FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Reintegrar el Hospital de Alzira en la Sanidad Pública

Fecha de Publicacion : 31/03/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/000337/marciano-sanchez-bayle
Autor: Marciano Sánchez Bayle

El hospital de Alzira construido en 1997 mediante el sistema de “concesión administrativa” en la localidad valenciana del mismo nombre ha acabado constituyendo un paradigma de los sistemas de privatización sanitaria en España. En síntesis este modelo consiste en que una UTE formada por varias empresas (en este caso bancos y una aseguradora sanitaria) construye un hospital y se encarga posteriormente de la gestión del mismo durante un largo plazo de tiempo (entre 10 y 30 años) cobrando un canon anual de los presupuestos públicos y responsabilizándose de la atención sanitaria de una determinada zona o área de salud.

En Alzira después de una primera concesión en 1997, en 2003 y como las cuentas no le salían a la empresa concesionaria se revirtió el hospital a la Sanidad Pública valenciana que pago el coste de la inversión realizada, e incomprensiblemente 25,9 millones € por lucro cesante, cuando la reversión se había producido porque la empresa declaraba perdidas y a petición de esta.

Inmediatamente se hace un nuevo concurso que se adjudica a la misma empresa y en el que se añaden los centros de salud del área. Obviamente incrementando notablemente el canon con lo que las pérdidas se convierten en ganancias. El contrato esta previsto para un incremento continuado y blindado de los ingresos de la empresa privada, así se aumenta el canon en un 6,75%, y los ingresos por enfermos procedentes de otras áreas en el 12,5%, entre 2009 y 2014, mientras en este mismo periodo el presupuesto sanitario valenciano disminuyo el 20,3%.

Además se le dan todo tipo de facilidades para atraer enfermos de otras áreas, con financiación extra, y se les favorece todo el proceso, con escaso o nulo control por parte de la Consejería que procura, como sucede en todos estos hospitales privados o semiprivados, mirar para otro lado. Así en cuanto empiezan a realizarse controles más estrictos se detectan muchas irregularidades que ya están siendo investigadas en los juzgados.

El hospital por otro lado apuesta por mucha dotación tecnológica, que casualmente coincide con la infradotación de los centros públicos más cercanos y oferta un número de camas y de trabajadores claramente inferior a los hospitales públicos (1,2 camas /1.000 habitantes versus 1,7; 7,39 trabajadores/1.000 habitantes frente a 9,3), por supuesto las condiciones laborales son netamente diferentes y peores a la de la red pública

El modelo se extendió a 4 centros más de la Comunidad Valenciana (Torrevieja, Denia, Manises, Elche) y cubre ahora al 20% de la población de la Comunidad. Los otros centros tienen similares características aunque problemas concretos distintos y algunos de ellos han sido denunciados por importantes carencias asistenciales e incluso en uno de ellos, uno de los socios (la aseguradora DKV) quiere retirarse vendiendo su parte.

Los resultados en salud tampoco son buenos, por ejemplo en la comarca de La Ribera (la que corresponde a Alzira) la esperanza de vida es casi 2 años menor que en la media de la Comunidad valenciana y las tasas estandarizadas de mortalidad general y las de mortalidad específicas por grupos de edad de los mayores de 14 años están en los valores más altos de la misma.

En resumen es un modelo que es mas caro, que tiene contratos blindados que le aseguran incrementos a pesar de que el presupuesto sanitario sufra recortes (lo que supone mayores recortes en los centros públicos a los que acaba parasitando), que realiza selección de riesgos atrayendo los enfermos “rentables” de otras áreas, tiene una total opacidad, y además está incurso en fenómenos de irregularidades todavía en fase de investigación.

Así las cosas parece perfectamente razonable la decisión de la Consejería de Sanidad de Valencia de, aprovechando la finalización de la concesión en abril de 2018, proceder a la reintegración del hospital en la red pública, y también parece sensato el que se haya anunciado con una antelación suficiente y que se den normas estrictas de control para el periodo que resta de la concesión y para evitar un proceso de desinversión y/o desmantelamiento del centro. Lo que resulta incomprensible son las declaraciones de Ribera Salud que pretende llevar el asunto a los tribunales ¿no se finaliza el plazo de la concesión y la reversión es automática como cuando acaba cualquier contrato?, o es que en realidad se pretende que son contratos de duración infinita que solo pueden ser rescindidos por los concesionarios. Una vez más nos enfrentamos con lo que mejor caracteriza estos modelos privatizadores, todas las ventajas y los beneficios para las empresas privadas, ninguna para la administración pública y el interés general, es decir una vez más estamos ante el “capitalismo de amiguetes” que tantos desastres ha traído a este país.

Por eso también, además de porque la Sanidad debe de garantizar una atención sanitaria de calidad, a toda la población y de manera eficiente, es necesario acabar con todos los experimentos privatizadores que lejos de mejorar las cosas las han emporado notablemente.

El proceso está abierto, esperemos que llegue hasta el final y sea el primer paso del final de este modelo privatizador. La Administración sanitaria ha dado el primer paso, pero para que tenga éxito se precisa de una amplia movilización social y profesional porque las transformaciones sanitarias precisan de la colaboración de la ciudadanía y los trabajadores del sector.

La Marea Blanca puede ser decisiva para cambiar el modelo de Sanidad

Fecha de Publicacion : 26/03/2015
Autor: Arturo Borges Álamo (ADSP Tenerife)

Continuamente se nos bombardea, desde los poderes económicos y su influencia tanto en los poderes públicos como en los medios de comunicación, acerca de la insostenibilidad del sistema sanitario público, abundando en datos que dejan constancia del enorme gasto sanitario y basando toda su estrategia en la reducción del mismo, los conocidos recortes, como una de las alternativas que derivan de su idea de insostenibilidad.


Además proponen también una aproximación cada vez más intensa hacia lo que presentan como una futura solución final, empezando por la llamada colaboración público-privada para avanzar hacia un papel determinante de la privatización en un modelo que supere el que estableció el llamado Estado del Bienestar.

Ante eso y negando la mayor, es decir, que lo descrito sea el camino inevitable, desde una perspectiva que apueste decididamente por una Sanidad Pública sostenible, universal y de calidad debemos señalar que efectivamente el modelo actual, con un gasto sanitario mediatizado por los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas y de tecnología sanitaria y con unos efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria que son un problema de salud pública debido a su magnitud (en torno al 10% de los pacientes que son atendidos en los hospitales sufren un efecto adverso relacionado con la atención recibida), debe ser declarado insostenible.

Pero que quede claro que hablamos de una insostenibilidad diferente, lo que es insostenible es el negocio, con sus consecuencias, que las multinacionales hacen con la sanidad pública y también el que ha venido haciendo la sanidad privada, en la mencionada colaboración público-privada, con el dinero público que debería haber servido para potenciar la atención de salud, sobre todo en programas de atención primaria y de promoción de la salud pública.

En Canarias tenemos una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera comunidad en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Así mismo, nuestra población tiene una de las cifras más altas de incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes  2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria  por esta enfermedad  el triple de complicaciones. Además el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina por llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis y de trasplante renal. Por otra parte, según diferentes estudios impulsados en los últimos años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se sabe que más de la mitad de los efectos adversos de la atención sanitaria se podrían evitar y hasta el 40% están relacionados con la medicación.

Efectivamente, lo que procede es un cambio de modelo, pero no hacia el que quieren y promueven los poderes económicos y financieros sino hacia un modelo de prevención de las enfermedades, tanto de las que genera el propio sistema sanitario actual como de prácticamente el 90% del total, causado por un amplio espectro de factores relacionados con las condiciones de vida y ambientales en un sentido amplio de ambiente físico, social, político, económico y cultural,  mediante políticas intersectoriales saludables, “salud en todas las políticas”. Este modelo sería mucho menos costoso y con muchos menos efectos adversos para la salud. La clave radicaría en el efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para obtener ganancias en salud. Sin embargo, los recortes en las políticas de protección social han aumentado las desigualdades sociales en salud cuyas causas, desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, y consecuencias, alimentación, medioambiente y vivienda insalubres, etc., han provocado que el deterioro de la salud junto con el de la asistencia sanitaria de la población hayan llegado a los extremos inasumibles que conocemos.

Como herramientas para el abordaje de dicho cambio de modelo necesitamos en primer lugar una política gubernamental, apoyada en una mayoría parlamentaria que apueste por el mismo, condiciones necesarias para aplicar otras dos herramientas, una nueva Ley de Salud y Sanidad Canaria y un sólido Plan de Salud, ambas ya con referencias de partida tanto en la ILP “para la Promoción de la Salud y la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias” como en el actual Plan de Salud de Canarias. Solo queda ‘imponer’ la cordura al gobierno y al Parlamento de Canarias y en eso habrá de intervenir de modo determinante la ciudadanía canaria con su movilización contundente en la calle.

Ahora o nunca, tenemos varias citas por delante, entre ellas el 6 de abril en el acto de la Plaza de La Candelaria y el 18 de mayo en las manifestaciones convocadas. También el Parlamento de Canarias tendrá que hacer su labor, esperamos que en consonancia con lo que suceda en la calle y también que el gobierno de Canarias tome nota y actúe en consecuencia.

Potenciar la Atención Primaria

Fecha de Publicacion : 25/03/2015
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/70-sanidad-sana/1039-potenciar-la-atencion-primaria
Autor: José Generoso Gómez Cruz (ADSP Salamanca)

    Dice el consejero de Sanidad de Castilla y León que la atención primaria funciona y efectivamente la medicina de primer nivel resuelve, pero es gracias a la labor de los médicos y enfermeras y a pesar de las medidas nefastas y el abandono al que ha sometido la administración a los profesionales de la salud.

    El consejero comparece, a petición propia, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, para plantear diez medidas con las que mejorar la atención primaria. Yo más bien diría para intentar restablecer lo que era la atención primaria y que nunca se debió perder.

    Las sustituciones, los concursos de traslado, la convocatoria de oposiciones periódicas, la manutención de las guardias, nunca se debían haber tocado, pero justificado por la crisis se decidió que el ahorro era más importante y este es el resultado.

    Desde hace tiempo se sabe que en los próximos cinco años se va a jubilar un alto porcentaje de médicos de familia y no se ha planificado este recambio generacional evidente. Si la forma de asegurar el futuro es ofertando a los profesionales que cumplen 65 años que continúen su labor asistencial, no es una medida de futuro, es un parche de urgencia que durará pocos años. Teniendo en cuenta que con la edad se incrementa el número de bajas por enfermedad, se necesitarán más sustitutos para cubrir las bajas y al no existir estos, aumentarán las acumulaciones, con lo cual empeoraremos el problema.

    Lo cierto es que los médicos de familia que acaban se van a otras comunidades que les tratan mejor y les hacen contratos continuados y no puntuales como aquí. Si queremos empezar a resolver esta situación es preciso no esperar más para fidelizar a los médicos de familia que terminan su periodo de formación MIR. En el mes de junio, justo cuando acaban, ofrecerles paquetes de sustituciones para todo el verano, hacerles contratos estables, ofertar interinidades según se vayan jubilando los sanitarios y convocar oposiciones de forma periódica que fijen población. Nada nuevo; ni más ni menos que lo que se tenía que haber hecho siempre y se lleva años sin hacer.

    De las diez medidas propuestas es preciso destacar una: aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria y mejorar la continuidad asistencial. Efectivamente, esto es lo que llevamos demandando hace años y espero que no se quede en una declaración de intenciones. Es imprescindible trabajar para aumentar la calidad de la atención primaria y fomentar una comunicación fluida con atención especializada que permita hacerla más resolutiva.

    Fijando población médica con puestos de trabajo estables y trabajando para mejorar su calidad, sin duda contribuiremos de verdad a potenciar la atención primaria.

¿Despilfarramos salud?

Fecha de Publicacion : 17/03/2015
Fuente : http://www.lacronicadesalamanca.com/159735-despilfarramos-salud/
Autor: Miguel González

Me regalaba hace unas semanas, mi buena amiga y correligionaria Concha Ledesma (si es que alguna religión profesamos, que no lo creo), una reedición de una perla literaria e intelectual, incomprendida por muchos, un opúsculo de la Comuna Antinacionalista Zamorana (CAZ), banda de autores inconcretos y donde rebulle la filosofía del utópico irredento Agustín García Calvo: “Manifiesto urgente contra el despilfarro”. Nada tan vigente.

Despilfarrar, o séase, la base de nuestra capitalista sociedad. El consumo por el consumo. O mejor dicho, el consumo innecesario. O aún mejor, aquello que nos dedicamos a suprimir sin aprovechar ni disfrutar.  “Sociedad de consumo”, que más bien llamaríamos “sociedad del despilfarro”, y en lo que se sustenta el crecimiento mismo: más despilfarro, más crecimiento, mayor riqueza para todos. En este sentido cabría introducir el hecho del consumo sanitario: consumo de servicios de salud, más que consumo de salud.

Nada más lejos de mi ánimo que trasladar esta responsabilidad al consumidor mismo, al paciente en este caso. Pero mucho me temo que nuestra conducta en este ámbito esté impregnada del valor “despilfarro” que sostiene nuestro supuesto desarrollo. También en sanidad.

Escasas, míseras líneas, para reflexionar sobre el asunto. Pero por qué no hacer una llamada, aunque sea impopular y políticamente incorrecta.

Nos mueven valores de consumo que, innecesariamente se trasforman en despilfarro. Del mismo modo en sanidad, la caótica previsión, así como la gestión malévola de autoridades, invita al consumo infructuoso de recursos sanitarios. Por ello el conjunto de la sanidad no deja de ser otro campo más donde el consumo banal e ineficaz se convierte en un objetivo en sí mismo. La tercera parte de toda actividad sanitaria es innecesaria e inmotivada científicamente, generando así el solo beneficio de los vendedores de la tecnología. Si a esto le añadimos una planificación inoperante, el resultado es un beneficio económico a costa de la salud del público.

Moraleja del relato: si estimas tu salud y tu bolsillo, reclama que se evalúe lo que produce el sistema sanitario y además,  exige participar activamente. Si no intervienes decidirán por ti, y tú contribuirás a despilfarrar los bienes colectivos que tanto nos cuestan a todos.

Sanidad Pública y medicina privada

Fecha de Publicacion : 05/02/2015
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sanidad-publica-y-medicina-privada/20150205122927112142.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle

Cuando se puso en marcha el actual Sistema Nacional de Salud, a partir de 1986, existía una situación muy enrevesada en la que un número muy importante de los profesionales sanitarios tenían varios puestos de trabajo en el sistema público (que estaba fragmentado) además de en el sector privado. La normalización de los horarios en la Sanidad Pública, la jerarquización de los especialistas y el desarrollo del nuevo modelo de Atención Primaria, así como la aplicación de la ley de incompatibilidades y la exigencia del cumplimiento horario clarifico esta situación. El paso siguiente fue la aparición de la dedicación exclusiva en la Sanidad Pública en 1987 que incentivaba a aquellos profesionales que solo trabajaban en el sector público y que aunque inicialmente fue voluntario (el 70% de los profesionales se acogió a esta fórmula), se suponía se iría extendiendo progresivamente a todos los profesionales mediante su exigencia en todas las nuevas contrataciones.

Posteriormente la mayoría de las CCAA eliminaron esta exclusividad y alguna la dejo solo para cargos con responsabilidades organizativas (jefaturas de servicios, etc).

Es obvio que la separación nítida entre el trabajo en el sector público y el privado es importante para evitar la competencia desleal (de hecho las grandes empresas suelen exigirla a sus trabajadores con un cierto nivel de cualificación).

Además lo mas frecuente es que los profesionales que trabajan exclusivamente en el sector público tengan una dedicación mayor que los que están pluriempleados y trabajan simultáneamente en el sector público y privado, y es evidente que la dedicación exclusiva permite una mayor disposición de tiempo para su actualización profesional y, sobre todo, permite evitar el potencial conflicto de intereses de quienes simultanean el trabajo en el sector público y el privado, conflicto de intereses que favorece el que se detraigan recursos del sistema público  en beneficio de la privada, potenciando los comportamientos oportunistas como el absentismo, el incumplimiento horario,  el desvío de pacientes al sector privado,  la demanda inducida, la selección de pacientes y la apropiación y/o el uso indebido de los recursos públicos para fines privados. Aunque tampoco puede olvidarse que hay muchas circunstancias individuales y que hay personas que comparten con total honestidad la práctica pública y la privada. La exclusividad de los médicos del sistema público resulta así beneficiosa para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública y debe ser defendida y potenciada, muy especialmente en quienes tienen responsabilidades de organización y gestión en los centros públicos.

La no existencia de la dedicación exclusiva supone un beneficio colateral para el sector privado porque le permite contar con profesionales  mas cualificados y motivados y que difícilmente trabajarían solo en centros privados (donde la investigación y la docencia son generalmente inexistentes o están muy poco desarrolladas), y con muy bajas retribuciones (puesto que se trata de un complemento de los salarios del sector público), y tiene además un efecto negativo sobre el empleo favoreciendo el paro profesional.

Con ser este el caso mas visible y mas frecuente, la penetración de los intereses privados en el sistema público es muy importante y esta presente en muchos aspectos que son estratégicos para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública, los mas notables la formación continuada de los profesionales sanitarios, financiada mayoritariamente por las empresas farmacéuticas y/o de tecnología, que potencian la utilización inapropiada de los recursos, y la investigación  que cada vez pivota mas sobre los intereses y el control de las multinacionales, lo que supone que se oriente hacia las estrategias empresariales y no sobre los problemas de salud de la población, y que acabe generando patentes de avances que, pese a haberse generado en gran parte con recursos públicos, solo favorecen al sector privado. Mas recientemente se esta generalizando la utilización de los centros públicos para las prácticas de estudiantes de las universidades privadas, en mas de un caso postergando a los que provienen de los centros públicos.

¿Cual es el grado de privatización de nuestro sistema sanitario?. No resulta fácil de saber porque la ausencia de transparencia es la norma y los datos internacionales comparativos nos sitúan en 2011. En este año el gasto privado español se situaba  en el 27% (un 1,7% mas que en 2009 y un 4,7% más que en 1995, año en que fue menor el % de gasto privado). Por otro lado el gasto de bolsillo, lo que pagamos directamente en servicios sanitarios alcanzo el 20,7% en 2011 (el 18,9% en 2009), es decir la privatización de la financiación se ha incrementado en nuestro país de manera importante, probablemente como efecto de los copagos y los recortes en gasto público. Por otro lado esta privatización tiene una presencia muy distinta según las CCAA, en el Informe sobre privatización sanitaria en las CCAA la puntuación iba desde 23 para Madrid (la más privatizada) hasta 9 en Extremadura, la que menos, con datos de 2012 y 2013. Existe mucha evidencia de que la mayor presencia del sector privado supone sobrecostes y desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

El objetivo central debe ser separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado, lograr que los profesionales que trabajan en uno y otro sector sean distintos y eliminar la interpenetración de intereses privados en la práctica profesional en el sistema sanitario público. ¿Cómo abordar el problema?. Primero decir que no es fácil porque la penetración de los intereses privados en el sistema sanitario público es difusa y prácticamente ubicua, luego señalar que existe una coyuntura favorable en el sentido de que se ha generado un importante paro profesional y la delimitación entre el sector público y el privado puede ser una  fuente significativa de creación de empleo. En este orden de cosas habría que conseguir:

    1.- Recuperar la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario como un concepto central en la política de personal, incentivándola adecuadamente
    2.- Habría que establecer un sistema transitorio en el que todas las nuevas contrataciones llevarían aparejada la dedicación exclusiva y las personas con plaza en propiedad podrían optar a acceder a la misma o quedarse en la situación actual.
    3.- Las plazas con capacidad organizativa y/o de gestión deben de tener dedicación exclusiva sin excepción.
    4.- Debe de exigirse el cumplimiento de la ley de incompatibilidades en cuanto al personal que trabaja en los centros sanitarios que reciben financiación pública (conciertos, etc)
    5.- Hay que garantizar mecanismos de formación continuada desde el sistema sanitario público independientes de la industria farmacéutica y tecnológica
    6.- Debe regularse estrictamente la información que se facilita en los centros sanitarios públicos por parte de la industria, en todo caso siempre garantizar que se hace fuera del horario de trabajo.
    7.- Debe establecerse la obligación de declarar todas las ayudas económicas, cualquiera que sea su forma concreta, que pudieran recibirse de la industria o de entidades privadas, incluyendo fundaciones y oenegés.
    8.- Hay que reservar los centros públicos para las prácticas y la formación de los estudiantes de las universidades públicas.
    9.- Hay que crear un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea gestionada por una agencia pública de investigación.

Tenemos que avanzar en este sentido y hacerlo de manera decidida, porque hay que ser conscientes que lo que se llama “colaboración público – privada” no es más que un eufemismo para favorecer los negocios privados con fondos públicos, y ahí solo ganan unos pocos y perdemos la mayoría de la población y de los profesionales.