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Sanidad pública gallega: crónica de una demolición (2009-2020)
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El gobierno bipartito (PSdG-BNG) apoyó con firmeza la Sanidad Pública en Galicia. Durante su mandato (2005-2009) fortaleció la red hospitalaria, integró todas las Fundaciones Sanitarias (que estaban en quiebra) en la red del Sergas, impulsó la Atención Primaria, aumentó los presupuestos y mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero le faltó tiempo para completar la tarea. Ni siquiera pudo iniciar la construcción del nuevo hospital de Vigo -que ya tenía proyecto y financiación aprobados-.
En las elecciones de marzo de 2009 –después de una campaña electoral bronca y tramposa- el PP recuperó el poder. Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta y encadenó tres mandatos sucesivos (2009, 2012 y 2016). En estos años la Sanidad Pública gallega se vio sometida a un ataque programado desde el propio poder que provocó un severo deterioro en las condiciones de trabajo y en la calidad asistencial, reiteradamente denunciado por los propios trabajadores y por las organizaciones profesionales y sindicales. Núñez Feijóo no es un novato en estas tareas. Es un experto y convencido privatizador con una trayectoria que lo avala. Fue a mano derecha de Romay para impulsar las Fundaciones Sanitarias en Galicia (con funestos resultados) y fue también el brazo ejecutor de la privatización de Correos (dirigió dicha entidad de 2000 a 2003). Se designa a sí mismo como defensor de la Sanidad Pública, mientras impulsa medidas dirigidas a todo lo contrario –esta forma de actuar es muy habitual en el PP-. Lo cierto es que este partido en Galicia tiene una agenda oculta (igual que Rajoy cuando ocupó el poder en Madrid en 2012) orientada a deteriorar los servicios públicos y a utilizar los presupuestos para generar áreas de negocio, de los que se benefician empresas próximas y los grandes grupos de la sanidad privada.
Haremos a continuación, en diez puntos, un breve repaso de las actuaciones realizadas por el gobierno del PP sobre la Sanidad Pública en Galicia. Después veremos cuales podrán ser las intervenciones a llevar a cabo para recuperar una sanidad fuerte y restaurar el daño causado, en el supuesto de que las fuerzas progresistas puedan formar gobierno y dar por finalizada la etapa de Núñez Feijóo. Cuando llegó al poder en 2009 el PP ya había elaborado un plan para convertir la sanidad en una mercancía. Más tarde, el RD 16/2012, publicado en el BOE en abril –poco después de ganar Rajoy las elecciones en el Estado- le dio alas al gobierno autonómico para profundizar en las privatizaciones. Pero ya en los primeros días de ocupar el poder tomó dos decisiones de enorme importancia: frenó la implantación del Plan de Mejora de Atención Primaria (AP), que tenía presupuesto previsto para aumentar la calidad en este nivel asistencial en los siguientes años, y derribó el proyecto del nuevo hospital público de Vigo para substituirlo por otro siguiendo el modelo PFI, que ya había impuesto el PP en Valencia y Madrid. Después revisaremos la importancia de estas decisiones. Porque de inmediato comenzó a “externalizar”.
1. Las “externalizaciones”
En una entrevista aseguró, en los inicios de su mandado, que era partidario de privatizar “todo lo que no sea él núcleo duro del sistema sanitario”. Se entregó a la tarea desde el primer momento . Comenzó por los servicios de apoyo: la historia clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, las telecomunicaciones, los servicios de catering, la limpieza y la energía, el mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y distribución de material sanitario: todas estas parcelas pasaron a manos privadas en poco tiempo. Continuó con la entrega a empresas privadas de la gestión del alta tecnología, el laboratorio central de Galicia, la investigación clínica y las contrataciones públicas del Sergas. Resulta muy relevante que se entregue a empresas privadas la información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad. Incluso hicieron el intento de privatizar la esterilización de los centros sanitarios: en enero de 2014 publicaron en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización de este servicio. El grave peligro que entraña una medida de este tipo y la reacción de los actuales responsables hizo que no fuera implementada, por el momento. También tienen en la recámara el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica: la respuesta de los profesionales hizo que se detuviera esta medida , que significaría privatizar –en contra del afirmado por Núñez Feijóo- la propia actividad sanitaria, lo que denominó “núcleo duro” del sistema.
2. Recorte de presupuestos y reducción de personal y camas hospitalarias
Durante sus mandatos el Sergas recortó el presupuesto en más de 1.000 millones de euros (una reducción del 18% respecto al de 2009). Mientras tanto la sanidad privada creció de forma imparable: ahora ya realiza el 25% de la atención hospitalaria de la CCA. Esto tuvo como consecuencia la supresión de más de 500 plazas de personal médico, 184 de enfermería y 1.121 en todas las categorías, así como el cierre de camas. El número de camas hospitalarias en los establecimientos sanitarios del Sergas viene reduciéndose desde el regreso del PP al poder en 2009. De las 9.863 camas que ese año había en funcionamiento, se pasó a 9.126, un descenso de 737. El número total de camas instaladas también se recortó, pero algo menos (575). El número de camas en funcionamiento por cada mil habitantes se redujo de las 3,6 a las 3,34, lejos de los estándares europeos (alrededor de 5 camas por cada mil habitantes). Un país envejecido y con pacientes pluripatológicos, que precisan ingresos hospitalarios reiterados, no permite reducir las camas hospitalarias, por mucho que ahora se hagan más cirugías sin ingreso o de corta estancia.
3. La desactivación de la Atención Primaria
Los sistemas sanitarios organizados en dos niveles asistenciales son los más eficientes y los que más aportan a la salud de la población. Un sistema sanitario “fuerte” precisa una AP “te fuere” (Barbara Starfield). La AP debe ser el elemento central que asuma la coordinación de los procesos asistenciales y, para eso, tiene que contar con profesionales formados y con medios suficientes que permitan resolver más del 80% de los problemas de salud. Con ese diseño se fue construyendo, en los últimos 35 años, un SNS que, pese a todos los ataques, conserva un nivel de calidad más que aceptable. La AP fue degradada por los gobiernos del PP en diversos territorios del Estado. Dieron preferencia al nivel hospitalario, más favorable para los negocios privados.
En Galicia, desde que gobierna Núñez Feijóo, el nivel asistencial más perjudicado fue la AP, que vio recortado su presupuesto de forma radical. En 2019 representó el 12.5% del gasto sanitario total (190 millones menos que en 2009). En AP, además de suspender la aplicación del Plan de Mejora, Núñez Feijóo también suprimió las Gerencias de AP (que tenían su presupuesto y capacidad de decisión propia); fueron fagocitadas por una gerencia única hospitalaria ( EOXI), de tal forma que el primer nivel asistencial perdió autonomía de gestión y pasó a ser un apéndice menor de los grandes hospitales.
La sobrecarga asistencial en los Centros de Salud, así como la ausencia de pediatras y el cierre de consultorios rurales, son una consecuencia directa de los recortes. No hubo convocatorias de plazas para AP y otras fueron amortizadas. Los contratos eventuales del personal son cada vez más precarios y degradantes. Todo esto generó una enorme indignación entre los profesionales, que se sienten castigados por este gobierno. En 2019 hubo una tensa conflictividad; huelgas, manifestaciones, concentraciones y protestas de diverso formato con las que se reclamaba la restauración de la dignidad de la AP. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización de profesionales precarios, la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas estas son expresiones del malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas y presentó un modelo de contrato para los eventuales que solo valía para “estabilizar” y mantener la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no firmaron la propuesta.
En abril de 2019 se convocó una huelga en AP, que preveía tener un amplio seguimiento. Fue desconvocada, con el desacuerdo de muchos profesionales, después de llegar los convocantes a un acuerdo con la Consellería para constituir un “Consejo Técnico de AP” con la misión de elaborar y proponer estrategias para un nuevo modelo de AP en Galicia. Más de doscientos profesionales trabajaron durante meses en quince comisiones. A mediados de noviembre a Consellería hizo público un documento (“Por una AP vertebradora del sistema de salud”) elaborado por una consultora externa, mientras los integrantes del Consejo Técnico seguían con sus trabajos, desconocedores de esta iniciativa. Una muestra más de la forma de proceder de la Consellería. Hubo un gran descontento en los profesionales que prepararon nuevas movilizaciones. Pero llegó el coronavirus y todo cambió.
4. El ataque a los hospitales comarcales. El conflicto de Verín
Con la Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete (suprimieron las áreas de Salnés, Verín, Burela y Barco de Valdeorras); los hospitales comarcales perdieron capacidad de gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La estrategia pasa por concentrar el poder de decisión y la capacidad de gasto en los gerentes de los grandes hospitales, que son personas próximas al PP. Desmontan las XAP y los hospitales comarcales para concentrar el poder en los grandes hospitales, donde las posibilidad de generar espacios de negocio para empresas externas es mayor.
Mientras hablan de fijar la población en el territorio y favorecer la vida en el rural, toman decisiones que provocan todo lo contrario. La reducción de servicios educativos y sanitarios provoca la huida de la población a zonas donde puedan acceder a los mismos. La pérdida de autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el cierre, a primeros de diciembre de 2019, del paritorio y el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, lo que provocó una gran indignación de la población. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca (con la consigna Verín no se cierra) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que cambien de idea, si continúan en el poder). Esta decisión política tiene una lectura muy clara: este gobierno apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología –donde hay espacios abiertos a los negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas –que favorezca la vida en el territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una mercancía.
5. La derivación a los hospitales privados, la Ley de Garantías y el Acuerdo Marco
El 25% de la atención sanitaria ya se realiza en hospitales y centros privados. La derivación de pacientes a la privada entre 2005 y 2015 se multiplicó por tres y sigue aumentando. La actividad concertada (servicios realizados por centros privados a pacientes derivados desde el Sergas) representa el 80% de la actividad total de los hospitales privados: el Sergas destina más de 260 millones al año para pagar esta actividad de los centros privados. Todo eso sucede a pesar de que el Consejo de Cuentas de Galicia ha advertido de que la concertación es más costosa que la atención realizada con medios propios. Esta situación atrae a las grandes empresas del sector que están adquiriendo hospitales en Galicia, ya que ven una posibilidad segura de negocio (Grupo Quirón, Grupo HM- Hospitales, Farmacéutica Almirall).
El gobierno de Núñez Feijóo legisló para favorecer los intereses de los centros privados; publicó a finales de 2017 una norma tramposa, el “Decreto de tiempos máximos de espera”, que debería servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación, mediante la supresión del derecho contemplado en esta ley. Los pacientes llamados para recibir atención sanitaria en un centro privado que no acepten la derivación quedan sin el derecho a ser atendidos. Esperarán sin fecha y sin poder reclamar. Así lo establece, de forma obscena, la Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas.
En el mismo contexto podemos señalar que el Hospital de A Coruña haya firmado, en 2018, un Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 millones de euros, para realizar actividad concertada en los siguientes cuatro años. El acuerdo incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también a hemodiálisis. Los centros beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, Hospital Modelo y el Hospital Quirón. Esto permite a los hospitales privados dimensionar sus plantillas y aumentar su actividad, pues garantizan la derivación de pacientes del Sergas. Con estas medidas el presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo descapitalizados y privados de medios y personal.
6. El deterioro de la atención a la salud mental
En Galicia se da un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos y tiene una alta tasa de suicidios. Los problemas de salud mental tienen una elevada prevalencia en la población, pero los servicios sanitarios públicos ofrecen una respuesta insuficiente. Cuando el PP tomó el poder en 2009 eliminó el Plan Estratégico en Salud Mental, elaborado por el gobierno progresista, y no presentó ninguna alternativa. Galicia tiene la mitad de los recursos recomendados hace veinte años. De los 1.500 profesionales que recomendaba el citado Plan solo hay 950. Y no solo se precisa aumentar la dotación de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, enfermería especializada, terapia ocupacional y trabajo social.
Los servicios y las consultas están colapsados, con más de 8000 pacientes en lista de espera de Psiquiatría. La falta de atención a los trastornos infantiles y juveniles es especialmente grave: solo hay una unidad de hospitalización, con siete camas, en toda Galicia.
7. La privatización de la inteligencia y de la tecnología en el Sistema Sanitario
La investigación y la innovación tecnológica están controladas por la industria sanitaria, por los laboratorios farmacéuticos y por la banca, que participan en organismos públicos y controlan las actividades que llevan a cabo: la “Agencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios” y la “Agencia Gallega de Sangre y Tejidos”. Esto permite a multinacionales, fondos de inversión y empresas financieras influir y controlar la investigación, la evaluación de tecnologías, la formación de los profesionales sanitarios y de los directivos, las donaciones de sangre y tejidos y la coordinación de trasplantes de órganos.
El “Instituto de Investigación Sanitaria” es una estructura organizativa para la promoción y el desarrollo de la investigación en los hospitales. Engloba a las fundaciones de investigación hospitalarias con el objetivo de promover la investigación y la innovación, para patentar los resultados de la misma. Como consecuencia los ensayos clínicos, los biobancos de tejidos y la genómica están gestionados por la fórmula de colaboración público-privada con la participación de empresas multinacionales, grupos de capital riesgo y fondos de inversión.
El Sergas también emplea en este ámbito dos fórmulas “curiosas” en su relación con el mundo empresarial. La “compra publica innovadora” y la figura del “socio comercial” sirven, en teoría, para impulsar la innovación empresarial privada con fondos públicos. Pero lo cierto es que con estos instrumentos el Sergas financia la investigación, pero tiene que pagar las patentes resultantes de la misma (a las empresas que la realizan con fondos públicos). El Sergas renuncia a controlar la investigación y beneficia al sector privado, que recibe fondos, utiliza los centros sanitarios, a los profesionales e incluso a los enfermos para sus investigaciones. La Ley de Racionalización del Sector Público de 2014 legalizó el patrocinio privado de todos los servicios del Sergas.
En 2016 Núñez Feijóo cedió los servicios de Cardiología de cuatro hospitales (A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo) a la multinacional norteamericana Medtronic, por medio de un convenio secreto del que se desconocen los principales términos y que permite a la compañía instalarse, controlar y testar sus productos en las áreas médicas de los citados hospitales. La Xunta de Galicia ocultó durante meses esos acuerdos. Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que logró acceder a la documentación, después de un año de reclamaciones, el convenio del Sergas con Medtronic “constituye una intervención del sector privado en la sanidad pública contraria al interés general”. Medtronic tiene una oscura historia, y numerosas demandas judiciales, por su agresividad empresarial.
8. El concierto singular con Povisa
El hospital privado Povisa está integrado en la red asistencial del Sergas y tiene asignada una población de 140.000 habitantes (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Durante el mandato de Núñez Feijóo la relación de Povisa con el Sergas fue muy intensa. Funcionó la puerta giratoria, que llevó a Rocío Mosquera desde un cargo en la empresa a la Gerencia del Sergas (2009-2012). Fue ella quien negoció la renovación del concierto singular, que mejoró sustancialmente. Supera ya los 80 millones de euros anuales, a pesar de que dedica menos recursos y servicios que los centros públicos para atender a los pacientes del Sergas. Su gestión tiene una total falta de transparencia (Consejo de Cuentas) y presenta la mayor lista de espera quirúrgica de Galicia.
Pese a todas estas circunstancias Povisa recibe siempre un trato de favor. La planificación del Sergas casi siempre se hizo teniendo en cuenta los intereses de este hospital. Así fue que al nuevo hospital de Vigo (proyectado por el gobierno progresista) le recortaron 400 camas de las 1470 previstas, justo las mismas (405) que ahora tiene concertadas Povisa con el Sergas. De este modo este hospital sigue siendo necesario para atender a toda la población de la comarca, y el Sergas no puede prescindir de sus servicios.
El hospital Povisa fue, en los últimos años, propiedad de la familia Silveira (que controla Remolcanosa, Elcano y un grupo de navieras repartidas por plazas "off shore") acaba de ser comprado por la empresa Ribera Salud -la que nació en Valencia para gestionar el fracasado hospital de Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense Centene-. De este modo los dos hospitales de Vigo están en manos privadas y el Sergas es rehén de estas empresas.
9. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
El gobierno progresista tenía –en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1300 presupuestados para el actual, y que estaría finalizado en 2013, y quedaría bajo dominio de la propia Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la empresa adjudicataria durante 20 años). Hubo numerosas irregularidades durante la construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples. La privatización del nuevo hospital la realizaron en dos zancadas: primero procedieron a la asignación de la financiación, construcción, gestión y explotación de las áreas no sanitarias (incluido el aparcamiento) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, por medio de la figura de Concesión de Obra Pública. En segundo lugar procedieron a la modificación del proyecto inicial, en el que redujeron los recursos previstos para abaratar la obra, pero manteniendo el canon de 72 millones de euros anuales previstos en el contrato. Esa es la hipoteca que habrá que pagar hasta el año 2035. El canon del HAC representa el 35% de las inversiones de la Xunta en Vigo; el HAC será objeto de la mayor partida presupuestaria del Sergas durante los próximos 20 años.
Los recortes introducidos en el proyecto son notables: un 32% en las camas de hospitalización (alrededor de 400 menos) y en los quirófanos, redujeron un 50% el Servicio de Urgencias, anularon el Laboratorio Central (favoreciendo la Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio Central de Galicia –y también lo de Madrid-) y suprimieron edificios (docencia, investigación y hospital de pacientes); también alteraron la calidad de los materiales y de la equipación previstos. Las consecuencias de estos recortes son graves: la ostensible merma de la oferta hospitalaria hace que el HAC no sea capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la sanidad pública queda oprimida con una gran hipoteca y, además, la Administración pierde el control de la sanidad en el área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del HAC y por Povisa, que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la población. La sanidad pública queda secuestrada por estas empresas: prevalece el negocio por encima de las necesidades de la gente.
10. El coronavirus en Galicia. Las residencias de ancianos
A mediados de marzo el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la extensión del coronavirus. Las calles quedaron vacías y nuestras vidas mudaron de repente. Comenzó un largo confinamiento que alimentó el pánico de mucha gente. Los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una lucha desigual para frenar la extensión del Covid-19. Hubo falta de medios para atender a los pacientes y para proteger a los profesionales. Muchos de ellos llegaron a infectarse por el virus. Los recortes que sufrió la sanidad y el abandono de la Salud Pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica crearon una situación de auténtica indefensión.
Pero la extensión del virus en Galicia fue menor que en otras comunidades. Somos un territorio lejano, con la población dispersa y con escasa llegada de personas de otra procedencia. La seroprevalencia del virus en la población general está por debajo del dos por ciento. Pero hubo un ámbito donde el coronavirus afectó de forma severa provocando una elevada mortalidad: en las Residencias de Ancianos. En Galicia fallecieron en estas instituciones 271 personas (132 en la propia residencia, sin ingreso hospitalario) y hubo muchos cuidadores afectados. Eso representa el 45% del total de muertes en la CCAA. Las políticas impuestas en los últimos años tienen una relación directa con esta elevada mortandad.
La entrega de las Residencias de Ancianos a manos privadas y amigas es el antecedente necesario para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada. Núñez Feijóo favoreció la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total dejación de funciones en el control de la calidad de atención prestada (Consejo de Cuentas). La gran mayoría de los fallecidos estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por DomusVi y por la Fundación San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de Residencias de Ancianos de España; su CEO es Josefina Fernández , persona próxima al PP que a finales de 2019 recibió un premio Galicia Global de manos del conselleiro de Economía. La Fundación San Rosendo está presidida por Benigno Moure , un cura –amigo de Fraga, distinguido con una medalla Castelao- que fue condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 millones de euros la una mujer demenciada. En esas manos está la atención de nuestros mayores.
Cuando se tomaron estas decisiones hubo grupos que vieron una oportunidad de lucro. Con-virtieron la atención a los mayores y dependientes en negocios que cotizan en bolsa. La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante lo recorte de medios, de personal y la precarización de la atención. Cuando el coronavirus comenzó a afectar a las residencias a carencia de recursos para afrontarlo fue alarmante. Hubo mayores que murieron en soledad y sin poder ser despedidos por los suyos. El Sergas estableció en un protocolo que las personas con dependencia severa no fueran trasladados a las unidades de hospitalización y que quedaran aislados en su centro residencial. Las familias afectadas ya acudieron al juzgado. Aunque Núñez Feijóo afirma que dejar a los dependientes en las residencias, y no hospitalizarlos, fue decisión de los médicos y no de la Xunta, lo cierto es que era una instrucción de la Consellería de Sanidad. Pretende aparecer ante la opinión pública como el héroe que paró el coronavirus. Algunas decisiones suyas contribuyeron a todo el contrario.
Este es el relato de la actividad desarrollada durante la última década, desde el propio poder, para desmantelar la Sanidad Pública gallega. Podríamos hablar también del ocultamiento y maquillaje de las listas de espera, de la drástica reducción del proyecto de hospital de Pontevedra, de la merma de recursos para los Programas de la Mujer, del deterioro de la atención a las drogodependencias, de los recortes y privatizaciones de los servicios de ambulancias y de la supresión de la participación comunitaria introducida en la nueva Ley Gallega de Salud. Las modificaciones realizadas son profundos y difícilmente reversibles; si en las próximas elecciones se produce un cambio político la recuperación de la sanidad pública deberá ser una de las prioridades del próximo gobierno. No será fácil, y habrá que establecer un programa de actuación para restaurar el daño causado. Apuntamos a continuación un breve guión de las posibles actuaciones para cambiar el rumbo de la sanidad en este país.
1.-Revisar todas las “externalizaciones” realizadas y establecer un calendario para recuperar progresivamente el control público de las mismas.
2.-Aumentar progresivamente el presupuesto sanitario e incrementar la dotación de personal y de camas hospitalarias.
3.-Recuperar las Gerencias de Atención Primaria, dotarlas de medios y recursos propios y aumentar progresivamente la dotación presupuestaria (hasta llegar al 25% del presupuesto sanitario que aconsejan los expertos). Diseñar un nuevo Plan de Mejora para restaurar la dignidad y la capacidad de resolución de la AP.
4.-Modificar la Ley de Salud de Galicia y recuperar las once Áreas Sanitarias, dotando a los hospitales comarcales de recursos para mejorar su calidad asistencial.
5.-Modificar la Ley de garantías y suspender la Instrucción 1/2018 que facilita la derivación de pacientes a los hospitales privados. Suspender el Acuerdo Marco firmado con los hospitales privados de A Coruña. Aumentar la actividad asistencial en los centros propios para reducir el más posible las derivaciones, hasta que los centros concertados sean complementarios y subsidiarios y no integrantes de la red asistencial.
6.-Recuperar y reactivar el Plan Estratégico en Salud Mental y aumentar los recursos materiales y humanos para poder realizar una atención psiquiátrica y psicológica de calidad.
7.-Recuperar el control público de todos los institutos y servicios dedicados a la investigación y a la innovación y ponerlos al servicio de la sanidad pública y de los pacientes. Restaurar también lo con- trol de la innovación tecnológica.
8.-Revisar el concierto singular con el hospital Povisa de Vigo y hacer un seguimiento exhaustivo de su actividad asistencial en relación con la población asignada por el Sergas. Establecer un plan a largo plazo para poder atender con medios propios del Sergas a los pacientes de Povisa.
9.- Revertir a la gestión pública el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se hizo en Valencia con el hospital de Alzira). Aumentar el número de camas del hospital y dotarlo de los medios que fo- ron sustraídos del proyecto del gobierno progresista. Establecer un plan a largo plazo para poder asumir la atención de la población actualmente asignada al hospital Povisa.
10.-Fortalecer la Salud Pública y los servicios de vigilancia epidemiológica, aumentar la dotación para la investigación en virología y dolencias infecciosas, establecer un Plan Estratégico para lo afrontamento de posibles pandemias en el futuro, y recuperar para dominio público las Residencias de Mayores privatizadas. Exigir responsabilidades políticas y judiciales a todas las personas y entidades relacionadas con la gestión de las residencias y con la elevada mortalidad sucedida durante la pandemia del Covid-19.
El reto de la sanidad española: financiación suficiente y sin peligro de privatización
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La sanidad española lleva años en un proceso de privatización más o menos encubierto. Para ello se han utilizado diversos instrumentos. El principal, los recortes en la financiación: según la OCDE el gasto sanitario público en España en 2018 fue del 6,27% del PIB. En 2019, descendió al 5,9% (0,37 puntos menos). Entre 2009 y 2017, el gasto público en salud como porcentaje del PIB se redujo en un 9,1%, mientras que el privado aumentó en un 18%, según la Estadística de Gasto Sanitario Público. El gasto sanitario privado ha crecido notablemente en la última década, pasando del 24,6% al 29,2% del total (OCDE 2018), como consecuencia de una bajada continuada de los presupuestos de la sanidad pública, que se contrajeron del 6,78% del PIB en 2009 al 6,23% en 2017. El gasto total actual representa un 9,1% del PIB, inferior al 9,9% del promedio de los países europeos. El gasto público de las comunidades autónomas –que tienen trasferidas estas competencias– no ha crecido nada en los últimos diez años: representa el 5,5% del PIB, muy inferior al 6,1% del 2009.
Esta falta de financiación ha minado de forma muy grave nuestro sistema público, originalmente basado en la accesibilidad y el carácter redistributivo. El objetivo de estos dos parámetros es evitar discriminaciones por motivos económicos, especialmente para las personas más vulnerables, que son las que necesitan mayor atención, dada la estrecha vinculación entre pobreza y salud. Frente a esto, los modelos basados en los seguros sanitarios vinculan el derecho a la atención a las cotizaciones y en todo caso, para aquellos sectores no asegurados ofrecen sistemas de beneficencia, con menor oferta de servicios y de menor calidad.
Otra barrera que dificulta una financiación sanitaria basada en impuestos como la nuestra es la elusión fiscal. Esta práctica, muy frecuente en las grandes empresas, es especialmente dañina en un país de baja presión impositiva como España, de casi 10 puntos menos que la media de los países de la Unión Europea (34% frente a 41%, 70.000 millones de euros anuales).
También ha ahondado en el enfoque anti-público el crecimiento de los copagos en medicamentos introducidos en 2012 con el RDL 16/2012. Como consecuencia de ellos, más de un millón cuatrocientas mil personas no retiran los medicamentos prescritos por problemas económicos.
Hay otras medidas más residuales pero no desdeñables, como las desgravaciones fiscales a los seguros complementarios, especialmente utilizados por las grandes empresas para su personal directivo, que desgravan alrededor del 30% de los mismos.
Empeorar el funcionamiento del sistema sanitario no es algo que ocurre porque sí. Como resultado de las listas de espera que crecieron desmesuradamente tras la época de los recortes, las empresas aseguradoras han aumentado su negocio exponencialmente. En 2018 superaron los 10 millones de asegurados, un crecimiento del 14,6% en tan solo 4 años. No ayuda el mantenimiento del modelo MUFACE por el que el Estado, paradójicamente, financia la asistencia sanitaria privada de los funcionarios públicos.
Los recortes y el empeoramiento de la calidad asistencial del sistema público han ido en paralelo al aumento de la concertación con el sector privado: la reducción del número de camas –que ha pasado de 365 por 100.000 habitantes en 2005, a 337 en 2019– y de personal han sido letales. Desde 2008, se contabilizan 25.000 efectivos menos, con los que la tasa de personal sanitario –3,9 médicos y 5,7 enfermer@s por cada 1.000 habitantes– se mantiene muy por debajo de otros países europeos como Alemania (4,3 y 12,9) o Austria (5,2 y 6,8). Mientras, los conciertos con el sector privado suponen el 11,2% del gasto público en salud. En 2017 suponían el 9,5%, con Cataluña (25,6%), Madrid (11,2%), Baleares (11,1%) y Canarias (9,6%) a la cabeza. La concertación supone la privatización de una parte de la asistencia sanitaria financiada con dinero público. Las dificultades en el acceso a la atención sanitaria en el sistema común también han favorecido el pago directo por asistencia de salud. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de la ciudadanía en este ámbito pasó del 19,5% del gasto total en 2009 al 23,6 en 2018.
La colaboración público-privada ha sido utilizada en sus diferentes modalidades para construir y gestionar nuevos hospitales, gestionar servicios esenciales como historia clínica, receta electrónica, centrales de llamadas, logística o servicios de investigación sanitaria, para crear nuevas patentes con dinero público, experimentar tecnología, formar personal sanitario, etc. En todas se han dado los mismos problemas. Las fórmulas conocidas como PFI (Private Finance Initiative) para financiar y gestionar nuevos centros sanitarios han multiplicado entre 5 y 7 veces al coste de los mismos, reducido las camas, personal y equipamiento, y privatizado la parte no sanitaria de los hospitales. Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– esto representa una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración pública) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años.
Pero las consecuencias para la sociedad son nefastas: hipotecan y condicionan la política sanitaria, reducen la calidad de la construcción y equipamientos, disminuyen el número de camas y de personal sanitario, reducen personal no sanitario, empeoran las condiciones laborales, privatizan aspectos claves para el funcionamiento de los centros y la calidad de la asistencia. Y además, se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros. Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, estas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud y son un primer paso para la privatización total del sistema. Otras formulas han sido los llamados clusters empresariales y las nuevas figuras para la adquisición de equipamiento sanitario, etc.
Adicionalmente en esta confusión entre lo que es de unos y lo que es de todos, figura la doble dedicación de algunos profesionales a la sanidad pública y privada. Gracias a este desdoblamiento, algunos profesionales facilitan la derivación de pacientes del sistema público al privado, utilizando así la sanidad pública para intereses particulares.
Resumiendo, a la infrafinanciación de la sanidad española se ha sumado una creciente derivación de recursos públicos para favorecer los negocios privados y la potenciación del aseguramiento privado y de los pagos directos de los usuarios, lo que ha debilitado el sistema sanitario común y fomentado la desigualdad y las barreras económicas al acceso de prestaciones sanitarias.
Todas estas debilidades se han visto aumentadas por la pandemia sufrida, por eso es precisa, ahora más que nunca, una financiación suficiente de la sanidad pública, incrementando su cuantía para homologarla en euros por habitante y año al promedio de la UE, garantizando una financiación equitativa de las comunidades autónomas y acabando con las privatizaciones a la vez que se inicia un proceso de recuperación de lo privatizado.
Medicina a distancia
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Con la llegada del sida a finales del último siglo, pasados los miedos del principio (miedos al contagio y a la ignorancia), se rompió la última barrera que existía entre el médico y el paciente. Esto no fue generalizado, y en gran medida fue debido a que no existía un tratamiento para la infección, no podíamos curar, solo aliviar o cuidar y, en muchos casos, simplemente estar allí.
Decía entonces uno de los descubridores de este síndrome, Michael S. Gottlieb, que durante su residencia médica, abrazar a un paciente era impensable, pero que en aquel momento se sentía confortado al darle un abrazo de ánimo cuando finalizaba una consulta.
Es cierto que ya entonces muchos médicos habían optado por desplazar la mesa que separaba a los protagonistas de esta relación, y antes lo habían hecho compañeros psicólogos o psiquiatras. Eran tiempos en los que primaba la proximidad entre el médico y el paciente. Estábamos aprendiendo, además, que esta relación debía ser una relación adulta, de iguales, no autoritaria, ni paternalista, como había sido hasta entonces.
Sin embargo, ya por aquellos años llegó un nuevo actor a interponerse entre médicos y pacientes: el ordenador (los primeros casos de sida se diagnosticaron en 1981 y, justamente ese año, IBM comercializó el primer ordenador portátil).
Muchos enfermos se empezaron a quejar de que el médico no les había mirado a la cara en toda la entrevista, su atención estaba centrada en la pantalla, que en ocasiones impedía, incluso físicamente, ver al otro. Bien es verdad que a esta situación contribuyó el hecho de que cada vez la consulta era de menor duración, la demanda crecía y no aumentaban o se reducían los recursos humanos, entre otros, los médicos.
Así estaban las cosas cuando llegó el coronavirus. El impacto fue terrible. Los sanitarios tuvieron que disfrazarse como si fueran astronautas, la versión moderna de aquellos médicos de la peste en cuyo disfraz sobresalía la enorme nariz en forma de pico de ave, que rellenaban de paja y sustancias olorosas. Se hizo imposible tocarse, casi verse o hablarse, ni reconocerse, pero fue posible la empatía, otra vez el estar allí, tan importante en una situación en que los enfermos sufren un grave proceso, que en muchas ocasiones les lleva a la muerte en medio de una insoportable soledad.
La COVID-19 va a suponer un impulso definitivo para algo que ya estaba en desarrollo y en uso, la telemedicina (textualmente, medicina a distancia). La telemedicina tenía ya un largo recorrido; de hecho, en 1924 la revista Radio News, publicó un artículo titulado Doctor por Radio donde describía cómo realizaba su trabajo. Hoy, nadie puede poner en duda que la telemedicina es algo de gran interés, y diría más, en estos momentos, y también en el futuro, algo imprescindible. Con ella se ahorrarán consultas innecesarias, molestias y tiempo para sanitarios y enfermos, y se podrá impulsar una relación más fluida entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, sin hablar de otras aplicaciones, como el diagnóstico radiológico, la cirugía o la atención médica a lugares de imposible o difícil acceso. Quizás hasta puede ayudar a mejorar la conciliación familiar.
Bienvenida sea la telemedicina, pero déjenme que advierta sobre posibles insuficiencias que afectarían a la relación médico-paciente, y ello, por la dificultad de realizar una correcta anamnesis y, sobre todo, por la pérdida de la exploración física, que debe ser sistemática, exhaustiva y continuada en el curso de la enfermedad. Pero quizás la parte que puede verse más afectada de esta relación es la del conocimiento más profundo del otro, que facilita el sentimiento de empatía. ¿Será igual desarrollarla y sentirla si la persona que sufre está lejos y el contacto con ella es a través de un teléfono o una pantalla? Entiendo que estas insuficiencias de la telemedicina serán un hecho si la relación con el paciente no incluye al menos una sesión presencial. La pregunta es si podrán obviarse con una relación en parte presencial y en parte telemática.
Con la telemedicina estamos abriendo camino a algo que también ya estaba aquí, la robotización de la medicina, tan interesante, por ejemplo, en el campo de la cirugía, pero que también podría servir para hacer una entrevista (anamnesis) o desentrañar una analítica, un electro o una prueba radiológica. Ya hace unos años que un robot dotado de inteligencia artificial, con capacidad para diagnosticar a pacientes y extenderles recetas de acuerdo con sus síntomas, trabaja en un ambulatorio de la provincia oriental china de Anhui, justo al lado de Wuhan (¿les suena?). Al parecer, el robot había superado con nota las pruebas de licenciatura en Medicina. Quizás podamos obviar la exploración física teniendo a mano tantas exploraciones complementarias y no sea necesario confortar al paciente que lo necesite, si para ello tiene las redes sociales.
De todas formas, olvídense de mis reservas. La nueva normalidad será, estoy seguro, mejor que la normalidad de antes, como todo lo nuevo. Esto solo son meditaciones llevadas al papel de un médico jubilado, en tiempos que empujan a la melancolía y la añoranza por un pasado que para él fue mejor.
Covid-19 y la inversión pública en investigación
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Actualmente el principal recurso para investigación en medicina es la inversión proveniente de fondos públicos. En general, mientras que las instituciones públicas realizan investigación básica buscando hallazgos y moléculas prometedoras, la investigación comercial se centra en la investigación y desarrollo clínico de aquellos productos que más mercado puedan tener. Por lo general, son las compañías farmacéuticas las que gestionan las autorizaciones necesarias para la comercialización y la titularidad de las patentes.
Un estudio muy completo publicado en 2019 estimó que en España la administración asume el 62% del gasto destinado a investigación, frente al 38% del sector privado. Proporciones similares de inversión pública se presentan en otros países. En EE UU, la investigación realizada en los centros académicos y las universidades suponen casi el 60 % de toda la investigación básica del país. Un estudio que revisó 119.679 ensayos clínicos del registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que más del 50% no fueron patrocinados por la industria.
La investigación de la Covid-19
La inversión en investigación para el estudio de la Covid-19 no tiene precedentes y la presencia de inversión pública es también abrumadora. Un extenso informe publicado por Salud y Derecho indica que desde el 1 de enero de este año se dispone de 557 ensayos clínicos registrados en China y de 424 en EE UU de los cuales 360 (el 85%) son no comerciales. En Europa informa de 44 ensayos, la mayoría están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro, mientras que solo siete cuentan con financiación exclusiva de la industria farmacéutica. En España se dispone de los registros de la Agencia del Medicamento y de los 87 ensayos autorizados sobre Covid-19, un 74 % son no comerciales. Otros 115 son estudios observacionales con iniciativa de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Se dispone de fondos públicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de fondos de Comunidades Autónomas y de donativos, campañas, micromecenazgos, etc.
Por su parte la OMS coordina una investigación clínica de referencia global, el Solidarity Trial, y hace pocos días lanzó una iniciativa para complementar su "Plan de Respuesta Estratégica" y el "Acelerador de Tecnología Covid" (ATC), impulsado por la Unión Europea (UE) y que ya lleva recaudados cerca de 10.000 millones de euros, con aportaciones de la propia UE, de países patrocinadores y de la fundación Gates. Ni EE UU ni China participan en el mismo. Pero es importante señalar que no se exige a los donantes que renuncien a los derechos de propiedad intelectual. Otros proyectos son los fondos CEPI, con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas y la iniciativa IMI con aportaciones mixtas público-privadas.
La cuestión no resuelta
La cuestión no resuelta es qué garantía tenemos de los medicamentos y vacunas desarrollados estén disponibles para toda la población y a un precio razonable. De momento el dinero público empuja la investigación sin garantía de que las patentes farmacéuticas permitan este acceso. Los medicamentos desarrollados no deberían estar bajo licencias de exclusividad y monopolio, por el contrario se debería facilitar que puedan fabricarse y distribuirse en cantidades para abastecer las necesidades de todos los países.
Posición del Gobierno de España
La OMS y el Gobierno de Costa Rica hace un mes han propuesto ceder la licencia de los potenciales tratamientos y vacunas a un "banco de patentes de medicamentos", respaldado por la ONU. Ya se han adherido unos treinta países, entre los que están Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Portugal, pero no España.
En Europa se ha presentado la iniciativa "Inclusive Vaccine Alliance" (IVA), emprendida por cuatro países, Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, con un acuerdo para la adquisición de entre 300 y 400 millones de dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca. El ministerio de España (nota de prensa del 12 de junio) ha anunciado que apoya este acuerdo de compra anticipada de las vacunas. Pero hay grandes incertidumbres sobre si finalmente la vacuna va a demostrar ser efectiva y sobre los compromisos económicos (se anuncia a precio de coste de fabricación, sic) y regulatorios, con el fin de no hipotecar las necesarias reformas legislativas. Por su parte, y auspiciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se propone coordinar desde Bruselas la búsqueda de la vacuna para toda la UE, no sólo con los cuatro países de la iniciativa IVA. Y también emplear fondos que actuarían como un contrato de compra por adelantado.
Hay que estar vigilantes
Según Yannis Natos, responsable de Acción Política de la Alianza Europea para la Salud Pública, "preocupa que, por el miedo al coronavirus, que los gobiernos den a la industria todo lo que quiera sólo para asegurar que no se quedan fuera de la carrera. En la UE estamos pagando muchos fondos públicos que se están destinando a la investigación. ¿Qué está pasando con todo ese dinero? ¿Estamos dando compromisos por adelantado a cambio de cualquier producto que salga? El apoyo público no debe ser un cheque en blanco".
Multitud de organizaciones y colectivos sanitarios, pacientes, profesionales y ONG, como No es SANO, la Comisión Promotora del ILP Medicamentos a un Precio Justo, Médicos del Mundo, la FADSP, Salud por Derecho y muchas otras, exigen medidas para garantizar el acceso de estos medicamentos a precios razonables para toda la población con acuerdos transparentes, cambios regulatorios o en último caso la aplicación de la legislación vigente sobre licencias obligatorias que equivale a una expropiación de la patente.
La preocupación y necesidad de tomar medidas para garantizar que cuando se disponga de fármacos eficaces, sea para la Covid-19 o para cualquier otra enfermedad, estos lleguen a los pacientes que lo necesiten y a precios no especulativos. Ahora es más importante que nunca. La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de Balears sigue con la campaña de recogida de firmas de apoyo a la ILP Medicamentos a un Precio Justo, y con iniciativas políticas tanto a nivel de Balears como de apoyo a las organizaciones sociales que en estos momentos están planteando la situación en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de Diputados. Es necesario seguir atentos y exigir a los decisores políticos alternativas que se basen en el derecho a la salud y no al negocio.
* Miembro de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública y de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de Balears
León deberá trabajar por su salud
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Este lunes analizamos cómo ha de ser el futuro de la provincia desde la perspectiva sanitaria y de la mano de un médico miembro de la FADSP
El cómo nos afectará en León el periodo que se abrirá para nuestra salud a partir de la atenuación de la pandemia, es objeto de una inevitable incertidumbre, pero es seguro que será muy duro, tanto para la población, como para las y los profesionales, y como para la propia administración.
Para el personal sanitario porque es esperable un incremento de la presión asistencial, para dar respuesta a la demanda demorada de patologías ordinarias postpuestas por la fase aguda de pandemia, a lo que habrá que añadir el pertinente y necesario seguimiento de los pacientes con covid19 y el rastreo que se prevé acometer para sus hipotéticos contactos. El periodo postpandemia que se nos presenta va a tensionar e incrementar la demanda de atención sanitaria, para dar respuesta a todos esos pacientes a los que se les han demorado sus citas, para lo que se requerirá, como mínimo, mantener la misma dimensión de personal que se ha establecido durante la fase aguda de la pandemia, tanto en Atención Hospitalaria como, y muy especialmente, en Atención Primaria, y todo ello dotando a todo el personal sanitario de los equipos de protección adecuados que garanticen su seguridad en el trabajo, máxime si, como demuestran los resultados de seroprevalencia, nuestra población va a seguir estando muy expuesta a un hipotético repunte dentro de algún tiempo. En el ámbito hospitalario, parece evidente que se va a requerir aumentar la disponibilidad de las suficientes camas como para equipararnos a la ratio media de los países de nuestro entorno europeo, previendo que llegado el caso deban adecuarse algunas de ellas como camas UCI, y todo ello va a suponer un sobreesfuerzo hercúleo al muy fatigado colectivo sanitario, ya extenuado y limitado en sus días libres, vacaciones, etc…
Será duro para la población porque, con independencia de las dolorosas pérdidas de seres queridos y de la precaria situación económica y laboral que nos amenaza, la población sufrirá claras incomodidades, y verá retrasada su atención asistencial más de lo deseable, ya que en la mayoría de los casos deberán acostumbrarse a pasar un triaje telefónico previo para ser atendidos de forma presencial, y deberán acostumbrarse a las condiciones en las que poder asistir a sus centros de salud, con espacios separados y sin acumulaciones en salas de espera. En concreto, para el medio rural será duro porque, mucho nos tememos que al menos de momento algunos de los consultorios locales de entidades menores vean suspendidas sus consultas periódicas, y sólo se utilicen de forma excepcional según el criterio de los profesionales de sus centros de salud, y todo ello sin menoscabo de la atención domiciliaria y urgente que sería intolerable que se vieran afectadas. En ese sentido, sería deseable que todas las personas que desde los balcones han aplaudido al personal sanitario estos días atrás, no olvidasen que a partir de ahora también van a precisar de paciencia y comprensión, para así saber identificar y reivindicar las necesarias mejoras que en materia asistencial precisarán.
Será duro y comprometido para la administración de la Junta de C y León, porque a partir de ahora deberán invertir y recuperar en recursos humanos y materiales todo el desfase provocado por los recortes sufridos desde años atrás, consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales restrictivas para con los servicios públicos en general. Las distintas asociaciones, colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública lo venían advirtiendo y, sin embargo, ninguna actitud positiva se apreció por parte de la Junta de Cy León. El pasado día 20, hasta la mismísima Comisión Europea nos recomendaba invertir más en sanidad. Será en este próximo escenario donde cobrará especial importancia la red de Atención Primaria, pues será fundamental su papel en la detección de nuevos casos covid, así como en el rastreo de los contactos y contagiados. Sólo una potente y adecuada red de atención primaria, con recursos adecuados, y con la incorporación de expertos en salud pública, prevención, educación para la salud y epidemiología, podrá aportar la confianza que la población precisa para aceptar el riesgo de nuevas pandemias.
Y no podemos dejar de considerar que dentro del tremendo drama que estamos viviendo como consecuencia de esta pandemia, las consecuencias en términos de enfermedad y fallecimientos están siendo especial y tremendamente insoportables en el caso de las Residencias de 3ª Edad. Los datos son escalofriantes, pues un total de 2337 ancianos y ancianas han fallecido por Covid19 en las residencias de nuestra comunidad, y de ellos 400 en León. Y con independencia de que se analicen y denuncien las posibles responsabilidades, es evidente que no puede volver a ocurrir lo mismo...Permitirlo, y mirar para otro lado sería injusto, insolidario e inmoral…No puede volver a ocurrir un drama de estas características, como el que una pandemia se cebe de manera tan devastadora en toda una generación de personas mayores y dependientes. Por ello, las más de 110 residencias geriátricas del Área de León, públicas o privadas, deberán ser intervenidas sanitariamente, debiéndose incorporar orgánicamente a todos los efectos a la red de Atención Primaria de cada ZBS, pretendiendo mantener así el necesario y estrecho contacto asistencial, la pertinente vigilancia sanitaria en materia preventiva y epidemiológica, lo que deberá asumir Sacyl asegurando la dotación de equipos de protección suficientes, así como otros imprescindibles recursos materiales y humanos. Para ello, obviamente, se precisarán cambios legislativos y normativos en los requisitos y condiciones de apertura y de funcionamiento de estos centros, mediante la reformulación de los recursos de Servicios Sociales y de la aún incompleta aplicación de la Ley de Dependencia.
Sin duda, y con independencia de las consecuencias que ya hemos padecido en términos de vida y salud y en el plano de las relaciones sociales, laborales y económicas en suma, debemos ser conscientes de que estamos ante una situación absolutamente inesperada y desconocida para nuestra generación, y que el futuro, nuestro futuro, va a depender de la responsabilidad individual y colectiva de todos nosotros/as, pero por supuesto, y en gran medida, de la capacidad que nuestras administraciones y nuestros gobiernos exhiban para priorizar los retos y aplicar las medidas necesarias ahora, y correctoras para un futuro inmediato.
«No depende de los mortales alcanzar el éxito, pero haremos más, Sempronio,… lo merecemos», le decía Catón El Viejo a Tiberio Sempronio, y así, nosotros, deberemos disponernos a luchar colectiva y solidariamente para curar nuestras heridas, pero también para disponernos a preparar un mejor escenario para las generaciones futuras.
