FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Apoyo AGDSP movilizaciones suicidio Galicia

   Ante el grave problema del crecimiento del suicidio en Galicia, como consecuencia de la crisis y la ausencia de planes de actuación específicos y de un Plan Gallego de Salud Mental, desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública exigimos la Conselleria de Sanidade :

   1. La elaboración con carácter prioritario un Plan Gallego sobre o Suicidio de carácter multisectorial, dotado de los recursos necesarios para afrontar la   gravedad del problema y articulado dentro de un Plan de Salud Mental de Galicia con la implicación de la comunidad.

   2. La constitución de un Comité Técnico para elaborar dicho Plan

   3. La creación de Comisiones Clínico-Asistenciales en cada Gerencia de Área de carácter multiprofesional y multisectorial destinadas a conocer y estudiar la realidad del suicido en cada área, realizar informes, identificar grupos y situaciones de riesgo y elaborar contrarias y protocolos de intervención

        Desde la AGDSP apoyamos las movilizaciones convocadas por el Movemento Galego de Saude Mental y la Plataforma SOS Sanidade Pública, en todas las localidades con concentraciones y campanadas en lugares públicos el dia 30 de junio a las 8 de la tarde

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

20 de junio del 2016

 

 

Es necesario integrar el Consorcio del Hospital Provincial de Castellón en la Red de Hospitales Públicos

Manifiesto de ACDESA CS sobre la supuesta financiación irregular del PP a través de la contratación del Hospital Provincial de Castellón

   En relación a la información publicada en distintos medios sobre la denuncia presentada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusa de la existencia de una probable trama irregular que utilizaba al Hospital Provincial de Castellón como tapadera para la financiación del Partido Popular llegando a facturar más de 25 millones de euros, ACDESA Castellón  expone que:

      1. Estos supuestos casos de corrupción son inaceptables en cualquier administración y menos en la sanitaria donde los recursos son  limitados y las necesidades amplias y afectan a la salud.

      2. Estas acusaciones demuestran una vez mas el inadecuado e ineficaz modelo de gestión del consorcio sanitario entre la Diputación y Generalitat. De demostrarse las acusaciones, el consorcio habría participado en actividades delictivas clientelares en gobiernos anteriores.

   Por ello ACDESA CS vuelve a reivindicar  la necesidad urgente de disolver el consorcio e integrar al  Hospital Provincial de Castellon en la Red de Hospitales Públicos. Exigimos que este cambio de gestión se demuestre con rapidez, y sobre todo con hechos, además de con intenciones.

En Castellon, a 16 de junio de 2016

Madrid 20 de Junio : Por los Derechos de las Personas Refugiadas

Amnistía Fiscal, tramas ocultas y privatización de la Sanidad Pública Española

La reciente publicación en algunos medios de comunicación de los denominados “Papeles de la Castellana” ha puesto en evidencia más irregularidades de los procesos de privatización del sistema sanitario público por parte del gobierno del PP, ya que se confirma que empresas beneficiarias de estos procesos, que han tejido alianzas con laboratorios farmacéuticos, entidades bancarias, empresas de autopistas o  multinacionales para beneficiarse de fondos públicos, defraudaron al fisco.

El grupo Vithas Salud nació en 2012 con la compra de hospitales a Adeslas. Pertenece al fondo de capital riesgo Goodgrower de los hermanos Gallardo y de La Caixa.  El grupo integró en el momento de su constitución a 10 hospitales y 3.100 profesionales y  1,5 millones de pacientes, en gran parte derivados del sistema público.   La creación fue apoyada y bendecida por la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.

La creación de Vithas se produjo de manera simultánea a la regularización por el Ministerio de Hacienda de los 113 millones de euros que los compradores mantenían ocultos en Suiza y Panamá. Es decir la creación del grupo se realizó gracias a la legalización de 113 millones de euros ocultos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España.  Los dueños del grupo,   pagaron gracias a la amnistía fiscal apenas  2,7 millones (2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas de Panamá y de los bancos JPMorgan, Lloyd´s, y Rothschild).

Los dueños del grupo son también los máximos accionistas del laboratorio farmacéutico Almirall (66%)  una de los mayores de España, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 M y que factura millones de euros a la sanidad pública (el gasto farmacéutico en España es muy superior a la media de los países europeos).

Cuando la Xunta decidió  privatizar el Laboratorio Central de Galicia frenando el desarrollo de los laboratorios de los hospitales públicos y poniendo en peligro los datos más sensibles de la población gallega, realizó un concurso al que se presentaron siete laboratorios, aunque el contrato  fue  adjudicado a una Unión Temporal de Empresas integrada por Cerba (Unilabs) y Lema y Bandín, que presentaron  la oferta económicamente más baja, con una baja temeraria de 40% con respecto a las otras empresas concurrentes. Posteriormente Lema y Bandin y Vithas se han unido ubicando el Laboratorio Central de Galicia, Privado, en el hospital de Fátima de Vigo.

Leer más:  Amnistía Fiscal, tramas ocultas y privatización de la Sanidad Pública Española

La Sanidad Pública ante las elecciones del 26 de junio

Comunicado de ACDESA PV en relación de la denuncia de irregularidades en la contratación del personal sanitario

      ACDESA - PV, ante la grabación que a en estos momentos está difundiéndose por la red y en un artículo de hoy de El País Comunidad Valenciana (06.07.16), sobre una médica que opta por bolsa a una plaza de Anestesiología en el Hospital Clínico de Valencia, quiere dejar patente que estas prácticas, tan habituales en otros tiempos no lejanos, es necesario cortarlas de raíz para preservar, por un lado , la dignidad de los profesionales y por otro , el buen nombre de una administración sensible a los problemas de los ciudadanos.

      Por lo tanto exigimos a esta administración las medidas oportunas para que hechos como estos no se vuelvan a producir, para lo que habrá que poner límites a algunos Jefes de Servicio para acabar con estas prácticas.

ACDESA , 08 Junio de 2016

LA FADSP ante los vientres de alquiler

En los últimos meses se están desarrollando diversas iniciativas a favor de la regulación de los llamados vientres de alquiler en España. Sirvan de ejemplo  la feria Surrofair en Madrid en Mayo, la presentación por Ciudadanos de una ILP en la Comunidad de Madrid en marzo (con el apoyo de una parte del PP), o su reserva para presentar iniciativas en esta materia,  al pacto con el PSOE tras las elecciones del 20D. Sin duda el debate está abierto.

Desde la FADSP opinamos que este asunto no debe abordarse exclusivamente desde los deseos individuales de paternidad/maternidad.; deben contemplarse sus aspectos bioéticos y su incidencia sobre la desigualdad económica y de género. Ambos factores determinantes de las desigualdades sociales en salud. Desde el concepto de salud integral que acuñó la OMS, no puede entenderse la maternidad como una mera técnica de reproducción, ni desligarse de sus aspectos biopsicosociales.

Cuando el embarazo no responde a los propios deseos de maternidad, sino que está  forzado para satisfacer el deseo de otr@s, y/o condicionado por su situación socioeconómica, se está reforzando la desigualdad de género al situar su cuerpo a disposición de los demás.

Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos por la Conferencia de El Cairo de Naciones Unidas como pare integrante de los derechos humanos, lo que incluye el derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de ningún tipo. Poner el cuerpo de las mujeres como cualquier otro producto a disposición del mercado capitalista, afecta a los DDHH de las mujeres y lesiona gravemente su autonomía y la capacidad de control sobe el propio cuerpo, cuando su salud se pone al servicio de otros. Los derechos humanos no pueden ser materia de compraventa, sino que su desarrollo se basa en la exigencia de condiciones dignas para su ejercicio.

Sabemos que existe un mercado internacional que presiona por su regulación, que se alimenta de la pobreza de las  mujeres de  países pobres como Tailandia o la India, donde se gestiona el grueso del mercado de los vientres de alquiler. Por ello, de regularse afectaría gravemente a las mujeres en situación más vulnerable.

Sin duda son muy respetables  los deseos de ser padres o madres, pero también lo son los derechos de las mujeres gestantes y los derechos de los menores. Las garantías que se establecen sobre estos en los procesos de adopción, (a conocer sus orígenes, o a la idoneidad de los futuros padres o madres), no están presentes en la práctica de los vientres de alquiler. Lo que prevalece es el contrato, donde se establece la renuncia expresa (y la indemnización por incumplimiento) de las madres  a todo derecho sobre sus hijos.

Cabe recordar que existen otras opciones como la adopción de niños y niñas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Los menores son personas con sus derechos, no son propiedad de los padres/madres, y por eso es éticamente cuestionable el modelo de hijos a la carta que plantea la práctica de los vientres de alquiler.

Conviene señalar que la responsabilidad de legislar en materia de salud debe responder a las necesidades de salud de la población y no a deseos individuales, ni mucho menos responder a las presiones de un sector que ve un nicho de negocio en la capacidad reproductiva de las mujeres. Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales, sobre todo si estos no respetan los derechos de las personas social y económicamente más vulnerables.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Junio de 2016

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las “26 medidas para el 26 J” propuestas por el PP

    La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las “26 medidas para el 26 J” propuestas por el PP, tiene que señalar:

1.   Los 6 primeros puntos solo plantean rebajas fiscales que son incompatibles con el mantenimiento de los servicios públicos, solo podrá haber buenos servicios públicos si existe una recaudación fiscal suficiente. Las pruebas que tenemos en España es que se bajaron los impuestos en la pasada legislatura y ello fue paralelo a unos brutales recortes en los presupuestos sanitarios que deterioraron el funcionamiento de la Sanidad Pública.

2.   El apartado que se refiere específicamente a la Sanidad (medida 16) señala algunos aspectos que conviene resaltar:

        - El asegurar que nos e produzcan diferencias en la atención sanitaria según la comunidad autónoma depende los recursos que tengan estas, es decir de una financiación suficiente y finalista que, como se ha señalado las propuestas que hace el PP, no solo lo garantizan sino todo lo contrario.        

        - Prometer la reducción de las listas de espera está bien, pero en la pasada legislatura sucedió todo lo contrario, es decir estas aumentaron.        

        - La libre elección de médico y centro, en las CCAA donde se ha puesto en práctica, por ejemplo Madrid, solo favoreció las derivaciones hacia el sector privado y el mayor deterioro de los centros públicos        

        - En cuanto a la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales quizás se refiera a los cierres  de puntos de atención continuada que realizaron los gobiernos del PP en Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura.

   En conclusión las propuestas de realiza el PP de cara a las próximas elecciones son algunas de ellas seriamente lesivas para los servicios públicos como la Sanidad y las otras contradicen la práctica de este partido, a nivel central y autonómico en los últimos años.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

6 de junio de 2016

Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

Volvemos una vez más al inevitable tema de las listas de espera en sanidad. Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses. Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes.

Los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo, revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000).

La información aportada nos crea la duda de si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables.

La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que “hacerlos dimitir”. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados.

Leer más:  Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

Reclamamos la exclusividad de los Centros Sanitarios Públicos para las Universidades Públicas

Colectivos sociales, políticos y asociaciones vecinales denuncian la opacidad en la gestión público-privada del Consorcio Sanitario Aragonés

        Ayer miércoles 1 de junio, a las 12h, tuvo lugar una rueda de prensa, en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, a cargo de diversos colectivos en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, para denunciar la opacidad en la gestión público-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución).

Más de una veintena de colectivos, asociaciones vecinales y grupos políticos, se han adherido a esta denuncia y han firmado un escrito dirigido al Gobierno de Aragón, que fue entregado en el registro del Pignatelli, ayer a las 17h de la tarde.

La rueda de prensa, estuvo a cargo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de las Unidades de Salud Mental y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad. Dichos colectivos, se refirieron al último informe publicado por la Cámara de Cuentas de Áragón, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 del consorcio privado del CASAR. Dicho informe, pone de manifiesto graves irregularidades en la gestión del consorcio privado, cuyo resultado es una deuda aproximada de unos veinte millones de euros, que ahora, tras la integración del consorcio en el SALUD, tendrá que ser sufragados con fondos públicos.

La imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a toda la información , para poder realizar un informe riguroso, demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este experimento público -privado, en el que  todavía quedan por aclarar: los sobresueldos recibidos por altos cargos del consorcio fuera de convenio, el balance de cuentas de liquidación, el sistema de contratación del personal sanitario, los servicios prestados por el SALUD, los servicios externalizados y su rendimiento, los beneficios obtenidos por la mutua, etc. Un sinfín de irregularidades y de falta de información que hace sospechar que ninguno de los sucesivos gobiernos autonómicos (desde la fundación del consorcio en 2006) ni las alcaldías implicadas, parecen querer asumir las responsabilidades de una gestión en la que sabemos quienes pierden (una deuda millonaria que tendrá que ser asumida por todos los aragoneses) pero que, a día de hoy, no sabemos quienes ni cuanto han ganado.

Por ese motivo, los colectivos denunciantes exigieron públicamente la realización de una auditoría externa que aclare las gestión llevada a cabo, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso.

Del mismo modo, los colectivos resaltaron que el CASAR no es un caso aislado y enumeraron las diversas experiencias privatizadoras que se  han llevado a cabo en el resto del estado y que se han saldado con similares consecuencias (se ha demostrado que el SALUD es un 25% más barato que el modelo de gestión del CASAR). Así pues, declararon que la proliferación de asociaciones público-privadas responde a un proceso de privatización encubierta de los servicios públicos y que además, este modelo de gestión, genera el entorno idóneo para la corrupción. Denunciaron, que este tipo de asociaciones están acostumbradas a ocultar endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Y recordaron que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Hecho que es incompatible con el acceso universal a servicios públicos de calidad.

En ese sentido, reivindicaron también la derogación de la Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión”,  marco legal que permite la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública y que, pese a las continuas promesa electorales, aún sigue vigente.

Los colectivos denunciantes, advirtieron que las acciones de protesta seguirán hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones.

 

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Ante la noticia de la integración de Galaria S.A en el CHUVI

Ante la noticia de la integración de Galaria S.A en el CHUVI, la AGDSP quiere comunicar:

Como ha mantenido desde siempre la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Publica, y el Sergas parece admitir, la privatización de la gestión de servicios sanitarios públicos de Vigo fue una decisión equivocada, con motivaciones ajenas a la sanidad pública, convirtiendo a Vigo en la única Área sanitaria cuyo hospital de referencia no gestiona los equipos de Resonancia Magnética, a pesar de estar ubicados en sus propias instalaciones, dificultando la asistencia radiológica integral a radiólogos y pacientes.

Con esta medida el gobierno gallego trata de hacer un lavado de cara a la desastrosa situación en que ha dejado la radiología gallega y de forma especial la viguesa, dado que:

El servicio de Radiodiagnóstico del CHUVI:

    - Depende funcionalmente del SERGAS, pero se encuentra ubicado en un hospital cogerenciado por una UTE privada.

    - Parte de sus equipos son del Sergas y de gestión pública. Otra parte son de Philips, la multinacional holandesa adjudicataria de los nuevos equipos de TAC y mamografía, por medio de una figura contractual hecha a medida de la empresa “el socio tecnológico”. Los profesionales del CHUVI utilizan los equipos a cambio de un alquiler que el Sergas paga a la multinacional.

    - Otra parte pertenecen a la empresa de gestión privada Galaria S.A, comprados por Galaria y gestionados por su junta directiva. Sin embargo, los nuevos equipos de Galaria (RM, Radioterapia y Medicina nuclear) han sido o van a ser comprados a través del socio tecnológico y no pertenecen realmente a Galaria, sino a las multinacionales adjudicatarias, como ocurre con la nueva RM que va a ser ubicada en el hospital Álvaro Cunqueiro, que pertenece a Philips y el lissing lo financia el Sergas, así que sería absurdo si no ilegal que lo gestione Galaria. Lo mismo ocurrirá con los nuevos equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, o con los propios de Galaria y actualizados recientemente con fondos propios del Sergas.

Ante esta situación solo cabe el desmantelamiento de Galaria y la integración de todos los servicios sanitarios en el Sergas. Sin embargo, el gobierno gallego no pretende integrar Galaria. Simplemente, a Feijóo no le queda más remedio que devolver al hospital público la tecnología pagada con dinero público, por imperativo legal.

Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública

29 de mayo de 2016

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La FADSP ante la publicación del Barómetro Sanitario

    La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante los datos del Barómetro Sanitario de 2015 hecho público hoy por el Ministerio de Sanidad tiene que señalar:

      1) La puntuación que se da al sistema sanitario público es similar a la  del año pasado 6,38 versus 6,31 entre la población general. Y como sucede habitualmente las personas atendidas por el sistema sanitario tienen una valoración muy positiva de la asistencia recibida (más del 80% piensan que la atención fue buena o muy buena).

      2) Las listas de espera siguen estando situadas en el centro del descontento de la población que mayoritariamente piensa que no han mejorado y que siguen situándose en cifras muy elevadas tanto en atención primaria como en hospitales y en consultas del especialista.       

      3) Por otro lado la mayoría de la población rechaza el actual sistema de copago y cree que deberían de  retirarse los implantados con el RDL 16/2012.

      4) No obstante la ciudadanía sigue prefiriendo la a atención sanitaria pública y pensando que la Sanidad está mejor gestionada por el sistema público.

     En resumen se evidencia que la política de recortes, deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública sigue estando vigente, y que la población prefiere el sistema sanitario público y que este sea gestionado por la administración pública. Desde la FADSP entendemos que ahora y ante las nuevas elecciones es el momento de expresar con nuestro voto el apoyo a quienes se plantean recuperar la Sanidad Publica como un sistema de cobertura universal, de calidad y sin barreras económicas en el acceso, y todo ello de acuerdo con las 80 Propuestas para recuperar la Sanidad Pública planteadas desde la FADSP.

 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

12 de mayo de 2016

La AGDSP llama a la participación en la manifestación de Vigo el 12 de Mayo

 

Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública de Galicia apoyamos la manifestación convocada para el próximo dia 12 de mayo en Vigo (a las 20 horas en la Plaza de España)  por la Plataforma de Vigo por el rescate para el sistema público del Nuevo Hospital Alvaro Cunqueiro de gestión y financiación privada.

Desde nuestra asociación  queremos advertir a toda la ciudadanía gallega de los graves riesgos que suponen  para la atención sanitaria estos centros de gestión privada que anteponen el lucro y el reparto de dividendos de sus accionistas a la asistencia de los pacientes.

Los graves problemas asistenciales, suspensiones de intervenciones, caídas de techos y paredes,  problemas de aparcamiento, alimentación impresentable, crecimiento de las listas de espera o la congestión de las urgencias de este hospital, justifican la protesta y sirven de ejemplo para el resto de Galicia  sobre los problemas de la privatización de los centros sanitarios por el gobierno de Nuñez Feijoo

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

11 de mayo del 2016

La Asociación para la Defensa de la sanidad Pública de Madrid solicita a la Consejería de Presidencia

La Asociación para la Defensa de la sanidad Pública de Madrid solicita a la Consejería de Presidencia la anulación de los cambios de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid

 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, directamente y por medio de un grupo de enfermeros/as colegiados/as ha solicitado en el día de hoy  a la Consejería de Presidencia  de la Comunidad de Madrid que se le exijan al Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid las oportunas explicaciones y en su caso se anulen los cambios producidos en la Junta Directiva de la citada entidad sin que haya mediado un proceso electoral con las mínimas garantías democráticas.

Esta petición se sustenta en  el Artículo 24 de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid, publicado en el BOCAM (27/10/1998), señala que la renovación de la Junta Directiva debe producirse mediante convocatoria pública, así como en el Artículo 36 de la Constitución Española señala que  “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.” Y que ello incluye la convocatoria y publicidad a todos los miembros de los mismos de los correspondientes procesos electorales.

Entendemos que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de intervenir  por tratarse de una entidad que tiene el carácter de “corporación de derecho público” y que se sustenta en la obligatoriedad de la colegiación.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

4 de Mayo de 2016

Ante las supuestas elecciones del Colegio de Enfermería de Madrid

     La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las supuestas elecciones realizadas en el Colegio de Enfermería de esta Comunidad tiene que señalar:

1.Tenemos constancia de manera fehaciente de que la convocatoria de estas supuestas elecciones no fue comunicada a los colegiados.

2.Los estatutos del Colegio de Enfermería publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid establecen (artículo 24) la publicidad de la convocatoria electoral, por lo  al no cumplirse este requisito, estas supuestas elecciones son nulas de pleno derecho.

3.Resulta un sarcasmo que en una entidad que se mantiene por la colegiación obligatoria, y que está considerada como “corporación de derecho público”, puedan suceder estas cosas, y por ello reclamamos a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que velar por el correcto funcionamiento del Colegio, que abra una investigación sobre los hechos acaecidos, anule las supuestas elecciones y convoque otras de acuerdo a las normas de publicidad entre los colegiados establecidas en la legislación vigente.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

28 de Abril de 2016

Un éxito en la lucha por un hospital único y público en Pontevedra

La Asociación Galega para la Defensa da Sanidade Pública considera un éxito importantísimo de la Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública - SOS de Pontevedra el anuncio de la administración sanitaria del PP de que renuncia a construir un nuevo hospital de financiación y gestión privada en Montecerrasco  para recuperar el proyecto de Hospital Único y Público ampliando  el actual hospital de Montecelo.

Esta decisión supone  la derrota de los especuladores liderados por el dirigente popular Telmo Martin,  las empresas constructoras y los fondos de inversión que pretendían hacer una gran negocio  con la atención hospitalaria del Área Norte de Pontevedra.

Es urgente iniciar el proyecto funcional del Hospital Único que tanto necesita tanto la ciudadanía de Pontevedra y su área sanitaria, que lleva años soportando una atención situación hospitalaria irracional e inaceptable.

Desde nuestra Asociación hacemos un llamamiento a mantener la Iniciativa Legislativa Popular para que el Parlamento de Galicia garantice por ley este proyecto, dado que desconfiamos de la voluntad política del actual gobierno popular 

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

27 de abril del  2016

Comunicado de ACDESA CS en relación a la dimisión y cese del coordinador y director de primaria

Ante los recientes acontecimiento sucedidos en el Departamento de Salud de Castellón en relación con el cese y dimisión del Coordinador y Directora de Primaria del Departamento de Castellón, ACDESA-CS expone que:

1.      No entendemos la decisión de cese y dimisión de los mencionados equipos directivos cuando se estaban realizando profundas y necesarias modificaciones en la gestión del departamento a favor de la mejora de la asistencia sanitaria. Este cese ha dejado paralizado numerosos proyectos asistenciales que garantizaban los objetivos incluidos en el actual borrador del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana.

2.      La capacidad y mérito del equipo directivo de primaria del departamento está sobradamente demostrada. Desde la incorporación de la actual Dirección de Primaria al Equipo Directivo del Departamento de Castelló en septiembre del 2015 se ha realizado una gran labor respecto al estudio y reorganización de los recursos sanitarios bajo criterios de una mejor equidad, eficiencia, calidad y la dotación de nuevos puestos de trabajo para garantizar y mejorar la continuidad asistencial de primaria.

3.      La separación entre política y gestión es un síntoma de buen gobierno y de madurez institucional. La politización de la gestión sanitaria era la practica habitual de anteriores gobiernos.La Dirección de Primaria representaba en este departamento es un claro ejemplo de profesionalización de la gestión que hace avanzar la institución sanitaria.Numerosas iniciativas departamentales fueron consideradas relevantes para la Dirección General de Asistencia Sanitaria y adecuadas para su extensión en otros departamentos, iniciativas que actualmente quedarán en via muerta.

4.       La profesionalidad y ejemplaridad de los equipos directivos estácontrastada y aceptada tanto para la Consellera que los ratificó en proceso público, como para los profesionales del departamento. Por ello estamos en desacuerdo con estos cambios.

5.      El cese de un  Coordinador de Primaria sin previo aviso y sin explicaciones, así como las dimisiones posteriores de la Directora de Primaria supone un duro golpe en la aplicación de proyectos sanitarios imprescindibles para el desarrollo departamental.

6.      Desde ACDESA-CS realizamos un llamamiento a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, por ello solicitamos explicaciones públicas a la Consellera de Sanitat Universal y Salut Pública sobre los ceses y dimisiones de la Dirección de Primaria del Departamento de Castellón.

    En Castellón a 22 de abril de 2016.

La ADSPC exige una nueva Ley de Salud y Sanidad para Canarias

    Hace 6 años se presentó ante el Parlamento de Canarias una ILP respaldada por 25.000 firmas en la que se pedía una nueva Ley que sustituyera a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de 1994, que mucho ha tenido que ver con la situación actual que padecemos  constituyendo un instrumento sin capacidad para solucionar los males que soporta la salud de la población canaria.

    Dicha ley  pasa de puntillas por lo que para nosotros debería ser el núcleo principal que es la Salud  Pública. Salud Pública y Sanidad no son lo mismo, la Sanidad se ocupa de la enfermedad para restituir la salud, la Salud Pública ofrece un conjunto de herramientas para preservar la Salud , con políticas de prevención al intervenir en las condiciones que pueden afectar a la salud particularmente las sociales. Con ello se puede lograr que no sea necesario el uso de tantos recursos sanitarios para conseguir que la salud de la ciudadanía canaria fuera otra. 

    Una nueva Ley que podría denominarse de Salud y Sanidad nos debe conducir a:

          1- Blindar una asistencia pública, universal y gratuita donde la equidad sea una premisa fundamental.

          2- Colocar a la Salud pública y al ciudadano como centro del Sistema.

          3- Potenciar infraestructuras y programas de medicina preventiva y salud

pública.

          4- Potenciar la planificación de la atención primaria y especializada extrahospitalaria, puerta de entrada de todo sistema sanitario.

          5- Potenciar programas de Salud mental, drogodependencias, rehabilitación y

prevención de la dependencia, cuidados paliativos y geriátricos.

          6- Un Plan de Urgencias y emergencias integral.

          7- La profesionalización de la Gestión Sanitaria.

          8- Fomentar la participación ciudadana.

          9- Reglamentar sistemas de control como serian el Consejo Canario de Salud,

el Observatorio Canario de Salud y Sanidad y el Observatorio Canario de la Dependencia.

          10- Un modelo que integre la asistencia sanitaria y la social.

          11- Una Gestión Pública y directa (participada) del Sistema Canario de

Salud.

    La ILP aún no es una ley, es un guión, un documento de trabajo actualizable, pues es de hace 6 años, que con la participación de todas las fuerzas políticas, profesionales, ciudadanas y sociales nos lleve a un nuevo modelo de atención a la salud y a la enfermedad más acorde con los tiempos que vivimos y que acabe con el vigente que ha demostrado su inoperancia para lo que exige la Salud de la población canaria del siglo XXI.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias a 7 de abril de 2016

La FADSP ante el Día Europeo contra la mercantilización de la sanidad

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hace un llamamiento a la participación activa de ciudadanos y profesionales en las movilizaciones convocadas  el próximo 7 de abril con motivo del Día europeo contra la mercantilización de la Sanidad.

Las políticas de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública que se han vivido en España especialmente en la última legislatura no son un hecho aislado sino que se corresponden con una gran ofensiva de las multinacionales y los abanderados del neoliberalismo contra los sistemas sanitarios públicos y otros sistemas de protección social.

Por ello es conveniente el articular respuestas globales ante fenómenos globales, pero también porque la política de la UE ha antepuesto los criterios del déficit, y los recortes a los derechos de la ciudadanía y porque las negociaciones del tratado TTIP suponen una seria amenaza contra los servicios públicos europeos.

Por todo ello tenemos que mostrar nuestra repulsa a las políticas mercantilistas en la Sanidad y exigir sistemas sanitarios públicos, de cobertura universal y de calidad que garanticen la protección de la salud de la ciudadanía, y por eso también desde la FADSP hemos propugnado la elaboración de una Carta de Derecho a la Salud de la ciudanía europea que refuerce los sistemas públicos de la UE.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

5 de abril de 2016.