de variabilidad clínica entre territorios (¿por qué yo puedo pedir una RM y a cuatro kilómetros los compañeros de otro CAP no pueden?), el mal uso de una llamada autonomía de gestión puede llevar a que un director imponga unas condiciones allá y otro, otras diferentes acullá. Eso se añade a la que ya se genera por las diferentes carteras de servicios contratadas con los diferentes proveedores de servicios sanitarios, por ejemplo: un servicio no puede aplicar una técnica "x" y los pacientes de la zona colindante, con otro proveedor, sí y los mecanismos de "compensación" fallan con demasiada frecuencia.
Las condiciones laborales han empeorado mucho para los profesionales y son ya muy conocidos los efectos de la precariedad sobre la salud física y psíquica de los trabajadores, pero se habla menos de otros dos: los errores y los retrasos diagnósticos que caen sobre el ciudadano.


La jornada habitual de los facultativos es imposible de realizar sin perjudicar nuestra salud y poner en riesgo la del paciente. Con nuestra queja velamos por la salud de todos, profesionales y pacientes.
La gran mayoría de los profesionales de la AP creemos en lo tarea que hacemos y queremos un sistema que garantice su supervivència y para mi está claro que eso sólo es posible en un sistema cien por cien público y sin técnicas de gestión propias del sector privado y de producción de bienes de consumo, nuestra salud no lo es.

Los dirigentes de la sanidad conocen las "motivaciones intrínsecas" de nuestro trabajo y abusan de ellas. Saben que no abandonaremos a la sra. Ana o al sr. Antonio, pero muchos empiezan a entender que aguantando conseguimos el efecto contrario, que políticos y gestores sigan haciendo lo mismo y es preciso cambiar. El cambio es posible, buena parte de los remedios son de tipo normativo y de gestión-organización y i no requieren grandes inversiones económicas, sólo voluntad política.

Destruyendo la Asistencia Primaria (AP)

Fecha de Publicacion : 30/04/2017
Fuente : http://ecosdemilnaufragios.blogspot.com.es/2017/04/destruyendo-la-asistencia-primaria-ap.html
Autor: ecosdemilnaufragios

   Un intermediario del comercio me dijo hace años: "si quieres ganar dinero, compra a kilos y vende a gramos". Parece que los dirigentes de la sanidad piensan igual. El nefasto Joan Prat (lo recuerdan?) desde su presidencia en el ICS lo intentó con su propia empresa que, no lo olvidemos, era y es una empresa pública, quiso fragmentarlo en consorcios (personificación jurídica mucho menos exigente en el control del dinero público) de menor tamaño y venderlos a entidades privadas. En Lleida tuvo su Waterloo, buena parte de la ciudadanía salió a la calle para defender la empresa ICS de sus propios gestores, la veían mucho más próximo a una sanidad pública que lo que pretendían imponer.


   La idea sigue viva, desde hace unos años la aplican a la atención primaria (AP). La fórmula es sencilla, se delimita un colectivo de la población apetecible para cierto sector privado, se incentiva (positiva y negativamente) a los profesionales de la AP a registrar informáticamente y de forma exhaustiva todas las actuaciones realizadas sobre dicho colectivo lo que permite tasar muy ajustadamente el costo sanitario de cada paciente; se les "empaqueta" y "etiqueta" con un nombre: pacientes PADES o ATDOM o PCC; se saca a concurso la asistencia a ese "paquete" en el "mercado de proveedores sanitarios" y automáticamente, por ley, el ICS no puede concursar por ser instrumento propio del CatSalut.


   Una vez en manos de la empresa que ganadora pueden pasar dos cosas: primera, los ciudadanos afectados serán visitados por profesionales de dicha empresa y pierden contacto con los que les han visitado desde hace años. Hoy día hablamos de pacientes mayores, frágiles y complejos por múltiples factores en su inmensa mayoría. Segundo, lo ideal para dicha empresa, que se haga el contrato del servicio y cobre aquella empresa, pero que el mayor peso del trabajo siga recayendo sobre el personal del CAP, es decir la AP, eso sí, sin los recursos que se lleva aquella empresa.


   En diversas zonas del entorno de Barcelona ya se ha hecho esta maniobra con algún colectivo de ciudadanos (el dos Vallesos, l'Hospitalet , Sarrià...), ganados por la misma entidad privada.


   Muchos pacientes sienten que su doctora o enfermera de siempre les deja en los últimos momentos de su vida y lo manifiestan con amargura. La AP pierde uno de sus rasgos más importantes: la longitudinalidad de la asistencia, hasta el final, lo que suele aportar calidad y calidez a la atención prestada. Los profesionales protestan pero ahogados por una gran sobrecarga bien fomentada por los gestores y, en algunos centros, afectados por estrategias organizativas que ya les iban desvinculando de algunos pacientes, acaban resignándose. Hay que recalcar que esas estrategias son transmitidas y ejecutadas con empeño, presiones y más de un engaño por los que antes fueron compañeros y ahora andan metidos en la gestión.


   Unos pocos ganan, muchos pierden y a la AP la van reduciendo progresivamente, tal vez nos dejen para urgencias, quizás reediten una nueva "Beneficencia" ¿recuerdan? o simplemente la hagan desaparecer, tal vez porque no somos un gran negocio privado, somos un buen servicio público y molestamos en el mercadeo de la asistencia sanitaria, lo que prima es el negocio al estilo USA.

La privatización silenciosa de la Sanidad

Fecha de Publicacion : 26/04/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/privatizacion-silenciosa-sanidad/20170426144033139146.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle

Evidentemente estamos ante un nuevo episodio de una estrategia que ha sido la guía del PP madrileño desde los gobiernos de Esperanza Aguirre y que hace unos años Forgés recogió en una de sus viñetas, en la que un señor le dice a otro “Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona” y el otro le contesta “pero que buenas ideas tienes Esperancita”. Pues eso la privatización sanitaria se sustenta en gran parte en el deterioro intencionado de los hospitales públicos.
Se trata de un nuevo intento de potenciar al sector privado a costa del deterioro del sistema sanitario público que rememora al “Plan de Sostenibilidad” que intentaron implantar el tándem González – Lamela (recuérdese que en ese momentos se pretendía convertir el hospital de La Princesa en un centro de media y larga estancia para favorecer los nuevos centros privados de la Comunidad de Madrid).
 
La política de dejar en manos del sector privado la asistencia sanitaria de los casos rentables, dejando al sector publico la asistencia sanitaria de los enfermos más complejos y con mayores costes es un continuo en la actuación de la política sanitaria del PP. En concreto el hospital público de Móstoles ha tenido una sistemática postergación para favorecer el centro privado  construido mediante una concesión administrativa a pesar de que su coste/cama/día es un 14,95% superior a los hospitales de gestión pública.
 
Así entre 2012 y 2015 (según las Memorias oficiales del SERMAS) el hospital público de Móstoles ha visto reducidas su número de camas (pasando de 411 a 349), a la vez el centro privado de Móstoles sufragado con recursos públicos mediante una concesión administrativa las ha incrementado ligeramente (10 camas más) y se le ha asignado un número de tarjetas significativamente superior a la del hospital público, ( 171.632 frente a 156.866 para el hospital público), situación que aún se empeora más mediante la derivación de enfermos desde el centro de llamadas (según los últimos datos publicados el centro privado recibió 16.293 citas más de las que les correspondían mientras el centro público tuvo 8.890 citas menos). Congruentemente también que el hospital público de Móstoles ha tenido sistemáticas disminuciones presupuestarias, que continúan (el 6,95% menos en 2016 respecto al año anterior en el último presupuesto aprobado en la Comunidad de Madrid).
 
Conviene recordar que este centro privado es propiedad de una multinacional por Fresenius Helios, una de las mayores multinacionales europeas de provisión sanitaria, y que presta asistencia sanitaria, pagada con fondos públicos en 4 centros sanitarios que cubren al 12,47% de la población madrileña.
 
La Comunidad de Madrid en respuesta a las críticas que se han realizado a estas intenciones de deteriorar el hospital público de Móstoles ha respondido con 2 argumentos, los dos inconsistentes, que no se cambiaba la cartera de servicios y que Madrid necesitaba camas de media y larga estancia. Respecto al primero hay que señalar que si se reconvierten 130 camas en media y larga estancia el hospital se verá obligado a remitir una parte importante de los enfermos agudos a otro centro (casi con toda certeza al centro privado de la misma localidad), con lo que “la cartera será la misma” en teoría, porque los enfermos no podrán ser atendidos en el centro o se incrementara de manera notable la lista de espera.
 
El segundo es todavía más llamativo. En 2012 había 590 camas de media estancia en Madrid, que habían pasado a ser 574 en 2015, lo que resulta inconsistente con la necesidad de las mismas, que por supuesto existe, pero es más, las 15.351 camas  financiadas públicamente de la región (que incluyen los centros privados y semiprivados) se habían convertido en 15.035 en 2015 (es decir 496 camas menos), pero además en 2015 había un hospital más que en 2012 (el de Villalba con 164 camas), de manera que como los centros privados no disminuyeron camas sino que las aumentaron en este periodo, la perdida de camas en hospitales públicos fue de 650 camas. Si se necesitan camas de media estancia ¿no deberían utilizarse precisamente estas 650 camas que el SERMAS ha cerrado en los últimos 5 años? ¿y porque no abrir un centro de media y larga estancia en el antiguo hospital de Puerta de Hierro, instalaciones hoy cerradas y no utilizadas a la espera que se caigan por desuso?, y llegando aún más lejos ¿es que los centros privados financiados con fondos públicos no pueden destinar una parte de sus camas a la media y larga estancia?.
 
Parece obvio que estamos ante una maniobra descarada para favorecer el centro privado de Móstoles a costa de un mayor deterioro del hospital público. Esta situación es totalmente inaceptable, hay que rechazarla, y debe exigirse la utilización de los centros de gestión pública al 100%, por motivos sanitarios y de eficiencia económica. Todos tenemos la responsabilidad  de parar este atropello cuya paralización depende de que los trabajadores de la Sanidad y  la ciudadanía seamos capaces de  movilizarnos activamente para evitarlo, porque Madrid necesita camas de media y larga estancia pero deteriorar el hospital público de Móstoles no es la alternativa para conseguirlas.

Decisiones médicas

Fecha de Publicacion : 22/04/2017
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/saludos-mil-lista-normal/18-economia-de-la-salud/1042-aurelio-fuertes-martin
Autor: Aurelio Fuertes Martin

Las grandes decisiones en política sanitaria son sin duda transformadoras y pueden modificar la salud de la población, la satisfacción de la misma, la eficiencia y calidad del sistema sanitario y la equidad en la atención. Por eso es importante hacer una lectura crítica de las mismas y estar alerta en las decisiones que pueden generar un deterioro del sistema o su privatización. Pero los médicos podemos hacer mucho más. Nuestras decisiones, millones de decisiones diarias, las decisiones de un 0,5% de ciudadanos españoles, que es el porcentaje de la sociedad española que representamos los médicos, pueden modificar hasta un 75% del PIB dedicado a servicios de salud. Pero siendo importante el aspecto económico de nuestras decisiones, puede ser mayor nuestra responsabilidad en la percepción de salud o enfermedad de los ciudadanos o los riesgos a los que podemos someterlos en el contexto de nuestros estudios o tratamientos.

Estas reflexiones vienen a colación por mi creciente desconcierto ante la situación actual de la práctica médica, así el número tan notable de derivaciones de pacientes a los servicios hospitalarios por causas que deberían tratarse en el Centro de Salud o la ingente demanda de pruebas o nuevas consultas solicitadas por los médicos hospitalarios, sin que éstas vayan a suponer un cambio en la actitud terapéutica. Los recursos tecnológicos son hoy muy potentes y la formación de los médicos es sin duda muy importante. ¿Dónde está entonces el problema? Quizás la fe ciega en que la tecnología lo puede resolver todo, en lugar de la reflexión que sigue a una anamnesis detenida, una exploración física cuidadosa y unas pruebas complementarias básicas, lo que puede y debe hacer cualquier médico. El problema no se detiene en la consulta individual, va más allá, por ejemplo en algunas Guías Clínicas de expertos, donde a veces sin evidencias potentes se recomiendan nuevas pruebas y seguimientos especializados de los pacientes, que acaban por convertir la vida de estos en una vivir para la enfermedad, con infinitas vistas a los centros hospitalarios e infinitas pruebas, que de ninguna manera son inocuas y que llevan irremediablemente a otras.

He aprovechado estos días de vacaciones para repasar un clásico de bolsillo: “Breve historia de la Medicina” de Roy Porter y para devorar la serie de HMO “The Knick”, que retrata fielmente los progresos quirúrgicos en el Nueva York de 1900. Es importante repensar el pasado para entender el ahora. La Medicina ha ido desarrollándose pacientemente a través de los siglos, con frecuentes saltos cualitativos. Los adelantos tecnológicos de estos últimos 40 años han sido espectaculares y suponen un avance en el desarrollo médico como nunca existió, pero ello no debe hacernos perder de vista nuestra verdadera misión y actuar en consecuencia. En el momento que nos ha tocado vivir es inmenso el conocimiento que tenemos de las enfermedades y el buen médico debe conocerlas, pero es aún más importante “conocer” al enfermo y tratar su enfermedad. El médico que así lo haga no será solo bueno, será un gran médico (W. Osler dixit)

Los Consejos de Salud, una oportunidad para la participación

Fecha de Publicacion : 22/04/2017
Fuente : http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/04/22/consejos-salud-oportunidad-participacion/823277.html
Autor: Mario Soler Torroja


   Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSPRM) defendemos la participación ciudadana como expresión de una democracia participativa que supere la mera delegación en políticos y gestores. La participación de pacientes y usuarios debe ser un pilar imprescindible para que la sanidad pública responda de forma eficiente a las necesidades en salud de los ciudadanos. Escuchamos con frecuencia la intención de que los pacientes se sitúen en el centro del sistema y sean sus protagonistas, pero cuesta encontrar acciones concretas que lo hagan posible.

   El Consejo de Salud de la Región de Murcia no ha conseguido una participación ciudadana efectiva y, aún estando contemplados en la ley, los Consejos de Salud de Área nunca se habían constituido hasta ahora. En junio del pasado año se publicó el Decreto 54/2016 regulándose los citados Consejos con funciones meramente consultivas y de asesoramiento (reguladas en la Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia). Desde la ADSPRM no renunciamos a seguir reivindicando órganos de participación efectiva en la planificación y en la toma de decisiones y estamos convencidos de que llegará el momento de exigirlos. Hemos decidido de momento tratar de avanzar, apostando por el máximo aprovechamiento de los regulados Consejos de Salud de Área y de Zona Básica, para iniciar la participación efectiva de los ciudadanos en nuestro sistema sanitario.

   El pasado 18 de enero la Junta Directiva de la ADSPRM celebró una reunión con el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló, en la que le ofrecimos la colaboración para el mejor desarrollo de los Consejos de Salud y el máximo aprovechamiento de sus funciones. Celebramos conocer que el Director Gerente también apuesta por un futuro con órganos de participación con competencias en la planificación y en la toma de decisiones. Felicitamos también conocer que, a excepción del Área 4, estaban ya constituidos los Consejos de Salud de ocho Áreas Sanitarias. Para facilitar nuestra colaboración y en bien de la imprescindible transparencia, le solicitamos que la composición de todos los Consejos, así como que las actas de sus reuniones fueran públicas, lo que es ya una realidad. Todos los ciudadanos pueden consultarlas en el portal murciasalud.es (Consejos de Salud de Área). Los procedimientos de selección de sus miembros y la composición de los Consejos ha sido variopinta y debe mejorarse mucho en el futuro, con mayor participación de las organizaciones representadas. Llama mucho la atención que las asociaciones de consumidores y usuarios están representadas por la misma persona en todos los Consejos de Salud, lo que debería obligar a revisar los procesos de nombramientos. Es imprescindible que la información se mantenga actualizada en la web, pudiendo leerse ya las actas de la primera reunión de cinco Consejos de Salud de Área.

   Sigue estando pendiente la constitución del Consejo del Área del Noroeste, lo que desde aquí demandamos en cumplimiento de la ley.

   El pasado 8 de marzo celebramos una reunión con el Presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, quien nos mostró todo su apoyo en nuestra petición de máxima transparencia y su colaboración para favorecer la participación ciudadana efectiva. Los Consejos de Salud de Área ofrecen una oportunidad que los ciudadanos no podemos desaprovechar. Las personas que constituyen los Consejos en representación de las distintas organizaciones no deben defraudar las expectativas generadas. Hemos de superar el comprensible escepticismo sobre las posibilidades de participación real en nuestro maltratado sistema sanitario. Nuestros representantes tienen la responsabilidad de aprovechar al máximo las funciones de los Consejos como la de verificar que las actuaciones se adecuen a la normativa sanitaria y se desarrollen de acuerdo con las necesidades sociales, la de conocer el anteproyecto del presupuesto del Área de Salud antes de su aprobación y conocer la memoria anual del Área e informar sobre la misma también antes de su aprobación. Los ciudadanos podrán exigir explicaciones sobre las listas de espera y los tiempos de demora que les afectan, analizar problemas de accesibilidad y de organización de los servicios y proponer mejoras a problemas concretos y cotidianos. Los ciudadanos podrán también proponer acciones para la necesaria reorientación de nuestro sistema sanitario hacia la promoción de la salud y la mejora de sus determinantes sociales.

   En la ADSPRM consideramos imprescindible ofrecer a todos los miembros de los Consejos la necesaria formación para una participación ciudadana en salud responsable y efectiva, y propusimos al Director Gerente del SMS que esa formación se ofreciera a través de la Universidad de Murcia, propuesta que sabemos está valorando. Por nuestro compromiso con promover la participación ciudadana la ADSPRM informó a Francisco Agulló de nuestra decisión de constituir un observatorio de los Consejos de Salud en la Región de Murcia, emitiendo informes periódicos sobre su desarrollo, dándole garantías de hacerlo con objetividad y el máximo rigor. Confiamos en que el primer informe que emitiremos en el presente año refleje que las Gerencias de las nueve Áreas Sanitarias están promoviendo el pleno desarrollo de sus Consejos de Salud y que éstos empiecen a dar sus frutos.

Propuestas para un nuevo modelo de financiación de la Sanidad pública

Fecha de Publicacion : 21/04/2017
Fuente : http://www.elmedicointeractivo.com/articulo/tribuna/propuestas-nuevo-modelo-financiacion-sanidad-publica/20170421152534111410.html
Autor: Manuel Martín García

   El modelo de financiación es fundamental para garantizar la calidad y sostenibilidad sistema sanitario público, especialmente en un sistema donde las competencias sanitarias han sido transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.). En segundo lugar estaría la política del Gobierno de Rajoy de reducir el gasto sanitario público (20 por ciento desde 2009) a pesar de que la crisis ha incrementado los niveles de enfermedad y reducido la recaudación fiscal. Entre 2007 y 2013 la caída de recaudación fue de 46.851 millones de euros (3,4 por ciento del PIB). Las CC.AA. han sido las Administraciones públicas que han soportado el mayor recorte de gasto social (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que descendió del 62,8 por ciento en 2013 al 59,7 por ciento en 2014 (Estabilidad Presupuestaria).

   En tercer lugar estaría la estrategia de desmantelamiento y privatización sanitaria: La desviación de gasto público al sector privado (creció un 52 por ciento en los últimos 10 años); la utilización de la colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos centros (ha multiplicado 7 veces su coste real); el aumento de la concertación con el sector privado (creció un 42 por ciento desde 2009 ); las externalizaciones de los servicios de apoyo (Sistema de Información Sanitaria, Centrales de Llamadas, Servicios de Logística, laboratorios centrales de los hospitales, servicios de diagnóstico por imagen, etc.), que han disparado los gastos por actividades que se realizaban con recursos propios. En cuarto lugar, el crecimiento disparatado del gasto farmacéutico (financiación de nuevos fármacos de elevado precio); de la compra de equipamiento tecnológico (RNM, TAC, etc.); y la medicalización y el consumismo sanitario de la población.

   El Modelo de Financiación Sanitaria: la historia de un desastre

   Antes del año 2001 el sistema se financiaba con fondos específicos que se repartían de acuerdo al porcentaje de población de cada Comunidad. A partir de ese año la Sanidad se integró en la financiación general y pasó a financiarse mediante el 30 por ciento del IRPF y el 35 por ciento del IVA recaudado en cada Comunidad); Impuestos Especiales transferidos por el Estado (40 por ciento por ventas de alcohol, tabaco y céntimo sanitario) y por impuestos cedidos previamente a las CC.AA. (patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, e impuestos de trasmisiones patrimoniales). También se modificó la forma de reparto en base a la población mayor de 65 años (24,5 por ciento de total) y la insularidad (0,5 por ciento).

   El cambio de modelo se justificó en la necesidad de aumentar la transparencia, la suficiencia y la corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. Sin embargo no se alcanzaron ninguno de estos objetivos: El sistema se volvió mucho más opaco y enrevesado, hubo que inyectar nuevos fondos estatales para evitar su quiebra, y la rigidez del modelo fiscal impidió hace que CC.AA. pudieran modificar los impuestos cedidos (incluso algunas CC.AA. eliminaron o redujeron algunos de los impuestos como los de Sucesiones o Capital para captar inversiones).

   Además el nuevo modelo a) No contemplaba indicadores de necesidades de salud ni los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología) para establecer el gasto sanitario y su distribución; b) Al perder la financiación sanitaria su carácter finalista (supone entre el 30 y el 40 por ciento del gasto público autonómico) se favoreció que una parte del mismo se destinara a fines no sanitarios; c) La financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) hizo que la Sanidad perdiera su carácter redistributivo.

   En 2005 se parchea el modelo repartiendo más dinero para pagar a proveedores y contener el malestar de los gobiernos autonómicos

   Cuatro años después se puso en marcha otro nuevo modelo (Ley 22/2009) que incrementó el porcentaje del IRPF y del IVA para la financiación autonómica (hasta alcanzar el 50% en ambos casos) y los impuestos al alcohol y el tabaco (pasaron del 40 al 58 por ciento). Aunque se incrementó un 10 por ciento la financiación autonómica, se mantuvieron los problemas estructurales del mismo.

   Para reducir las insuficiencias y desigualdades se crearon una serie de fondos: Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, destinado a que las comunidades ofrezcan un nivel similar; el Fondo de Suficiencia Global, para evitar que algunas autonomías pierdan fondos; y los fondos de Competitividad y Compensación (3,5 por ciento del total). El modelo además de difícil de entender mantuvo la insuficiencia del gasto, no redujo las diferencias entre las CC.AA.(445 euros entra la que más y menos recibe) mantuvo las tensiones entre ellas.

   Aunque debería haberse modificado en 2014, fue paralizado por Rajoy alegando la necesidad de mantener la Estabilidad Presupuestaria. El pasado 17 de enero la Conferencia de Presidentes acordó crear una Comisión de Expertos para elaborar otro Nuevo Modelo de Financiación Autonómica, antes de finalizar el año.

   Desde la FADSP proponemos una serie de medidas para la financiación sanitaria:

      1.- Garantizar la suficiencia financiera y la equidad, para lo que habría que incrementar los impuestos a los sectores económicamente más poderosos (que apenas pagan).
      2.- Modificar el sistema para que no descanse en impuestos indirectos , que incrementan la desigualdad y afectan al modelo de una sanidad redistributiva, y obligar a todas las CC.AA. a recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
      3.- Devolver el carácter finalista de la financiación sanitaria, obligar a las CC.AA. a destinar a la misma un montante similar y combatir el dumping social de algunas de ellas que reducen impuestos a las empresas y capitales para conseguir nuevas inversiones.
      4.- Dar transparencia al sistema, simplificando el sistema de cálculo y eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad. Crear una partida económica específica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencias de financiación.
      5.- Utilizar para el cálculo del gasto sanitario indicadores de necesidades de salud: Enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad, determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios.
      6.- Racionalizar el gasto priorizando la promoción, la prevención, la atención Primaria, la asistencia basada en la evidencia científica (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y el enfoque integral de los procesos asistenciales
      7.- Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico que alcanza la astronómica cifra de 17.000 millones de euros (2º lugar mundial) que sigue aumentando (8 por ciento en farmacia y 26 por ciento en hospitales), controlado a laboratorios (marketing) , los prescriptores (racionalización de las decisiones) y la población (información contra la medicalización)
      8.- Crea una Agencia Estatal para evaluar y controlar las nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema.

En Marea denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir la venta del Xeral-Cíes a un precio "irrisorio"

Fecha de Publicacion : 01/04/2017
Fuente : http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/04/01/marea-denuncia-irresponsabilidad-xunta-permitir/1652663.html
Autor: Sandra Penelas

Defensa de la Sanidad Pública se suma a las críticas ante una subasta "a precio de saldo" de un centro "pagado con el dinero de todos"
La diputada autonómica de En Marea Eva Solla denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir que la Tesorería de la Seguridad Social saque a subasta el Xeral-Cíes "a un precio irrisorio" a pesar de las "elevadas necesidades sanitarias" que presenta la ciudad. 

"No entendemos que un centro en una situación absolutamente privilegiada, al que se han destinado fondos públicos y que está dotado con quirófanos, área de reanimación y habitaciones acabe en manos de una empresa privada no sabemos con qué intereses y a un precio irrisorio", critica. 

Según el anuncio publicado en el BOE esta misma semana, el antiguo policlínico saldrá a subasta el 15 de mayo por 3,5 millones de euros. "Es una mala noticia para la ciudad y no nos extrañaría que acabe en manos de una empresa sanitaria o sociosanitaria a pesar de que Vigo necesita, por ejemplo, una residencia pública. Todavía está sin decidir qué se hará con el centro de A Doblada, pero la ciudad ya ha perdido el de Coia y, debido al proyecto de la Ciudad de la Justicia, también el anexo I del Xeral, que iba a contar con un centro de alta resolución para realizar pruebas diagnósticas. Nosotros pedimos visitar estas instalaciones pero Presidencia nos dice que es imposible", añade Solla. 

La diputada de En Marea reprocha a la Xunta la falta de una planificación sanitaria del área. "El nuevo hospital no tiene el número de camas ni los servicios previstos. Y en Vigo se necesitan servicios accesibles en el centro", insiste Solla, que preguntará en el Parlamento por la subasta del Xeral-Cíes. 
A las críticas de En Marea se suma la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública. Jesús Araújo lamenta la "política de tierra quemada" que la Xunta aplica a las infraestructuras sanitarias que "Vigo tanto necesita". 

El colectivo propone que el policlínico albergue un centro sociosanitario en pleno centro de la ciudad que resolvería el "déficit" de plazas en lugar de entregarlo a la Seguridad Social "para una subasta a una entidad privada a precio de saldo cuando fue pagado con dinero de todos los ciudadanos". Por ello, solicitan la paralización del proceso y una "reordenación" de las necesidades asistenciales de Vigo tras el cierre del Xeral.

El copago deja sin medicamentos al 13,4% de los pacientes

Fecha de Publicacion : 01/04/2017
Fuente : http://www.bez.es/646421665/El-copago-de-medicamentos-y-el-gasto-farmaceutico.html
Autor: Luis Palomo

Que el copago de medicamentos fuerza a muchas personas con pocos recursos a dejar de tomarlos es algo que observan con cierta frecuencia los médicos de atención primaria. Puede servir de ejemplo el caso real de un paciente de unos 50 años en situación de paro, que percibía una prestación de unos 400 €/mes, que sufrió un infarto, que pidió a su médico de cabecera que le cambiara la medicación recetada en el hospital porque el importe de las recetas rondaba los 100 €/mes, y no los podía pagar.


Cuando se habla de copago pensamos sobre todo en los pensionistas. Mucha gente opina que un pensionista no dejará de tomar la medicación porque su aportación no excederá de 0,27 euros/día, como no deja de comer si paga 1 euro/día por la barra de pan. Pero lo cierto es que las encuestas realizadas a pacientes de los centros de salud de Madrid muestran que, como consecuencia de los copagos establecidos en 2012, el 13,43% de los entrevistados ha dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 euros. El mayor porcentaje de quienes dejaron de tomar medicamentos eran del grupo de parados; luego del de pensionistas y el menor del grupo con trabajo.

Los defensores del copago

Los defensores del copago hablan de copagos evitables, y de regular que los pacientes que tienen que adelantar mucho dinero no deban hacerlo, para evitar abandonos de tratamiento. Sin embargo, la realidad es que se ha introducido una barrera en el acceso a los medicamentos prescritos para un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos; es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y en el grupo con enfermedad crónica.

La literatura internacional muestra que los copagos aumentan la no adherencia a los tratamientos y que empeora el uso adecuado de los medicamentos. En España, ni ha habido mejoras de la equidad ni ha habido ahorro farmacéutico, dos de los objetivos perseguidos por la Administración al incrementar en 2012 el copago. Además, en un estudio reciente se ha descrito que hasta el 7,8 % de los pacientes españoles pensionistas con problemas cardiacos dejan de tomar algunos de los medicamentos prescritos. El copago afecta tan negativamente a la adherencia a los tratamientos prescritos que los resultados pueden ser catastróficos, en términos de seguridad para el paciente pero también económicos. Tan es así que una aseguradora americana pasó a financiar al 100% (copago 0) el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva después de demostrar en un estudio piloto el efecto negativo del copago previo .


En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos
Estas reflexiones en torno al copago vienen a cuento de su nula influencia para reducir el gasto farmacéutico. Comprobamos una y otra vez cómo se favorecen medidas que esquivan las causas primeras del imparable incremento de la factura farmacéutica. Éstas son la difusión de nuevas tecnologías sanitarias, a menudo muy efectivas pero también muy costosas (tratamiento de la hepatitis C), y la distribución asimétrica del poder en el mercado sanitario, que favorece a la oferta por encima de la demanda.

Este poder asimétrico tiene como consecuencia que los gestores públicos solo parecen capaces de instaurar medidas destinadas a penalizar el consumo (copagos), o a presionar la prescripción directa de los médicos de atención primaria (necesidad de visados de inspección para algunos productos, incentivos a recetar menos, incentivos a la supuesta mejor calidad de prescripción). Sin embargo, nada se hace sobre el omnímodo poder de la industria farmacéutica; ni sobre la calidad de los nuevos medicamentos; ni sobre los requisitos para incluir en la financiación pública nuevas moléculas, que cada vez aportan menos a la salud colectiva pero cada vez cuestan más al erario público y a los usuarios; ni sobre el comportamiento científico y profesional de muchos médicos abducidos por las nuevas tecnologías, poco sensibles a las condiciones particulares de los pacientes y nada alineados con los objetivos salubristas y de justicia distributiva del sistema sanitario.

Centro de evaluación

En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos. Algo similar al NICE inglés. Se trataría de tener una medida independiente de la aportación a la salud de cada nueva medicina, en los términos que importan al paciente (beneficios, riesgos, inconvenientes y costes) y en el balance coste-beneficio para el conjunto de la asistencia sanitaria y, en su caso, para su financiación por el sistema sanitario público.


Cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales
Afortunadamente cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales, así como las iniciativas que persiguen visibilizar las intenciones confesas e inconfesas de la industria farmacéutica, y que abogan por unas relaciones independientes de la política con la industria (eliminar las denominadas puertas giratorias), y por alejar la actividad médica de los “humos industriales”, como promueve en España NoGracias.

Para el caso concreto del infarto de miocardio, en los Estados Unidos se ha comprobado en algunos estudios que la eliminación de los copagos para los fármacos prescritos después del infarto no empeoró los resultados en salud; que al mejorar la cobertura de medicamentos recetados aumentó la adherencia a los tratamientos; y que descendió la tasa de eventos vasculares mayores. Por su parte, la reducción del gasto del paciente no supuso incrementos en los costes generales de salud.

Volviendo al caso del paciente infartado aludido en el primer párrafo, si el cardiólogo que le dió el alta hubiera sido menos proclive a estar a la última de tal nueva medicación a cada cual más costosa, y hubiera sido más sensible a las condiciones socioeconómicas del enfermo, habría encontrado una medicación tan eficaz pero más barata, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Menos mal que hubo un médico de cabecera capaz de enmendar la plana al prestigiado cardiólogo.

Sería necesario, sin embargo, que los otros mecanismos de control de la prescripción y el gasto farmacéutico que se han citado, si funcionan de verdad, no exigieran mecanismos de solución de problemas in extremis.

Reintegrar el Hospital de Alzira en la Sanidad Pública

Fecha de Publicacion : 31/03/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/000337/marciano-sanchez-bayle
Autor: Marciano Sánchez Bayle

El hospital de Alzira construido en 1997 mediante el sistema de “concesión administrativa” en la localidad valenciana del mismo nombre ha acabado constituyendo un paradigma de los sistemas de privatización sanitaria en España. En síntesis este modelo consiste en que una UTE formada por varias empresas (en este caso bancos y una aseguradora sanitaria) construye un hospital y se encarga posteriormente de la gestión del mismo durante un largo plazo de tiempo (entre 10 y 30 años) cobrando un canon anual de los presupuestos públicos y responsabilizándose de la atención sanitaria de una determinada zona o área de salud.

En Alzira después de una primera concesión en 1997, en 2003 y como las cuentas no le salían a la empresa concesionaria se revirtió el hospital a la Sanidad Pública valenciana que pago el coste de la inversión realizada, e incomprensiblemente 25,9 millones € por lucro cesante, cuando la reversión se había producido porque la empresa declaraba perdidas y a petición de esta.

Inmediatamente se hace un nuevo concurso que se adjudica a la misma empresa y en el que se añaden los centros de salud del área. Obviamente incrementando notablemente el canon con lo que las pérdidas se convierten en ganancias. El contrato esta previsto para un incremento continuado y blindado de los ingresos de la empresa privada, así se aumenta el canon en un 6,75%, y los ingresos por enfermos procedentes de otras áreas en el 12,5%, entre 2009 y 2014, mientras en este mismo periodo el presupuesto sanitario valenciano disminuyo el 20,3%.

Además se le dan todo tipo de facilidades para atraer enfermos de otras áreas, con financiación extra, y se les favorece todo el proceso, con escaso o nulo control por parte de la Consejería que procura, como sucede en todos estos hospitales privados o semiprivados, mirar para otro lado. Así en cuanto empiezan a realizarse controles más estrictos se detectan muchas irregularidades que ya están siendo investigadas en los juzgados.

El hospital por otro lado apuesta por mucha dotación tecnológica, que casualmente coincide con la infradotación de los centros públicos más cercanos y oferta un número de camas y de trabajadores claramente inferior a los hospitales públicos (1,2 camas /1.000 habitantes versus 1,7; 7,39 trabajadores/1.000 habitantes frente a 9,3), por supuesto las condiciones laborales son netamente diferentes y peores a la de la red pública

El modelo se extendió a 4 centros más de la Comunidad Valenciana (Torrevieja, Denia, Manises, Elche) y cubre ahora al 20% de la población de la Comunidad. Los otros centros tienen similares características aunque problemas concretos distintos y algunos de ellos han sido denunciados por importantes carencias asistenciales e incluso en metformin online espana, uno de los socios (la aseguradora DKV) quiere retirarse vendiendo su parte.

Los resultados en salud tampoco son buenos, por ejemplo en la comarca de La Ribera (la que corresponde a Alzira) la esperanza de vida es casi 2 años menor que en la media de la Comunidad valenciana y las tasas estandarizadas de mortalidad general y las de mortalidad específicas por grupos de edad de los mayores de 14 años están en los valores más altos de la misma.

En resumen es un modelo que es mas caro, que tiene contratos blindados que le aseguran incrementos a pesar de que el presupuesto sanitario sufra recortes (lo que supone mayores recortes en los centros públicos a los que acaba parasitando), que realiza selección de riesgos atrayendo los enfermos “rentables” de otras áreas, tiene una total opacidad, y además está incurso en fenómenos de irregularidades todavía en fase de investigación.

Así las cosas parece perfectamente razonable la decisión de la Consejería de Sanidad de Valencia de, aprovechando la finalización de la concesión en abril de 2018, proceder a la reintegración del hospital en la red pública, y también parece sensato el que se haya anunciado con una antelación suficiente y que se den normas estrictas de control para el periodo que resta de la concesión y para evitar un proceso de desinversión y/o desmantelamiento del centro. Lo que resulta incomprensible son las declaraciones de Ribera Salud que pretende llevar el asunto a los tribunales ¿no se finaliza el plazo de la concesión y la reversión es automática como cuando acaba cualquier contrato?, o es que en realidad se pretende que son contratos de duración infinita que solo pueden ser rescindidos por los concesionarios. Una vez más nos enfrentamos con lo que mejor caracteriza estos modelos privatizadores, todas las ventajas y los beneficios para las empresas privadas, ninguna para la administración pública y el interés general, es decir una vez más estamos ante el “capitalismo de amiguetes” que tantos desastres ha traído a este país.

Por eso también, además de porque la Sanidad debe de garantizar una atención sanitaria de calidad, a toda la población y de manera eficiente, es necesario acabar con todos los experimentos privatizadores que lejos de mejorar las cosas las han emporado notablemente.

El proceso está abierto, esperemos que llegue hasta el final y sea el primer paso del final de este modelo privatizador. La Administración sanitaria ha dado el primer paso, pero para que tenga éxito se precisa de una amplia movilización social y profesional porque las transformaciones sanitarias precisan de la colaboración de la ciudadanía y los trabajadores del sector.

La Marea Blanca puede ser decisiva para cambiar el modelo de Sanidad

Fecha de Publicacion : 26/03/2015
Autor: Arturo Borges Álamo (ADSP Tenerife)

Continuamente se nos bombardea, desde los poderes económicos y su influencia tanto en los poderes públicos como en los medios de comunicación, acerca de la insostenibilidad del sistema sanitario público, abundando en datos que dejan constancia del enorme gasto sanitario y basando toda su estrategia en la reducción del mismo, los conocidos recortes, como una de las alternativas que derivan de su idea de insostenibilidad.


Además proponen también una aproximación cada vez más intensa hacia lo que presentan como una futura solución final, empezando por la llamada colaboración público-privada para avanzar hacia un papel determinante de la privatización en un modelo que supere el que estableció el llamado Estado del Bienestar.

Ante eso y negando la mayor, es decir, que lo descrito sea el camino inevitable, desde una perspectiva que apueste decididamente por una Sanidad Pública sostenible, universal y de calidad debemos señalar que efectivamente el modelo actual, con un gasto sanitario mediatizado por los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas y de tecnología sanitaria y con unos efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria que son un problema de salud pública debido a su magnitud (en torno al 10% de los pacientes que son atendidos en los hospitales sufren un efecto adverso relacionado con la atención recibida), debe ser declarado insostenible.

Pero que quede claro que hablamos de una insostenibilidad diferente, lo que es insostenible es el negocio, con sus consecuencias, que las multinacionales hacen con la sanidad pública y también el que ha venido haciendo la sanidad privada, en la mencionada colaboración público-privada, con el dinero público que debería haber servido para potenciar la atención de salud, sobre todo en programas de atención primaria y de promoción de la salud pública.

En Canarias tenemos una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera comunidad en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Así mismo, nuestra población tiene una de las cifras más altas de incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes  2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria  por esta enfermedad  el triple de complicaciones. Además el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina por llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis y de trasplante renal. Por otra parte, según diferentes estudios impulsados en los últimos años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se sabe que más de la mitad de los efectos adversos de la atención sanitaria se podrían evitar y hasta el 40% están relacionados con la medicación.

Efectivamente, lo que procede es un cambio de modelo, pero no hacia el que quieren y promueven los poderes económicos y financieros sino hacia un modelo de prevención de las enfermedades, tanto de las que genera el propio sistema sanitario actual como de prácticamente el 90% del total, causado por un amplio espectro de factores relacionados con las condiciones de vida y ambientales en un sentido amplio de ambiente físico, social, político, económico y cultural,  mediante políticas intersectoriales saludables, “salud en todas las políticas”. Este modelo sería mucho menos costoso y con muchos menos efectos adversos para la salud. La clave radicaría en el efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para obtener ganancias en salud. Sin embargo, los recortes en las políticas de protección social han aumentado las desigualdades sociales en salud cuyas causas, desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, y consecuencias, alimentación, medioambiente y vivienda insalubres, etc., han provocado que el deterioro de la salud junto con el de la asistencia sanitaria de la población hayan llegado a los extremos inasumibles que conocemos.

Como herramientas para el abordaje de dicho cambio de modelo necesitamos en primer lugar una política gubernamental, apoyada en una mayoría parlamentaria que apueste por el mismo, condiciones necesarias para aplicar otras dos herramientas, una nueva Ley de Salud y Sanidad Canaria y un sólido Plan de Salud, ambas ya con referencias de partida tanto en la ILP “para la Promoción de la Salud y la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias” como en el actual Plan de Salud de Canarias. Solo queda ‘imponer’ la cordura al gobierno y al Parlamento de Canarias y en eso habrá de intervenir de modo determinante la ciudadanía canaria con su movilización contundente en la calle.

Ahora o nunca, tenemos varias citas por delante, entre ellas el 6 de abril en el acto de la Plaza de La Candelaria y el 18 de mayo en las manifestaciones convocadas. También el Parlamento de Canarias tendrá que hacer su labor, esperamos que en consonancia con lo que suceda en la calle y también que el gobierno de Canarias tome nota y actúe en consecuencia.

Potenciar la Atención Primaria

Fecha de Publicacion : 25/03/2015
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/70-sanidad-sana/1039-potenciar-la-atencion-primaria
Autor: José Generoso Gómez Cruz (ADSP Salamanca)

    Dice el consejero de Sanidad de Castilla y León que la atención primaria funciona y efectivamente la medicina de primer nivel resuelve, pero es gracias a la labor de los médicos y enfermeras y a pesar de las medidas nefastas y el abandono al que ha sometido la administración a los profesionales de la salud.

    El consejero comparece, a petición propia, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, para plantear diez medidas con las que mejorar la atención primaria. Yo más bien diría para intentar restablecer lo que era la atención primaria y que nunca se debió perder.

    Las sustituciones, los concursos de traslado, la convocatoria de oposiciones periódicas, la manutención de las guardias, nunca se debían haber tocado, pero justificado por la crisis se decidió que el ahorro era más importante y este es el resultado.

    Desde hace tiempo se sabe que en los próximos cinco años se va a jubilar un alto porcentaje de médicos de familia y no se ha planificado este recambio generacional evidente. Si la forma de asegurar el futuro es ofertando a los profesionales que cumplen 65 años que continúen su labor asistencial, no es una medida de futuro, es un parche de urgencia que durará pocos años. Teniendo en cuenta que con la edad se incrementa el número de bajas por enfermedad, se necesitarán más sustitutos para cubrir las bajas y al no existir estos, aumentarán las acumulaciones, con lo cual empeoraremos el problema.

    Lo cierto es que los médicos de familia que acaban se van a otras comunidades que les tratan mejor y les hacen contratos continuados y no puntuales como aquí. Si queremos empezar a resolver esta situación es preciso no esperar más para fidelizar a los médicos de familia que terminan su periodo de formación MIR. En el mes de junio, justo cuando acaban, ofrecerles paquetes de sustituciones para todo el verano, hacerles contratos estables, ofertar interinidades según se vayan jubilando los sanitarios y convocar oposiciones de forma periódica que fijen población. Nada nuevo; ni más ni menos que lo que se tenía que haber hecho siempre y se lleva años sin hacer.

    De las diez medidas propuestas es preciso destacar una: aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria y mejorar la continuidad asistencial. Efectivamente, esto es lo que llevamos demandando hace años y espero que no se quede en una declaración de intenciones. Es imprescindible trabajar para aumentar la calidad de la atención primaria y fomentar una comunicación fluida con atención especializada que permita hacerla más resolutiva.

    Fijando población médica con puestos de trabajo estables y trabajando para mejorar su calidad, sin duda contribuiremos de verdad a potenciar la atención primaria.

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