Frente a esta práctica de una Medicina casi matemática, los médicos generalistas (médicos de Atención Primaria, internistas y geriatras) nos enfrentamos a las necesidades asistenciales de las personas mayores. A medida que cumplimos años, el número de enfermedades crónicas va haciendo su aparición, de manera que conviven, con mayor o menor simbiosis, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la anemia, por poner un ejemplo de enfermedades que se agrupan con frecuencia en un mismo organismo.

La pluripatología ha llegado para quedarse.

Estos pacientes pluripatológicos sufren muchas transiciones asistenciales, entendidas como consultas constantes a su médico de Atención Primaria, a Urgencias y a múltiples y variados especialistas hospitalarios. Estos pacientes sufren también de polifarmacia, es decir, la toma de múltiples fármacos que, de manera más o menos imprecisa, van sumándose al tratamiento de su pluripatología. Por otro lado, muchos son personas frágiles, dependientes, con pocos recursos económicos que precisarían de una asistencia social más profunda y establecida.

Frente a los pocos que se beneficiarán de una Medicina matemática, hay miles de personas frágiles que precisan de una Medicina basada en la continuidad de los cuidados. En este sentido, hay que potenciar las iniciativas que pretenden la atención global del paciente frágil y pluripatológico.

La Medicina de precisión aplicada a este grupo de pacientes implicaría cuidados sociosanitarios precisos e individualizados a las necesidades de cada uno.Todo ello pasaría por la necesidad de fomentar la continuidad de la atención, con equipos que incluyan un médico de Atención Primaria que se implique seriamente en este grupo de pacientes, una Enfermería empoderada y resolutiva, un médico internista que haga de enlace hospitalario, una correcta valoración geriatrica y una potente red de asistencia social.

Queda de esta manera conformado el marco de una Medicina de precisión, que es la que el paciente pluripatológico precisa.

La Xunta de Galicia acaba de presentar el proyecto de presupuesto para 2018, y si vemos las cifras nos daremos cuenta de que su objetivo fundamental es mantener e incrementar la privatización sanitaria, tal y como se va demostrar a continuación:

1.- Aumenta el gasto destinado a privatizacion

Si sumamos las partidas destinadas a gestión privada, conciertos, externalizaciones (limpieza y energía) y el gasto en medicamentos y material sanitario, incluidos en los capítulos 2 y 4 (tabla 1) se constata que el gasto en privatización es muy abultado.

2.- Se reduce el gasto de personal

A pesar de que el Sergas es una organización de profesionales, donde la herramienta de trabajo fundamental es la inteligencia y el conocimiento, el Capítulo I de personal (44%) pierde fuerza con respecto al gasto en privatización, siguiendo la tendencia de los últimos años

3.- Se recorta el gasto en Atención Primaria

Supone el 13 % del total, a mucha distancia del 25% recomendado por el Ministerio de Sanidad en el Acuerdo Estatal AP-21 y del acordado en el “Plan de Mellora de AP” de 2008, consensuado con sindicatos y profesionales.

Tabla 1: Proyecto Orzamentos Xunta 2018 (en millones de euros)

En todas las Eoxis (Estructuras de Xestión Integrada), que subordinaron la gestión de los Centros de Salud a las gerencias hospitalarias, el gasto en privatización supera el gasto en personal salvo en Pontevedra que es el área con mayor porcentaje en AP y menor gasto en privatización, y que precisamente es la que tienen menor lista de espera de todo el Sergas. Por el contrario, el área de Vigo, que tiene el porcentaje más bajo de gasto en AP (11,2%), el más alto en privatización (60%) y el menor gasto en personal (20% inferior a la media del Sergas), es la que presenta las listas de espera más largas, solo superadas por el hospital privado concertado POVISA, muestra de que la gestión pública supera a la privada, como ya se ha demostrado en otras CCAA.

 4.- Sigue aumentando la partida para gasto farmacéutico

La situación actual ya es crítica en Galicia, una de las regiones del mundo con mayor gasto en fármacos y mayor consumo innecesario de fármacos:

España (2015) es uno de los países con mayor gasto farmacéutico según PIB (1,56%), ocupando el 6º lugar del mundo, solo 3 puestos por debajo de EEUU, mientras que Suecia gasta un 1.06% del PIB y Dinamarca menos de la mitad que España (0,71%).

Dentro de España, Galicia ocupa el 2º lugar tanto en GFP en recetas -20% superior como en Gasto privado -13% superior (Tabla2).

          Tabla 2

Estos datos de Gasto Farmacéutico Público (GFP) solo incluyen el gasto en Recetas (capítulo 4), el que más ha disminuido, debido en parte a la utilización de genéricos, pero también por el mayor gasto en fármacos por parte de los ciudadanos, en relación con las medidas del decreto 16/2012 (copagos y desfinanciación de fármacos). Sin embargo, el gasto que más crece es el Gasto Farmacéutico Hospitalario (GFH), debido a la acumulación de nuevos medicamentos, siempre costosos, no siempre eficaces.

En el año 2015 este gasto se disparó en el Sergas debido a los fármacos de la hepatitis C, alcanzando la escandalosa cifre de 434 M de euros. Desciende en 2016 hasta los 373 M, pero vuelve a ascender en 2017 hasta los 415 M e euros, un incremento de 11,1%, seis veces mayor que la media estatal, a pesar de que el coste en medicamentos para la hepatitis se redujo a la mitad.

El Gasto farmacéutico Público total (GFT) está en torno a 1115 M de euros en 2017 en Galicia (700M de euros en Recetas + 415 M de euros de GFH), un 5,2% superior a 2016. Casi 1 de cada 3 euros públicos se consume en medicamentos, sin incluir gastos farmacéuticos no contabilizados como los de los conciertos con la sanidad privada, especialmente el de Povisa y el centro Oncológico de Galicia (tampoco se considera el consumo de fármacos con financiación estatal, como los de las Mutualidades de funcionarios).

En el año 2017 el Ministerio de Sanidad comienza, por fin, a hacer públicos los datos de GFH (datos de los 5 primeros meses de 1917 (Tabla 3).

Galicia en 2017 es la 2ª CA en GFH en los 5 meses estudiados, 49% mayor que la media Estatal, como es la Comunidad que menos gasta en cada envase (34% inferior a la media de las CCAA), el elevado gasto en farmacia hospitalaria en el Sergas se debe al enorme consumo de fármacos por persona, 72% superior a la media de todas las CCAA, y muy por encima de CCAA con similar o mayor índice de envejecimiento, como Asturias o Castilla León.

Tabla 3: Gasto farmacéutico Hospitalario de Enero a mayo de 2017 y gasto total en M de euros. Numero de envases y población en Millones. Envases persona y GFH en

euros/persona

Fuente: Ministerio de Sanidad

Según el proyecto de presupuestos para 2018 la Xunta pretende aumentar este consumo

La Xunta incrementa en 249 M de euros el GSP para 2018. El 70% de este incremento (171 M) se consume en fármacos y privatización, y solo el 30% (78 M) en personal, a pesar de los grandes recortes en capítulo 1 de los últimos años (Tabla 4). Esto agravará el círculo vicioso de consumo innecesario de fármacos/ incremento de efectos adversos/más consumo de fármacos:

Tabla 4

Así, el consumo hospitalario de antibióticos (AB), se encuentra en España 16 puntos por encima de la media europea, según la Agencia Europea del medicamento (EMA), y Galicia es una de las mayores consumidoras.

En el año 2016 (datos del Sergas) se prescribió al menos una pauta de AB (con receta) a más de la tercera parte de la población gallega (39 % de las mujeres y al 30 % de los hombres), un 13% mayor que hace únicamente 3 años, sin incluir el autoconsumo (los AB son el tercer fármaco dispensado sin receta en las farmacias, a pesar de su prohibición) y los recetados en la sanidad privada (total oscurantismo al respecto). Según el propio Sergas, los niños gallegos son los mayores afectados. Consumen entre 2 y 3 ciclos de AB en los 3 primeros años de vida, innecesarios y por lo tanto perjudiciales en la mayoría de los casos (el 90% de las infecciones son víricas y no deben tratarse con AB). 

Este abuso produce resistencias que incrementan el gasto sanitario y la mortalidad, que ya supera a las muertes por los accidentes de tráfico, aunque la Xunta haga muy poco para evitarlas, más allá de campañas de marketing, de escasa eficacia.

El consumo de Estatinas (para el colesterol) está más que disparado. Se ha multiplicado por 4 en 10 años, y lo consumen gran parte de los mayores de 75 años, a pesar de no estar indicado más que en un pequeño porcentaje de personas en este grupo de edad, según informe de evaluación del propio SNS, y de que pueden producir efectos adversos que empeoran su calidad de vida.

5.- El presupuesto para salud pública se encuentra en niveles inaceptables. Solo existe una raquítica partida de 11,5 M de euros, un 0,3% del GSP total para 2018.  Sin embargo, existe suficiente evidencia de que la mejora en los hábitos de vida produciría una caída drástica del cáncer y de la obesidad, la hipertensión, la artrosis, la depresión, la diabetes, el colesterol, y del dolor que provocan estas patologías, y por lo tanto del consumo y del gasto en los fármacos que tratan estas dolencias, los más recetados en el Sergas (uno de cada 4 gallegos consumen habitualmente fármacos para el dolor, uno de cada seis para la HTA y  tranquilizantes o antidepresivos, uno de cada siete estatinas y omeprazol, y una parte no despreciable de gallegos consumen todos ellos).

Mientras tanto, a pesar de que el hábito de fumar es una de las mayores lacras sanitarias, causante de una alta morbi-mortalidad (Cáncer de pulmón, EPOC, IAM) y de un 15% del gasto sanitario (público+privado), existe cada vez mayor dejación del gobierno gallego en la lucha contra el tabaquismo. Esto se refleja en la caída a la mitad de las multas por incumplimientos de la ley antitabaco, mientras las muertes por cáncer de pulmón se han disparado un 70% en las mujeres gallegas en la última década. ?

La privatización creciente y el consiguiente incremento desmesurado del consumo innecesario de fármacos y tecnologías se consigue a base de una enorme presión de las Multinacionales que infiltran el Sergas, gracias a un fuerte apoyo del gobierno de la Xunta y a una tupida red de conflictos de interés, que asfixian el sistema y empeoran los hábitos de vida y la salud de la población gallega.

Evaluar los méritos, aptitudes y actitudes de los profesionales es una tarea difícil, y tanto bolsas de empleo como oposiciones intentan ofrecer una solución. Sin embargo, estos sistemas ya no se adaptan a las exigencias de nuestro tiempo.

Uno de los principales problemas es que meten a todos los profesionales en el mismo saco. No valoran ni el trabajo personal ni la subespecialización. En el momento actual la Medicina no sólo está dividida en las diferentes especialidades médicas o quirúrgicas, sino que cada una de éstas tiene distintas subespecialidades, y esta subespecialización (llevada a cabo dentro de los límites de la cordura) permite mejorar la atención sanitaria y, por tanto, es una tendencia que cada vez se extiende más. No es lo mismo un neurólogo que se dedique a enfermedades vasculares o a esclerosis múltiple. O un internista especializado en enfermedades autoinmunes o infecciosas.

El sistema de contratación actual permite que un profesional monte una unidad especializada a lo largo de años, y cuando se jubile (o le desplacen por una oposición o un concurso de traslados) venga otro cuyos conocimientos en ese campo sean muy precarios. Todo ese esfuerzo personal por construir y profundizar en un campo, tirado a la basura. Un paso atrás en la evolución del sistema sanitario. ¿Cuántos pasos atrás nos podemos permitir?

Para crecer y alcanzar la excelencia profesional hace falta valorar el esfuerzo y trabajo personal de cada uno: de los que ya trabajan en tu institución y de los que están por llegar. La estabilidad laboral debería depender de la profesionalidad y el trabajo, y no simplemente del hecho de haber aprobado un examen. Y a la hora de contratar personal nuevo, debería de poder hacerse de forma dirigida en función de las necesidades del servicio, y no verse obligados a contratar "al siguiente de la lista", sin tener siquiera oportunidad de comprobar si se adapta al perfil que se necesita.

Si queremos mantener una atención sanitaria de calidad, garantizando que se basa en los últimos avances en Medicina, es necesario que se afronte este problema y se modernicen los sistemas de contratación.

Me proponía un símil que me ha hecho reflexionar: los concursos televisivos sobre cultura general no los gana la gente más culta, los gana gente que se ha profesionalizado en este tipo de concursos y dedica mucho tiempo a aumentar conocimientos y, sobre todo, a preparar el método.

Es cierto que algo parecido sucede con el MIR: no siempre los que sacan las mejores notas serán, presumiblemente, los mejores médicos, y ello es así porque la prueba solo vale para establecer puntos de corte, para discriminar, pero no es válida para valorar conocimientos y mucho menos aptitudes y actitudes, que son muy importantes para ser un buen médico.

No obstante, sigo pensando que realizar el examen MIR al finalizar el curso académico es una buena idea por varios motivos.

El primero, porque sería más justo desde el punto de vista social. Evitaría un gasto muy elevado a las familias de alumnos que no pueden permitirse, o lo hacen con grandes sacrificios, financiar la academia después de haberse sacrificado para que sus hijos estudien Medicina.

En segundo lugar, porque los alumnos de todas las facultades estarían en las mismas condiciones: se les examinaría de lo que han aprendido durante seis años en todas y cada una de las facultades de Medicina. El factor diferencial sería la formación que imparte cada facultad, y no la preparación de las academias. Ello, además, permitiría juzgar directamente la formación que imparten las facultades y, entonces, el examen si sería un ranking de la calidad docente.

El tercer motivo es que, al cambiar la filosofía del examen, éste debería modificarse para pasar de ser un simple procedimiento de establecimiento de puntos de corte para ajustar la demanda a la oferta de plazas, a ser un examen más lógico y racional que permitiera valorar aspectos esenciales de la formación médica que ahora no incluye.

Sin duda es un problema de difícil solución por la cantidad de interlocutores e intereses implicados, y exige un cambio de cultura. Si se está debatiendo el tema de la troncalidad, es decir, si pretendemos reformar la casa por dentro, quizás tampoco estaría mal reformar la puerta de entrada a la casa.

Recentment l’IVO (Institut Valencià d’Oncologia), entitat privada que sens dubte ha fet serveis valuosos als pacients valencians al llarg del temps, ha emès algunes afirmacions que només es poden qualificar de propaganda interessada.  És sens dubte el que fa l’IVO –propaganda interessada- quan difon a través de la seua pàgina web, i repleguen determinats mitjans de comunicació, que “es el único centro que realiza una atención integral del paciente con cáncer de la Comunidad Valenciana”.

Aquesta és una informació no errònia, sinó totalment falsa, perquè en tots els hospitals públics del País Valencià, des que es feren les transferències en matèria de sanitat en la dècada de 1980, es desenvoluparen els serveis d’oncologia mèdica. El 1988 s’encetà el que es va conèixer com el primer Pla Càncer. Es tractava d’oferir una assistència oncològica integral i de qualitat posant les persones en el centre d’atenció i garantint l’accessibilitat als recursos en tot el territori, independentment del lloc de residència. Actualment  la valenciana és una de les comunitats autònomes que disposa d’una atenció als malalts de càncer més completa tant pel que fa a prevenció, diagnòstic precoç, assistència infantil i d’adults, cures pal·liatives, unitats d’hospitalització a domicili, així com en investigació.

A més a més, els hospitals terciaris de la xarxa pública disposen de la tecnologia més avançada.

Als hospitals de primer nivell, comarcals o de departament, igualment s'hi tracten pacients oncològics, i només per a algunes teràpies específiques s’ha de recórrer al suport dels hospitals terciaris amb els quals existeix la necessària coordinació.

Vist tot això, que és la pura realitat a l’abast de qualsevol persona informada, podem concloure que  no és ètic difondre a la societat, i especialment a pacients amb greus problemes de salut, missatges que generen dubtes pel que fa a la qualitat de l'assistència sanitària que reben als centres públics.

Aquest tipus d’arguments o de falses informacions són inacceptables i revelen, a banda d’una manca preocupant de principis ètics, una actitud de falsejament de la realitat que només pot obeir a interessos crematístics d'una entitat privada amb ànim de lucre.

En aquesta nova etapa del poble valencià, superada una època d’abús i corrupció a gran escala, cal dir alt i clar que l’exigència d’ètica, transparència, credibilitat i bones pràctiques ens obliga a tots, també a les entitats privades i als continguts difosos a través de les webs, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Como uno de los criterios que se utilizan para valor la calidad docente de las diferentes facultades de Medicina es el puesto que sus alumnos sacan en el MIR, las facultades han ido cediendo terrero a las academiaspara facilitar a sus alumnos la preparación de dicho examen.

Los planes de estudio de prácticamente todas las facultades se han adaptado para facilitar la preparación del examen: inicialmente, vaciando o aliviando de contenido el sexto curso para que los alumnos pudieran compatibilizar su último año académico con la preparación del examen, lo que ha supuesto sobrecargar los cursos previos.

En los últimos años, la preparación del MIR por las academias comienza a invadir también el espacio de quinto curso con un invento impulsado por estos centros llamado Pre-MIR, por lo que la mente de los alumnos a partir de quinto curso ya comienza a estar más puesta en las academias y el examen que en la formación que deberían adquirir en las facultades, precisamente en los años en los que la formación clínica que tiene lugar en los hospitales es la más importante.

Es indudable que las academias mueven un importante negocio, y no solo por el coste de la matrícula, que por lo general cobran a un alto precio y con muchos meses de adelanto, sino por otros muchos factores que existen alrededor de las mismas: pisos de alquiler, servicios de comida y limpieza para los estudiantes e incluso planificación del ocio durante los fines de semana. Sin duda, un negocio boyante y en crecimiento que se opondrá a cualquier cambio en el statu quo actual.

En muchas ocasiones levantamos la voz para señalar que las altas tasas de la universidad y la falta de becas suponen una discriminación para los alumnos de las familias más humildes; sin embargo, no he leído ningún artículo en los medios de comunicación, ni tampoco he oído una sola voz acerca del elevadísimo coste de las academias para las familias. Este es otro tema que también merece una reflexión ad hoc.

Las facultades, sin duda, deben adaptar su currículo (e incluso sus planes de estudio) para formar mejores médicos, pero no pueden ignorar el problema y continuar cediendo competencias a las academias. Es indudable que la situación actual está condicionando la docencia en las facultades de Medicina, por lo que parece necesario que las autoridades universitarias reflexionen acerca de posibles soluciones para este problema.

La Conferencia de Decanos de Medicina e incluso la Conferencia de Rectores de las universidades españolas deberían plantear al Ministerio de Educación y al Ministerio de Sanidad (que es quien convoca el examen MIR) la necesidad de cambiar las reglas del juego, para devolver a las facultades el papel central en la formación de los futuros médicos. Existen múltiples soluciones, algunas tan sencillas como realizar el examen MIR quince días después de finalizar sexto curso.

El 31 de octubre de 2012, se cumplen ahora 5 años, los Sres González (en ese momento presidente de la Comunidad de Madrid y en la actualidad interno de la prisión de Soto del Real) y Lasquetty (entonces consejero de Sanidad) presentaron el que denominaron PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID que recogía un total de 13 medidas que suponían el mayor ataque a la Sanidad Pública madrileña realizado hasta el momento.

El día 2 de noviembre comenzaron las movilizaciones contra el Plan, inicialmente en el Hospital de la Princesa, que en una asamblea convocada por los sindicatos que formaban parte de la Mesa sectorial (CCOO, UGT, etc) decidió el encierro en el hospital y manifestaciones alrededor del mismo seguidas masivamente por los trabajadores del centro en colaboración con los vecinos y los pacientes. Los encierros luego se extendieron a todos los hospitales públicos de la Comunidad y a algunos centros de salud durante varios meses (en el Hospital del Henares se mantuvo 131 días), se realizaron varias convocatorias de huelgas en noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013, se recogieron firmas contra el Plan (1.600.000), se efectúo una consulta popular en la que se recogieron 930.000 votos contra el Plan, varias acciones masivas abrazando todos los hospitales públicos de la Comunidad, 24 manifestaciones centrales masivas con más de centenares de  miles de manifestantes en cada una de ellas y un centenar más con una participación menor, así como concentraciones diarias en las puertas de los centros sanitarios que se mantuvieron hasta agosto de 2013, y muchos actos más (coreografías, vigilias, jornadas, mesas redondas, festivales de música, de poesía, etc). Es decir se consiguió el rechazo y la movilización mayoritaria de los trabajadores sanitarios y de la población madrileña, que finalmente forzaron la dimisión de Lasquetty.

Para evaluar lo sucedido desde entonces vamos a hacer primero un balance del cumplimiento de las propuestas del Plan de Sostenibilidad (PS), que por cierto fue aprobado por el parlamento regional con la Ley de Presupuestos de 2013 el 27 de diciembre de 2012, y después se analizara la evolución de la Sanidad Pública madrileña en estos 5 años.

El balance de la aplicación de las 13 medidas propuestas por el PS es el siguiente:

1. Externalización de la actividad sanitaria en 6 hospitales y sus centros de especialidades, utilizando el modelo de concesión, que pretendía convertir la parte sanitaria de los 6 hospitales construidos por el modelo PFI en concesiones administrativas, es decir convertir hospitales semiprivados en privados. No se llevó a cabo en ninguno de ellos.

2. Concesión de la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud, dando prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades, es decir convertir 27 centros de salud a la gestión privada. Tampoco se consiguió este objetivo.

3. Externalización de servicios no sanitarios, pasando a manos privadas áreas como cocinas, lavandería, almacenes y mantenimiento. En este tema se ha avanzado de manera notable aunque gracias a varias sentencias judiciales no se ha podido conseguir plenamente.

4. Transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores, la medida más impopular y la que inicio el conflicto y la primera en ser retirada.

5. Transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media, lo que también se ha logrado solo a medias al tener que reabrir la unidad de infecciosas con la crisis del Ébola.

6. Reducción del gasto medio por receta farmacéutica. En el año 2013 disminuyo el 4,10% (habría que descontar el efecto del euro por receta), a partir de ese año el aumento ha sido continuado: 3,39% (2014); 3,93% (2015); 1,93 (2016); 1,80 (enero-agosto 2017). El resultado es que el gasto media por receta ha pasado de 10,32€ en 2012 a 11,52€ en lo que llevamos de 2017. En resumen tampoco se consiguió.

7. Implantación de la tasa de un euro por receta. Puesta en marcha en enero de 2013 se mantuvo hasta que fue anulada por el Tribunal Constitucional en junio de ese año (aunque no se han devuelto las cantidades ilegalmente cobradas).

8. Incremento de las actividades de la central de compras. Probablemente la única medida del PS que no tuvo contestación. Se ha avanzado pero lentamente y menos de los deseable.

9. Retraso en la apertura del Hospital de Collado Villalba. También se llevó a cabo pero pagando 950.000 € mensuales a la concesionaria.

10. Reordenación de la actividad de los profesionales en los hospitales que se pretendía poniendo en marcha turnos de tarde en los centros sanitario. Ningún resultado.

11. Jubilación de profesionales mayores de 65 años. Aunque decía que las prórrogas se limitarían a un tercio de los profesionales, la realidad es que se utilizó para hacer una disminución de las plantillas de los centros sanitarios. Se aplicó de manera implacable.

12. Concentración de laboratorios para aprovechar economías de escala. Ningún resultado.

13. Concentración de la complejidad. Tampoco se produjeron resultados relevantes.

En resumen de los 13 objetivos,  8 no se llevaran a cabo, 4 avanzaron parcialmente y solo uno se consiguió totalmente, es decir el Plan de Sostenibilidad fue un absoluto fracaso gracias al amplísimo rechazo social y profesional.

Tras la dimisión de Lasquetty en enero de 2014, la Consejería de Sanidad y el gobierno de la Comunidad no abandonaron sus políticas privatizadoras pero optaron por otra vía, la de la privatización silente y a paso de tortuga potenciando fenómenos como las derivaciones sistemáticas al sector privado de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y la descapitalización de los centros públicos, política que ha continuado con matices, más bien relacionados con las fórmulas concretas que se aplicaban en cada momento.

La evolución del sistema sanitario madrileño en este tiempo ha continuado una deriva de recortes, deterioro y privatizaciones cuyos resultados se esquematizan a continuación:

*Hospitales con gestión privada y financiación pública

PGSC = porcentaje del gasto sanitario público dedicado a conciertos

Todos los datos coinciden en que se ha avanzado notablemente en la privatización, y en el deterioro del sistema sanitario, como se objetiva en el crecimiento del porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos, como en el número de camas hospitalarias privadas financiadas públicamente que se han doblado mientras que se han reducido 1.200 camas en los hospitales públicos de gestión directa (disminuyendo en 496 las camas totales). Paralelamente han disminuido las ratios de profesionales médicos y de enfermería en Atención Primaria (400 profesionales menos en una comunidad autónoma que tenía ya las ratios más bajas de profesionales por habitante, y donde la mayoría de médicos y profesionales de enfermería de AP superan ampliamente los ratios máximos recomendados de pacientes por profesional).

Estos recortes han disparado las listas de espera. La lista de espera quirúrgica ha aumentado desde 27.672 pacientes en junio de 2005 hasta 82.758 en septiembre de 2017 (después de abrir 11 hospitales nuevos), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas es de 403.338 y los que están en espera de pruebas diagnósticas es de 118.273, es decir un total de 604.369 personas (el 9,29% de la población madrileña) estaban en lista de espera el 30 de septiembre de 2017, unas cifras claramente escandalosas, más aun si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje de las personas en las lista permanecen más de 2 meses e incluso 6 meses, y que las esperas para la resolución de los problemas de salud se suman (consulta especialista + pruebas diagnósticas + lista de espera quirúrgica)

Obviamente el gasto de bolsillo por habitante se ha incrementado (un 29,75%) con un gran impacto sobre las desigualdades porque este incremento, la búsqueda de la alternativa del sector privado, solo es posible para los grupos económicamente mejor situados. Asimismo el impacto de los nuevos copagos del RDL 16/2012 se ha hecho notar (nada menos que el 13,4% de los que habían recibido una prescripción no la retiraban por motivos económicos).

Es importante resaltar que a pesar de esta situación ha aumentado el porcentaje de población que prefiere la Sanidad Pública

Como conclusiones señalar que, aunque las movilizaciones sociales y profesionales consiguieron parar casi todas las medidas del Plan de Sostenibilidad es evidente que la política privatizadora ha continuado y que se ha deteriorado la situación de la Sanidad Pública en estos últimos 5 años, con 5 Consejeros de Sanidad diferentes, si bien en un grado mucho menor de lo que pretendían los planes del PP de González - Lasquetty, lo que evidencia que las movilizaciones, sin son unitarias y masivas, consiguen resultados.

Con todo no debemos olvidar que sigue existiendo un grave problema para el mantenimiento del sistema sanitario público, y que es necesario un cambio en las políticas de las administraciones públicas para recuperar el terreno perdido y garantizar una Sanidad Pública universal y de calidad para toda la población.