FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

La privatización del conocimiento en el Sistema Nacional de Salud

Fecha de Publicacion : 3/11/2016
Fuente : http://www.bez.es/834128220/La-privatizacion-del-conocimiento-en-el-Sistema-Nacional-de-Salud.html

Autor:
Luisa Lores

Aunque la industria sanitaria ha logrado introducirse en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y hacerse con la gestión de hospitales y servicios públicos, no siempre ha logrado ocultar los malos resultados de su gestión, que originaron multitud de movilizaciones de profesionales y ciudadanos en su contra, y que llevaron a la paralización por orden judicial del proceso de privatización de la sanidad madrileña. Estos hechos de alguna forma modificaron la estrategia empresarial.

La industria pretende ahora controlar la información, la investigación, la innovación y la docencia, es decir, la esencia del sistema, para redirigir a profesionales y pacientes conforme a sus intereses.

Sus objetivos:

  • Una sanidad pública básica subfinanciada y recortada, para atender a las personas con menores recursos y enfermos “menos rentables”, con profesionales desincentivados, contratos precarios y largas listas de espera.
  • Un dispositivo de investigación gestionado por la industria, para ensayar sus innovaciones en los centros públicos, con los pacientes del SNS.
  • El control de las guías clínicas, para que incidan en el uso y abuso de las tecnologías y en el tratamiento farmacológico de las enfermedades, más que en estudiar y evitar las causas que las provocan.
  • Un fuerte dispositivo concertado, con acceso restringido, que se nutre con la derivación y la selección de patologías y de pacientes del SNS, con colaboración de los call centers, y en base a la ley de tiempos máximos de espera y libre elección de hospital
  • Un dispositivo privado para los españoles con mayores recursos económicos o doble aseguramiento y para el turismo sanitario de los extranjeros de alto nivel adquisitivo (una de las principales razones de la eliminación de la universalidad de la asistencia)
La privatización sanitaria sufre un fuerte impulso con la crisis económica: actualmente, los nuevos fármacos patentados por la industria se desarrollan en los institutos públicos de investigación, se ensayan esencialmente en los hospitales públicos o en pacientes públicos de hospitales concertados, se publicitan en las Web de las Sociedades médicas y de las asociaciones de pacientes y se recomiendan en las Guías de Práctica Clínica avaladas por el Ministerio de Sanidad.

En este proceso hay una serie de colaboradores internos que merece la pena resaltar:

1. El gobierno central y los gobiernos autonómicos de Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia, Andalucía, Aragón, País Vasco o Canarias, que disminuyeron drásticamente los empleados públicos, externalizaron servicios y empresarizaron la Administración Sanitaria, convirtiendo servicios sanitarios estratégicos en agencias, para someterlas al derecho privado, laboralizar el personal, y facilitar su control privado mediante las asesorías de expertos: Agencias de Docencia, Investigación y Evaluación de Tecnologías, Agencias para la gestión de la sangre, órganos y tejidos, Agencias de Calidad, Agencias creadas para privatizar la gestión del propios Servicio de Salud, como ocurre con la Agencia Valenciana de Salud, o las agencias ministeriales de Seguridad Alimentaria y de Medicamentos y Productos Sanitarios.
-La Xunta de Galicia acaba de crear una empresa público-privada, NasasBiotech, para el tratamiento del cáncer metastásico, vinculada a la farmacéutica Roche, al Banco Pastor y a Amancio Ortega.
-La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con responsabilidades en la atención a pacientes oncológicos, especialmente en Galicia, donde controla el Registro Público de Pacientes con Cáncer, está dirigida por un consejero de la Banca March y vinculada a FarmaIndustria.
- Indra, la empresa que gestiona los datos sanitarios de Galicia y de otras muchas CC. AA., también está participada por la banca March, e implicada en la trama Púnica.
-La farmacéutica estadounidense Celgene realiza ensayos clínicos en el Parque Científico de La Cartuja, con los pacientes del Servicio Andaluz de Salud. Las patentes son para Celgene.
-El Instituto Valenciano de Oncología es una entidad privada de la familia Llombart, concertada con la sanidad pública cuando Manuel Llombart era Conseller de Sanitat. La familia Llombart también controla la AECC de Valencia.
-El Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global), está vinculado a Carlos Slim y CaixaBank, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas del Hospital Clínic está controlado por la Fundación Esther Koplowitz y la fundación privada Cellex.

2-El ministro  de Economía y competitividad, Luis de Guindos, que trasladó el organismo público de investigación Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) desde el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Economía y privatizó su gestión, para redirigir su función a la elaboración de patentes para la industria.

3- Los laboratorios de ideas para la privatización del SNS

A- El gigante de consultoría PwC, de donde proviene Luis de Guindos, elabora anualmente la hoja de ruta para la privatización sanitaria y la presenta a ministros y consejeros. PwC asesora a gobiernos autonómicos en la toma de decisiones estratégicas, como el troceamiento y privatización de los hospitales catalanes, o la adjudicación del nuevo hospital de Vigo.

PWC es filial de la multinacional estadounidense IBM, que almacena en su nube los datos sanitarios de la población española. Su auditora es EFQM, controlada por una empresa farmacéutica, 3M, considerada una de las más insalubres y contaminantes de EEUU. Está dirigida en España por los bancos y empresas más interesados en el negocio de la privatización sanitaria, como Quirón Salud, Eulen, el banco Santander, CaixaBank y la empresa de trabajo temporal Adecco.

EFQM audita las administraciones, hospitales, escuelas y universidades y el tercer sector. Mediante su modelo Misión, Visión y Valores se introduce en los centros públicos, extrae la información de interés e impulsa desde dentro la contrarreforma sanitaria. También acredita a determinados centros sanitarios privados, que serán autorizados para la realización de trasplantes, o serán premiados con sus sellos de excelencia, para posicionarse en el negocio del turismo sanitario en España.

B- Las fundaciones del PP:

FAES, presidida por Aznar de donde provienen buena parte de las ideas y los ministros populares privatizadores de la sanidad. Formalmente se ha desvinculado orgánicamente del PP.

La Fundación Lafer, presidida por Manuel Lamela, de infausto recuerdo por su actuación en el caso de las sedaciones de Leganés, e imputado en la privatización de la sanidad madrileña. A pesar de estos antecedentes, Lafer tiene un acuerdo con la Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) para impartir docencia a médicos.

También muchos ministros de Sanidad con el PSOE, posteriores a Ernest Lluch, están vinculados a empresas beneficiadas con la privatización de los servicios públicos, de forma especial Cristina Garmendia, ministra de Ciencia y Tecnología con Zapatero, que impulsa la privatización de la investigación biomédica mediante la ley de 2011, que legaliza la participación de las empresas y del capital riesgo en la investigación pública.

4- La captación de los profesionales

  • La industria tiene especial interés en controlar la formación continuada de los médicos, basada en cursos on-line, publicaciones y congresos patrocinados por los laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, el adoctrinamiento comienza en la facultad. Actualmente los estudiantes de medicina se forman en universidades privadas y en cátedras que las multinacionales poseen en las universidades públicas: Cátedra Lilly -Universidad Complutense de Madrid, Novartis-Universidad Autónoma de Barcelona, Roche-Universidad del País Vasco, Glaxo-Universidad de Valencia, Astra Zeneca-Instituto biomédico de Barcelona, Pfizer-Universidad de granada, Astra-Zeneca Universidad de Santiago de Compostela o cátedra de Bioética Grifols- Universidad de Vic. La otrora prestigiosa Escuela Andaluza de Salud Pública está actualmente vinculada a las Multinacionales Farmacéuticas Novartis y Roche.
  • La privatización de la carrera de medicina fue impulsada de forma especial por Esperanza Aguirre, que crea tres facultades privadas con notas de corte hasta tres veces inferiores a las públicas y con tasas hasta 23 veces superiores. La disminución de las becas dificulta aún más el acceso de alumnos brillantes, pero de bajos recursos, lo que socava la igualdad de derechos y la calidad del sistema.
    Gerentes y altos cargos de los hospitales públicos son seleccionados entre los alumnos que realizan Master de postgrado en las escuelas de negocios con idearios fuertemente conservadores y privatizadores. Gerentes públicos y privados de la sanidad española forman parte del mismo lobby, SEDISA, creado por la industria para privatizar la gestión clínica.
  • Multitud de altos cargos del SNS, colegios profesionales, sociedades médicas, catedráticos y responsables de institutos de investigación públicos están vinculados a la industria sanitaria y alimentaria. Como ejemplos:
    -Coca-Cola, cuyas bebidas son una de las principales causas del incremento de la obesidad y de la carga de enfermedad en la población infantil, acaba de reconocer pagos de miles de euros a las sociedades científicas de las patologías provocadas por la obesidad, como la Asociación Española de Pediatría, la Fundación Española de Endocrinología o la Fundación Española del Corazón.
    -Mariano Barbacid, exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (CNIO) y actual investigador de dicho centro, es patrono de la Fundación Lilly.
    -Margarita Salas, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dispone de una empresa farmacéutica que cotiza en la bolsa alemana y tiene como socia a la exministra Cristina Garmendia.
    -Joan Rodés, patrono de Pfizer y Roche, fue nombrado presidente del consejo asesor del Ministerio de Sanidad para la Hepatitis C.
    -Octavi Quintana, el delegado del Ministerio de Sanidad para la Unión Europea, es asesor del Instituto Roche.
Podemos asegurar que el desmantelamiento de nuestro Sistema Sanitario Público está plagado de decisiones ilegítimas y conflictos de intereses. Se realiza mediante una trama de empresas favorecidas por leyes y contratos aprobados ad hoc, gracias a gobernantes y altos cargos beneficiados con comisiones ilegales, puestos en consejos de administración, o mayor “prestigio” profesional, y con la colaboración de empresas auditoras y fundaciones “sin ánimo de lucro” que actúan como lobbies favorecedores de la contrarreforma.

La privatización del SNS es Nula de Pleno Derecho. Los profesionales comprometidos con la sanidad pública, las organizaciones ciudadanas, los nuevos gobiernos del cambio y los tribunales de justicia debemos exigir su rescate. Mañana puede ser demasiado tarde.

Reformar la formación

Fecha de Publicacion : 2/11/2016
Fuente : http://www.lacronicadesalamanca.com/144835-reformar-la-formacion/

Autor:
Miguel Gonzalez. Hierro. Asoc. para la Defensa de la Sanidad Pública

Reformar la Formación Sanitaria Especializada. Reformar el conocido popularmente como Sistema MIR, pero donde se forman muchos otros tipos de especialistas, no solo médicos.

Conocida es la expresión de “morir de éxito”. Algo de esto nos puede acabar ocurriendo con el sistema de formación de especialistas. Tanto repetir que es un sistema excelente, tanto reiterar que los especialistas formados son homologables a los de mejor nivel internacional, tanto recalcar que esta formación rigurosa es gran parte del éxito del SNS –y todo ello es bien cierto-; nos puede llevar a que el sistema se degrade por no mejorarlo. Recrearse en la autosatisfacción sin persistir en el análisis crítico tiene riesgos, muchos riesgos.

Abundando en lo dicho más arriba, y ya desde la teorización de las organizaciones, es sabido que toda organización que no se mejora, tiende a empeorar. Es una tautología, pero así funcionan las cosas. Por eso lograr el éxito no es suficiente; hay que mantenerlo.

Reflexionaba hace escasas fechas Aurelio Fuertes sobre las características que debe tener un médico de nuestro tiempo, del siglo XXI. Y reflexionaba certeramente en cuanto a los requisitos que apuntaba como necesarios para desempeñar adecuadamente hoy sus tareas: profesionalismo.

El sistema de formación de especialistas se sustenta en “aprender haciendo”; en aprender observando y siguiendo a los profesionales en su práctica diaria. Naturalmente que hay otros elementos trascendentes, pero esta es la filosofía esencial.

Y así el Residente aprende los conocimientos, habilidades y actitudes del profesional junto al que se forma, que le tutoriza y dirige. Fundamentalmente el residente absorbe, interioriza, lo que ve.

Es preciso introducir en este sistema  –además de remodelar otros aspectos como la metodología formativa o la evaluación- junto a los conocimientos científico-técnicos, las vertientes formativas que se consideran necesarias para ser un profesional excelente en nuestro tiempo: trabajo en equipo, formación a lo largo de toda la vida, investigación traslacional, capacidad de relación, manejo eficiente de recursos y gestión de los mismos, bioética, información… y sobre todo, ante todo: derechos de los pacientes. Es quizás el elemento crítico de la formación: interiorizar la capacidad de autonomía del paciente; aceptar que el paciente es el auténtico dueño de su cuerpo, de su salud.

Y esto es ciertamente difícil si el entorno en que se forman los especialistas no asumen y practican este nuevo rumbo formativo.

Las empresas en su captura del sector sanitario público

Fecha de Publicacion : 24/10/2016
Fuente :http://www.bez.es/622403928/empresas-captura-sector-sanitario-publico.html

Autor: Luisa Lores

La Ley General de Sanidad (LGS) de Ernest Lluch sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal y de gestión pública, con profesionales formados en universidades públicas, y a los que se les exigía la dedicación exclusiva para evitar interferencias en su práctica clínica. La atención sanitaria ya no se basa únicamente en decisiones unipersonales, y comienzan a importar las opiniones de los pacientes.

La sanidad privada no puede competir con un Sistema Nacional de Salud (SNS) en ascenso, y las empresas forman lobbies o grupos de presión, con el objetivo de debilitarlo. Tan solo cinco años después de la aprobación de la LGS, en 1990, el Gobierno encarga el Informe Abril, que supone un enorme misil en la línea de flotación del SNS, al tratar de implantar los copagos y la provisión privada de la asistencia sanitaria pública.

El revuelo generado transformó el misil en miles de proyectiles, que fueron agujereando el sistema por todos los flancos:

- Generación de listas de espera en el sistema público para incrementar la derivación a los centros privados.

- Incumplimiento de la ley de incompatibilidades, permitiendo a los centros privados disponer de los profesionales del sector público.

- Campañas de desprestigio de los empleados públicos, recorte de plantillas y de salarios y externalización de servicios.

- Fragmentación y debilitamiento de la Administración pública mediante la creación de una maraña de entes públicos de derecho privado para gestionar la sanidad, con el supuesto objetivo de mejorar su eficiencia.

- Construcción de hospitales con el modelo PFI, de financiación privada, con la disculpa de la escasez de fondos públicos, debido a las amnistías fiscales y rescates bancarios, aunque hayan salido mucho más caros o hayan sido rescatados con fondos públicos y devueltos a las mismas empresas.

Esta contrarreforma se acentúa con el Gobierno de Rajoy. Su ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, dota de personalidad jurídica propia a la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia (CNMC) y la hace aún más ineficaz a la hora de detectar cualquier vulneración de la libre competencia en varios supuestos:

- En las adjudicaciones mediante bajas temerarias, contratos negociados sin publicidad, mediante figuras como el socio tecnológico o la “compra pública innovadora", o a empresas vinculadas al capital riesgo, con sede en paraísos fiscales.

- Cesión de los hospitales gestionados por las cajas de ahorros que habían sido previamente rescatadas con miles de millones de euros de dinero público.

- Persistencia en el tiempo de la gestión de servicios públicos por parte de empresas investigadas en tramas corruptas, como las grandes constructoras de los hospitales PFI (Gürtel, papeles de Bárcenas), la gestión de la HC electrónica y de la Receta electrónica por parte de Indra (trama Púnica), Centros de salud de Galicia a Cofely (trama Púnica), servicios no sanitarios a Acciona (desfalco de 147 millones de euros en la empresa pública Aragonesa Plaza).

- La fusión de múltiples empresas sanitarias privadas para formar oligopolios

Los principales gestores de la sanidad pública son:

Ribera Salud

Empresa vinculada al PP; creada por Zaplana para la gestión privada del hospital de Alzira, junto a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) y Bancaja. Posteriormente, los otros hospitales y servicios sanitarios públicos privatizados en la Comunidad valenciana también fueron adjudicados a Ribera Salud.

El rescate de la CAM costó 10.750 millones de euros y el de Bankia, cuyo mayor agujero negro era Bancaja, 22.000 millones de euros, sin embargo, el Gobierno no exigió la devolución de los hospitales y servicios sanitarios que gestionaban las cajas nacionalizadas. Los cinco hospitales valencianos, el Erescanner de Valencia y el Laboratorio Central de Madrid, acabaron en manos del banco Sabadell y de la empresa estadounidense Centene Corporation a cambio de 60 millones de euros, menos de lo que costó un único hospital. Un nuevo esquilme a las arcas públicas de la Comunidad Valenciana y una nueva afrenta a los valencianos, cuya asistencia queda en manos de una empresa de EE.UU, el país cuya sanidad es considerada la más ineficiente del mundo, con antecedente poco recomendables, como haber dejado sin cobertura a miles de asegurados, al no considerarlos rentables.

Quirónsalud

Su origen se remonta a IDC (Ibérica de Diagnóstico Cirugía), que nace en una pequeña clínica de Albacete y crece gracias a las listas de espera de la sanidad pública, con la colaboración de un ex alto cargo experto en conciertos públicos.

Con Ruiz Gallardón como presidente e Ignacio Echániz como consejero, Capio logra la gestión de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la joya de la corona. Posteriormente, Echániz vuelve de consejero a la Castilla-La Mancha de Cospedal, para privatizar sus hospitales.

EE.UU es el país cuya sanidad es considerada la más ineficiente del mundo, con antecedente poco recomendables, como haber dejado sin cobertura a miles de asegurados, al no considerarlos rentables

Capio, perteneciente al fondo de capital riesgo CVC y con sede en paraísos fiscales, se hace con otros hospitales públicos y privados de Madrid, el Hospital General de Cataluña, 300 centros de prevención de riesgos laborales y los grupos privados Quirón, USP, Ruber, la clínica Dexeus, y el Centro Tecknon.

Tras constituir este fuerte oligopolio sanitario, Quirónsalud fue vendida a Helios-Fresenios, por 5.760 millones de euros, empresa farmacéutica (cuyos principales nichos de negocio son la insuficiencia renal, la donación y el procesamiento de sangre, la nutrición enteral y los tratamientos oncológicos) y empresa de gestión hospitalaria, con 60 hospitales solo en Alemania y ahora con 43 hospitales en España.

Fresenius ha reconocido que solo con el concierto de los cinco hospitales de la Comunidad de Madrid y del Hospital General de Cataluña ingresará anualmente más de 800 millones de euros desde las arcas públicas. También reconoce el enorme negocio que supone la captación de los pacientes que deseen tratarse en sus centros, gracias a las listas de espera creadas con los recortes en el sistema público, al decreto madrileño de libre elección de hospital, y a la derivación de pacientes a través de los call center.

La Iglesia católica

Es una gran impulsora de la privatización sanitaria en España, ya que tiene fuertes intereses en la sanidad pública. Dispone de cerca de 11.000 camas hospitalarias, de las que 7000 pertenecen a la Orden Hospitalaria san Juan de Dios (OHSJD), el mayor grupo hospitalario privado de España.

La Iglesia católica tiene una gran presencia en la docencia de los profesionales del SNS, para influir sobre la ideología de médicos y enfermeras. Es propietaria de La Universidad de Navarra, de la escuela de negocios IESE y del Hospital Clínico de Navarra (Opus Dei), de la universidad de Deusto, la escuela de negocios ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas y la escuela de negocios ICADE (Jesuitas), y de la Universidad Francisco de Vitoria, de los legionarios de cristo, vinculada a la AECC, organización privada, levantada con miles de voluntarios pero controlada por el gran poder, que influye en exceso en la atención a las personas con cáncer, exigiendo la implantación del cribado de cáncer de colon o la ampliación del cribado del cáncer de mama, a pesar de no disponer de aval científico que respalde sus recomendaciones. Su programa Lazo Rosa contra el cáncer está patrocinado por Ausonia, empresa vinculada a la industria farmacéutica.
La Iglesia católica tiene una gran presencia en la docencia de los profesionales del SNS, para influir sobre la ideología de médicos y enfermeras

Los hospitales del SNS disponen de sacerdotes católicos pagados con dinero público, que suponen alrededor de 15 millones de euros anuales.

Las asociaciones de cuidados paliativos y los consejos de bioética también tienen una fuerte presencia católica, a pesar de su principio ideológico de que “con el sufrimiento se llega a Dios” y de su posición contraria al derecho al aborto y al derecho a una muerte digna.

Debemos recordar que la OHSJD, presente en el patronato de la farmacéutica Grifols, fue la principal beneficiaria de la privatización de la atención a los pacientes terminales en la comunidad madrileña, tras el caso Leganés.

La OHSJD también controla, junto a la familia Ferrer, la fundación Vicente Ferrer, que curiosamente es la que selecciona las investigaciones biomédicas que serán financiadas, mediante los premios Severo Ochoa.

La Caixa

La Caixa tiene fuerte presencia en la sanidad pública y en la investigación biomédica en Cataluña a pesar de ser propietaria de Adeslas y de la aseguradora Mutua Madrileña. Esta aseguradora privada ha fichado al presidente de la Organización nacional de Trasplantes para presidir su comité científico

El Gobierno ha aprobado recientemente una gran investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, que recogerá muestras genéticas de 4.000 pacientes españoles, y que será realizada por La Caixa y Grifols, a pesar de que es precisamente la enfermedad de Alzheimer uno de los principales nichos de negocios a los que aspira Grifols.

La Caixa también forma parte de la fundación Josep carreras para la leucemia, junto a los laboratorios Roche, Janssen y Esteve, a pesar de que esta fundación gestiona la lista de donantes de Médula Ósea.

Negocios por encima de las necesidades de la población

Con la disculpa de la crisis económica, se han recortado profesionales, se han desmantelado los servicios estratégicos del SNS, y grandes hospitales y servicios sanitarios públicos han sido vendidos a multinacionales extranjeras, fondos de inversión y empresas imputadas, a precio de saldo, situando a la sanidad privada en una posición de fuerza a la hora de imponer sus políticas. La vinculación de estas empresas a los laboratorios farmacéuticos priorizará las enfermedades de su interés y los tratamientos que les aportan mayores beneficios, por encima de las necesidades de la población.

Es urgente y posible, gracias a las maniobras ilegítimas que cuestionan la legalidad de las privatizaciones, reintegrar los centros y servicios desgajados, recomponer nuestro Sistema Sanitario Público y refundar el SNS, universal, público, gratuito, transparente y de calidad, a salvo de grupos de presión o de cualquier influencia externa que pretenda reorientar la práctica clínica hacía sus intereses, por encima de la seguridad y de la salud de la población.

Luisa Lores es especialista en Radiología Médica y forma parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


La sostenibilidad del sistema sanitario

Fecha de Publicacion : 14/10/2016
Fuente :http://www.saludadiario.es/opinion/la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario

Autor:  http://www.adspsalamanca.org/

El sistema sanitario público español atraviesa numerosos problemas debido a los recortes presupuestarios que han colocado a los pacientes y al personal sanitario ante la necesidad de afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones condicionadas por el gasto.


Miguel-Barrueco-interiorNo obstante, hay que señalar que con la crisis y recortes actuales, y también sin ellos, la asistencia sanitaria es cada día más cara en base al elevado precio de las nuevas tecnologías y de los nuevos medicamentos, lo que constituye un serio problema de sostenibilidad del sistema sanitario público.

Este papel gestor de los profesionales, y especialmente de los médicos, que son quienes, con sus decisiones, generan la mayor parte del gasto, ha sido asumido en diferente medida por los profesionales, lo que determina que existan pacientes que se ven afectados también en distinta medida en función de la actitud del propio profesional.

Las posibilidades de un médico de adoptar decisiones en cada caso concreto son muy amplias, la variabilidad de la práctica clínica está muy extendida y los protocolos y guías de práctica clínica, que se postulan como una posible solución a este problema, no contribuyen a su resolución, puesto que su aplicación real en la práctica clínica diaria está condicionada por la actitud del propio facultativo, según esté dispuesto a asumir en mayor o menor medida su papel de gestor de recursos públicos.

Esto significa que, a la hora de realizar determinados procedimientos diagnósticos o prescribir determinados tratamientos, la actitud final del profesional puede variar considerablemente y, mientras que algunos profesionales tienen presente el coste de sus decisiones, otros obvian este aspecto, lo que conduce a desigualdades en la atención a los pacientes y a que un paciente pueda recibir una atención diferente según quien sea el médico, o el servicio clínico, responsable de su tratamiento.

Tomar decisiones que limitan el uso de una tecnología cara, cuando se puede realizar el diagnóstico con medios menos costosos, o prescribir tratamientos menos gravosos para el sistema sanitario, siempre que se garantice la calidad de la atención al paciente, debería ser una práctica de responsabilidad profesional, pero numerosos factores -entre los que se pueden citar la atracción que producen las nuevas tecnologías, intereses comerciales de las empresas, la presión de los pacientes sobre los médicos o la práctica de una Medicina defensiva- contribuyen a encarecer la asistencia sanitaria y a disminuir la eficiencia de la misma. Pero éste no es solo un problema que debemos afrontar los médicos, es también un problema que deben afrontar los responsables de la gestión del sistema y, sobre todo, los responsables de administrar los recursos públicos, es decir, los políticos.

El crecimiento ilimitado del gasto sanitario pone en riesgo el sistema sanitario público, y la Administración sanitaria (políticos y gestores) no se puede esconder detrás de los facultativos para limitar el gasto; son ellos quienes tienen que tomar decisiones acerca de cuáles son las prioridades a la hora de financiar procedimientos diagnósticos y tratamientos y, además, son ellos quienes tienen que explicar a la población las decisiones que tomen al respecto.

Cuando dichas decisiones se tomen desde una perspectiva inequívoca de defensa del sistema sanitario público, con asesoramiento de todos los implicados (profesionales y pacientes) y garantizando la equidad para los pacientes, se habrá avanzado notablemente en el sostenimiento del sistema. Mientras prefieran eludir sus responsabilidades y escurrir el bulto detrás de los profesionales implantando medidas de gestión ineficaces, no habremos avanzado nada y el sistema sanitario seguirá en riesgo por el crecimiento ilimitado del gasto, lo que conducirá a la pauperización del sistema público y al crecimiento del privado, como se viene produciendo en España en los últimos diez años.

Posiblemente, explicar cuál es la realidad del sistema y las medidas necesarias para su mantenimiento sea impopular y tenga un coste político, y por ello nadie quiere poner el cascabel al gato, pero es la única solución posible. Es preciso un gran pacto de Estado que garantice la viabilidad del sistema sanitario público, aunque tal y como está el patio que recuerda el de Monipodio, no parece que sea algo que esté al alcance de nuestros políticos.

Mientras tanto, el sistema continuará siendo ineficaz, ineficiente, y la equidad seguirá estando ausente. De derrota en derrota hasta la liquidación del sistema, que, no olvidemos, es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, si no el mejor.

CETA y TTIP, el derecho de pernada de las multinacionales

Fecha de Publicacion : 15/09/2016
Fuente :http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ceta-y-ttip-derecho-pernada-multinacionales/20160915110830131759.html

Autor:  Luisa Lores

Las grandes corporaciones llevan años negociando en secreto con la comisión europea dos tratados comerciales, el CETA (con el gobierno de Canadá) y el TTIP (con el gobierno de EEUU), con el objetivo de consolidar y blindar su poder sobre la economía, los servicios públicos y los ciudadanos de los países de Europa.


Estos tratados pretenden igualar a la baja las normas medioambientales, financieras, sociales, sanitarias y laborales, prolongar la duración de las patentes y eliminar el principio de precaución, es decir todos los productos lanzados al mercado son seguros mientras no se demuestre lo contrario.

El rechazo generado tras la filtración del TTIP y el miedo a sus consecuencias sobre los próximos procesos electorales, forzaron la paralización de este tratado, en espera de “tiempos mejores”, así que las multinacionales presionan desesperadamente para implantar el CETA de forma inmediata, en el primer semestre de 2017, tras su aprobación en el parlamento europeo, sin esperar a su ratificación por parte de los parlamentos nacionales.

Varios países europeos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional del CETA. Por el contrario, el gobierno de Mariano Rajoy apoya su implantación inmediata, sin debate parlamentario previo, punto que no ha sido cuestionado por Ciudadanos ni por el ala felipista del PSOE, que muestran el rechazo más absoluto a una alternativa de gobierno progresista, anti-CETA y TTIP.

Para calmar los ánimos se afirma que los servicios esenciales gestionados por el Estado o las CCAA están a salvo, lo que es decir poco, ya que los servicios públicos han sido mayoritariamente fragmentados y privatizados, y ya están controlados por grandes empresas y fondos de inversión, que podrán acudir a los tribunales privados, contemplados en estos tratados, en el caso de que el congreso apruebe leyes que afecten a sus intereses, por lo que solo con la anulación del CETA y TTIP podremos desprivatizar y recuperar el SNS.

EL CASO DE LA MULTINACIONAL GRIFOLS

Pongamos un ejemplo, la multinacional Grifols es una empresa catalana que ostenta el monopolio sobre los hemoderivados, medicamentos cuya materia prima es la sangre humana y cuya fabricación se ha privatizado en España, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos.

Las acciones de Grifols están en manos del capital riesgo y del banco de inversión Morgan Stanley, entidad vendedora de hipotecas basura y causante de la crisis económica mundial, mientras la empresa fabrica sus costosos hemoderivados con sangre comprada a personas pobres, como los mexicanos de Ciudad Juárez.

La empresa catalana ha trasladado su sede central a Irlanda para eludir impuestos en España, a pesar de que también utiliza sangre de donantes españoles para fabricar sus productos.

Para disponer de suficiente materia prima sin necesidad de transportarla, Grifols ha pretendido privatizar la donación de la sangre en España, pagando 70 euros semanales a los donantes que, “junto con el paro, es una forma de vivir”. De momento, únicamente se ha privatizado la gestión de la sangre madrileña, en manos de la Cruz Roja. Desconocemos que parte de esa sangre termina en los hospitales públicos y que parte en los hospitales privados o en la Multinacional de hemoderivados Grifols, que ya tiene un acuerdo millonario con la Cruz Roja Japonesa.

Actualmente Grifols pretende hacerse con varias patentes relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer (EA), a pesar de que buena parte de la investigación se realiza con pacientes del SNS, con profesionales de instituciones públicas españolas y con financiación pública, como los últimos 100 millones de euros cedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La multinacional ha adquirido varias empresas de la competencia, a costa de endeudarse por miles de millones de euros. El CETA y el TTIP serán su salvación, blindarán su posición líder en el negocio de la sangre humana y le permitirán disponer de los datos analíticos y genéticos de los pacientes, para ensayar y patentar nuevos y costosos tratamientos, que “serán beneficiosos mientras no se demuestre lo contrario”. En el caso de que se pretenda su integración en el SNS, la empresa podrá recurrir a través de sus sedes en Canadá y EEUU.

Los tratados CETA y TTIP llamados engañosamente de “libre comercio” supondrán un grave perjuicio para los ciudadanos, en una especie de vuelta al medievo, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas controlarán los datos fiscales, laborales y sanitarios de la población en “sus nubes” y donde un puñado de corporaciones multinacionales controlarán el poder político y económico de los pueblos de Europa y a sus gentes, desde la sangre que corre por sus venas hasta sus descendientes, los nuevos siervos del siglo XXI, destinados a mano de obra silenciosa y barata.

Con los tratados CETA y TTIP las multinacionales recuperarán el derecho de pernada medieval, al menos según una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española “El abuso de poder o totalitarismo”, marcando el principio del fin de la democracia en Europa. De nosotros depende. Somos muchos más.